TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                              S A L A  C I V I L 

Auto Supremo: 75/2016

Sucre: 04 de febrero 2016

Expediente: CH-15-15-S

Partes: Martha Villca Singuri c/ Edson Álvarez Martínez y otro.

Proceso: anulabilidad de contrato

Distrito: Chuquisaca


VISTOS: El recurso de casación en la forma y el fondo, interpuesto por Eduardo Iván López Alcocer en representación de Edson Álvarez Martínez y Amílcar Martínez Martínez, cursante de fs. 421 a 433, contra el Auto de Vista N° S.C.C.FAM II Nº 76/2015 de 13 de marzo, de fs. 412 a 414, emitida por la Sala Civil y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de anulabilidad de contrato interpuesto por Martha Villca Singuri contra Edson Álvarez Martínez y Amílcar Martínez Martínez, la respuesta de fs. 437 a 439 y vta., concesión de fs. 440, los antecedentes procesales; y,


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, tramitada la causa, el Juez de Partido Sexto en lo Civil y Comercial de la Capital - Sucre, mediante Sentencia Nº 026/2014 de fecha 17 de junio, cursante en fs. 389 a 391 declaró IMPROBADA la demanda de fs. 9-11 subsanada a fs. 15. Con costas, en aplicación del art. 198 inc. I del C.P.C., consecuentemente no haber lugar a declararse la anulabilidad de documento transaccional de fs. 4.


Deducida la apelación por parte del demandante y remitida ante la instancia competente, la Sala Civil y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Auto de Vista Nº S.C.C.FAM II Nº 76/2015, Revocó la Sentencia Nº 26/2014, declarando probada la demanda de fs. 9 a 11, aclarada a fs. 15, anulándose el documento de 9 de junio de 2012 de fs. 4-4 vta.


Ante la determinación adoptada por el Ad quem, los demandados interpusieron recurso de casación en la forma y en el fondo, conforme consta de fs. 421 a 433 mismo que se pasa a analizar.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


En la Forma.-

Que el Ad quem tenía la obligación de pronunciar el Auto de Vista recurrido circunscribiéndose a los puntos resueltos por el inferior y que hubiesen sido objeto de apelación y fundamentación, pues tenían la obligación de superar la incongruencia y cumplir con la debida fundamentación y valorar la prueba  aportada no solo por la parte actora, sino por los demandados; acusando de esta forma que: 1.- en el Auto de Vista recurrido se advertiría que el Tribunal de Alzada  otorgó más de lo pedido por la recurrente ya que la recurrente en apelación no habría cuestionado la actividad probatoria intelectiva cumplida por la Juez A quo en la que sustento su decisión, es decir no se les habría pedido que valoren las pruebas, porque se habría violado el art. 236 del C.P.C., el derecho al debido proceso y el derecho a la igualdad de las personas; 2.- que se omitiría valorar pruebas documentales de descargo que habrían sido presentados dentro del proceso en el momento oportuno cursante a fs. 203 a 316 del expediente, las fotocopias legalizadas sobre la medida preparatoria de reconocimiento de firmas y rubricas y las fotocopias legalizadas sobre el proceso ejecutivo seguido por Martha Villca contra los demandados, pruebas que no habrían sido valoradas por el Ad quem y demostrarían la inexistencia de presión y violencia Psicológica, violando el debido proceso y el derecho a la defensa.


Por lo que solicitan se dicte Auto Supremo  anulando el Auto de Vista recurrido  y su complemento disponiendo se pronuncie nueva Resolución.


En el Fondo.-

Que los vocales en la apreciación de la prueba testifical incurrirían en error de derecho, pues se habría violado el art. 1328 del C.C., que dispone sobre la prohibición de la prueba testifical, pues admitirían prueba testifical de Freddy Sánchez Padilla, para que se acredite la existencia de una obligación mayor a los $us.- 10.000.- y en contra del contenido del documento transaccional y sobre hechos que alega la actora, por lo que en estricta observancia de dicho artículo no debería admitirse la prueba testifical, aplicando en este sentido de manera errónea el art. 1330 del C.C., respecto a la eficacia probatoria de la prueba testifical porque solo podría otorgar eficacia probatoria a la prueba testifical  cuando es admisible hecho que en el caso no ocurriría, lo que significaría también violación del art. 476 del C.P.C., ya que con la declaración de un solo testigo que además sería inadmisible habrían sustentado su decisión.


Que al existir error en la apreciación de la prueba testifical, al establecer la existencia de violencia psicológica sin tomar en cuenta la gravedad y caracteres exigidos por ley según dispone el art. 478 del C.C., pues no precisan cual la gravedad de esa supuesta violencia para dar merito a la anulabilidad y el simple hecho de que los demandados le señalaría que solo pagarían $us.- 10.000 o no recibiría nada, no revestiría la gravedad necesaria, además de otorgar valor probatorio al informe pericial de fs. 350 a 352 por el simple hecho de que no hubiese sido objetado por los demandados y no así en consideración a lo establecido en el art. 441 del C.P.C., pues dicho informe objetado o no le otorga eficacia probatoria.

 

Que el Auto de Vista recurrido contendría una flagrante violación al art. 190 del C.P.C., ya que la actora en su demanda expone tres hechos en los que fundaría su acción, pero la actora en su memorial de apelación no habría cuestionado la conclusión en la que sustenta la decisión del Juez sin embargo el Ad quem bajo la falsa afirmación de que el A quo  no hubiese valorado  procederían a valorar el informe pericial y la prueba testifical., por lo que el Auto de Vista haría caso omiso a los extremos facticos y legales expuestos por la actora, cuando esa decisión debería responder a los hechos facticos y legales expuestos en la demanda.


Acusa error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba  -documento transaccional-, por la razón de que en ninguna de sus cláusulas consta que los $us.- 13.000.- que recibió la acreedora seria como parte del pago de la obligación que era ejecutada, pues no se habrían observado las disposiciones legales arts. 945 y 949 del C.C., ya que no referirían cual era la finalidad ni los efectos de esa documental incurriendo de esta manera en error de hecho y de derecho ,pues en relación al primer artículo no se consideraría la finalidad del contrato y en relación al segundo no se consideraría la calidad de cosa juzgada que tiene el documento de transacción.


Finalmente, solicitan se dicte Auto supremo casando el Auto de Vista y complementario recurridos, y pronunciándose en el fondo declaren improbada la demanda de fs. 9 a 11 aclarada a fs. 15.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En la Forma.-

Los recurrentes acusan que el Ad quem tenía la obligación de pronunciar el Auto de Vista recurrido circunscribiéndose a los puntos resueltos por el inferior y que hubiesen sido objeto de apelación y fundamentación; acusando de esta forma que: 1.- en el Auto de Vista recurrido el Tribunal de Alzada otorgó más de lo pedido por la recurrente ya que la misma en apelación no habría cuestionado la actividad probatoria intelectiva cumplida por la Juez A quo en la que sustento su decisión, es decir no se les habría pedido que valoren las pruebas; 2.- que se omitiría valorar pruebas documentales de descargo que habrían sido presentados dentro del proceso cursante a fs. 203 a 316, las fotocopias legalizadas sobre la medida preparatoria de reconocimiento de firmas y rubricas  y las fotocopias legalizadas sobre el proceso ejecutivo seguido por Martha Villca contra los demandados; al respecto corresponde señalar que:

Del análisis del Auto de Vista recurrido en contrastación con lo acusado en el recurso de apelación de fs. 394 a 397 y vta., se tiene que la apelante acuso de manera amplia la valoración de la prueba efectuada por el Juez A quo, siendo evidente además, que gran parte de la fundamentación contenida en el recurso de apelación cuestiona la decisión de fondo asumida por el Juez de primera instancia, reclamos sobre lo resuelto en Sentencia que dieron lugar a que el Tribunal de Alzada realice el análisis y la valoración contenidos en el segundo considerando de la Resolución impugnada en casación para revocar la decisión del A quo, no siendo evidente que el Tribunal de Alzada hubiera otorgado más de lo pedido o que no se habría pedido en apelación la valoración de la prueba.

En cuanto a que se habría omitido valorar pruebas documentales de descargo que habrían sido presentados dentro del proceso cursante a fs. 203 a 316; a esto se debe señalar que de la revisión y análisis del Auto de Vista recurrido se tiene que el Tribunal de Alzada en el segundo Considerando, realiza un análisis en relación a las pruebas que en su criterio le generaron convicción, de que habria existido violencia y presión en el consentimiento de la actora en el momento de  la suscripción del contrato de 9 de junio de 2012, en tal entendido aplicaron lo dispuesto por el art. 397 del C.P.C., que hace referencia a los medios legales de prueba y su valoración, disponiendo que es atribución privativa de los jueces y Tribunales de grado, la apreciación y valoración de la prueba producida, de acuerdo al valor que le otorga la Ley y en su caso al criterio prudente y la sana crítica, teniendo presente las que sean esenciales y decisivas; y en el caso presente se tiene que para el Tribunal de Alzada resulta determinante la prueba testifical de cargo, el estudio pericial de fs. 350 a 352 y no así la prueba cursante a fs. 203 a 306 que en contrastación con la prueba antes citada en criterio de los de Alzada resulto menos determinante; lo que no significa que el Ad quem no haya valorado dicha prueba, por lo que si el criterio en cuanto al valor probatorio que los recurrentes le asignan a dicha prueba discrepa de la valoración efectuada por el Tribunal de Alzada constituye un aspecto de fondo, que por ningún motivo puede generar una nulidad; por lo que no siendo evidente lo acusado en el recurso de casación en la forma, deviene en infundado.

En el Fondo.-

Acusan error de derecho, pues se habría violado el art. 1328 del C.C., al admitir la prueba testifical de Freddy Sánchez Padilla, contra el contenido del documento transaccional y sobre hechos que alega la actora, por lo que en estricta observancia de dicho artículo no debería admitirse la prueba testifical, aplicando en este sentido de manera errónea el art. 1330 del C.C., respecto a la eficacia probatoria de la prueba testifical, lo que significaría también violación del art. 476 del C.P.C., ya que con la declaración de un solo testigo que además sería inadmisible habría sustentado su decisión; al respecto se debe precisar que en relación al art. 1328 del C.C., resulta necesario indicar que si bien este artículo en el inc. 2) establece que no se admite la prueba testifical en contra y fuera de lo contenido en los instrumentos…, es decir que la prueba testifical no puede ser admisible como prueba, contra o a favor del contenido de las convenciones escritas; sin embargo se debe tener en cuenta que la producción de prueba testifical de fs. 361 a 361 vta., valorada por el Tribunal de Alzada no tuvo la finalidad de atacar o cuestionar el contenido del documento de 9 de junio de 2012, sino que dicha prueba fue producida para acreditar la existencia de  violencia y presión que viciaron el consentimiento de la actora a momento de la suscripción del documento en cuestión, por lo que no resulta aplicable lo dispuesto por el art. 1328 del C.C., al caso de la litis.

Por otra parte, en relación a la eficacia de la prueba testifical dispuesta por el art. 1330 del C.C., que establece la facultad de apreciar las declaraciones testificales conforme a las circunstancias del hecho sin descuidar los casos en que legal o comúnmente se requiere otra clase de prueba, se debe tener presente que habiendo sido debidamente admitida la prueba testifical de cargo que no mereció ningún tipo de tacha, el Tribunal de Alzada considero dicha prueba asignándole eficacia probatoria toda vez que esta le generaba convicción; razones por las que tampoco resultaría evidente la violación art. 476 del C.P.C., donde cuestionan que la declaración de un solo testigo que además sería inadmisible habría sustentado su decisión, se debe aclarar que en el caso de Autos el Tribunal de Alzada no tomo de manera aislada la declaración del abogado Freddy Sánchez, sino que además realizo el análisis de esta declaración en relación al informe pericial y las otras declaraciones testificales de cargo que si bien resultan referenciales en su contenido, reafirman los testificado por el testigo presencial, esto no quiere decir que no sirvan o aporten para fundar convencimiento en algunos casos, como el presente donde el Ad quem a través de la declaración de un testigo que estuvo presente a momento de la suscripción del contrato y presencio la forma en que los demandados presionaron a la actora para la suscripción del contrato del cual se pretende la nulidad, quien se encontraba en necesidad por otra deuda de recuperar parte del dinero que se le adeudaba, atestación cursante a fs. 361 y vta, que fue integrada y compulsada como se señaló supra con las demás declaraciones de cargo y la prueba pericial de fs. 350 a 352 que respaldarían dichas atestaciones, otorgándoles en consecuencia la eficacia probatoria establecida por los art. 1330 del C.C., y 476 del C.P.C., no siendo evidente lo acusado por los recurrentes en este punto.

En cuanto al error en la apreciación de la prueba testifical, por la que se estableció la existencia de violencia psicológica sin tomar en cuenta la gravedad y caracteres exigidos por ley según dispone el art. 478 del C.C., sin precisar cual la gravedad de esa supuesta violencia para dar merito a la anulabilidad, pues el simple hecho de que los demandados le señalaría que solo pagarían $us.- 10.000 o no recibiría nada, no revestiría la gravedad necesaria; y el otorgar valor probatorio al informe pericial de fs. 350 a 352 por el simple hecho de que no hubiese sido objetado por los demandados, en consideración a lo dispuesto en el art. 441 del C.P.C., dicho informe objetado o no tendría eficacia probatoria; al respecto se debe señalar que lo referente al supuesto error en la valoración de la prueba testifical ya fue resuelta supra, sin embargo en relación a que por lo señalado en dicha atestación la violencia psicológica acreditada no revestiría la gravedad necesaria para afectar el consentimiento de la actora, se debe aclarar que: 

En relación a la violencia ejercida al obtener el consentimiento, se debe distinguir la violencia física, que se concreta con el empleo de una fuerza material sobre el sujeto que queda subyugado a la voluntad del otro, y la violencia moral que consiste en inspirar por medio de amenazas o por otro medio un temor que suprima la libre voluntad. Analizando éste último, la violencia moral actúa por la intimidación  que altera la normal declaración de la voluntad que vicia el consentimiento, siempre que la amenaza sea injusta, es decir que la intimidación tiene que ser promovida sin derecho e importar la comisión de un acto ilícito; en este sentido, si bien el art. 478 del C.C., establece que: “La violencia debe ser de tal naturaleza que pueda impresionar a una persona razonable…”, en el caso de Autos, a través de las declaraciones testificales se probó la existencia de violencia moral o psicológica ejercida por los demandados a momento de la suscripción del contrato de 9 de  junio de 2012, y se comprobó la gravedad de dicha violencia moral con el informe pericial psicológico de fs. 350 a 352, pues como señalo el Tribunal de Alzada “concluyo: “Lo cual  demuestra una alta posibilidad de que la señora Villca, haya sido víctima de presión y violencia psicológica para firmar el documento que notoriamente iba en desmedro de sí misma”, refiriéndose al documento objeto de la litis, presión y violencia ejercida por Edson Alvares M. y Amílcar Martínez M., en la suscripción del documento motivo de la litis…”, pruebas que resultaron determinantes en el sentido de que ante la desesperación de la actora por la deuda que esta tenía con una institución bancaria y la amenaza del no cumplimiento de la deuda de $us.- 45.000.- que tenían los demandados en relación a la demandante, estos ejercieron presión en ella, que vicio el consentimiento de la misma suprimiendo su libre voluntad, aspecto que precisamente se acredito por el estudio pericial psicológico de fs. 350 a 352, del cual los recurrentes cuestionan su eficacia recién en esta etapa casacional.

Ahora bien, si los recurrentes consideraban que la prueba pericial psicológica forense, no era lo suficientemente fundamentada o no cumplía con los elementos básicos para tener la eficacia probatoria según lo establecido en art. 441 del C.P.C., podía observar dicha prueba en el momento oportuno; pues en criterio del Tribunal  de Alzada dicha prueba cumplió con lo dispuesto por el articulo antes citado, por lo que la discrepancia de criterio en cuanto a existencia de los  requisitos que dicha prueba pericial contiene o no, no significa que se haya incurrido en error de derecho; por lo que en el caso presente el derecho a objetar la prueba que tienen las partes, tiene su justificación en que precisamente a través de este acto la parte pueda hacer notar su disconformidad con la producción de dicha prueba o los elementos que harían ineficaz a esta; y el hecho de no objetar la prueba significa conformidad con la misma, y en el caso presente tal como lo señalo el Tribunal de Alzada la parte demandada no objeto la prueba pericial en su debido momento, precluyendo su derecho a cuestionar dicha prueba. No siendo evidente los reclamos acusados en este punto.

Respecto a que el Auto de Vista recurrido contendría una flagrante violación al art. 190 del C.P.C., ya que la actora en su demanda expone tres hechos en los que fundaría su acción y en su memorial de apelación no habría cuestionado la conclusión del Juez A quo; por lo que el Auto de Vista haría caso omiso a los extremos facticos y legales expuestos por la actora, cuando esa decisión debería responder a los hechos facticos y legales expuestos en la demanda; corresponde señalar que en este punto los recurrentes acusan un aspecto referente a que lo fundamentado en el Auto de Vista no respondería lo expuesto en la demanda ni en el recurso de apelación, reclamo que hace referencia a una cuestión formal de la Resolución es decir la supuesta incongruencia entre lo reclamado y lo resuelto en la Resolución recurrida, por lo que siendo que dicho reclamo fue interpuesto en el recurso de casación en el fondo, no corresponde la consideración de un agravio que cuestiona la forma del Auto de Vista recurrido.

En cuanto al supuesto error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba -documento transaccional-, por la razón de que en ninguna de sus cláusulas consta que los $us.- 13.000.- que recibió la acreedora seria como parte del pago de la obligación que era ejecutada, pues no se habrían observado las disposiciones legales arts. 945 del C.C., ya que no referirían cual era la finalidad ni los efectos de esa documental, y el art. y 949 del C.C., pues no se consideraría la calidad de cosa juzgada que tiene el documento de transacción; se debe indicar que como se expuso supra la valoración de los medios de prueba, por regla general se la debe efectuar de forma integral y en el caso de Autos estos fueron contrastados entre sí, generando convencimiento en los de Alzada las declaraciones testificales y la prueba pericial psicológica; al margen de ello en la causa si bien se ha presentado el documento de 9 de junio de 2012, que suscribieron las partes, empero, en el caso presente no se discute el contenido o la finalidad del mismo, sino que el consentimiento de la actora habría estado viciado a momento de la suscripción del mismo; aspecto que fue el punto central del debate en la litis, para determinar la anulabilidad del documento en cuestión; por lo que los artículos citados por los recurrentes no tienen incidencia en el fondo de la Resolución recurrida y menos se observa el error de hecho y de derecho al que hacen referencia los recurrentes.

Por todo lo manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme señala el art. 271 num. 2)  y el art. 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a la atribución contenida en el art. 42.I num. 1) de la Ley N° 025 del Órgano JudiciaL y en aplicación del art. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y el fondo, interpuesto por Eduardo Iván López Alcocer en representación de Edson Álvarez Martínez y Amílcar Martínez Martínez, cursante de fs. 421 a 433, contra el Auto de Vista N° S.C.C.FAM II Nº 76/2015 de 13 de marzo, de fs. 412 a 414. Con costas.


Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Duran