TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                        S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 955/2015 - L                                                             Sucre: 14 de Octubre 2015                                                         Expediente: CH-32-11-S                                        

Partes: José Corral Romero c/ Jaime Quezada López                         Proceso: Cumplimiento de contrato, devolución de excedente y pago de 

               multas por día de incumplimiento

Distrito: Chuquisaca

VISTOS: El recurso de casación formulado por Jaime Quezada López de fs. 176 a 177 contra el Auto de Vista Nº 120, de 05 de abril del 2011 de fs. 167 a 168, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, dentro del proceso de cumplimiento de contrato, devolución de excedente y pago de multas por día de incumplimiento, seguido por José Corral Romero contra Jaime Quezada López, respuesta de fs. 182 a 183; Auto de concesión de fs. 222, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:                                                                 ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de Sucre, pronunció Sentencia Nº 01 de 13 de enero de 2011 cursante a fs. 122 a 123 y vta., declarando: PROBADA en parte la demanda de fs. 20 a 21 y PROBADA en parte la excepción perentoria de falta de acción y derecho opuesta por el demandado a fs. 24 a 25, sin costas, disponiéndose en consecuencia que el demandado Jaime Quezada López concluya todos los trabajos faltantes conforme indica el anexo del informe pericial de fs. 101 en el plazo de 45 días, así como la cancelación de Bs. 50 por cada día de incumplimiento a liquidarse en ejecución de Sentencia a favor del demandante.

Sentencia recurrida de apelación por José Corral Romero por memorial de fs. 133 a 135, resuelto por Auto de Vista Nº 120, de 05 de abril de 2011, por el que se ANULÓ hasta el Auto de concesión de alzada, de fecha 21 de enero de 2011 cursante a fs. 128 inclusive, debiendo el juzgador dar aplicación estricta del art. 239 del Código de Procedimiento Civil.

Resolución que dio lugar al recurso de casación en la forma interpuesto por el demandado Jaime Quezada López, que es objeto de Autos.

CONSIDERANDO II:                                                                         HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Refiere que si bien el art. 15 de la L.O.J., faculta al Tribunal de alzada a revisar de oficio el correcto trámite del proceso, sin embargo esta revisión fue parcial, al no haber advertido que la notificación a su persona con la Sentencia (20 de enero  de 2011) se practicó cuando aún se encontraba vigente el plazo para la apelación de la parte actora (15 de enero de 2011), es decir, sin que se encuentre vencido el plazo de 10 días que tenía el actor para apelar de la misma, omitiendo observar lo dispuesto por el art. 3 inc. 1) y 3) del Adjetivo Civil, que hacen a la inobservancia del debido proceso en su componente a la recurribilidad de las resoluciones al constituir dicha diligencia de notificación en indebido que lesiona a la igualdad jurídico procesal.

Concluye solicitando se anule obrados de conformidad a lo dispuesto por el art. 275 del Código de Procedimiento Civil. 

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Siendo que el recurso de casación es considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el Máximo Tribunal de Justicia revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en apelación que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho al debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales; según lo establece el art. 250 del Código de Procedimiento Civil, de ahí que teniendo por finalidad privilegiar la recta aplicación de la ley y de esta manera alcanzar la justicia en la resolución de los conflictos procesales, por ello estamos ante una institución necesaria y de enorme importancia en la administración de justicia, pues gracias a ella se cuenta con una vía que asegura la correcta aplicación o interpretación de las normas jurídicas.


Por otra parte también es necesario referirnos a lo dispuesto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil que dispone “El Auto de Vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación y fundamentación a que se refiere el art. 227, excepto lo dispuesto en la parte final del art. 343”; por otra parte el art. 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial establece la nulidad de los actos a ser determinados por los tribunales y en su parágrafo I) señala lo siguiente: "La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley"; concordante con esta norma legal se tiene el art. 106 del Código Procesal Civil.


Ahora bien, en el marco normativo precedentemente referido y revisado el contenido del Auto de Vista impugnado, se establece que el Auto de Vista recurrido anuló obrados hasta fs. 128 (Auto de complementación y enmienda) en consideración a que el mismo, hubiera sido interpuesto en forma extemporánea, que impediría se abra su competencia a efectos de pronunciarse sobre el fondo de la apelación deducida, instando al Juez de la causa dar aplicación a lo previsto por el art. 239 del Adjetivo civil, sin embargo, el ahora recurrente refiere que si bien el Tribunal de alzada anuló obrados, empero, esta nulidad debió ser hasta la notificación con la Sentencia a su persona practicada en fecha 20 de enero  de 2011, por cuanto aún se encontraba vigente el plazo para la interposición de la apelación de la parte actora (15 de enero de 2011), incumpliendo el deber impuesto por el art. 3 inc. 1) y 3) del Adjetivo Civil, que repercutiría en el debido proceso en su componente a la recurribilidad de las resoluciones al constituir dicha diligencia de notificación en indebida y lesionar la igualdad jurídico procesal de las partes.


Dentro de ese marco, corresponde en primera instancia analizar si la nulidad dispuesta por el Tribunal Ad quem resulta correcta o no, para luego referirnos si es procedente la nulidad solicitada por el recurrente por ser este actuado anterior al dispuesto por el Ad quem.

De la revisión de antecedentes, se establece que a fs. 124 corre diligencia de notificación con la Sentencia a Juan Daniel Coca Baldivieso abogado apoderado del actor José Corral Romero, practicada el día sábado 15 de enero de 2011 a horas 10:50, y la presentación del memorial de explicación y enmienda fue el día lunes 17 de enero del 2011 a horas 9:00:22 conforme el cargo del timbre electrónico inserto en dicho memorial, en cuyo mérito el Juez de la causa previa consideración del contenido de aquel memorial mediante Auto de fecha 21 de enero de 2011 (fs. 128), dispuso no dar lugar a la enmienda solicitada por el presentante, a lo anterior, es pertinente señalar que el Tribunal de segunda instancia y una vez deducida la apelación contra la Sentencia, en sujeción a la interpretación rigorista que se tenía de los plazos, concluyó que debía anularse el proceso hasta el Auto de 21 de enero de 2011, por haber sido interpuesta la complementación y enmienda  fuera del plazo previsto por el art. 196 num. 2) del Adjetivo Civil, en razón del cómputo “de momento a momento” y la fatalidad en su vencimiento, sin embargo, esa rigurosidad formalista, deja de tener razón bajo el nuevo orden constitucional que debe velar la materialización del acceso a la justicia y el derecho a la impugnación, consecuentemente la interpretación que se efectúe de las normas procesales debe ser, desde y conforme a la constitución, en razón a que una interpretación literal o gramatical de la norma procesal prevista por el art. 196 num. 2) del adjetivo civil, resulta no estar acorde al nuevo entendimiento constitucional, en cuyo contexto debe prevalecer una interpretación sistemática con la efectiva realización de los derechos y la materialización del acceso a la justicia, dentro de ese orden, habiéndose procedido a la notificación con la Sentencia el día sábado 15 de enero de 2011 a horas 10:50, se entiende que su plazo comenzó a correr al día siguiente hábil, esto es el día lunes 17 del mismo mes y año conforme el computo de plazos previsto por el art. 140 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el vencimiento de su plazo coincidentemente llega a ser un día inhábil (domingo), habilitándose el primer día hábil a efectos de cómputo, bajo ese entendimiento  la interpretación efectuada en sentido que su presentación debió efectuarse antes del momento de vencimiento de la hora y minutos desde la notificación con la sentencia, esto es el día domingo 16 de enero del 2011 hasta horas 10:50, resulta contraria a los fundamentos, principios y valores que rigen en la Constitución Política del Estado, constituyendo excesivamente restrictivo y formalista y contrario a los nuevos principios y valores que rigen a partir de la puesta en vigencia de la Constitución Política del Estado, bajo esta perspectiva, el razonamiento para la nulidad dispuesta por el Tribunal de alzada no resulta correcto, interpretación que de ninguna forma implica que deban irrespetarse los plazos procesales determinados por el Adjetivo Civil, si no el entendimiento de la interpretación rigorista que se tenía la comprensión de “momento a momento”, pero el mismo debía computarse a partir del primer día hábil de la notificación con el actuado procesal, de ahí que no resulta correcto el razonamiento del Tribunal de Alzada de anular obrados, decisión judicial que irrumpe el principio constitucional de accesibilidad de justica y el derecho de los ciudadanos a una justicia pronta, oportuna y eficaz resguardada por el art. 180.I de la Constitución Política del Estado, que en todo caso si el criterio asumido por el Juez de primera instancia no era compartido por el Tribunal de alzada debieron proceder conforme le faculta el art. 237 num. 3) del Código de Procedimiento Civil y no disponer la nulidad de obrados conforme se argumentó.

Por los fundamentos expuestos corresponde a este Tribunal fallar en la forma prevista por los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271 num. 3) y 275) del Código de Procedimiento Civil, con relación al art. 106 del Procesal Civil, ANULA el  Auto de Vista 120, de fecha 05 de abril del 2011, cursante de fs. 167 a 168 pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, disponiéndose que sin espera de turno y previo sorteo el Tribunal Ad quem resuelva la apelación con la pertinencia del art. 236 de la norma adjetiva. 

Siendo un error excusable no se impone multa.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, hágase conocer la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán