TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                                     S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 957/2015 - L

Sucre: 14 de Octubre 2015

Expediente: B-19-11-S

Partes: Remberto Tamacoina López c/ NUDELPA LTDA.

Proceso: Anulabilidad

Distrito: Beni


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y la forma interpuesto por Remberto Tamacoina López de fs. 133 a 136, impugnando el Auto de Vista Nº 43, de fecha 25 de febrero de 2011, cursante a fs. 129  130, pronunciado por la Sala Civil de la entonces Corte Superior del Distrito de Trinidad Beni,  dentro del proceso de Anulabilidad, seguido por  Remberto Tamacoina López contra NUDELPA LTDA., la concesión de fs. 140, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez de Partido Tercero en lo Civil y Comercial de la Capital Trinidad Beni, dicta Sentencia de fs. 92 a 94, Resolución por la cual declara  IMPROBADA la demanda, con costas.

Sentencia que fue impugnada por Remberto Tamacoina López quien interpuso recurso de apelación, con los fundamentos en el mismo el cual, previa sustanciación, fue resuelto por Auto de Vista de fs. 129 a 130, Resolución del Tribunal de Segunda instancia que CONFIRMA la Sentencia apelada.

Auto de Vista, que fue impugnado por Remberto Tamacoina López a fs. 133 a 136, con los fundamentos expuestos en su recurso de casación, el cual, se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

FONDO:

1.-Se estaría causando perjuicio al declarar improbada su demanda pese al existir una Sentencia penal, en la cual se distingue plenamente a los autores y cómplices de delito de robo, ya que, estas serían las personas que deberían pagar por el daño ocasionado a la empresa Nudelpa Ltda., y al obligarle a firmar un documento con vicios del consentimiento bajo chantaje de despedirlo demuestra la mala fe de la empresa Nudelpa Ltda., y al no ser considerada correctamente la prueba adjunta a la demanda se le causa perjuicio, puesto que le obliga a pagar una deuda, de la cual no es responsable y al existir un proceso penal, el cual estaba siendo investigado, es evidente que su consentimiento fue viciado, ya que se le decía que si no firmaba iba  ir preso.

Lo cual demuestra la errada interpretación de sus pruebas y la mala aplicación de lo previsto del art. 554 del C.C.

FORMA.-

Alude que a fs. 52 existe una  notificación en la cual no cursa el día en que se practicó la notificación con le señalamiento de audiencia para recepción las declaraciones testificales de descargo.

Reclama que las notificaciones practicadas en la tramitación de la presente causa han sido realizadas por el auxiliar del juzgado y no el oficial de diligencias, y  que, este no tiene atribuciones.

Señala que al no existir acta de audiencia de conciliación, demuestra que este actuado no se realizó, y que es un actuado imprescindible y obligatorio, inobservancia que constituye un vicio procesal y de igual manera la notificación con este actuado procesal se llevó a cabo en el tablero, cuando debía ser en el domicilio real señalado, aspecto que vulnera el procedimiento.

Alude que por factores ajenos a su voluntad abandono la causa, lo cual debió el Juez entender en su real magnitud, para declararlo rebelde aspecto que no sucedió y constituye en una trasgresión a la norma, y genera un vicio procesal

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Siendo que se ha planteado recurso de casación en el fondo y la forma, corresponde en principio pronunciarse en cuanto a los agravios de forma, ya que, de ser evidentes los mismos, la Resolución a emitirse será una de nulidad, no resultando necesario pronunciarse sobre los de fondo.

EN LA FORMA.-

Como primer agravio alude que la diligencia de  fs. 52  no señala el día en que se practicó la notificación con el señalamiento de audiencia para recepción de las declaraciones testificales de descargo.

Descrito el agravio, corresponde su análisis, para lo cual, en principio es ineludible aclarar que este Tribunal a través de diferentes fallos ha establecido la teoría de la legitimación procesal, orientada la misma en sentido de que el recurso, ya sea, ordinario o extraordinario se habilita a quien la decisión asumida cause perjuicio criterio establecido en esencia por el art. 219 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que si la decisión asumida por la autoridad judicial causa perjuicio al demandante, esta es quien se encuentra legitimada procesalmente- para realizar esa observación, y no así la parte contraria, puesto que, al no generarle un perjuicio evidente, el recurrente carece de legitimación procesal para ese reclamo, y su impugnación resultaría dilatoria a los efectos o fines del proceso.

En el sub lite, de la revisión del formulario de notificaciones de fs. 52 se advierte que la notificación en la cual, el día se encuentra entreborrado, corresponde a NUDELPA Ltda., entonces por sindéresis jurídica, es esta institución a quien supuestamente le causaría perjuicio este actuado, por cuanto quien se encuentra habilitado a realizar este reclamo es la parte demandada, careciendo de legitimación procesal la parte ahora recurrente. 

Al margen de ello, dicha omisión no genera indefensión o en su caso vulnera algún derecho de las partes, ya que, si bien el día esta entreborrado, empero, la fecha resulta ser clara y la misma coincide con la señalada por el testigo en la parte inferior de su firma, no resultando viable pretender nulidad procesal, por pruritos formales.

Como segundo agravio, el recurrente alega que algunas notificaciones hubiesen sido realizadas por la auxiliar del juzgado y no por el oficial de diligencias.

En principio resulta necesario, referir que uno de los principios que rige la administración de justicia es el de preclusión, empero, para tener un conocimiento preciso sobre este principio,  acudiendo a la doctrina citaremos a Alfredo Antezana Palacios quien en su obra Lecciones de Derecho Procesal Civil Tomo I pag. 41 sostiene: “ el proceso tiene diversas etapas que se desarrollan en forma sucesiva mediante la clausura definitiva de cada una de ellas y no está permitido a las partes el regreso a etapas y momento ya extinguidos.”, conforme a la práctica forence de la materia, debe entenderse que el principio de preclusión, sustenta la finalidad de la administración de justicia  en sentido de que al ser el proceso una serie de actos concatenados y debidamente ordenados que tiene por fin la solución del conflicto jurídico, no es loable impedir que la causa, alcance ese fin, retrotrayendo la causa a etapas ya superadas, por aspectos no reclamados oportunamente, activándose per se- el principio de preclusión y convalidación,  extremo que resulta aplicable, cuando no se advierta vulneración al debido proceso con incidencia al derecho a la defensa, reclamados oportunamente.

Partiendo de lo expuesto, de la revisión de obrados, en cuanto a que el auxiliar  hubiese actuado o ejercido funciones de oficial de diligencias,  este extremo no ha sido reclamado oportunamente, es decir, que el ahora recurrente ante tal hecho no ha activado los mecanismos de control que establece nuestro ordenamiento procesal, para que esa observación sea enmendada si correspondía, por lo que, no resulta correcto que ante una Sentencia desfavorable realice estos reclamos habiendo precluido su derecho, ya que, no se activó los mecanismos que establece la ley para el mismo convalidando con su actitud todo lo actuado, al margen el ahora recurrente no explica cual la trascendencia de su agravio, por lo que, al no referir cual el perjuicio que este extremo le causa, no resulta trascedente menos viable la nulidad solicitada .

Como otro agravio expresa que la falta de realización de la audiencia de conciliación, es un actuado imprescindible y obligatorio  que su ausencia es vicio de nulidad, y de igual manera expresa que la notificación de ese actuado debió ser en el domicilio señalado.

Reiterando lo que se dijo precedentemente, la nueva forma de impartir justicia que nace a partir de nuestra norma fundamental, otorga mayor preponderancia a la consideración del derecho sustantivo de los litigantes en relación a la forma de tramitación de la causa, pues, recordemos que el proceso, como el ordinario civil, no es un fin en sí mismo, sino es un medio a través del cual las partes en controversia pretenden el reconocimiento de sus derechos. Entonces, lo que se pretende a través de la tramitación de una causa es impartir justicia no así la perfección procesal. Así lo entendemos a partir de los principios glosados en el Art. 180.I de la C.P.E., destacándose entre ellos, los principios de celeridad, eficacia, tutela judicial efectiva y verdad material.


Sin embargo, lo expuesto no implica que no deba tenerse en cuenta el derecho procedimental en la sustanciación de la causa porque constituye el mecanismo legal que brinda seguridad jurídica a las partes que desde el primer momento saben cuál la hermenéutica jurídica en base a la que se resolverán los hechos controvertidos. Por ello, cuando se acusa la existencia de errores “in procedendo” en el trámite de la causa habrá que tener en cuenta la magnitud del mismo y su incidencia en la resolución del conflicto, lo que implica la concurrencia de los principios de especificidad, trascendencia y convalidación. Condiciones sin las cuales no se puede determinar la nulidad en el espectro del art. 17 de la L.O.J.

Del análisis de obrados, se advierte que el juez de la causa ha señalado audiencia  conforme se acredita, la Resolución de fs. 86 vta., y al no existir el acta material se puede entender que dicho actuado no fue realizado por la ausencia de partes, entonces, no puede aludirse nulidad por falta de materialización de audiencia de conciliación cuando las partes no han asistido a dicho actuado, o en su caso no han reclamado  oportunamente la falta de realización de este actuado, al margen, esta omisión no resulta un extremo que resulte trascedente o que cause indefensión al recurrente.

Por otro lado, en la materia corresponde precisar que entre otros prima el principio dispositivo, el cual nos orienta en sentido de que se otorga a las partes el estímulo de la función judicial, en todo lo que sea atinente, ya que, tampoco bajo este principio puede pretenderse que el juzgador sea un simple espectador,  empero, en cuanto al tema de reclamos o impugnaciones este se encuentra a la voluntad irrestricta de las partes, teniendo dicho antecedente como norte, si el recurrente vio necesario producir dicho actuado pudieron solicitar su producción ante el Juez de la causa, y no esperar hasta una sentencia desfavorable para realizar dicha observación, por cuanto su silencio ha convalidado cualquier omisión, de igual manera, dicho actuado  no ha causado indefensión en ningún sentido, por cuanto no  resulta  causal  para disponer una nulidad de obrados.

Como último tópico de forma, alude que por factores ajenos a su voluntad abandono la causa, lo cual debió el Juez entender en su real magnitud, para declararlo rebelde aspecto que no sucedió y constituye en una trasgresión a la norma, y generando un vicio procesal

Sobre el agravio descrito en principio corresponde realizar un análisis del principio de protección, que tiene como fundamento la protección del acto, y en ello proteger aquellos sujetos inmersos en un proceso, ya como parte o como terceros, en ese fin el proponente de la nulidad no puede ser el mismo que ha originado la supuesta nulidad, pues ese actuar estaría afectando a otros interesados en el proceso, por ello se dice que el presupuesto de la nulidad es la ausencia de culpa o dolo de quien la alega; quien la deduce debe acreditar un perjuicio cierto y actual a su derecho de defensa, demostrando también su interés en la subsanación del vicio; bajo esa concepción el art. 106.II del Código Procesal Civil establece: “También la nulidad podrá ser declarada a pedido de la parte que no concurrió a causarla y que tenga interés en la observación de la norma respectiva, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin y haber sufrido indefensión”.

Partiendo del entendimiento expuesto, no resulta loable al contrario resulta una actitud reprochable, que el ahora recurrente pretende que por el abandono que hizo de la causa, el Juez genere nulidad alguna cuando, extremo que por principio de protección de los actuados no resulta viable, ya que, el recurrente no puede fundar en su falta la nulidad procesal, criterio en total armonía con el aforismo jurídico ”nemo auditur non propiam turpitudinem allegans“ que significa nadie puede invocar a su favor su propia torpeza, conforme establece el art. 106.II de la Ley 439 antes descrito.

Asimismo, como se expuso en amparo del principio dispositivo, el recurrente ha sido citado y emplazado, entonces por estrategia de defensa, puede activar todos los mecanismos procesales, para  enervar los extremos expuestos en la  demanda  o en su caso generar un estado de inercia procesal y ante tal actitud deberá asumir todas las consecuencias que genere su actuar, puesto que el recurrente al tener conocimiento de la causa y participar en la misma y posteriormente abandonarla, su dejadez o desidia no es motivo para disponer nulidad alguna.

Deviniendo en infundados sus agravios de forma.  

EN EL FONDO.-

Expresa que se estaría causando perjuicio al declarar improbada su demanda pese a existir una sentencia penal, en la cual se distingue plenamente a los autores y cómplices de delito de robo, ya que, estas serían las personas que deberían pagar por el daño ocasionado a la empresa Nudelpa Ltda., y al obligarle a firmar un documento con vicios del consentimiento bajo chantaje de despedirlo demuestra la mala fe de la empresa Nudelpa Ltda., y al no ser considerada correctamente la prueba adjunta a la demanda se le causa perjuicio, puesto que le obliga a pagar una deuda, de la cual no es responsable y al existir un proceso penal, el cual estaba siendo investigado, es evidente que su consentimiento fue viciado, ya que se le decía que si no firmada iba  ir preso.

Resultando el agravio centrado en que hubiese demostrado su demanda, del contexto de la misma se advierte que el fundamento principal, es que en la empresa demandada en la cual trabajaba sucedieron actos anormales y empezaron a faltar los productos, ante esta situación,  logró dar con uno de los autores  de esos hechos, lo cual lo denunció a su supervisor de Nudelpa Ltda., para luego denunciar ante el Gerente General, hecho que fue posteriormente denunciando ante el Ministerio Publico contra los autores del robo de productos, proceso penal donde se llegó a sentenciar a los autores, quienes se sometieron a un proceso penal abreviado admitiendo la culpabilidad, empero, pese a existir estos hechos la Gerente General junto al asesor legal, quienes con engaños y violencia moral le hicieron firmar un documento, y le expresaron que si firmaba el mismo  no iría a la cárcel y que conservaría su trabajo en la empresa, ante esas amenazas y coacciones firmó el documento del cual se pretende la anulabilidad por la existencia de violencia, dolo y error.

En principio corresponde analizar el instituto de la anulabilidad, el art.  554 num. 4) del Código Civil de manera textual expresa que el contrato será anulable: “por Violencia, dolo o error sustancial sobre la materia o sobre las  cualidades de la cosa.”. En concordancia con esta norma el art. 473 del mismo código expresa que no es -válido el consentimiento prestado por error o con  violencia o dolo-, y el art.  478 del también citado cuerpo legal, señala que la -violencia debe ser de tal naturaleza que pueda impresionar a una persona razonable y haga temer exponerse o exponer sus bienes a un mal considerable y presente. Se tendrá en cuenta la edad y la condición de las personas-, de las normas citadas se desprende que entre los requisitos de formación del contrato se encuentra el consentimiento, el cual es considerado como el articulador de la voluntad de las partes cuando se constituye una relación jurídica, de ahí es importante que cuando se otorgue el consentimiento este se halle libre de error, violencia o dolo, ya que, de concurrir uno de estos, no es válido y abre el camino a la anulabilidad del contrato, ahora si acusa que el consentimiento ha sido obtenido con violencia, empero, esta violencia debe ser de tal naturaleza que pueda impresionar a las personas de exponerse a las personas o sus bienes, a tal efecto debe considerarse varios factores como ser la edad y condición de las personas.

Asimismo  el art. 481 del Código Sustantivo de la materia expresa: “el uso o la amenaza de hacer valer una vía de derecho solo invalida el consentimiento cuando esta dirigido a conseguir ventajas injustas.”, sobre  el tema Francesco Messineo en su obra Doctrina General del Contrato sostiene: “La violencia, en el aspecto ahora considerado no debe confundirse con la violencia material, aquí no hay ya falta de voluntad, sino vicio en el proceso de formación de la voluntad; proceso que, por lo tanto, es perturbado por una amenaza; la violencia sufrida por el sujeto ha determinado su voluntad ejerciendo sobre él una coacción ” a mayor abundamiento podemos citar a Gonzalo Castellanos Trigo quien en su obra Nulidad, Anulabilidad, Prescripción y caducidad pag. 43 expresa: “La violencia ejercida sobre una persona en el sentido de amenazarla sobre una supuesta denuncia ante los órganos judicial, policiales o del ministerio Publico, inicialmente no constituyo un vicio del cometimiento, sin embargo si dichas amenazas son injustas o ilícitas para conseguir una ventaja se estaría violentando la voluntad del contratante; por lo que el uso o la amenaza de hacer una vía de derecho solo invalida el consentimiento cuando está dirigido a conseguir ventajas ilegitimas”, en cuanto al tema este Tribunal a través del Auto Supremo: 514, de fecha 08 de septiembre 2014, ha determinado que en cuanto a la violencia ejercida al obtener el consentimiento, se debe distinguir la violencia física, que se concreta con el empleo de una fuerza material sobre el sujeto que queda subyugado a la voluntad del otro, y la violencia moral que consiste en inspirar por medio de amenazas o por otro medio un temor que suprima la libre voluntad. Analizando éste último, la violencia moral actúa por la intimidación que altera la normal declaración de la voluntad que vicia el consentimiento, siempre que la amenaza sea injusta, es decir que la intimidación tiene que ser promovida sin derecho e importar la comisión de un acto ilícito; en contrario sensu, cuando aquella intimidación resulta del ejercicio de derechos propios, no puede ser considerada como violencia moral que vicie el consentimiento y de lugar a la anulación del contrato. El art. 481 del Código Civil regla que: “El uso o amenaza de hacer valer una vía de derecho sólo invalida el consentimiento cuando está dirigida a conseguir ventajas injustas”, por lo que el uso de hacer valer los derechos propios no invalida el consentimiento, salvo que en ese acto jurídico se haya conseguido ventajas injustas, entendiendo que esa ventaja injusta sea inherente al derecho que se pretende.

Teniendo en claro, los institutos que sustentan los hechos expuestos en la demanda, en el caso en cuestión el ahora recurrente como fundamento principal señala que la sentencia penal, seria elemento probatorio fundamental para establecer la anulabilidad invocada, extremo que no resulta evidente en vista de que la Sentencia adjuntada a la demanda en simple fotocopias, no llega a ser vinculante con el ahora recurrente-demandante, puesto que conforme a los fundamentos expuestos precedentemente el demandante tenía la obligación de demostrar que los demandados consiguieron ventajas injustas con esa amenaza en su contra, o en su caso que la violencia ejercida sea de tal naturaleza que llegue afectar a su personalidad con respecto a su vida o sus bienes, extremo como se dijo no ha sido evidenciados, no resultando la Sentencia adjunta en fotocopia simple elemento probatorio suficiente para establecer los requisitos expuestos, de lo que se concluye que el demandante no ha cumplido con la carga probatorio que establece el art. 1283.I del Código Civil que taxativamente expresa: “ Quien pretende en juicio un derecho, debe probar  el hecho o hechos que fundamento su pretensión.” Norma que se encuentra en consonancia con el art. 375 del Código Adjetivo de la materia, de las cuales, se extrae que el  demandante tiene la obligación de demostrar el hecho constitutivo de su derecho bajo los cuales funda su acción; criterio que se encuentra en consonancia con el aforismo “AFIRMATIO INCUMBIT PROBATIO” el cual significa- corresponde al que AFIRMA aportar las pruebas para demostrar  los hechos  de la demanda-, y como se dijo en el caso en cuestión la demandante no ha demostrado los hechos constitutivos de su demanda, no siendo evidente que los de instancia hayan realizado una errada interpretación de las normas o errónea valoración de la prueba.

Por lo todos los fundamentos expuestos corresponde dictar Resolución conforme determina el art. 271 num. 2) y art. 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 y arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Remberto Tamacoina López de fs. 133 a 136, contra el Auto de Vista Nº 43, de fecha 25 de febrero de 2011, cursante a fs. 129 a 130, pronunciado por la Sala Civil de la entonces Corte Superior del Distrito de Trinidad Beni, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.000 (un mil Bolivianos)

Sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.