TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                           S A L A   C I V I L 

Auto Supremo: 11/2016

Sucre: 14 de Enero 2016

Expediente: CB-57-15-S

Partes: Moisés Ismael Cusmar y otros. c/ Rhina Gonzales Mendoza y otros.

Proceso: Nulidad

Distrito: Cochabamba


VISTOS: el recurso de casación, interpuestos por Mario Edgar Salinas Gamarra en representación de Moisés, Patricia e Isabel Margarita Ismael Cuzmar, cursante de fs. 533 a 541, contra el Auto de Vista N° 251/2014 de 10 de octubre, de fs. 525 a 529, emitida por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso nulidad, interpuesto por de Moisés, Patricia e Isabel Margarita Ismael Cuzmar contra Rhina Gonzales Mendoza, Gloria Patricia Mayre Horth y Jorge Alfredo Mayre Soria, la respuesta de fs. 545 a 551, el Auto de concesión de fs. 563, los antecedentes procesales; y,


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, tramitada la causa, el Juez Octavo de Partido en lo Civil de la Capital - Cochabamba, emitió Sentencia Nº 35/2013 de 13 de noviembre, de fs. 491 a 498 y vta., y declaró: I.- IMPROBADA la demanda principal instaurada por Moisés, Patricia e Isabel Margarita Isabel Cuzmar representados por el abogado Mario Edgar Salinas Gamarra. II.- PROBADAS las excepciones perentorias de falta de acción y derecho, ilegalidad e improcedencia opuesta por la defensora de oficio de los demandados Gloria Patricia Mayre Horth y Jorge Alfredo Mayre Soria. Imponiéndose costas  a los demandantes perdidosos.


Deducido el recurso de apelación por los demandantes, fue remitido ante Tribunal de Segunda Instancia como es la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que mediante Auto de Vista Nº 251/2014, confirmó totalmente la Sentencia Apelada.


Ante la determinación adoptada por el Ad quem, los demandantes interpusieron recursos de casación, conforme consta a fs. 533 a 541, mismo que se pasa a analizar.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


1.- Que el Ad quem al confirmar la Sentencia sin base legal incurrirían en violación de la ley, pues realizarían toda una argumentación sobre la simulación de los contratos y que no implicaría su nulidad, cuando se habría generado una fuerte probanza que conduce a la certeza de la existencia de donación sostenida de su parte, pues la demostración del pago del precio a través de los cheques  corrientes a fs. 16 y 17 con la validez avalada por el art. 1311 del C.C., habrían sido soslayados por la Sentencia y mal valoradas por el Auto de Vista afectando la tasa legal de valoración previsto por el art. 1286 del C.C., y el art. 397 del C.P.C., así también ni la Sentencia, ni el Auto de Vista recurrido habrían considerado  las certificaciones de las entidades del sistema bancario que habrían demostrado que la señora Rinha Gonzales no contaba con recursos para la adquisición de bienes inmuebles y que habrían demostrado que esta no aporto para el pago del inmueble en cuestión, por lo que se habría demostrado que se ocultó al verdadero comprador, estando la donación plenamente demostrada con la sola transición de los recursos y la aceptación de ellos.


2.- Que existiría interpretación errónea y aplicación indebida de la ley ya que los jueces de instancia interpretan en una apreciación defectuosa equivocada y sin sustento legal la ausencia de donación pretendiendo justificar su decisión con la figura propia de la simulación, que en lo sustancial equivaldria a ignorar toda la probanza para centrase en un argumento diferente de la petición, interpretación que constituiría una evidente errónea interpretación de la ley.


3.- Acusa Error de hecho y derecho en la apreciación de la prueba en el Auto de Vista recurrido, referido a que las pruebas que cursan en el expediente habrían sido indebidamente conceptualizadas, el error de derecho está vinculado a la ineficiente, inadecuada y absurda justificación que descartaría y desvaloriza la prueba aportada y funda la resolución en un aspecto diferente a la causa de petitum inmerso en la demanda  generando una situación de devaluación legal de la prueba, pues la tasa legal prevista no se habría aplicado. Ya que al haberse demostrado la discordancia entre la realidad y el acto aparente, la invalidez habría sido demostrada; concluyendo que  existe un conjunto orgánico articulado lógicamente de todos los medios de prueba anteriormente expuesta, que habrían sido desestimados por el Tribunal de Alzada que habrían motivado el voto disidente de la vocal Lineth Boja, por cuanto  se habría probado la existencia de donación que se habría realizado de una manera incorrecta.


Finalmente, señala que el Tribunal Supremo en caso de ingresar al fondo de la causa case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo declare Probada la demanda.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Del análisis del recurso de casación en el fondo se tiene que el mismo contiene de inicio una exposición de antecedentes y conclusiones de los recurrentes para luego en el numeral II del mismo, fundamentar sus reclamos en tres puntos los cuales se pasan a considerar:

1.- Los recurrentes acusan que el Ad quem realizaría toda una argumentación sobre la simulación de los contratos y que en el caso presente no implicaría su nulidad, cuando se habría generado una fuerte probanza que conduce a la certeza de la existencia de donación sostenida de su parte, que se habría acreditado con el pago del precio a través de los cheques corrientes de fs. 16 y 17 con la validez avalada por el art. 1311 del C.C., las certificaciones de las entidades del sistema bancario que habrían demostrado que la señora Rhina Gonzales no contaba con recursos para la adquisición de bienes inmuebles y que habrían demostrado que esta no aporto para el pago del inmueble en cuestión y la inspección judicial de visu, pruebas que habrían sido soslayadas y mal valoradas por el Auto de Vista afectando la tasa legal de valoración previsto por el art. 1286 del C.C., y el art. 397 del C.P.C., al respecto se deben realizar las siguientes consideraciones:

En términos generales, simular es representar o hacer aparecer algo fingido; jurídicamente se define la simulación, como el acto jurídico que, por acuerdo de las partes, se celebra exteriorizando una declaración recepticia no verdadera, sea que carezca de todo contenido -pura apariencia-, o bien que esconda uno verdadero diferente al declarado -apariencia que encubre la realidad-, en síntesis, la simulación entonces resulta ser la voluntad de las partes contratantes dirigida a esconder una realidad, en otras palabras ambas partes deben tener en cuenta que al momento de celebrar el contrato están ocultando una situación real.

La simulación puede ser absoluta y relativa, en este entendido el art. 543 del C.C., dispone: “I. En la simulación absoluta el contrato simulado no produce ningún efecto entre partes. II. En la relativa, el verdadero contrato, oculto bajo otro aparente, es eficaz entre los contratantes si reúne los requisitos de sustancia y forma, no infringe la ley ni intenta perjudicar a terceros”, es decir que cuando la simulación del contrato es absoluta, las partes del contrato simulado no quieren, en realidad, celebrar negocio alguno; en tanto que es relativa cuando produce la divergencia entre la intensión práctica y la causa típica del contrato o acto jurídico; es decir, existe contrato pero en ella existen situaciones contractuales que no corresponden a la realidad.

Ahora bien, se debe señalar que para determinar la simulación de un contrato u acto jurídico se debe acreditar la existencia de los siguientes requisitos: Primero. debe existir el acuerdo de partes, es decir la conformidad o acuerdo de todas las partes contratantes, siendo necesaria la bilateralidad de la ficción en la creación del acto simulado; Segundo. que la discordancia sea intencional, que se entiende como la contradicción entre lo querido y lo manifestado con la voluntad de engañar, la que debe ser intencional con el fin de ocultar la realidad frente a terceros, puesto que la intencionalidad engañosa es la característica básica del acto simulado; y Tercero. Debe existir la intención de engañar, debido a que en la simulación siempre hay engaño, por esta razón la simulación al ocultar la verdad y ofrecer una apariencia falsa, busca engañar a los terceros que suponen la realidad del acto cuando en realidad dicho acto no existe o encubre otro simulado.

Por otra parte, resulta necesario hacer referencia al art. 584 del C.C., que señala: “La venta es un contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una cosa o transfiere otro derecho al comprador por un precio en dinero”, y siendo que en la litis se pretende la nulidad de un contrato de venta resulta también necesario señalar que en cuanto a las partes que participan en un contrato, en criterio del tratadista Guillermo A. Borda, en su “Manual de Contratos” señala: “…las partes de un contrato son aquellas personas que, ya sea por sí o por medio de un representante, se han obligado a cumplir ciertas prestaciones y han adquirido ciertos derechos, se las llama también otorgantes del acto” también se considera como si fueran parte “los sucesores universales de los otorgantes, que a la muerte de estos, vienen a ocupar su lugar”.

En el caso de Autos, los recurrentes señalan que se habría probado la existencia de donación, que se habría acreditado con el pago del precio por parte de Osman Ismael a través de los cheques corrientes de fs. 16 y 17, la inspección judicial,  las certificaciones de las entidades del sistema bancario que habrían demostrado que la señora Rhina Gonzales no contaba con recursos para la adquisición de bienes inmuebles y que habrían demostrado que esta no aporto para el pago del inmueble en cuestión; arguyendo que se habría realizado una errónea interpretación de la simulación al determinar la ausencia de donación, que en lo sustancial equivaldría a ignorar toda la prueba aportada de su parte; al respecto se debe tener presente que si bien el art. 545 del C.C., señala que tratándose de terceros la prueba no está limitada, siendo viables todos los medios probatorios, inclusive la testifical, con el objetivo de demostrar la simulación practicada por las partes, sin embargo en el caso presente la prueba debió estar dirigida a acreditar que el contrato de venta del cual se pretende la nulidad por simulación absoluta, fue resultado del acuerdo de las partes, para ocultar otro contrato, acto o negocio jurídico, que en este caso según los demandantes seria la donación.

Ahora bien, en el caso presente se tiene que el contrato del cual se pretende la nulidad, resulta un contrato de venta por el cual Gloria Patricia Mayre Horth y Jorge Alfredo Mayre Soria, transfieren en calidad de venta a Rhina Gonzales Mendoza, un inmueble de 630,30 Mts2, ubicado en la calle 16 de julio Nº 719 de la ciudad de Cochabamba, en este antecedente se tiene que el padre de los recurrentes no fue parte en el contrato (otorgante del acto) y menos propietario del bien inmueble que se transfirió a la demandada, para poder determinar que dicho contrato de transferencia hubo la intención por parte de las partes de simular un contrato de donación, pues como señalo el Tribunal de Alzada son los mismos actores que en su demanda de fs. 26 a 27 y vta., subsanada a fs. 91 a 92, reconocen que  dicha transferencia no fue realizada de manera gratuita es decir, como una liberalidad de los vendedores, si no, reconocen que se pagó un precio por el mismo que fue cancelado por su padre, como también lo reconoció la demandada al señalar que Osman Ismael junto a su persona realizaron el pago porque eran familia, y no existiendo prueba que acredite que los vendedores tenían el conocimiento y la intención de simular un contrato de donación en un aparente contrato de venta, se tiene que no se cumplió con el primer requisito para determinar que el contrato es aparente es decir  que no se acredito que existió acuerdo de las partes contratantes, requisito necesario por la bilateralidad de la ficción en la creación del acto simulado, es decir que se haya consentido el acto simulado por parte de los vendedores y la compradora.

En base a lo expuesto, se tiene que el razonamiento de los jueces de instancia resulta correcto, en virtud a que, como se señaló anteriormente, la simulación supone el acuerdo de ambas partes para ocultar una realidad o verdad, aspecto que no aconteció en la litis, pues tal como señalo el Juez A quo en la Sentencia de fs. 491 a 498 y vta. “En el contrato de marras se ha determinado la transferencia de la cosa (el inmueble) y se ha pagado el precio, aunque el mismo haya sido pagado por un tercero, en este caso el señor Osman Ismael Mustafá, lo cual no se encuentra prohibido por ley sino todo lo contrario. Puesto que la obligación del comprador de pagar el precio (Art. 636 del Código Civil) puede ser cumplida o pagada por un Tercero (Art. 295 del Código Civil)…”, razonamiento que resulta correcto, por cuanto los recurrentes no pueden pretender se determine la nulidad de un contrato de venta arguyendo que este seria de donación, cuando su padre (+) no figura en el mismo como parte, sino, solo como beneficiario de usufructo, pues lo que se pactó y materializo en lo hechos, en el contrato contenido en la Escritura Publica Nº 1558/2007 fue la transferencia del derecho propietario del bien inmueble en cuestión por el precio de $us.- 92.000.-, y no así la donación que alegan los demandantes, no siendo evidente que se haya incurrido en errónea interpretación de la ley.

2.- En cuanto a que existiría interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, ya que los jueces de instancia realizarían una apreciación defectuosa equivocada y sin sustento legal que en lo sustancial equivaldría a ignorar toda la probanza para centrarse en un argumento diferente de la petición, interpretación que constituiría una evidente errónea interpretación de la ley; a esto, se debe hacer notar que los recurrentes no señalan que artículos se habrían interpretado erróneamente, fundamentando su reclamo en que se habría ignorado toda la probanza para centrarse en un argumento diferente de la petición, argumento que si en criterio de los recurrentes resultaba diferente a lo pedido en la demanda, debieron acusar dicho aspecto en el recurso de casación en la forma y no en el presente recurso interpuesto en el fondo, razones por las que no amerita realizar mayores consideraciones.

3.- En relación al supuesto error de hecho y derecho en la apreciación de la prueba respecto a que la tasa legal prevista no se habría aplicado, ya que al haberse demostrado la discordancia entre la realidad y el acto aparente, la invalidez habría sido demostrada; concluyendo que  existe un conjunto orgánico articulado lógicamente de todos los medios de prueba expuestos con anterioridad que habrían motivado el voto disidente de la vocal Linet Borja, por cuanto  se habría probado la existencia de donación; corresponde señalar que el relamo respecto al supuesto error de hecho y de derecho sobre la prueba a que hacen referencia los recurrente, los cuales precisamente la remiten a lo expuesto en el primer reclamo y que habrían generado un razonamiento diferente en la vocal disidente, fueron considerados y resueltos en el punto uno de los fundamentos de la presente Resolución.

Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme señala los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación, interpuestos por Mario Edgar Salinas Gamarra en representación de Moisés, Patricia e Isabel Margarita Ismael Cuzmar, cursante de fs. 533 a 541, contra el Auto de Vista N° 251/2014 de 10 de octubre, cursante fs. 525 a 529. Con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán