TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                              S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 992/2015 - L

Sucre: 28 octubre 2015

Expediente: SC 136 11 S                                                                             Partes: Rosse Mary Murguía Ovando. c/ José Nelson Vásquez Ramírez.

Proceso: Divorcio.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 101 vta., interpuesto por José Nelson Vásquez Ramírez, contra el Auto de Vista 129/2011 de fecha 18 de marzo de 2011 a fs. 98 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental  de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de Divorcio, seguido por Rosse Mary Murguía Ovando contra José Nelson Vásquez Ramírez; la concesión de fs. 103, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:                                                                                       ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Cuarto de Partido de Familia de la ciudad de Santa Cruz, pronuncio Sentencia N° 18/2010 de fecha 23 de septiembre de 2010, de fs. 80 a 81, declarando PROBADA la demanda principal de divorcio planteada por Rosse Mary Murguía Ovando contra José Nelson Vásquez Ramírez, en consecuencia se dispone: 1) Disuelto el vínculo matrimonial, franquéese testimonio y ofíciese para la cancelación de la partida matrimonial, previa ejecutoria. 2) La guarda de los hijos en poder de la madre para quienes el padre pasara una asistencia en la suma de Quinientos Bolivianos Mensuales (Bs. 500), los que corren desde la fecha citación con la demanda. Se establece un régimen de visita del padre para con los hijos los días domingos de horas 10 a.m. 20. 3) En cuanto a la división de bienes  gananciales que se hubieron adquirido e inscrito a nombre de ambos o a uno de los esposos en los registros correspondientes en ejecución de sentencia y acreditada estos se ordena la división en partes iguales, como así mismo el pago de la obligación del anticresis por la suma de $us. 2.300 deberán ambos esposos devolver en partes iguales. 

Contra la mencionada resolución José Nelson Vásquez Ramírez interpone recurso de apelación de fs. 86 a 87, que mereció  el Auto de Vista 129/2011 de fecha 18 de marzo de 2011 de fs. 98 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental  de Justicia de Santa Cruz, que CONFIRMA la Sentencia apelada.

Resolución que dio lugar al recurso de Casación, interpuesto por José Nelson Vásquez Ramírez, el mismo que merece el presente análisis.

CONSIDERANDO II:                                                                                            DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Refiere, que la demanda de divorcio absoluto se fundamenta  en la causal  130-4 del Código de Familia, vale decir por sevicias, injurias graves o malos tratos de palabra o de obra  que hagan intolerable la vida en común, en consecuencia corresponde a la demandante  cumplir con la carga de  la prueba a que se encuentra obligada por mandato del art. 1283 del Código Civil.

Del mismo modo refiere que la prueba testifical de cargo se ha recibido las declaraciones de los ciudadanos  Tomas Cardozo Torrico y Roberto Zambrana Herrera, declaraciones que salen a fs. 42 y 43, los cuales no son contestes y uniformes, por cuanto se refieren a supuestos actos de agresiones sin precisar fechas, lugares y personas, por lo que estas pruebas no son suficientes para fundar una Sentencia como pretende confirmar el Auto de Vista.

Señalando también que la familia es una institución que merece la protección del estado y el divorcio es una medida extrema que solamente procederá cuando la vida en común entre los cónyuges se torne imposible.

Del mismo modo señala que los de instancia hacen una errónea apreciación de las pruebas, incurriendo en error de hecho, aplicando de manera inadecuada el art. 397 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo que termina peticionando al Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista y deliberando en el fondo declare improbada la demanda.

CONSIDERANDO III:                                                                                        FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Que, la jurisprudencia sentada por la ex Corte Suprema de Justicia con la que se comparte criterio, ha establecido que el recurso de casación se equipara a una demanda nueva de puro derecho utilizada para invalidar una Sentencia o Auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, ello en razón a que no constituye una controversia entre las partes, sino una "cuestión de responsabilidad entre la ley y sus infractores", pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo y en la forma o en ambos efectos de acuerdo a lo estatuido por el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, en tanto se cumplan los requisitos establecidos en el art. 258 núm. 2) del mismo cuerpo legal, referidos a la obligación que tiene el recurrente de citar en términos claros, concretos y precisos las leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente, esto porque el recurso de casación es un acto procesal complejo, puesto que entre los elementos de forma esenciales a contener no es sólo expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundamentar esa impugnación conforme al modo de la estructura, del acto impugnado contenido en el citado artículo. De ahí que, el recurso de casación está sometido a requisitos formales, de riguroso e indispensable cumplimiento, que determinan la admisión del mismo, de lo contrario se lo rechaza por la improcedencia, dando cumplimiento a la previsión del art. 272 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil.

A tal efecto, diremos que los casos en que procede el recurso de casación en el fondo están expresamente previstos en la ley; por consiguiente, los mismos no están sujetos a capricho de las partes; y menos, del juzgador. Por lo que de acuerdo a lo establecido por el art. 253 en sus incisos 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, “Procederá el recurso de casación en el fondo: 1) Cuando la Sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley”…figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre una determinada norma jurídica, mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, imponiéndose la obligación de especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente o cual la interpretación debida; “ 2) Cuando contuviere disposiciones contradictorias”; y, 3) Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador”, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos.

De otro lado, cuando se recurre de casación en la forma cuando se han violado las formas esenciales del proceso, existiendo para tal efecto un catálogo de siete numerales señalados en el art. 254 del Código de Procedimiento Civil; es decir tiene por objeto anular la Resolución indebida, siempre y cuando se hayan verificado vicios o procedimientos violatorios a las reglas determinadas por ley.

Y como se manifestó de manera precedente si planteado el recurso de casación en el fondo y en la forma éste no cumple con los requisitos formales previstos en el art. 258 num. 2) del adjetivo Civil.

En el sub lite, partiendo del agravio de un supuesto error de hecho en la valoración de la prueba testifical de cargo, alegando que no son contestes y uniformes por los supuestos actos de agresión, sosteniendo además que la familia es una institución que merece la protección del estado y el divorcio es una medida extrema que solamente procederá cuando la vida en común entre los cónyuges se torne imposible, más aun que los de instancia hacen una errónea apreciación de las pruebas, incurriendo en error de hecho, aplicando de manera inadecuada el art. 397 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo de todos estos argumentos empleados por el recurrente, se puede advertir que no indica de manera clara y precisa, cuál sería el error de hecho en la apreciación de la prueba, si bien es cierto que señala el art. 253 núm. 3) del Código de Procedimiento Civil, empero el recurrente no indica cómo los de instancia incurrieron en error de hecho en la apreciación del mismo; es decir no señala de manera clara, concreta y precisa que es lo que acusa, sólo señala de manera genérica que no se habría valorado la prueba testifical de cargo, no especificando en que prueba se hubiese cometido error de hecho no basta señalar el art. 397 del Código de Procedimiento Civil, sin una debida fundamentación de lo que se pretende, no obstante que la valoración de la prueba es una tarea privativa de los jueces de instancia e incensurable en casación, salvo que se demuestre error manifiesto, situación recursiva que no ocurre en el caso, pues no se alega de manera fundamentada el error que habría incurrido el Tribunal Alzada, el recurrente tan solo se limita a realizar un cuestionamiento de hechos de la demanda, sin apoyarse en la norma legal que respaldaría su argumentación, es más el recurso que se analiza no reúne los requisitos de fondo y de forma expresados por el art. 258 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no especifica en qué consisten tales violaciones, falsedades o errores; de la misma forma el recurrente olvida que este recurso se halla equiparado a una verdadera demanda de puro derecho en cuya virtud para su procedencia y admisión porque el recurrente debe, en cada caso concretar, precisar e individualizar cada una de las infracciones denunciadas fundando la conculcación para demostrar cómo y en qué forma la decisión de segundo grado dañó su derecho al debido proceso, razón por la que este Tribunal de casación, se ve imposibilitado de absolver los argumentos expuestos por el recurrente, deviniendo el mismo en su improcedencia.

Por las razones expuestas corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia fallar en la forma prevista por los arts. 271 num. 1) y 272 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 1) y 272 del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo de fs. 101 vta., interpuesto por José Nelson Vásquez Ramírez, contra el Auto de Vista Nº 129/2011 de fecha 18 de marzo de 2011 a fs. 98 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Sin costas al no existir respuesta.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.