TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                                        S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 45/2016

Sucre: 29 de enero 2016

Expediente: O-32-15-S

Partes: María Luz Pillco Eguino y Otros. c/ Patricia Buendía Menacho

Proceso: Anulabilidad de Matrimonio   

Distrito: Oruro

VISTOS: El recurso de casación de fs. 345 a 348, interpuesto por Carmiñia Pillco Eguino por sí y en representación de María Luz Pillco Eguino, Shirley Gardenia Pillco Eguino, Ibber Daniel Pillco Eguino, contra el Auto de Vista N° 62/2015 de fecha 13 de marzo, de fs. 339 a 343 y vta., pronunciada por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso de Anulabilidad de Matrimonio seguido por Carmiñia Pillco Eguino, María Luz Pillco Eguino, Shirley Gardenia Pillco Eguino e Ibber Daniel Pillco Eguino contra Patricia Buendía Menacho, la contestación de fs. 353 a 358; el Auto de concesión de fs. 359, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I:                                                         ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La Jueza de Partido Primero de Familia de la ciudad de Oruro, pronunció Sentencia N° 03/2015 de fecha 06 de enero de 2015 de fs. 300 a 303, falla declarando 1º Con lugar y PROBADA la demanda de anulabilidad absoluta de matrimonio de fs. 13-14 vta., incoada por María Luz, Shirley Gardenia, Ibber Daniel y Carmiñia todos de apellidos Pillco Eguino en contra de Patricia Buendía Menacho, en aplicación de lo que disponen los Arts. 46, 80 y 83 todos del Código de Familia, con costas, en su mérito IMPROBADA la demanda reconvencional de fs. 63-65, formulada por Patricia Buendía Menacho e improbadas las excepciones de prescripción y falta de acción y derecho formulada por la demandada, probadas las de los demandantes de falta de acción y derecho y causa en merito a la presente Resolución. 2º En consecuencia a la ejecutoria de la presente Resolución, líbrese la Ejecutoria de Ley para la notificación al SERECI para la cancelación de la partida matrimonial Nª 25, folio Nº 25, de la O.R.C. UNICA GYA. Libro Nº 1-97-98, de la localidad d Guayaramerin, Provincia Vaca Diez, del Departamento del Beni de fecha 26 de diciembre de 1997 correspondiente a Saturnino Pillco León y Patricia Buendía Menacho. 3º Se deja presente que los derechos de los hijos habidos dentro de la unión impugnada se respetaran conforme a ley. 4º Sin perjuicio de lo dispuesto, se dispone la remisión de antecedentes al Ministerio Publico por el ilícito cometido.

Contra dicha Resolución, Patricia Buendía Menacho interpone recurso de apelación de fs. 307 a 314, recurso que previa sustanciación, es resuelto por Auto de Vista N° 62/2015 de fecha 13 de marzo de 2015, de fs. 339 a 343 y vta., pronunciada por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por el que, REVOCA la Sentencia apelada y deliberando en el fondo declara IMPROBADA la demanda principal. Resolución que dio lugar al recurso de casación presentado por Carmiñia Pillco Eguino por sí y en representación de María Luz Pillco Eguino, Shirley Gardenia Pillco Eguino, Ibber Daniel Pillco Eguino, el mismo que merece el presente análisis.

CONSIDERANDO II:                                                                         DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del recurso de casación o nulidad, se resume lo siguiente:

En la Forma

Refieren los recurrentes la vulneración del art. 115-I, de la constitución Política del Estado, al injusto e ilegal Auto de Vista, toda vez que realizan consideraciones subjetivas que carecen de sustento legal y efectuadas extra petita, vulnerando el derecho a la tutela Judicial efectiva y acceso a la justicia de los demandantes como herederos forzosos al fallecimiento de su señor padre Saturnino Pillco León, aduciendo una serie de errónea interpretación, dejándose en completa indefensión al revocar la Sentencia en los extremos no impugnados en el recurso de apelación en franca inobservancia de lo dispuesto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, lo que se demuestra cuando se pretende justificar el fallo con argucias, sobre todo cuando invoca  el inciso 3) del art. 62 del Código de Familia que se refiere a la oposición al matrimonio cuando dice “ El cónyuge respecto al otro que quiere contraer nuevo enlace sin estar disuelto el anterior”, es aberrante invocar aquello tomando en cuenta que el matrimonio entre la demandada y su padre se efectuó en Guayaramerin y la familia se encontraba en la ciudad de La Paz, puesto que nadie tuvo conocimiento por eso es impertinente la oposición.  

En el fondo

Del mismo modo sostienen los recurrentes como vulneración del art. 80 del Código de Familia, sosteniendo que el Auto de Vista contiene flagrante contradicción al no dar cumplimiento a la disposición señalada, y con una serie de evasivas y desconocer el principio de legalidad garantizado por el art. 180-I de la Constitución Política del Estado, principios procesales que han sido vulnerados en el Auto de Vista que no demuestra objetividad.

Así como también refieren que  el Auto de Vista ha transgredido el art. 83 del Código de Familia, toda vez que esta norma es de cumplimiento obligatorio permite demandar la anulabilidad a todos los que tengan un interés legal e inclusive al Ministerio Publico, con mayor razón que son los herederos.

Por otro lado también sostienen los recurrentes que el Auto de Vista a desconocido los arts. 1002-I y II y 1003 del Código Civil, toda vez que los ahora recurrentes se han instituido como herederos forzosos de todos sus derechos y acciones y bienes conforme a los dispuesto a la norma precitada.

Por lo expuesto solicita al Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista impugnado o en su defecto declarar la nulidad de la señalada Resolución. 

CONSIDERANDO III:                                                          FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Respecto a los reclamos denunciados en el recurso de casación o nulidad, corresponde realizar las siguientes consideraciones:

De antecedentes de la presente causa se conoce que el Tribunal de Alzada a momento de emitir la correspondiente Resolución ha advertido la falta de legitimación activa de los demandantes, presupuesto procesal extrañado que entre otros ha servido para desestimar la pretensión principal, en ese antecedente corresponde examinar con preeminencia la denuncia de los ahora recurrentes y del análisis de la acción de anulabilidad al tenor del art. 90 del Código de Familia.

En ese contexto y para un mejor entendimiento de este fallo es necesario recurrir a la doctrina, al efecto corresponde citar a Lino E. Palacio quien en su obra "Derecho Procesal Civil", Tomo I, págs. 405 a 406 al teorizar los requisitos intrínsecos de admisibilidad de la pretensión señala lo siguiente: "Para que el juez se encuentre en condiciones de examinar la pretensión procesal en cuanto al fondo es preciso que quienes de hecho intervienen en el proceso como partes (actora o demandada), sean quienes deban figurar en ese proceso concreto asumiendo tal calidad. Estas últimas son las "justas partes" o las "partes legítimas", y la aptitud jurídica que permite caracterizarlas mediante esos términos se denomina legitimación para obrar o legitimación procesal”.

“Cabe, pues, definir a la legitimación para obrar o procesal, como aquel requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las que la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia sobre la cual el proceso versa".

Por ello se deduce que la legitimación es un requisito que afecta tanto al actor como al demandado. La pretensión, en efecto, debe ser deducida por y frente a una persona procesalmente legitimada, por lo que se entenderá que la ausencia de legitimación, sea activa o pasiva, torna admisible la llamada defensa de "falta de legitimación". De lo que queda claro que no debe confundirse aquella con la capacidad procesal, puesto que una persona puede ser perfectamente capaz  y carecer de legitimación.

DE ROCCO dice: “que la legitimación expresa si el actor y el demandado, respecto de quienes debe declararse con certeza la existencia de una relación jurídica, están autorizados por la norma procesal para pretender tal declaración. Es una cuestión previa a la determinación de si existe o no la relación jurídica sustancial”. Según este autor, no debe confundirse la legitimación con la existencia del derecho o relación material, ya que basta la titularidad simplemente afirmada. 

Avanzando en el análisis, el art. 80 primera parte del Código de Familia establece que “es anulable el matrimonio celebrado en contravención a lo dispuesto por los artículos 44 y 46 al 50 del presente código”; el art 46 del mismo cuerpo legal establece “(Libertad de estado) No puede contraerse nuevo matrimonio antes de la disolución del anterior”  siendo la libertad de estado un requisito formal que hace que el matrimonio como acto jurídico se tenga por celebrado válidamente, su incumplimiento es sancionado con la anulabilidad absoluta del matrimonio.

En el régimen de la anulabilidad absoluta, bajo el mismo impedimento anterior, la segunda parte del art. 83 del Código de Familia, en forma genérica expresa que: “La anulación puede ser demandada por los mismos cónyuges, por sus padres o ascendientes y todos los que tengan un interés legítimo y actual, así como por el ministerio público”; esta norma no especifica quienes son los que pueden accionar de forma legítima la anulabilidad absoluta, por ligamen anterior o ausencia de libertad de estado, sin embargo nos otorga un marco normativo a seguir. La causa petendi de los actores radicó en constituirse en herederos, consiguientemente el trámite impetrado fue sobre la base de herederos y no como “una tercera con interés legítimo y actual”. A ello, podemos manifestar que los legitimados para accionar son: Los padres o ascendientes; luego “los que tengan un interés legítimo”, entendiendo que, en la medida de tratarse un impedimento, son en defecto de los padres o ascendientes, o en su caso, el cónyuge del anterior matrimonio cuyo enlace sigue vigente; que no se haya disuelto éste por cualquier hecho como ser la muerte del cónyuge del matrimonio a anularse, puesto que la muerte de uno de los cónyuges pone punto final al vínculo jurídico surgido por el acto del matrimonio, es decir tiene el efecto de disolver el matrimonio porque determina de manera inevitable el fin de la personalidad física.

En este mismo análisis el art. 90 de la norma familiar, señala que la acción de anulación del matrimonio no se transmite a los herederos sino cuando hay demanda pendiente a tiempo del deceso de quien podía interponerla, es decir que la acción de anulación no es transmisible a los herederos sino por sustitución procesal cuando se inició previamente la demanda al hecho del deceso del legitimado.

En ese análisis también es preciso citar los Autos Supremos Nº 433/2014 de 05 de agosto y Nº 159/2015 de 10 de marzo, donde se ha razonado en el entendido de que: ”…el art. 90 de la norma familiar, señala que la acción de anulación del matrimonio no se transmite a los herederos sino cuando hay demanda pendiente a tiempo del deceso de quien podía interponerla, es decir que la acción de anulación no es transmisible a los herederos sino por sustitución procesal cuando se entabló previamente la demanda al deceso del legitimado”.

Conforme lo manifestado, en el presente proceso, los actores Carmiñia Pillco Eguino, Shirley Gardenia Pillco Eguino, Ibber Daniel Pillco Eguino y María Luz Pillco Eguino alegan tener interés legítimo en su calidad de hijos y herederos forzosos ab-intestato de Saturnino Pillco León, quien habría contraído matrimonio en primer lugar con su señora madre María Teresa Eguino Borda en fecha 02 de febrero de 1985 el mismo que fue disuelto en fecha 20 de diciembre de 1997, por consiguiente contrajo nuevo matrimonio con Patricia Buendía Menacho el 27 de diciembre de 1997, (ver fs. 3), tal cual se evidencia de las documentales de fs. 31 a 45 y vta., sin embargo de ello, los ahora recurrentes interponen su acción de an ulabilidad absoluta de matrimonio (por falta de libertad de estado) en fecha 03 de febrero de 2014 (fs. 13 a 14 y vta.), sustentando su petición con el testimonio de declaratoria de herederos de fs. 11 a 12 y vta., donde argumentan ser hijos del de cujus Saturnino Pillco León, al respecto por regla del art. 90 del Código de Familia la acción no es transmisible a los herederos, a más de argumentar que su interés no estuvo presente en función al impedimento a momento de celebrarse el acto matrimonial, sino que deviene en forma posterior  a consecuencia del fallecimiento de su causante con un criterio netamente sucesorio y por ende patrimonial, resultando ser que esta acción interpuesta tiene como punto primordial el adquirir el patrimonio del de cujus vía sucesión, lo cual constriñe con los principios estructurales del matrimonio pues se intenta sancionar el mismo con la anulabilidad basado en el interés patrimonial de los bienes que obtendría por la sucesión de su padre y de ninguna forma como medida fortalecedora de la institución familiar o de los fines del matrimonio.

De los antecedentes se concluye que, toda la causa se tramitó sin que los actores tengan la legitimación para interponer la acción de anulabilidad, ya que su causahabiente antes de fallecer no inició ninguna gestión que hubiera posibilitado que los herederos prosigan y se integre al cumplimiento del presupuesto legal exigido en el art. 90 del Código de familia segunda parte, que establece la salvedad para transmitir a los herederos la continuidad del accionar en este tipo de procesos, lo contrario es lo que sucede en el presente caso operándose la prohibición establecida en la indicada norma, cuya primera parte señala: “la acción de anulación no se transmite a los herederos…”, a consecuencia de ello resultan ligeros los presupuestos aludidos por los recurrentes en casación, de donde se tiene que el Tribunal de Alzada consideró correctamente la normativa aplicable al caso concreto, con esos argumentos de la presente Resolución los reclamos advertidos devienen en infundados.

En consecuencia, corresponde emitir Resolución en la forma prevista en el arts. 271 num. 2), y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los Arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO, el recurso de casación de fs. 345 a 348, interpuesto por Carmiñia Pillco Eguino por sí y en representación de María Luz Pillco Eguino, Shirley Gardenia Pillco Eguino, Ibber Daniel Pillco Eguino, contra el Auto de Vista N° 62/2015 de fecha 13 de marzo, de fs. 339 a 343 y vta., pronunciada por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.