TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                           S A L A   C I V I L 



Auto Supremo: 12/2016

Sucre: 14 de enero 2016

Expediente: T-13-15-S

Partes: María Michel de Jurado y otro. c/ Teresa Blacud Morales y otros.

Proceso: Usucapión.

Distrito: Tarija.


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto por Carlos Alberto Blacud Chacón, cursante de fs. 614 a 619 vta., contra el Auto de Vista N° 03/2015 de 09 de enero de fs. 606 a 609 vta., de obrados, emitida por la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Publica  Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso ordinario usucapión interpuesto por María Michel de Jurado y Luis Jurado Vera contra Teresa Blacud Morales y otros, la respuesta de fs. 627 a 629 vta., concesión de fs. 637, los antecedentes procesales; y,


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, tramitada la causa, el Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Tarija, mediante Sentencia Nº 18/2013 de 26 de junio, cursante de fs. 564 a 569, declaró PROBADA la demanda de fs. 8 a 9 y reformulada de fs. 305 a 307, e IMPROBADA la demanda reconvencional de reivindicación y acción negatoria, daños y perjuicios por falta de elementos probatorios.


Consiguientemente adquirido por usucapión decenal  por parte de los esposos  María Michel y Luis Jurado Vera, el bien inmueble ubicado en la zona Miraflores, terreno conocido como el Alfar, con una superficie de  4.801,82 mts2.


Disponiendo que en ejecución de Sentencias se expida  la ejecutorial para su registro en DD.RR., para que se tenga como suficiente título de propiedad. Señalando además que la resolución está sujeta a lineamientos municipales según los arts. 81, 119, 126 y 128 de la Ley 2028 y art. 10 del plan de ordenamiento municipal sin perjuicio de otras disposiciones administrativas de urbanización.


Deducida el demandado y remitida la misma ante la instancia competente, la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Publica Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Auto de Vista N° 03/2015, confirmó en todas sus partes la Sentencia Apelada de fs. 564 a 569.


Ante la determinación adoptada por el Ad quem, el demandado interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, conforme consta de fs. 614 a 619 vta., mismo que se pasa a considerar.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


En la Forma.-


Acusa falta de pronunciamiento del Tribunal de apelación ante el planteamiento de interrupción del término de prescripción, ya que a lo largo del proceso como en el memorial de apelación, se habría argumentado  y demostrado que el término de la prescripción adquisitiva o usucapión habría sido interrumpido conforme determina el art. 1505 del CC., y aunque los antecedentes recursivos hayan sido mínimamente considerados por el Tribunal de Apelación estos debieron ser resueltos de manera específica y motivada y lamentablemente a momento de resolver en el Tribunal de Alzada sobre dicha interrupción de la prescripción, el Auto de Vista recurrido no solo habría sido escueto sino que habría rechazado su argumento sin especificar ni motivar cada uno de los actos que considera interrumpió la prescripción, esta falta de pronunciamiento no solo significaría que se ha violentado el debido proceso sino también el derecho a la defensa.


En el Fondo.-


Que el Auto de Vista recurrido habría interpretado erróneamente la ley al precisar sobre su escueta fundamentación  sobre que la prescripción no fue interrumpida, por no haber sido los demandantes citados con una demanda, decreto o embargo judicial a los que hace referencia el art. 1503 del CC., y extrañamente no haría referencia a los siguientes artículos pues tanto en la usucapión ordinaria como en la extraordinaria  seria plenamente aplicable el art. 1505 del CC.,  por lo que operaria también sobre la prescripción adquisitiva la interrupción por reconocimiento de derecho expreso o tácito.

                                                                                                              Que el  Auto de Vista recurrido al determinar que al no haber acreditado citación con documento judicial alguno a los demandantes como o exige el art. 1503 del CC., la prescripción no habría sido interrumpida, se constituye en error de derecho en la apreciación de las pruebas, pues la prueba acompañada en el proceso seria a todas luces precisa y cabal, y consistiría en: reconocimiento expreso del derecho propietario que los demandantes habrían hecho en la propia demanda;  la notificación con el incidente de nulidad a los demandantes que fue declarado probado y que habría permitido reconocer que los demandantes si conocían quienes eran los propietarios; el reconocimiento expreso por la demandante que participo como testigo en otro proceso en el que habría reconocido el derecho propietario de los demandados; y  el gravamen registrado en la partida  y matricula correspondiente al inmueble en cuestión, por lo que debería aplicarse el art. 1505 del CC.


Por lo expuesto, solicita al Tribunal de casación 1) anular obrados a fin de reorientar el correcto trámite del proceso  y la correcta aplicación de la norma adjetiva; 2) o en su defecto. Case el Auto de Vista recurrido  y en base a la correcta aplicación de la norma  declare  improbada la demanda en todas sus partes.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


En la Forma.

El recurrente acusa falta de pronunciamiento del Tribunal de apelación respecto al reclamo de interrupción del término de prescripción, y aunque los antecedentes recursivos hayan sido mínimamente considerados por el Tribunal de Apelación estos debieron ser resueltos de manera específica y motivada y lamentablemente el Auto de Vista recurrido no solo habría sido escueto sino que habría rechazado su argumento sin especificar ni motivar cada uno de los actos que considera interrumpió la prescripción.

Al respecto se debe señalar que del análisis del recurso de apelación en contrastación con el Auto de Vista recurrido se tiene que el recurrente en apelación reclamo en dos incisos aspectos referentes a que: el art. 138 del CC., se encontraría fuera del ordenamiento jurídico vigente, en este entendido la demanda y la Sentencia se basarían en dicho artículo; acusando además en el inciso B) del recurso de apelación la supuesta incorrecta valoración de la prueba, referente al informe pericial de fs. 268 a 269 y que la familia Blacud no habría tenido una actitud negligente respecto a su terreno, arguyendo que el inmueble de propiedad de su familia habría sido gravado en reiteradas ocasiones y en consecuencia se habría interrumpido el término de la prescripción.

Reclamos que fueron resueltos por el Tribunal de Alzada en el segundo considerando del Auto de Vista recurrido punto por punto, señalando respecto a la interrupción el termino de prescripción que: “…de la revisión del proceso se tiene  que los demandados no han demostrado con prueba alguna que la prescripción haya sido interrumpida, toda vez que no se acredito que los demandantes hayan sido citados con una demanda judicial un decreto o  embargo como lo exige el art. 1503 del Código Civil, y el hecho de que el inmueble  de propiedad de la familia Blacud ha sido gravado en reiteradas ocasiones, no puede considerarse de acuerdo a la norma legal citada- como un acto que interrumpe la prescripción.”.

De lo que se advierte que no es evidente la falta de pronunciamiento acusada, pues si bien es el mismo recurrente quien reconoce la existencia de fundamentación  acusando que esta sería escueta, afirmación que resulta contradictoria en su recurso de casación en la forma, sin embargo el mismo debe tener presente que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha desarrollado a través de diversos fallos, remarcando que la fundamentación y motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. Señalando que la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas (SC 1365/2005-R de 31 de octubre, SCP 0038/2013 de 11 de enero, SCP 0731/2014 de 10 de abril), y en el caso de autos existe la fundamentación y motivación precisa, concreta y entendible necesaria que el recurrente acusa primero de inexistente y luego de escueta; deviniendo en infundado el recurso de casación en la forma.

En el Fondo.-

El recurrente acusa que el Auto de Vista recurrido habría interpretado erróneamente la ley al precisar que la prescripción no habría sido interrumpida, tomando como base el art. 1503 del CC., y extrañamente no haría referencia a los siguientes artículos pues tanto en la usucapión ordinaria como en la extraordinaria  seria plenamente aplicable el art. 1505 del CC.,  por lo que operaria también sobre la prescripción adquisitiva la interrupción por reconocimiento de derecho expreso o tácito.

Al respecto corresponde  señalar primeramente que en relación a la interrupción de usucapión, Planiol citado en la obra “Tratado de Los Derechos Reales” de Arturo Alessandri R. y otros, hace referencia a dos tipos de interrupción de la prescripción: 1) La interrupción natural de la prescripción, que está ligada a la pérdida o interrupción material de la posesión y en los casos en que dicha pérdida genera efectos interruptivos de la prescripción; 2) La interrupción civil de la prescripción, que está relacionada a la actividad desplegada del que se pretende verdadero dueño de la cosa, que sale de su pasividad, y expresa, ante el poseedor y por medios legales, su inequívoca intención de no abandonar el derecho de propiedad que afirma tener, oponiéndose a la posesión de aquél.

Para que opere la interrupción Civil de la prescripción adquisitiva, quien considere tener derecho de dominio sobre el bien debe accionar judicialmente sobre el poseedor, a efectos de hacer valer respecto a él, el derecho que pretende oponiéndose a la posesión que aquel ejerce. En tal entendido toda vez que el recurrente reclamo que el inmueble de propiedad de su familia habría sido gravado en reiteradas ocasiones y en consecuencia se habría interrumpido el término de la prescripción, el Tribunal de Alzada sustento su decisión en lo dispuesto por el art. 1503 del CC., que dice: "I. La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el Juez sea incompetente",  es decir que cuando la norma alude al término demanda, debemos entender que en un sentido amplio hace referencia a todas aquellas peticiones judiciales que importen una manifestación de la voluntad de mantener vivo su derecho, es decir que de manera inequívoca demuestren la intención de no permanecer en inactividad o silencio respecto a su derecho; sin embargo para que ese acto sea efectivo se requiere que el mismo: 1) sea deducido ante un órgano jurisdiccional; 2) debe demostrar inequívocamente la voluntad de ejercer su derecho de propiedad deduciendo oposición a la posesión del poseedor; y 3) debe ser notificado a quien se quiere impedir que prescriba.

En tal entendido se tiene que este Supremo Tribunal a través de diversos fallos ha orientado que no toda acción o controversia judicial genera el efecto interruptivo de la prescripción adquisitiva, sino sólo aquellas que conlleven los tres requisitos enunciados, y siempre que a través de aquella se demuestre de manera inequívoca la intención de oponerse a la posesión, pues, pueden existir múltiples pretensiones relativas a otros aspectos que si bien evidencian litigiosidad entre partes, empero no interrumpen la posesión, toda vez que para que esto suceda la pretensión opuesta al poseedor inequívocamente debe estar orientada y dirigida a repulsar esa posesión, aspecto que no se observa en el hecho de que los demandados hayan gravado en reiteradas oportunidades el bien inmueble de su propiedad, pues no se observa forma alguna en que dichos gravámenes repulsen la posesión de los demandantes.

Por otra parte, si bien el recurrente acusa que debió aplicarse el art. 1505  del CC., aspecto que tiene relación con su reclamo respecto a que existiría error de derecho en la apreciación de las pruebas, pues la prueba acompañada en el proceso seria a todas luces precisa y cabal, prueba que consistiría en: i) el reconocimiento expreso del derecho propietario que los demandantes habrían hecho en la propia demanda; ii) la notificación con el incidente de nulidad a los demandantes que fue declarado probado y que habría permitido reconocer que los demandantes si conocían quienes eran los propietarios; iii) el reconocimiento expreso por la demandante que participo como testigo en otro proceso en el que habría reconocido el derecho propietario de los demandados; y iv) el gravamen registrado en la partida y matricula correspondiente al inmueble en cuestión, por lo que debería aplicarse el art. 1505 del CC; a esto corresponde señalar que si bien es evidente que las reglas de interrupción previstas por el art. 1505 del CC, es decir por el reconocimiento expreso o tácito del derecho que haga el deudor a favor del acreedor, conforme estipula dicho artículo, es aplicable tanto a la usucapión ordinaria o quinquenal como a la usucapión extraordinaria o decenal.

Sin embargo, corresponde analizar si los cuatro aspectos que señala el recurrente representan o no, reconocimiento del derecho propietario por parte de los demandantes hacia los demandados para interrumpir el término de la usucapión; ahora bien, en cuanto al inciso i) donde señalan existiría el reconocimiento expreso del derecho propietario hecho en la propia demanda, se debe precisar que del análisis de la demanda de fs. 8 a 9 reformulada a fs. 305 a 307, no se observa afirmación alguna por parte de los demandantes reconociendo el derecho propietario de los demandados, pues en la demanda de fs. 8 a 9 los actores afirman desconocer a los propietarios del bien inmueble en cuestión, y en la reformulación de la demanda emergente de la nulidad dispuesta vía saneamiento procesal, los demandantes reafirman su posición respecto a que la familia Blacud no es propietaria del bien inmueble en cuestión,  no existiendo el reconocimiento de derecho propietario argüido en este punto. En cuanto a (ii) la notificación con el incidente de nulidad a los demandantes que fue declarado probado y que habría permitido reconocer que los demandantes si conocían quienes eran los propietarios; se bebe señalar que el recurrente hace mención a un actuado desarrollado en el proceso, es decir posterior a los diez años en que la usucapión decenal ha operado, pues los Jueces de instancia  han determinado que a la fecha de presentación de la demanda han transcurrido mas de 20 años de posesión pacifica, ininterrumpida y publica, por lo que dicho incidente de nulidad no puede interrumpir la prescripción adquisitiva que reiteramos ya ha operado a los 10 años de posesión de los actores. En cuanto a (iii) el reconocimiento expreso por la demandante que participo como testigo en otro proceso en el que habría reconocido el derecho propietario de los demandados, a esto corresponde  puntualizar que si bien los demandados a momento de contestar la demanda señalan que la demandante María Michel en calidad de testigo habria reconocido en otro proceso ordinario caratulado Orellana c/ Blacud (fs. 311 a 314 de dicho proceso) que los ahora demandados serian propietarios del bien inmueble en cuestión, en obrados no existe prueba alguna que  acredite tal afirmación; finalmente en cuanto a que (iv) el gravamen registrado en la partida y matricula correspondiente al inmueble en cuestión, constituiría un acto de interrupción en aplicación del art. 1505 del CC; se debe precisar que por lo expuesto supra en relación a dichos gravamenes estos no representan de ninguna manera reconocimiento de derecho propietario por parte de los actores hacia los demandados, por cuanto dichos gravámenes fueron registrados a favor de terceros por lo que no resulta un acto de interrupción que signifique reconocimiento de derecho propietario o que pueda subsumirse a lo dispuesto por el art. 1503 y 1505 del CC., no siendo evidente la errónea valoración de la prueba e indebida aplicación de la ley acusada en este punto.

Por lo anteriormente manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme señala los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto por Carlos Alberto Blacud Chacón, cursante de fs. 614 a 619 vta., contra el Auto de Vista N° 03/2015 de 09 de enero de fs. 606 a 609 vta. Con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.