TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                         S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 60/2016

Sucre: 03 de febrero 2016

Expediente: CH 11 15- A

Partes: Juan Oquendo Saigua. c/ PIL Chuquisaca S.A. SOPROLECH y

            ADEPLESH.

Proceso: Nulidad de Acta de Junta Ordinaria.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 780 a 784, interpuesto por Pedro Domingo Cristian Murillo Salinas, en representación de Juan Oquendo Saigua contra el Auto de Vista Nº SIC-120/2015 de 06 de marzo de 2015, de fs. 773 a 776, pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario de nulidad de acta de junta ordinaria seguido por Juan Oquendo Saigua contra PIL Chuquisaca S.A. y otros; la respuesta al recurso de fs. 789 a 792 vta.; el Auto de concesión de fs. 793; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:                                                                                    ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Juan Oquendo Saigua, en su condición de accionista, director y presidente de la empresa Planta Industrializadora de Leche Chuquisaca Sociedad Anónima (PIL Chuquisaca S.A.) adjuntando las literales de fs. 1 a 73, en la vía sumaria demanda nulidad de Acta de Junta Ordinaria de Accionistas de 25 de febrero de 2013, registrada en FUNDAEMPRESA de 03 de abril de 2013, por irregularidades cometidas por los representantes de las empresas demandadas, quienes habrían tomado decisiones arbitrarias sin haber reunido el quórum necesario de accionistas, ni acreditado su representación legal en dicha asamblea, habiendo llegado al extremo violento de tomar las instalaciones de la empresa, por lo que pide se declare probada la demanda y consiguientemente se deje sin efecto las decisiones tomadas en la referida acta y todos los actos posteriores de la apócrifa junta de accionista y la cancelación de sus registro en FUNDAEMPRESA del acta mencionado, más pago de daños y perjuicios.

Citados los demandados, por memorial de fs. 405 a 410, se apersonan Wilson Sánchez Arcienega, Félix Quevedo López, Martha Huahuatinta Flores de Medrano y Jesús Adalid Cava Taborga, oponiendo excepciones previas de imprecisión en la demanda y prescripción de la acción, niegan la demanda en todas sus partes y oponen excepciones de falta de acción y derecho y caducidad.

El Juez Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital, mediante Auto de 12 de septiembre de 2014, cursante a fs. 463 a 464, declaró improbada la excepción previa de imprecisión en la demanda y probada la excepción de prescripción de la acción, opuesta por memorial de fs. 405 a 410. Con costas; contra esa resolución el demandante a través de su apoderado legal interpuso recurso de apelación, resuelta por Sala Civil, Comercial y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Auto de Vista Nº SCI-120/2015 de 06 de marzo de 2015, cursante a fs. 773 a 776, confirma totalmente el Auto de fs. 463-464, con costas; resolución de segunda instancia contra la cual, la parte demandante mediante su apoderado recurre de casación en la forma y en el fondo.

CONSIDERANDO II:                                                                                            HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del recurso, se resume lo siguiente:

En la forma:

Acusa vulneración al principio de congruencia y exhaustividad previsto en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, en el entendido de que no  habrían sido resueltos todos los puntos reclamados en el recurso de apelación,  conculcando de esta manera derechos y garantías al debido proceso y tutela judicial efectiva, aspecto contemplado como causal de procedencia en el art. 254 num. 4) del Adjetivo Civil.

En el fondo:

Acusa inadecuada interpretación y aplicación del régimen de la prescripción, considerando que la acción prevista en el art. 302 del Código de Comercio se encontraría sujeta al régimen de la caducidad y no así de la prescripción, por consiguiente vulneración de los arts. 1492 y 1506 del Código Civil.

Por lo expuesto y en previsión de los arts. 250.II, 257 y 258 del Código de Procedimiento Civil, interpone recurso de casación contra el Auto de Vista Nº 120/2015 de 06 de marzo de 2015, pidiendo la anulación del referido Auto y de ingresar al fondo, pide se Case el Auto impugnado, declarando improbada la excepción de prescripción.

CONSIDERANDO III:                                                                                   FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En sujeción a la argumentación deducida en el recurso de casación en la forma y en el fondo planteado por la parte demandante, se ingresará a  resolver de inicio lo referido a la forma, en razón a que si fueran evidentes los extremos denunciados y la consecuencia fuera por anular el Auto de Vista o lo obrado hasta el vicio procesal denunciado y evidenciado, resultaría e innecesario ingresar a analizar el recurso de fondo.

En la forma:

Acusa vulneración al principio de congruencia y exhaustividad previsto en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, en el entendido de que no  habrían sido resueltos todos los puntos reclamados en el recurso de apelación, conculcando derechos y garantías al debido proceso y tutela judicial efectiva.

Al respecto diremos que la fundamentación de toda resolución constituye una garantía para las partes del proceso, que son los destinatarios directos de la misma, quienes conocerán así los argumentos que la sustentan y respecto a los cuales deben fundamentar sus recursos de impugnación; de igual manera la motivación de los fallos resulta importante para los Tribunales Superiores porque es sobre esa base que el Ad quem podrá revisar, analizar y contrastar el criterio del A quo y compartir o disentir en el razonamiento del Juez. La fundamentación está íntimamente relacionada con la garantía del debido proceso en el sentido de que el Juez de la causa que conozca un reclamo o pretensión jurídica y dicte una resolución resolviendo una situación jurídica debe exponer los motivos que sustenten su decisión para lo cual es necesario también referirse a los hechos establecidos para que los involucrados en la controversia al momento de conocer la decisión del Juez comprendan la misma.

De la revisión y contratación del recurso de apelación y el Auto de Vista cursante de fs. 773 a 776, se tiene que los recurrentes en su recurso indican que el Tribunal de Alzada no habría resuelto los puntos que fueron objeto de apelación, sin indicar ni precisar qué puntos no han sido resueltos; sin embargo del contenido de la resolución de segunda instancia se tiene que el Tribunal de Alzada comparte la decisión asumida por el A quo, habiendo el mismo declarado probada la excepción previa de prescripción de la acción opuesta por los demandados, mediante Auto de 12 de septiembre de 2014, cursante de fs. 463 a 464;  fundamenta su decisión invocando la Verdad Material, que no sería otra cosa, que la autoridad jurisdiccional compulse las pruebas aportadas en el proceso con la sana critica en busca de un fallo ecuánime; si bien la resolución de alzada considera que el punto objeto de apelación es el referido a la declaratoria de “probada la excepción previa de prescripción”; sin embargo da respuesta a todos y cada uno de los reclamos acusados en el recurso de apelación, respecto de la violación del debido proceso, arbitraria interpretación del instituto de la prescripción, mala valoración de la prueba e incorrecta aplicación del art. 302 del Código de Comercio, aspectos reclamados en el recurso de apelación y que fueron consideraros y resueltos por el Tribunal de Alzada con la debida fundamentación y motivación, contenida en el tercer considerando del Auto de Vista impugnado, cuya decisión fue la confirmación de la resolución emitida por el A quo. No siendo evidente el reclamo acusado en este punto, por consiguiente infundado el recurso de casación en la forma.

En el fondo:

Acusa inadecuada interpretación y aplicación del régimen de la prescripción, considerando que la acción prevista en el art. 302 del Código de Comercio se encontraría sujeta al régimen de la caducidad y no así de la prescripción, por consiguiente vulneración de los arts. 1.492 y 1.506 del Código Civil.

Es pertinente decir que la prescripción extintiva es distinta a la caducidad, aunque ambas instituciones extinguen acciones y derechos por el transcurso del tiempo, pero el régimen jurídico perteneciente a una no le es aplicable enteramente a la otra; la doctrina marca como diferencia sustancial que la caducidad no es susceptible de interrupción en su plazo, como lo es la prescripción.

Por otro lado, la doctrina en análisis sobre estas dos instituciones ha logrado conjeturar criterios válidos para hacer más precisa su diferencia, que nos permitirán ahuyentar duda en el tema, para lo que recurrimos a Díez-Picazo y Gullón en la obra Instituciones del Derecho Civil (Vol. I/1, 2000, pág. 292) que sostienen acertadamente un razonamiento de diferencia respecto a la situación jurídica de la aplicación de la caducidad, que señala: “Un criterio de distinción aceptable es el derivado de la naturaleza del derecho objeto de presunta caducidad, pues ésta recae sobre lo que en su momento hemos llamado derechos potestativos o facultades de configuración o modificación de una situación jurídica. Pendiente su ejercicio, la situación jurídica afectada se encuentra en una fase provisional o transitoria, que exige un rápido tránsito a una situación definitiva”.
Por lo señalado, resulta evidente que el plazo descrito en el art. 302 del Código de Comercio, para la impugnación de resoluciones de juntas que violen las disposiciones de la Ley especial es dentro de los sesenta días siguientes a la reunión o de su publicación, siendo este un plazo de caducidad y no de prescripción, por cuanto la acción se encuentra en un estado provisional, situación transitoria que amerita un estado definitivo, pues de no ser impugnado en el plazo previsto por ley, se habría dejado extinguir la acción por el transcurso del tiempo (sesenta días). No pudiendo subsumirse el criterio de prescripción por cuanto esta institución permite que la duración del derecho se prolongue indefinidamente por el efecto interruptivo que ella contiene, que permite iniciar un nuevo periodo de tiempo, lo que en el caso no ocurre.
Por lo que siendo el plazo de caducidad, se debe aplicar lo descrito por el art. 1517 parágrafo I del Código Civil: “. La caducidad sólo se impide mediante el acto por el cual se ejerce el derecho”, siendo indispensable la presentación de la demanda, como acto idóneo de ejercicio del derecho, para que no opere la caducidad; por lo que no es aplicable el régimen jurídico de la prescripción.

En el caso que nos ocupa se tiene que; la parte actora presentó su demanda en fecha 29 de mayo de 2013, conforme acredita el cargo consignado por el Juzgado Séptimo de Partido Ordinario en lo Civil-Comercial de la Capital (fs. 78 vta.) y habiéndose llevado acabo la asamblea de accionistas de la Empresa PIL Chuquisaca en fecha 25 de febrero de 2013, registrada en FUNDAEMPRESA el 03 de abril de 2013, se tiene que la acción fue interpuesta dentro del término establecido por el art. 302 del Código de comercio; es decir dentro de los sesenta días siguientes a la reunión o su publicación, considerando el computo de plazo desde su publicación en el caso presente.

Asimismo, en actuados procesales se tiene que la parte actora a través de su representante legal presentó desistimiento del recurso de casación como se tiene ya manifestado supra, a cuyo efecto quedo ejecutoriado el Auto de Vista Nº 576/2013 de 12 de noviembre de 2013. Con costas (fs. 271) que ordenaba la readecuación de la demanda y en cumplimiento de la misma la parte demandante reformulo su demanda en la vía sumaria por memorial de fecha 06 de marzo de 2014, según cargo del mismo juzgado que conoció el proceso inicial (fs. 297), fecha considerada erradamente por los Tribunales de instancia para el computo de la prescripción, quienes fundan su resolución tanto el A quo como el Ad quem señalando que la demanda habría sido presentada fuera del plazo establecido por el art. 302 del Código de Comercio, y que el desistimiento presentado por la parte actora no habría interrumpido el plazo de la prescripción.

Al respecto lo resuelto por los jueces de instancia resulta impertinente en cuanto a la aplicación del art. 1504 numeral 2) de la norma Sustantiva Civil, relativa a la interrupción de la prescripción, por los fundamentos explicados y por imperio del art. 1515 de la misma norma legal, de inaplicabilidad a la caducidad de las reglas según las cuales se interrumpe o suspende la prescripción.

De la revisión de obrados se tiene que la demanda fu interpuesta dentro de los sesenta días que prescribe el art. 302 del Código de Comercio, cumpliendo con la carga que impone esa norma quedando su derecho de acción en una situación jurídica definida y consecuente habilitándose para proseguir el proceso de nulidad de acta de junta ordinaria. Se debe considerar, que la presentación de la demanda impidió que opere la caducidad dispuesta por la aludida norma, conforme lo dispuesto por el art. 1517 parágrafo I del Código Civil.

Con relación a la respuesta al recurso de casación de fs. 789 a 792 vta., presentada por los demandados, cuya solicitud es la declaratoria de improcedente el recurso de casación tanto en la forma como en el fondo por no cumplir con las previsiones del art. 258 Inc. 2) del Código de Procedimiento Civil, señalando que el mismo carecería de la técnica recursiva exigida por la precitada norma legal, toda vez que no explica de qué manera se hubiera incurrido en la violación falseada o error  alegada, cuyo contenido a criterio de la parte demandada pareciera más un fundamento de acción de amparo constitucional de denuncia y violación de derechos y garantías constitucionales.

Del análisis del contenido de la respuesta al recurso se advierte que el mismo contiene aspectos de forma y no de fondo; a cuyo efecto debemos señalar que la parte recurrente en su recurso de casación, cursante de fs. 780 a 784 de obrados, denuncia expresamente vulneración de disposiciones legales claramente identificadas por este Tribunal de Casación, en cuanto a la forma, acusa vulneración del at. 236 del Código de Procedimiento Civil y en cuanto al fondo la inadecuada interpretación y aplicación del régimen de prescripción, siendo que la acción estaría sujeta a caducidad.

Reclamos que fueron considerados y que sirvieron de base para la emisión de la presente resolución, no siendo evidente lo observado en el memorial de respuesta de fs. 789 a 792 vta.

Por otra parte, en cuanto a las observaciones formales respecto de la técnica recursiva se debe tener presente la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 2210/2012 de 08 de noviembre de 2012 respecto del art. 258 inc. 2), misma que establece que debe dejarse de lado las excesivas exigencias dispuesta en la norma citada, lo contrario implicaría la restricción al acceso a la justicia y el derecho a la impugnación.

En merito a las consideraciones precedentes, corresponde a este Tribunal resolver en parte conforme lo dispone el art. 271 num. 4) en relación al art. 274.I y II del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los art. 41 y 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el art. 271 num. 2) y art. 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en aplicación del art. 271 num. 4) y 274.I y II del Código de Procedimiento Civil, CASA PARCIALMENTE el el Auto de Vista Nº SCI-120/2015 de 06 de marzo de 2015, pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, y deliberando en el fondo declara improbada la excepción de prescripción interpuesta por los demandados Wilson Sánchez Arcienega, Félix Quevedo López, Martha Huahuatinta Flores de Medrano y Jesús Adalid Cava Taborga. Disponiendo se prosiga con la tramitación de la causa, dejando incólume el resto de la resolución.

Sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.