TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                S A L A  C I V I L




Auto Supremo: 978/2015 - L

Sucre: 28 de octubre 2015

Expediente:         CH-36-11-S

Partes: Gregorio Solis Balderrama. c/ Leonor Huarita Pinedo        

Proceso: Divorcio.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El Recurso de Casación en el fondo de fs. 263 a 264 vta., interpuesto por Rubén Ciro Rojas B. en representación de Gregorio Solis Balderrama, contra el Auto de Vista N° SCII-290/2011 de fecha 31 de agosto de 2011, cursante de fs. 254 a 256, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de Divorcio, seguido por Gregorio Solis Balderrama contra Leonor Huarita Pinedo; la concesión de fs. 269 - que de manera equivocada refiere Auto de Vista al recurrido en casación- los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:                                                                                            ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Tramitado el Proceso, el Juez de Partido Primero de Familia de la Ciudad de Sucre, emitió la Sentencia de N° 17/2011 de fecha 17 de marzo de 2011, cursante de fs. 227 a 228 y vta., declarando IMPROBADA la demanda de fs. 5-6 vta., con costas, manteniendo vigente el matrimonio civil de los esposos Gregorio Solis Balderrama y Leonor Huarita Pinedo, disponiendo que una vez ejecutoriada dicha Resolución queden sin efecto todas las medidas provisionales dispuestas en el curso del presente proceso. Asimismo, en aplicación de los arts. 141-147 del Código de Familia no dispuso nada sobre bienes y cargas de la comunidad de gananciales por cuanto los mismos se constituyen como efectos del divorcio, refiriendo que no resulta correcto, menos legal establecer la condición de bienes propios y gananciales y proceder a la división de los mismos, porque de acuerdo con el art. 101 de la norma citada, esta se hace partible por igual cuando se disuelve el matrimonio.

Contra la referida Sentencia, Gregorio Solis Balderrama, interpuso Recurso de Apelación cursante de fs. 232 a 233 y vta.

En merito a esos antecedentes, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió Auto de Vista  N° SCII- 290/2011 de fecha 31 de agosto de 2011, cursante de fs. 254 a 256, mediante el cual CONFIRMA totalmente la Sentencia recurrida, con costas en ambas instancias.

Resolución que dio lugar al Recurso de Casación interpuesto por Gregorio Solis Balderrama representado por Rubén Ciro Rojas B., el mismo que se pasa a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:                                                                                             HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Acusa que la Sentencia fue dictada con absoluta perdida de competencia violando el art. 204-I-1) y II del Código de Procedimiento Civil.

Denuncia que el Auto de Vista señala de manera contradictoria, como característica de la sana critica, , que el Juez puede admitir cualquier medio de prueba que estime útil y pertinente para comprobar el objeto de conocimiento, aspecto que el recurrente considera que no se haya permitido por nuestra legislación en función al art.397 del Adjetivo Civil; de igual modo haciendo referencia al parágrafo II de dicha norma acusa que los jueces de instancia no comprendieron que su persona desde el 20 de octubre de 2003, inició demanda de divorcio por las causales contenidas en el inc. 4) del art. 130 y la contenida en el art. 131 del Código de Familia, habiendo transcurrido desde entonces más de siete años que vive separado de su esposa.

Acusa que el Tribunal de Alzada no valoró debida ni adecuadamente el juramento de posiciones, violando e interpretando erróneamente los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su procedimiento, existiendo consecuentemente error de derecho en la valoración de dichas pruebas.

Refiere que el fundamento expuesto en el Auto de Vista, de que sería falso que su persona vive separado por más de 3 años, no tiene respaldo alguno en el expediente, por lo que acusa la falta de motivación y fundamentación en la resolución de Alzada.

Finalmente refiere que tanto su persona como su esposa, al no haber hecho nada para volver a la vida en común, acomodaron su actuar a la previsión contenida en el art. 131 del Código de Familia, por lo que acusa la errónea interpretación de dicha norma.

Por las razones expuestas, solicita que este Tribunal Supremo case en forma total el Auto de Vista recurrido.

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De la lectura del Recurso de Casación se tiene que el mismo deviene en el fondo, en ese entendido corresponde señalar que los reclamos acusados referente a la pérdida de competencia del Juez A quo y la consiguiente vulneración del art. 204-I-1) y II), así como la falta de fundamentación y motivación en la resolución de Alzada; son cuestiones que corresponden a la forma del proceso, es decir que los mismos constituyen error de procedimiento, por lo que dichos reclamos debieron ser acusados en un recurso de casación en la forma y no así en el fondo como erradamente lo hizo el recurrente, pues el recurso de casación en el fondo procede por errores “in iudicando” y no así por errores “in procedendo”, razones por las cuales este Tribunal se ve imposibilitado de ingresar a considerar las cuestiones referidas anteriormente.

Ahora bien, respecto al reclamo de que en nuestra legislación, en función del art. 397 del Adjetivo Civil, no se encontraría permitido que el Juez pueda admitir cualquier medio de prueba que estime útil y pertinente para comprobar un hecho; al respecto corresponde referir que entre los nuevos principios que rigen la Jurisdicción Ordinaria tenemos el principio de verdad material, consagrado en el art. 180 de la Constitución Política del Estado, principio que establece que el Juez debe desplegar una función proactiva en la averiguación de los hechos y la verdad y de esta manera tener convencimiento de los mismos al momento de dictar resolución, toda vez que el Juzgador desde la nueva visión del derecho ya no se constituye en un sujeto pasivo, como fue concebido en la doctrina tradicional, donde a través de un mecanismo procesal se limitaba a la aprehensión de la verdad formal, situación que en la actualidad pasó a un segundo plano, pues el Juez ya no puede conformarse con la aplicación de la norma que se halla sujeta a  cánones rigurosos, mas al contrario lo que debe buscar y alcanzar es la certeza respecto a los hechos que se dilucidan en el proceso a través de las pruebas producidas para así poder obtener la verdad material de los mismos, es decir que debe prevalecer la verdad antes que los ritualismos donde el Juez era un espectador de la Litis. De esta manera, por los fundamentos expuestos se concluye que lo aseverado por el recurrente carece de sustento, toda vez que no resulta evidente que nuestra legislación no permita que el Juez pueda admitir cualquier medio de prueba que estime útil y pertinente para el proceso, situación que lejos de abrir un paso indiscriminado a la arbitrariedad judicial, lo que hace es permitir la comprobación de los hechos y de esa manera obtener la verdad material.

Con relación a que los jueces de instancia no habrían comprendido que su persona inicio una anterior demanda de divorcio basada en las causales inmersas en el inc. 4) del art. 130 y en la dispuesta en el art. 131, ambas del Código de Familia,  razón por la cual desde el 20 de octubre de 2003 se encontraría separado de su esposa; sobre el caso concreto corresponde señalar que cuando se plantea divorcio por la causal dispuesta en el art. 131 del Código de Familia, es decir por separación de hecho libremente consentida y continuada por más de dos años, independientemente de las razones que hubieran dado lugar a dicha separación, la prueba debe limitarse a demostrar la duración y continuidad de la separación por el lapso señalo por ley, entendiéndose que en dicho tiempo desapareció el afecto y los objetivos comunes que mantenían unida a la pareja y que no existió intención alguna de volver a la vida en común; hechos que deben ser demostrados a través de todos los medios de prueba dispuestos en el Código de Procedimiento Civil, toda vez que, haciendo referencia a la carga de la prueba, quien pretende en juicio un derecho debe probar los hechos en los cuales funda su pretensión y quien pretende que ese derecho sea modificado, extinguido o no sea válido, también debe probar dichos extremos, tal y como lo establecen el art. 1283 del Código Civil en relación al art. 375 del Adjetivo Civil. O sea que, el recurrente para demostrar los extremos referidos en su memorial de demanda, debió demostrar en este proceso que la separación con su esposa, data desde el 20 de octubre de 2003 y que desde esa fecha no hubo intento alguno de reconciliación, situación para lo cual tenía a su disposición todos los medios legales, para demostrar que se encontraba separado de su esposa por más de dos años sin haber existido reconciliación alguna, y de esta manera obtener una resolución favorable, empero en obrados se tiene que el actor, en lo referente a la causal inmersa en el art. 131 del Código de Familia, a más de llamar a juramento de posiciones presentó prueba testifical que conforme a los fundamentos expuestos por los Jueces de instancia, no fueron suficientes para demostrar su pretensión, por lo que el recurrente no cumplió con la carga de la prueba, no existiendo consecuentemente vulneración alguna del art. 131 del Código de Familia.

Finalmente, en lo que respecta a la indebida valoración del juramento de posiciones, debemos señalar que el art. 391 del Código de Familia, establece que si bien en los juicios de divorcio y de separación de los esposos, se admiten toda clase de pruebas, empero la confesión y el juramento valen como simples indicios; por lo que dichas pruebas, es decir tanto la confesión como el juramento de posiciones, deben ser respaldadas con otros medios  probatorios, pues por si solos no constituyen plena prueba, sino hasta su valoración en conjunto con otras, donde se tornan en prueba con eficacia probatoria como para fundar en ella el divorcio pretendido; empero, en el caso de autos, al margen de que en el juramento de posiciones la demandada no refirió aspecto alguno que haga referencia a la causal de procedencia inmersa en el art. 131 del Código de Familia, tampoco cursa en obrados prueba documental o testifical que acredite de manera fehaciente y contundente que los esposos SolisHuarita se encuentren separados de manera continua e ininterrumpida por más de dos años sin que haya existido intento de reconciliación; en ese sentido el hecho de que el Juez A quo como refiere el recurrente haya confundido el término de juramento de posiciones con la confesión, en nada alteran el fondo de la decisión asumida, toda vez que ambas figuras, como ya se señaló, en materia familiar se constituyen en solo indicios, por lo que no existe vulneración alguna del art. 1286 del Código Civil y art. 397 del Código de Procedimiento Civil.

De esta manera por los fundamentos expuestos, corresponde a este Tribunal fallar, en la forma prevista por los arts. 271 num. 2)  y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por Rubén Ciro Rojas B. en representación de Gregorio Solis Balderrama, contra el Auto de Vista N° SCII-290/2011 de fecha 31 de agosto de 2011, cursante de fs. 254 a 256, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia de Chuquisaca. Con costas.

Se regula los honorarios del abogado profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.