TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

         S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 985/2015 - L

Sucre: 28 de Octubre 2015        

Expediente: P-4-11-S

Partes: Lucy Leny Rivero c/ Honorable Alcaldía Municipal de Cobija

Proceso: Resarcimiento de daño civil

Distrito: Pando

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de Fs. 88 a 89, impugnando el Auto de Vista  Nº 81, de fecha  9 de agosto de 2011, pronunciado por  la Sala Civil, Social de Familia, Niño y Adolescente de la Corte Superior de Justicia de Pando, dentro del proceso de Resarcimiento del daño Civil seguido a instancia  de Lucy Leny Rivero contra la Honorable Alcaldía Municipal de Cobija, la respuesta del recurso de casación de fs. 91 a 92, la concesión del recurso 92 vta. los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Lucy Leny Rivero Rivas interpuso demanda de resarcimiento de daño civil, ocasionado por hecho ilícito, refiriendo que el día marte 17 de febrero de 2009, falleció su hija de 16 años de edad, de nombre Daniela Patricia Rivero, como consecuencia de una descarga eléctrica que recibió luego de apoyarse en una de las barandas metálicas de un palco, mandado a construir por la Alcaldía Municipal de Cobija para la inauguración de diferentes eventos como la inauguración del Parque Piñata en las inmediaciones de la Plaza El Carretón cuando entro a refugiarse de la lluvia. El parque estaba dotado con energía eléctrica para el uso de sonido e iluminación y por alguna razón los tubos metálicos con los que estaba construido se electrizó ocasionando la muerte de la menor, razón por la cual amparada en el art. 984 del Código Civil el resarcimiento del daño, pidiendo que se declare probada la demanda y se condene el pago de $us. 30.000 a la institución demandada.

Citada la Alcaldía Municipal de Cobija responde a la demanda de forma negativa.

Tramitado el proceso el Juez de la causa pronunció Sentencia Nº 026, de fecha 4 de marzo de 2011, cursante de fs. 57 a 59 declarando improbada la demanda con costas.

Contra la Sentencia la demandante Lucy Leny Rivero Rivas interpuso recurso de apelación cursante de fs. 62 a 64, en conocimiento del mencionado recurso la Sala Civil Social de Familia, Niño Nina Adolescente pronuncio Auto de Vista Nº 81, de fecha 9 de agosto de 2011, por el cual revoco la Sentencia apelada declarando probada en parte la demanda fijándose el monto a resarcir  a la demandante en la suma de Bs. 30.000.- que debe pagar la Honorable Alcaldía de Cobija en el plazo de 10 días de notificada con la presente Resolución sin costas.

Contra esta Resolución de Alzada, la Alcaldía Municipal de Cobija interpuso recurso de casación  en el fondo el cual se analiza:

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

La entidad edilicia plantea recurso de casación en el fondo acusando la violación del art. 90 y 91 del Código de Procedimiento Civil, indicando que estas normas son de cumplimiento obligatorio y que en la Sentencia y que en el Auto de Vista emitido no se han cumplido a cabalidad los procedimientos legales porque no se ha notificado con los proveídos a la parte demandada.

Acusa la inaplicabilidad del art. 397 del Código de Procedimiento Civil, referido a la valoración de la prueba que establece que las pruebas producidas en la causa serán apreciadas por el Juez de la causa de acuerdo a la valoración que le otorga la Ley, pero si esta no determina otra cosa podrá apreciarla de acuerdo a su prudente criterio o sana critica. Manifiesta que el Juez de la causa está obligado a valorar las pruebas esenciales y decisivas razón por la cual debió valorar la prueba tomando en cuenta que la entidad pública esta mayormente ligada a las normas administrativas especialmente a la Ley 1178 y el D. S. 23318-A

Manifiesta que no se aplicó la Ley 1178 especialmente los arts. 32 y 37  de la referida norma  en el presente caso,

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Conforme al recurso de casación en el fondo, planteado por la Entidad edilicia Gobierno Municipal de Cobija este Tribunal resolverá el mismo en función al principio pro actione porque el recurso interpuesto no expresa de manera fundamentada los agravios, ni cumple con los requisitos exigidos por el art. 258 num. 2) del Código de procedimiento Civil.

La entidad pública recurrente expresa como primer agravio la violación de los arts. 90 y 91 del Código de Procedimiento Civil, refiriendo que los de instancia no aplicaron a cabalidad los procedimientos legales y que no se ha notificado con los proveídos a la parte demandante. Al respecto diremos que la parte recurrente no expresa con precisión con que actuados o proveídos no se notificó al Gobierno Municipal, razón por la cual este Tribunal no puede ingresar a realizar un análisis respecto al tema, por la falta de precisión en que incurre la parte recurrente, porque el Gobierno Municipal de Cobija, no identifica con que actuados del proceso no se le ha notificado. En el supuesto caso que hubiera sido así, siendo que la falta de notificación con actuados procesales, le hubiese ocasionado indefensión al Gobierno Municipal, este agravio está referido a vicios procedimentales, debiendo plantearse en recurso de casación en la forma, como no lo hizo así, sino en el fondo sin ninguna precisión no puede este tribunal realizar consideración alguna al respecto.

Como segundo agravio el Gobierno Municipal de Cobija acusa la inaplicabilidad del art. 397 del Código de Procedimiento Civil referido a la valoración de la prueba, mencionando que el Juez de la causa deberá apreciar las pruebas esenciales y decisivas conforme a la valoración que le otorga la Ley pero si está no determina otra cosa podrá apreciarlas de acuerdo a su prudente criterio o sana critica. Menciona que el Juez debería valorar las pruebas tomando en cuenta que una de las partes involucradas en el litigio es una institución pública, por tanto como una entidad pública está ligada a las normas administrativas especialmente a la Ley 1178. Respecto al tema diremos que la entidad recurrente no menciona que pruebas consideradas decisivas no han sido valoradas por los de instancia conforme lo establece el art. 397 del Código de procedimiento Civil, razón por la cual este Tribunal no puede ingresar a realizar un análisis respecto al tema considerando que los tribunales de instancia han valorado toda la prueba aportada al proceso. Con relación a que la prueba debió ser valorada tomando en cuenta que una de las partes es una entidad pública, y que está  ligada a normas administrativas como la Ley 1178, conviene aclarar a la entidad recurrente que la demanda de resarcimiento por daño civil, es una acción que tiene como objeto la reparación por un daño patrimonial  o moral causado por  culpa o dolo, dentro de una relación contractual (emergente de contrato) o extracontractual (la que deriva de la acción o omisión dolosa o culposa que provoca un daño a otra persona) la cual debe ser reparada conforme el principio de la responsabilidad civil, en el caso de Autos el daño moral causado a la demandante por la muerte de su hija causa un quebranto a la integridad espiritual de la madre, siendo el daño moral una lesión en los sentimientos que determina sufrimiento físico y espiritual, misma que tiene la necesidad de ser resarcida en una valoración económica; aspecto que de manera subjetiva no es más que cancelar por un detrimento moral causado que conforme a la prueba aportada al proceso, la conducta culposa del Gobierno Municipal de Cobija obliga la reparación del daño moral no siendo aplicable para el caso normas administrativas referidas  a la Ley 1178

El tercer agravio acusado por la parte recurrente también tiene relación con lo anterior referido a que en el caso que nos ocupa es de aplicación los arts. 32 y 37 de la Ley 1178, con relación a lo impugnado los artículos mencionados se refieren  a que la entidad estatal que ha sido condenada al pago de daños y perjuicios puede pedir la repetición del pago contra la autoridad que resultare responsable de los actos o hechos que motivaron la sanción, de lo referido se establece que los artículos mencionados no resultan aplicables en el presente proceso, porque el resarcimiento del daño civil causado por la muerte de la hija de la demandante, se establece en función a la prueba que ha sido valorada por los tribunales de instancia, concretamente por el Tribunal de Alzada que ha revocado la Sentencia, atribuyendo la muerte de la menor a la conducta culposa y negligente del Gobierno Municipal de Cobija en la construcción del palco, quedando establecida que la carpa que servía de techo del palco no fue bien templada, lo que ocasiono se llene de agua  en la parte superior ocasionando que toda la estructura de metal se doble en el centro, lo a que su vez derivo en que los cuatro pilares principales de metal se doblen causando que uno de los cables se jale rompiendo la funda impermeabilizante lo que hizo que toda la estructura incluyendo el poste donde se agarró la menor se energice, de lo referido se entiende que el gobierno Municipal, a través de sus respectivas reparticiones debió preveer que la construcción del palco se encuentre en buenas condiciones, al no hacerlo obró imprudentemente y hasta con negligencia.

Las normas que la entidad recurrente considera que son aplicables en el presente caso no lo son sino para que el Gobierno Municipal de Cobija establezca responsabilidades y emergente de ellas se proceda a la respectiva acción de repetición en contra de los funcionarios responsables.

Por lo indicado concluiremos que, los Tribunales de instancia obraron conforme a derecho correspondiendo emitir fallo en virtud a la previsión contenida en los arts. 271 num. 2) y 273 ambos del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010; y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 ambos del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADO, el recurso de casación en el fondo de fs. 88 a 89, interpuesto por el Gobierno Municipal de Cobija, contra el Auto de Vista Nº 81, de fecha  9 de agosto de 2011, pronunciado por la Sala Civil Social de Familia Niño y Adolescente de la Corte Superior de Pando. Sin costas por ser entidad pública.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán.