TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                        S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 977/2015 - L

Sucre: 28 de Octubre 2015

Expediente: CB 165 11 S.

Partes: Sela Ramírez Lafuente c/ Armando Zapata Fernández

Proceso: Reconocimiento de unión libre o de hecho, ruptura unilateral y

               consiguiente división y partición de bienes

Distrito: Cochabamba


VISTOS: El recurso de casación de fs. 113 a 114 y vta., interpuesto por Julio Bazualdo Fuentes en representación de Armando Zapata Fernández contra el Auto de Vista Nº REG/S.CII/ZGC/ASEN.348/22.09.2011 de 22 de septiembre de 2011, de fs. 108 a 109 pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba (hoy Tribunal Departamental de Justicia), dentro del proceso de reconocimiento de unión libre o de hecho, ruptura unilateral y consiguiente división y partición de bienes seguido por Sela Ramírez Lafuente contra Armando Zapata Fernández; la respuesta al recurso de fs. 117 y vta.; el Auto de fs. 118; los antecedentes del  proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sela Ramírez Lafuente, acompañando literales a 11 fojas, demanda de fs. 12 a 13, amparado en los arts. 130-1) y 4), 158, 159, 162, 164, 165 y 169 del Código de Familia, manifestando que con su concubino ha vivido mas de 10 años de manera estable desde principio de 1999 procreando dos hijos de 8 y 6 años y llegado a adquirir bienes muebles y un vehículo, sin embargo, en los últimos años su concubino fue cambiando de carácter ejerciendo sobre ella violencia y malos tratos físicos y sicológicos mellando su dignidad de mujer y madre, a raíz de ello llegaron a la policía y a la Brigada de Protección a la Familia, y esto es debido a que su concubino sale con otra persona dejando de retornar al hogar. El 17 de marzo de 2009 fue la ultima vez que le agredió por lo que tuvo que denunciarlo en la Policía, ha descuidado sus deberes como padre ya que no colabora con la manutención de los niños y el proceso de asistencia familiar que le siguió no es cumplido de su parte. Señala que a raíz de la última pelea tuvo que salir del hogar junto a los menores quedándose su concubino en ella.

Armando Zapata Fernández, de fs. 36 a 37 y vta., responde y opone excepción perentoria de falsedad e ilegalidad de la demanda, señalando que comenzó su enamoramiento con la demandante en 1999 pero es falso que se hayan concubinado ese año, con su afirmación pretende apropiarse de ciertos bienes y enseres de su uso exclusivo que le sustrajo bajo un acta de inventario realizado por la Brigada de Protección a la Familia. Por el certificado de matrimonio consta que es casado por tanto imposible que se encuentre en concubinato con ella, así como es mentira que haya vertido malos tratos en su contra y se haya descuidado de sus deberes de padre ya que son sus hijos y tiene la obligación de cumplir con ellos. No es posible la ruptura unilateral puesto que uno de los convivientes debe abandonar al otro y en su caso no la abandonó sino fue ella que hizo el abandono voluntario. La petición de la demandante es contradictoria ya que pide reconocimiento de unión conyugal y ruptura a la vez, por la primera se busca el reconocimiento de la existencia de convivencia y por la segunda se busca el reconocimiento de la inexistencia de convivencia, consiguientemente, para demandar la partición de bienes hay que tener titulo que justifique el derecho a pedir una cosa, la demandante debe probar previamente en un proceso sumario la existencia del concubinato y su consiguiente declaración mediante sentencia ejecutoriada que la demandante no ha demostrado mas si se tiene en cuenta que los bienes muebles se encuentran en su poder. 

Sustanciado el proceso en primera instancia, la Juez de Partido Cuarto de Familia de la ciudad de Cochabamba, mediante Sentencia de 26 de febrero de 2010, de fs. 91 a 94 y vta., declaró probada en parte la demanda y probada en parte las excepciones perentorias opuestas por el demandado. Declarando el reconocimiento de la unión libre o de hecho que existió entre Armando Zapata Fernández y Sela Ramírez Lafuente computable desde el 31 de marzo de 2001 hasta el 13 de mayo de 2008, con todos los efectos y normas que regulan el matrimonio en la medida compatible con su naturaleza. Declaró la ruptura unilateral de dicha unión concubinaria salvándose los derechos de la hija Ghysel Aurora a la vía legal correspondiente y a la demanda de asistencia familiar que se tiene tramitada por cuerda separada. Respecto a los bienes gananciales se declara como tal el vehículo motorizado Vagoneta TOYOTA registrado a nombre del demandado. En consecuencia se dispone la división y partición de dicho vehículo a un 50% para cada uno de los contendientes debiendo llevarse hasta el trance de subasta y remate para que el producto del mismo se distribuya a un 50% entre los contendientes salvo acuerdo de partes. Entre las medidas complementarias: a) Se mantiene la guarda de los hijos a favor de la madre y se tiene presente la tramitación de la asistencia familiar.

En grado de apelación, la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba (hoy Tribunal Departamental de Justicia), por Auto de Vista Nº REG/S.CII/ZGC/ASEN.348/22.09.2011 de 22 de septiembre de 2011, de fs. 108 a 109, anuló el Auto de concesión de Alzada de 27 de marzo de 2010, y declaró ejecutoriada la Sentencia apelada; Resolución contra la cual la parte demandada recurre de casación.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del recurso se resume lo siguiente:

1º Señala que en su recurso de apelación ha fundamentado el agravio sufrido señalando que en el punto seis de la Sentencia de los cinco testigos, la primera, la segunda, la cuarta y la quinta no debería tomarse en cuenta por ser falsas en cuanto a fechas y años debiendo considerarlos como falsos testimonios.

2º Indica que en el punto tercero referido al vehículo, se registró a su nombre ya que el mismo fue adquirido con dineros de sus padres que los recibió en calidad de anticipo de legítima por tanto, es un bien propio y no adquirido en vigencia de la unión que demostrará con documento de reciente obtención.

3º Refiere que de acuerdo al art. 169 del Código de Familia, los bienes que se pretenda dividir deben ser comunes pero en el presente caso, el automóvil no es un bien común sino propio adquirido para el por sus padres y está puesto a su nombre con el consentimiento de la demandante.

Con esos antecedentes pide se case el Auto de Vista recurrido.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Así expuestos el recurso de casación planteado, toca efectuar las siguientes consideraciones:

En el recurso de apelación interpuesto a través del memorial de fs. 97 y vta., el aquí recurrente ha alegado como agravios los siguientes: Que de las cinco declaraciones testificales no debieron tomarse en cuenta la primera, la segunda, la cuarta y la quinta porque son falsas en fechas y años resultando falsos testimonios; que el vehículo en cuestión no es un bien ganancial sino propio adquirido con dinero de sus padres que recibió en calidad de anticipo de legitima, hecho que demostrará con documento de reciente obtención.

No obstante, el Auto de Vista de 22 de septiembre de 2011, que ha anulado el Auto de concesión de la Alzada de 27 de marzo de 2010, y ha declarado ejecutoriada la Sentencia apelada, ha señalado: Que en la fundamentación de agravios el apelante está obligado a un examen y critica del fallo refiriéndose a las cuestiones de hecho y de derecho que le causan agravios sin que sea admisible simples memoriales que no cumplan con aquellos requisitos limitados al único propósito de cumplir el recaudo formal de su presentación. En la fundamentación de agravios debe indicarse punto por punto, los errores y omisiones y demás deficiencias que se atribuyan a la Sentencia o al Auto definitivo, la exposición de agravios debe ser manifestada de manera objetiva y puntual, misma que se la consigue con disposiciones positivas. En Autos, la apelación carece de la fundamentación exigida por los arts. 219, 227 y 236 del Código de Procedimiento Civil, y obvia las características propias de una expresión de agravios toda vez que no existe análisis crítico del fallo de primera instancia, con exposición de motivos y razones de hecho y de derecho y no amerita consideración alguna. Que el demandado se limita a cuestionar únicamente el punto referido a la valoración de la prueba testifical y respecto al vehículo registrado a su nombre que habría sido adquirido con dineros de sus padres sin señalar expresamente los agravios que le hubiere causado la Sentencia, olvidándose que se trata de una apelación en que está obligado a realizar examen y critica del fallo; la exposición de agravios debe ser manifestada de manera objetiva y ésta se consigue cuando se respalda una exposición con disposiciones positivas, consecuentemente, no se halla abierta su competencia para conocer la Alzada.  

Aquí, en esta etapa casacional el recurrente a través de su memorial de “recurso de casación” viene en reiterar lo expuesto en el recurso de apelación al haberse limitado a realizar una fiel transcripción de esos cuestionamientos cuando en esta instancia le correspondía realizar el examen y crítica legal del fallo de segunda instancia que busque de este Tribunal la convicción de que el Ad quem habría resuelto en su desmedro lo cual se consigue con la demostración de ese hecho.

De la revisión de los antecedentes cursantes en el proceso, se advierte que la resolución recurrida es de naturaleza anulatoria (anula el Auto de concesión de Alzada y declara ejecutoriada la Sentencia), por consiguiente, al recurrente le correspondía, únicamente a través del recurso de casación en la forma, cuestionar los argumentos de dicha nulidad, ya que contra una Resolución anulatoria no corresponde sino formular recurso de casación en la forma. A ese respecto nuestra basta jurisprudencia ha señalado en reiteradas oportunidades que: “…contra una Resolución de Alzada anulatoria no procede recurso de casación en el fondo, sino únicamente en la forma, destinado a que el Tribunal de Casación revise si los motivos que dieron lugar a la nulidad dispuesta son o no correctos; como es lógico, el Tribunal de Alzada al anular obrados no ingresa a considerar aspectos sobre el fondo del asunto propiamente dicho, lo hace simplemente por cuestiones de forma o de procedimiento...”.

Conforme al art. 250 del Código de Procedimiento Civil, el recurso de casación puede ser planteado en el fondo o en la forma o en ambos a la vez. Nuestra reiterada jurisprudencia enseña que cuando se interpone en la forma “error in procedendo", o de procedimiento, la fundamentación debe adecuarse a las causales y previsiones contenidas en el artículo 254 del citado cuerpo legal, y está orientado a que el Tribunal Supremo constate la existencia de errores formales en la resolución impugnada o de procedimiento en la sustanciación de la causa que conlleven la afectación del debido proceso, en ese caso la pretensión recursiva está orientada a la nulidad de la Resolución impugnada o la nulidad de obrados. Lo que se busca es que el Tribunal de Casación revise los errores formales o de procedimiento que el Tribunal de Apelaciones no ha advertido, en ese sentido, lo que se pretende es la nulidad de obrados.

Sin embargo el recurrente, en una franca deficiencia en su técnica recursiva, no solamente omite especificar si su recurso de casación corresponde a uno de forma o de fondo, sino que sobre todo, frente a la Resolución de Alzada de naturaleza anulatoria, reitera y transcribe el tenor integro de su recurso de apelación cuando lo que le correspondía era sustentar una o más causales previstas en el art. 254 de la norma Adjetiva Civil, que se dirijan a controvertir los argumentos y consideraciones del Auto de Vista recurrido, y únicamente de esa manera su recurso en esta instancia sería susceptible de revisión bajo argumentos y fundamentos tendientes a revertir todos aquellos motivos que tuvo el Tribunal de Apelación para negarse a considerar el recurso de apelación, en otras palabras, la labor del recurrente debía circunscribirse a demostrar que los puntos resueltos por el inferior con los cuales dice discrepar, fueron verdaderamente objeto de apelación y fundamentación buscando la convicción de este Tribunal respecto de ello que hubiera servido para invalidar la Sentencia o el Auto de Vista.

Por las razones expuestas, este Tribunal de Casación emite Resolución en la forma prevista en el art. 271 num. 1) en relación al art. 272 del Código Adjetivo de la materia.      

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 1) y 272 del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Armando Zapata Fernández contra el Auto de Vista Nº REG/S.CII/ZGC/ASEN.348/22.09.2011 de 22 de septiembre de 2011, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba (hoy Tribunal Departamental de Justicia), dentro del proceso de reconocimiento de unión libre o de hecho, ruptura unilateral y consiguiente división y partición de bienes seguido por Sela Ramírez Lafuente contra el recurrente. Con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs.1.000 (Un Mil Bolivianos 00/100).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.