TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                      S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 976/2015 - L 

Sucre: 27 de octubre 2015          

Expediente: LP-102-11-S

Partes: Félix Méndez Grossberger. c/ Soraida Beltrán Ordoñez.  

Proceso: Divorcio.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de nulidad en la forma y de casación en el fondo de fs. 183 a 187 vta., interpuesto por Mary Cruz Méndez por Soraida Beltrán Ordoñez, contra del Auto de Vista-Resolución Nº 116/2011 de 11 de abril de 2011 de fs. 175 a 176, pronunciada por la Sala Civil Primera de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en el proceso ordinario de Divorcio seguido por Félix Méndez Grossberger contra la recurrente; el Auto de concesión de fs. 196, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, dictada la Sentencia en fecha 25 de mayo de 2010 por el Juez Séptimo de Partido de Familia, cursante de fs. 106 a 108., donde declaró probada la demanda principal por haberse justificado plenamente la causal contenida en  el Art. 131 del Código de Familia e Improbada la acción reconvencional de fs. 25 a 26 de obrados en consecuencia DISUELTO el vínculo matrimonial que une a los esposos FELIX MENDEZ GROSSBERGER y SORAIDA BELTRAN ORDOÑEZ, debiendo en ejecución de Sentencia procederse a la cancelación de la partida matrimonial.  Se homologó la resolución No.- 373/2009 de fs. 41 41 vta., con la modificación de que cesa la asistencia familiar fijada a favor de la esposa de conformidad a lo establecido por el art. 143 del Código de Familia.

Resolución que fue apelada por la parte demandada, por dicho motivo el Tribunal de alzada confirmó totalmente la Sentencia dictada por el Juez A quo.

Resolución de segunda instancia que es recurrida en casación por parte de la demandada, el mismo que se analiza.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la Forma:

Acusa la infracción de lo normado en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil al omitirse la relación, consideración y resolución de la fundamentación esgrimida en el recurso de apelación relativo a la acusación de lesión de los arts. 378 y 377 del CPC. Por otro lado indica, que no existe ningún razonamiento de cómo la Jueza aplicó o no correctamente éstos preceptos, incurriendo el Ad quem en la nulidad prevista por el Art. 254 num. 4) del CPC, en ese entendido indica que el Tribunal de alzada violó el principio de congruencia. Mencionando Sentencias Constitucionales y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia respecto al tema.

En el Fondo:

Acusa el error de hecho al valorar las declaraciones de los testigos, Sarah Navajas, María Cristina Hernández y Jesús Meneses, cuyas actas cursan en los folios 74 a 74 y este error consistiría en que no han sido producidas dentro del periodo de prueba que había vencido el 30 de diciembre de 2009, toda vez que fueron recibidas el 18 de enero de 2010, importando violación del art. 377 del CPC.

Por otro lado también acusa error de hecho al ignorar y no valorar la prueba testimonial de contradicción de David Cambero y Ninoska Oporto, cuya acta cursa en los folios 66 a 68, pese a que fueron producidas ilegalmente, puesto que de su contexto se infiere que hasta el 2008 ambos cónyuges vivían juntos en el mismo inmueble e incluso le vieron a la cónyuge lavando la ropa del cónyuge, que después estaba puesto, viendo agresiones en dicho periodo, lo que contradice y enerva la supuestas declaraciones de los testigos de afirmación.

También acusa error de hecho al valorar la prueba testimonial de afirmación, al conceder a dichas declaraciones un alcance distorsionado como si les contaran los hechos descritos cuando los testigos eran simplemente referenciales.   De la misma forma, la recurrente acusa sobre la confesión absuelta por la recurrente, prueba introducida ilegalmente al no adjuntar el interrogatorio, aspecto que fue observado y subsanado de manera ilegal.

Finalmente acusa sobre la prueba de inspección judicial cuya acta cursa a fs. 63, acusándola de ser una prueba ilegalmente admitida y la misma no probaría por si sola la separación por más de dos años y sin reconciliación, solo probó que al momento que la Juez visitó el inmueble, ambos cónyuges tenían sus domicilios en lugares diferentes. 

Con lo que termina peticionando que se anule obrados por las cuestiones formales denunciadas o se Case la resolución por las infracciones de las normas materiales acusadas.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


Estando planteado recurso de casación tanto en el fondo como en la forma, a fin de tener la coherencia correspondiente, este Tribunal considerará y resolverá en primer término lo referido a la casación en la forma, en razón a que si fueran evidentes las vulneraciones denunciadas, el fallo fuera anulatorio y por consiguiente imposibilitaría la consideración del recurso de casación en el fondo.

En ese antecedente en la forma tenemos que:

El reclamo está centrado en que la resolución de segunda instancia no se hubiera pronunciado sobre alguna de las pretensiones deducidas en el recurso de apelación relativas a la consideración de los arts. 378 y 377 del CPC, donde el Juez A quo aplicó o no correctamente esos preceptos, conducta procesal que importaría la nulidad del Auto de Vista y su Auto complementario, por la infracción a lo dispuesto en el Art. 236 del Código Adjetivo Civil.

En ese entendido, se debe considerar que del análisis del Auto de Vista y de su fundamentación empleada, la misma está enteramente relacionada y circunscrita a lo acusado en el recurso de apelación conforme lo norma el art. 236 del CPC, el Tribunal Ad quem efectúa una nueva revalorización de las pruebas aportadas en la litis, tratase de pruebas documentales y declaraciones testificales, que sin duda reflejan la decisión asumida por el Juez A quo.

Por dicho motivo al circunscribir su pertenencia a lo reclamado en apelación, la resolución de segunda instancia, concluyó que: “…en el caso de autos se evidencia que la parte actora cumplió con el onus probando o carga de la prueba a la que estaba obligada, no actuando de esta manera la parte reconvencionista por lo que, el Juez A-quo ha pronunciado la Sentencia Nº 244/10 de fecha 25 de mayo de 2010 cursante a fs. 106-108, Auto Complementario de fs. 113, de acuerdo a los datos del proceso y a las normas legales que rigen la materia, valorados que fueron los documentos de referencia, de acuerdo a los arts. 397, 476 del  Código de Procedimiento Civil…”, si bien de manera textual no expresa u otorga una respuesta a la infracción de los arts. 378 y 377 del CPC, del contexto de lo considerado por el Ad quem, se entiende que para la autoridad de alzada no existió vulneración alguna sobre dicho reclamo,  concluyendo que el Juez A quo obró correctamente aplicando la sana critica en la valoración de las pruebas producidas en la litis, situación que además fue aclarada y complementada mediante la resolución de fecha 16 de mayo de fs. 180 donde la autoridad de Alzada concluyó que su resolución era clara y explícita en los términos del Auto de Vista; por dicho motivo, la supuesta infracción de lo normado en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil es infundada.     

En el fondo:

Que, previo entrar en análisis del recurso es imprescindible realizar las siguientes precisiones en torno al tratamiento de la prueba en el recurso de casación por las contradicciones conceptuales sobre las cuales se basa el recurso de análisis.

Es facultad privativa de los Jueces de grado, apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento.

En esta tarea jurisdiccional, la examinación de la prueba es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando ellas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Couture.

En este examen de lo esencial y decisivo de la prueba, cabe la posibilidad de error probatorio por parte de los Jueces de grado, lo que la doctrina denomina error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba, cada una con matiz diferente que seguimos a explicar.

Se entiende por error de hecho cuando el juzgador se ha equivocado en la materialidad de la prueba, es decir, el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en Autos, o en su caso, cuando el Juez altera o modifica, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente, error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio, lo cual implica irrefutabilidad y magnitud del yerro; en cambio el error de derecho tiene relación con la otorgación del valor probatorio determinado en ley, es otorgar o negar el valor probatorio que la ley le ha asignado a un medio de prueba, situación concurrente al sistema de valoración de los medios del proceso, por lo que la valoración del elemento probatorio cuando la ley le asigna un valor predeterminado, vincula al Juez con esa valoración legal, y si no fue preestablecido, se recurre a la sana crítica.

Por lo manifestado anteriormente se concluye que la valoración de la prueba es una facultad privativa de los Jueces de grado, y ésta es incensurable en casación, salvo que se acredite violación de una regla de criterio legal, acusando error de hecho o de derecho, conforme establece el art. 253 núm., 3) del Código de Procedimiento Civil, para que el Tribunal de Casación aperture su competencia y realice el examen sobre el error denunciado.

En el caso de análisis, el recurso de casación transita sobre la denuncia de error de hecho y de derecho en la valoración de algunos medios probatorios, aunque en forma desorientada acusa como error de hecho la valoración de las declaraciones testificales que hubieran sido producidas fuera del periodo probatorio, situación que no condice con lo explicado supra en relación a los errores de hecho. No obstante de ello, la presunta producción de prueba testifical estuviera fuera del término probatorio, no es evidente pues el acta de recepción de las declaraciones de los testigos de cargo data de fecha 16 de enero de 2010, de la misma forma el acta de las declaraciones testificales de los testigos de descargo es de fecha 14 de enero del mismo año y la clausura del periodo probatorio corresponde a la fecha 18 de marzo de 2010 (fs. 92 vta.), no existiendo reclamo alguno por parte de la demandada durante ese periodo sobre la supuesta vulneración del art. 377 del Código de Procedimiento Civil.

Por otro lado acusa error de hecho al ignorar y no valorar la prueba testimonial de contradicción de David Cambero y Ninoska Oporto de fs. 66 a 68, las mismas que demostrarían que los cónyuges vivían juntos en el mismo inmueble; al respecto, del análisis del Acta de Audiencia Pública de Declaración Testifical de Descargo, se extrae que lo único que hace evidente dicho testigo (David Cambero Villarroel), es el hecho que ambos cónyuges vivían separados en el mismo inmueble en la gestión 2008. Por otro lado en relación a la testigo de descargo Ninoska Oporto Castro, ésta indica que el esposo trasladaba algunas cosas y que le vio en algunas veces salir de una habitación y no del departamento, observando la separación de los esposos desde el 2008; si bien estas declaraciones evidenciarían que no hubiese la separación por más de dos años conforme lo establece el art. 131 del Código de Familia, estas no son las únicas pruebas que cursan en obrados, como se tiene expuesto, el Juez conforme a su prudente criterio y su sana crítica tiene el deber de valorar las pruebas de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), situación que fue cumplida por el A quo, toda vez que, la prueba testifical de cargo también hace evidente que el actor se encontraba separado por más de dos años con la recurrente y el mismo vive sólo en un cuarto ubicado en la planta baja del inmueble de la calle Méndez Arcos Nº 840 de la zona de Sopocachi, situación que fue comprobada por el A quo mediante la prueba de inspección judicial, donde se demostró que la recurrente vive en el mismo inmueble, pero, en otro ambiente ubicado en el piso superior del departamento de tres dormitorios. Separación que se encuentra corroborada por la Confesión Provocada de fs. 86, donde la apoderada de la demandada ahora recurrente e hija de los esposos MENDEZ BELTRAN menciona que sus padres viven el inmueble ubicado en la calle Méndez Arcos pero en ambientes separados.

Todas estas pruebas fueron apreciadas por el Juez A quo al momento de emitir la Sentencia, las mismas que fueron valorados conforme a su prudente criterio y sana crítica e indudablemente demuestran la separación del actor por más de dos años con la recurrente, situación que no fue desvirtuada por la parte interesada quien con total incongruencia acusa que la prueba producida por el actor, no probaría por si sola la separación por más de dos años y sin reconciliación, con respecto a la inspección acusa que solo se probaría que al momento que el Juez visitó el inmueble, ambos cónyuges tenían sus domicilios en lugares diferentes, situación que no es evidente, toda vez que, conforme a la demás prueba descrita se evidencia que ambos esposos vivían separados por un tiempo mayor a los dos años, tiempo en el cual no existió reconciliación alguna, así se entiende de las declaraciones testificales y confesión provocada e inspección judicial realizada en la litis.

Finalmente, resulta necesario considerar que, la denuncia realizada por la recurrente, no puede servir de excusa para pretender una nueva valoración de toda la prueba, sino, debe ir enfocada a la existencia o no del error atribuido; en tal sentido, concluiremos indicando que la recurrente no concluye sobre cuál el error que hubiese existido en la valoración de las citadas pruebas, más bien de forma general acusa error de hecho y de derecho en la apreciación judicial, y por el contrario, en un discordancia con su propio reclamo, atribuye error en la valoración de las pruebas ofrecidas fuera del periodo legal establecido por el Juez  A quo, situación que no conlleva un error de hecho o de derecho. En tal razón,  no siendo sustentable los fundamentos que hacen al recurso de casación en el fondo, este es infundado.

En consecuencia éste  Tribunal Supremo de Justicia, por el razonamiento vertido, emite Resolución en la forma determinada por los arts. 271 num. 2) y 273 del  Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a la atribución contenida en el art. 42.I num. 1) de la Ley N° 025 del Órgano Judicial y en aplicación del art. 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de nulidad en la forma y de casación en el fondo de fs. 183 a 187 vta., interpuesto por Mary Cruz Méndez por Soraida Beltrán Ordoñez, contra del Auto de Vista-Resolución Nº 116/2011 de 11 de abril de 2011 de fs. 175 a 176, pronunciada por la Sala Civil Primera de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz. Sin costas por no existir respuesta.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.