TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                              S A L A  C I V I L




Auto Supremo: 972/2015 - L

Sucre: 27 de octubre 2015

Expediente: CH 45 11 S

Partes: Ciro Poquechoque Choque y otros. c/ Gobierno Municipal de Sucre.

Proceso: Prórroga de contrato de alquiler y otros.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 455 a 458 formulado por Rubén Ciro Rojas Baspineiro y Delina García Vásquez en representación de Ciro Poquechoque  Choque y otros, contra el Auto de Vista Nº 342/2011 de 27 de octubre de 2011 que cursa de fs. 443 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera de la ex Corte Superior de Justicia (hoy Tribunal Departamental de Justicia) de Chuquisaca, en el proceso ordinario de prórroga de contrato de alquiler y otros seguido por los recurrentes en contra del Gobierno Municipal de Sucre, la concesión del recurso de fs. 462, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:                                                                                     ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La Jueza de Partido Séptimo en lo Civil y Comercial de la Capital pronuncia la Sentencia Nº 08/2011 de 10 de junio de 2011 que cursa de fs. 413 a 417 vta., declarando improbada en parte la demanda de fs. 25 a 30, improbada en parte la demanda reconvencional de fs. 162 a 164, improbada la excepción perentoria de incumplimiento, probada en parte la demanda de fs. 25 a 30 únicamente en relación a los daños y perjuicios, asimismo declaró probada en parte la demanda reconvencional de fs. 162 a 163 declarando que los actores no tienes derecho de prorrogar los contratos.

Fallo de primera instancia que fue recurrido de apelación por la parte actora y resuelta mediante Auto de Vista de fs. 443 y vta., que anula la Sentencia recurrida en consideración de haber advertido incongruencia en la mencionada Resolución, fallo que a su vez es recurrido de casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:                                                                                                   DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Acusa que el Auto de Vista incumple lo dispuesto en el art. 1901 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, desnaturalizando la pertinencia prevista en el art. 236 del mismo cuerpo legal.

Señala que el Auto de Vista al igual que la Sentencia, no se refieren a la diferencia de la consignación de las facturas que cursan en fs. 5, 10, 16, 57, 69, 83, 98, 129, 139 y 154, manifestando que el Auto recurrido debía referirse a que el cumplimiento del término del contrato habría sido probado por la alcaldía.

Señala que el Auto de Vista no refiere que parte se hubiera probado que se deba operar la prórroga, por inobservancia del Reglamento de Adjudicación de Bienes Municipales, y refiere normativa del Decreto Supremo Nº 25964, la Resolución de Concejo Municipal Nº 190/93, 325/00, 195/98 y 190/00 ni la Ordenanza Municipal Nº 184/04; asimismo refiere que no se consultó la Resolución Municipal Nº 53/05 y refiere la emisión de distintas disposiciones administrativas.

Asimismo acusa que como producto de la anulación- nada dice sobre el adelanto del pago de alquileres, asimismo la Sentencia desconoce las refacciones de los ambientes de la alcaldía, arguyendo que la falta de exhaustividad ha violado el art. 494 num. 2 del  Código Civil.

Por lo expuesto solicita falla en el fondo de la causa y se disponga la prorroga de los alquileres.

CONSIDERANDO        III:                                                                                        FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El art. 106 de la Ley Nº 439 del Código Procesal Civil, aplicable al caso de autos conforme a su disposición transitoria segunda, permite revisar el proceso y si el mismo se ha tramitado respetando los presupuestos procesales como el de competencia, al efecto se tiene lo siguiente:

Del contenido de la pretensión de fs. 25 a 30, los actores refieren que la Alcaldía hubiera suscrito contratos por dos a tres años respecto al alquiler de las tiendas, kioskos y mingitorios, y en ese afán el Concejo Municipal emitió varias Resoluciones con el objeto de proceder a la prórroga, luego de ello se dejó sin efecto la licitación de bienes municipales y se amplió los contratos con todos los adjudicatarios hasta el 31 de diciembre de 2002, posteriormente se suscitaron varias ampliaciones y prórrogas, ya que en los últimos contratos suscritos con la Alcaldía se pactó hasta diciembre de 2009, asimismo refiere que la Ordenanza Municipal 184/04 dispuso la rebaja de alquileres y ampliar los mismos a 5 años con referencia a la prórroga sobre la licitación de tiendas del Mercado Central, luego de ello se emitieron las Ordenanzas Nº 53/05 y 058/05, esta última abrogó las ordenanzas anteriores. Posteriormente se emite la Resolución Nº 144/05 que abroga la Ordenanza Municipal Nº 203/04 y la 356/04 que los considera como “extremos de la administración municipal”, con los que se vulneró los derechos a los demandantes; arguyen que los contratos de adhesión de los actores cuya prórroga pretenden, nunca fueron devueltos de la Notaría de Fe Pública; asimismo sostiene que las cláusulas contenidas en los contratos resultan ser abusivas y al existir obligaciones recíprocas, refiere también que toda condición debe cumplirse, por lo que solicitan la prórroga de los contratos por cinco años mas a partir del 30 de diciembre de 2009, a título de reconducción, reiterando que el Municipio no hizo cumplir el reglamento de Adjudicaciones de Bienes Municipales, asimismo peticiona la devolución de los excedentes en cuanto al pago de los alquileres y los gastos y pagos extraordinarios incurridos por los actores que deben ser compensados con los alquileres, y piden el cumplimiento de convenio de 29 de octubre de 2007 más el pago de daños y perjuicios.

De acuerdo al antecedente descrito, se tiene que la petición de los actores tiene como base los contratos de arrendamiento que hubieran suscrito con el Gobierno Municipal de Sucre, por lo que siendo la controversia sobre esos contratos, la controversia se centra a raíz de esos “contratos administrativos”.

Para tal efecto conviene señalar que en el campo del derecho privado el contrato resulta la principal fuente generadoras de obligaciones, empero no solo los particulares crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas patrimoniales por medio de los contratos, también la Administración Pública lo hace, generando relaciones jurídicas bilaterales patrimoniales que, cuando tienen por objeto un fin público, ingresan a la categoría de los llamados contratos administrativos.

Para el autor Miguel Ángel Bercaitz, citado por Juan Carlos Cassagne, en la obra "Contratos Administrativos": El contrato no es una figura exclusiva del Derecho Privado, existe también el de Derecho Administrativo con elementos comunes al contrato de Derecho Privado, pero con elementos diferentes que derivan de su contenido, de su fin, de los intereses distintos que afecta y de su régimen jurídico propio.

La teoría del contrato administrativo ha surgido como una necesidad impuesta por la realidad. Se trata sencillamente de ciertas relaciones entre la Administración y los particulares nacidas por aplicación de una técnica contractual y cuyo régimen, sin embargo, difiere sensiblemente del aplicable a los contratos civiles.”. (Fernando Garrido Falla en “Tratado de Derecho Administrativo” Vol. II,  Pag.37).

Entre el contrato de naturaleza privada y el de naturaleza administrativa existen puntos comunes, pero las diferencias justifican la separación de los regímenes jurídicos a los que se en encuentran sometidos unos y otros; de hecho, el estudio pormenorizado de la materia podría inducirnos a sostener la existencia de más diferencias que semejanzas.

Rafael Bielsa en su obra “Principios de Derecho Administrativo”, señala: “Es contrato administrativo el que la Administración celebra con otra persona pública o privada, física o jurídica, y que tiene por objeto una prestación de utilidad pública”, el citado autor considera que: “(…) en todo contrato administrativo deben concurrir los siguientes elementos esenciales: a) Uno de los sujetos de la relación jurídica es la Administración pública (Estado, provincia, comuna o entidad autárquica) obrando como tal, es decir, como entidad de derecho público. b) El objeto del contrato es una prestación de utilidad pública; por ejemplo, un servicio público propio, un empleo público, una obra pública (de interés general o colectivo), etc.

En ese mismo sentido, para el autor Mariano Gómez González, contratos administrativos son: "todos aquellos contratos en que interviene la Administración, legalmente representada, y tienen por objeto la ejecución de una obra o servicio público, ya sea en interés general del Estado, de la Provincia o del Municipio".

De lo expuesto diremos que estamos frente a un contrato administrativo cuando: a) al menos una de las partes que interviene en su celebración es la Administración Pública  (elemento subjetivo); b) cuando el objeto sobre el que versa  se encuentra directamente relacionado con la satisfacción de necesidades de carácter público servicio o interés público- (elemento objetivo), que resulta importante para la comprensión de la presente resolución.

En nuestra legislación el art. 45 de la Ley 1178, reconoce la naturaleza administrativa de los contratos que suscriben las entidades de la Administración Pública que están sujetas a esa norma matriz de control, en ese sentido, en su parte final dispone que: " … son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza ...", de acuerdo a ello revisten naturaleza administrativa, por atribución legal, aquellos contratos que tengan por objeto directo: 1)  la ejecución de obras, 2) la provisión de materiales, bienes y servicios. Esto no quiere decir que éstos sean los únicos contratos de naturaleza administrativa, pero si son los únicos que expresamente se encuentran calificados como administrativos por la ley, en razón del objeto sobre el que versan, siendo la propia ley la que abre la posibilidad de que existan otros contratos administrativos en razón de su naturaleza, es decir a su directa vinculación con el interés o servicio publico.

La diferencia entre el contrato administrativo y el privado, es de trascendental importancia a la hora de delimitar el régimen jurídico que resulte aplicable al negocio a celebrar o en la ejecución del contrato, mas aún en el orden jurisdiccional competente para conocer de las controversias que surjan entre las partes, esto por razón de la especialidad.

El Órgano jurisdiccional competente para el conocimiento de estos litigios, emergentes de contratos administrativos no puede ser confundido con el mismo operador judicial que atienda los litigios de índole privada, para el mismo nos permitimos citar el aporte doctrinario de Rafael Bielsa quien señala: “El conocimiento y decisión de todo litigio sobrevenido en la ejecución (o interpretación controvertida) de los contratos administrativos corresponde a los tribunales con competencia en lo contencioso administrativo. El fundamento y justificación de esta competencia está en el objeto del contrato administrativo, es decir, en el grado de interés público que el contrato contiene”,  también señala que: “Es contrario al principio de la competencia jurisdiccional someter a tribunales civiles o comerciales las contiendas surgidas en la ejecución o cumplimiento de un contrato administrativo. Tanto por el objeto (ratione materiae) como por ser parte la Administración pública (ratione personae), la competencia debe ser de los tribunales contencioso-administrativos (…)”.

El criterio  sobre los  contratos administrativos de forma general ha sido expuesto en distintos Auto Supremos como el Nº 532/2012, 534/2012, 115/2013 y varios otros que tuvieron la observación y fueron resueltos favorablemente en la vía constitucional ratificando el criterio de los mencionados fallos ordinarios.

Corresponde también señalar que la jurisdicción contenciosa, identificada como una jurisdicción especializada, no es un tema nuevo en nuestra legislación, para ello nos permitimos señalar que en la Constitución Política del Estado de 1967 en el art. 127 num. 8, ya se señalaba, entre las atribuciones de la Corte Suprema, la de conocer las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo, y de las demandas contencioso administrativas a que dieren lugar las resoluciones del mismo, dicho texto fue mantenido en la reforma de la Constitución de 1994 en cuyo art. 118 num. 7 se llegó a mantener el referido texto; también el texto fue introducido en el art. 55 num. 10 de la Ley Nº 1455 de 18 de febrero de 1993. También el Código de Procedimiento Civil, vigente desde el 2 de abril de 1976, describe en sus arts. 775 y 778 la vía para el conocimiento de las causas contenciosas emergentes de contratos, negociaciones o concesiones del Poder ejecutivo y las causas contenciosas-administrativas, serán presentadas ante la Corte Suprema de Justicia, esto quiere decir que el conocimiento y resolución de las causas contenciosas emergentes de los contratos de la Administración Pública (entendida así de acuerdo a su interpretación extensiva) resulta ser competencia del Tribunal Supremo de Justicia (antes Corte Suprema de Justicia), normas que se encontraban vigentes para la atención de la pretensión al momento de presentarse la demanda de fs. 25 a 30.

Posteriormente la nueva y actual Constitución Política del Estado Plurinacional, tan solo refirió en el art. 179 la existencia de jurisdicciones especializadas conforme a ley, empero de ello hasta que el legislador elabore esa jurisdicción especializada se promulgó la ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 de en cuyo art. 10 se señaló lo siguiente: “I. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano Ejecutivo, y de las demandas contenciosas - administrativas, a que dieren lugar las resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por Ley como Jurisdicción Especializada…”, hasta esa fecha los aspectos contenciosos emergentes de los contratos administrativos debían ser conocidos por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, pues la ley les atribuía esa competencia, para resolver las controversias emergentes de los contratos administrativos, por lo que las causas ingresadas a los tribunales ordinarios juzgados civiles- ya se encontraban con vicio de procedimiento, pues estos operadores judiciales no tenían la facultad de resolver controversias emergentes de contratos administrativos, esa facultad estaba atribuida a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (antes Corte Suprema de Justicia); consiguientemente, se concluye que si el operador judicial en materia civil hubiera sustanciado la controversia de contratos administrativos, ha viciado todo el procedimiento.

Posteriormente, se dicta la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014, cuyo objeto de acuerdo al primer articulado- es la de crear en la estructura del Tribunal Supremo de Justicia y de los Tribunales Departamentales de Justicia, salas especializadas en materia contenciosa y contenciosa-administrativa, norma legal cuyo art. 3 señala que las salas especializadas de los Tribunales Departamentales asumirán conocimiento de las causas contenciosas que resultaren de los contratos suscritos por los Gobiernos Municipales entre otros, por lo que al haberse deducido vicio de procedimiento en la presente causa su reconducción no pude ser asimilada por la Sala Plena del Tribunal  Supremo de Justicia, sino por la Sala especializada  del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, no pudiendo confundirse dicho criterio con el art. 6 de la mencionada ley Nº 620 que refiere a los procesos en trámite que se encuentran sustanciando en Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, pues estos continúan manteniendo los asuntos tramitados en dicho ente colegiado; criterio emitido anteriormente en el Auto Supremo Nº  540/2013 de  24 de octubre 2013, que responde al argumento fáctico de la pretensión analizada en esa resolución que tiene similitud fáctica con el presente caso.

Por lo que  al estar dispuesta la nulidad de obrados por el Ad quem,  y al haberse advertido un vicio mayor al detectado por el Ad quem, que se identifica en la admisión de la demanda, corresponde reconducir la nulidad hasta el Auto de fs. 31 (admisión de la demanda), descartando toda acusación establecida en el recurso analizado en consideración al vicio procesal que de identifica en el inicio del proceso.

Por lo expuesto corresponde emitir resolución en la forma prevista en el art. 271 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADO, el recurso de casación de fs. 455 a 458 formulado por Rubén Ciro Rojas Baspineiro y Delina García Vásquez en representación de Ciro Poquechoque  Choque y otros, contra el Auto de Vista Nº 342/2011 de 27 de octubre de 2011 que cursa de fs. 443 y vta., con la reconducción de que la nulidad dispuesta por el Ad quem es hasta la admisión de la demanda de fs. 31 y sin reposición, conforme a lo explanado en el presente fallo. Sin costas, por la reconducción dispuesta.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Rómulo Calle Mamani.