TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                 S  A L A  C I V I L



Auto Supremo: 952/2015 L                                                                 Sucre: 14 de octubre 2015                                                         Expediente:         LP-56-11-S                                                            

Partes: Andrés Huarachi Mendoza y Mery Paco Castro. c/ Petrona Villca Vda. De

            Zamora.

Proceso: Cumplimiento de obligación.                                        

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 370 a 375, interpuesto por Andrés Julio Huarachi Mendoza y Mery Paco Castro, contra el Auto de Vista Nº 55/2011 de fecha 17 de marzo de 2011, cursante de fs. 366 a 367  y vta., pronunciado por la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso ordinario de cumplimiento de obligación, seguido por los recurrentes contra Petrona Villca Vda. de Zamora, la concesión del recurso de fs. 382; los antecedentes del proceso: y:

CONSIDERANDO I:                                                                 ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Tramitado el Proceso, el Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la Ciudad de El Alto, emitió la Sentencia Nº 241/2010, de fecha 24 de junio de 2010, cursante de fs. 330 a 331 y vta., declarando PROBADA la demanda de fs. 9 a 10, interpuesta por Andrés Huarachi Mendoza y Mery Paco Castro con relación al cumplimiento de la obligación, e IMPROBADA con relación al pago de daños y perjuicios, concediendo consecuentemente a la demandada, el plazo de 10 días de ejecutoriada la presente acción, para entregar a los legítimos propietarios: Andrés Huarachi Mendoza y Mery Paco Castro, el bien inmueble de su propiedad, ubicado en la Urb. Villa 12 de octubre, Av. “D”, Manzano. 34 de la ciudad de El Alto, con una superficie de 125 mts2., bajo alternativas de ley, disponiendo que los mismos puedan ejercer todas las acciones tendientes al uso, goce y disfrute de su derecho propietario.

Contra la referida Sentencia, Petrona Vilca Vda. de Zamora, interpuso Recurso de Apelación cursante de fs. 338 a 339 y vta.

En merito a esos antecedentes, la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº 55/2011 de fecha 17 de marzo de 2011, cursante a fs. 366 a 367 y vta., por el que anuló obrados  hasta fs. 251, disponiendo que el Juez A quo compulse si la reconvención subsanada a fs. 201-202, cumple o no con el art. 327 del mencionado procedimiento, a efectos de su observación o admisión, todo en aplicación a los arts. 333 y 334 del mismo cuerpo legal.

Resolución que dio lugar al Recurso de Casación en el fondo, interpuesto por Andrés Julio Huarachi Mendoza y Mery Paco Castro, el mismo que se pasa a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:                                                                         HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Denuncian que el Tribunal de Alzada vulnera el art. 333 del Código de Procedimiento Civil, por los siguientes fundamentos:

1. Que el Juez A quo cumpliendo con su función de director del proceso en la providencia de 6 de marzo de 2007, dispuso expresamente que la demandante y reconvencionista cumpla en su integridad y totalidad con los 9 incisos del art. 327 del Adjetivo Civil, y que al ser esta observación clara y precisa, resultaría innecesario y redundante precisar o enumerar cuales son esos incisos a cumplirse por el reconvencionista; por lo que consideran que el criterio de los de Alzada de enumerarse cronológicamente los incisos, no tendría sustento alguno habida cuenta dichos requisitos de forma están previstas en la norma señalada.

2. Que el Juez declaró probada su pretensión e improbada la demanda reconvencional.

3. Que si bien, en virtud a una anterior resolución de Alzada, se declaró la nulidad de obrados hasta fs. 18 vta., los recurrentes consideran que fue hasta la providencia de 31 de marzo de 2007 por el que el Juez A quo dispuso la admisión de la acción reconvencional de la demanda con el correspondiente traslado, lo que significaría que se encuentra valido y eficaz la providencia de fecha 6 de marzo de 2007 de fs. 17, por el cual el Juez de Primera Instancia dispuso que la demandada reconvencionista previo a la admisión de su reconvención cumpla con el art. 327 del Adjetivo Civil.

4. Que por decreto de fecha 9 de mayo de 2009, el Juez A quo en regularización de proceso y bajo alternativa de rechazarse la acción reconvencional, dispuso se notifique con la providencia de fs. 17  a Petrona Villca Vda. de Zamora, para que la demandada cumpla a cabalidad su acción reconvencional, es decir para que cumpla con el art. 327 del Adjetivo Civil, comunicación que se hizo efectiva el 19 de mayo del mismo año, razón por la cual de fecha 22 de mayo la demandada subsanó y modificó su demanda, pero por decreto de fecha 23 de mayo de 2009 el Juez A quo se allanó a la recusación interpuesta por la demandada y estando radicada la causa en otro juzgado esta se apersonó sin estar a los datos del proceso, es decir sin hacer mención a su defectuosa demanda, pues solo se limitó a pedir resolución al incidente de nulidad que interpuso.

5. Considera que lo acusado por la demandada en su recurso de apelación, de que el A quo no hubiera precisado los incisos del art. 327 que debieron ser cumplidos por la demandada no tiene asidero legal, pues pese a habérsele dado dos oportunidades para que subsane la demanda reconvencional, esta no cumplió con lo ordenado por el Juez A quo, por lo que su descuido no puede ser subsanada por los jueces de Alzada; más aún cuando el plazo que le otorgaron fue de tres días desde la notificación con la observación que fue en fecha 19 de mayo de 2009, pero hasta el 3 de diciembre del mismo año, fecha en que se tuvo a la demanda reconvencional por no presentada, ésta no habría adecuado su acción al art. 327 del Código de Procedimiento Civil. De esta manera acusan que los jueces de Segunda Instancia incumplieron con lo dispuesto en el art. 410 de la Constitución Política del Estado y del art. 1 del Adjetivo Civil toda vez que al anular obrados no resolvieron el tema decidendum, al contrario violaron la correcta y sana administración de justicia.

Por lo expuesto solicita se case el Auto de Vista recurrido y se ordene al Tribunal de Alzada dicte resolución sobre el fondo del proceso.

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De la lectura del Recurso de Casación, se advierte que los recurrentes señalan que el mismo deviene en el fondo, cuando en realidad por la vasta jurisprudencia emitida por este Tribunal Supremo se concluyó que contra una resolución de carácter anulatorio, como ocurre en el caso de autos, procede únicamente el recurso de casación en la forma, toda vez que en una resolución anulatoria no se considera aspectos concernientes al fondo de la cuestión litigada; empero, del análisis de los extremos acusados en el recurso de casación, se advierte que los mismos corresponden a la forma del proceso, es decir a la determinación asumida por el Tribunal de Alzada y no así a cuestiones de fondo como equivocadamente lo señalaron, bajo ese razonamiento y en observancia del principio pro actione se ingresa a considerar el mismo.

De los reclamos acusados por los recurrentes, se tiene que los mismos están centrados en considerar que el fundamento expuesto en el Auto de Vista de precisar o enumerar cuales son los incisos del art. 327 del Código de Procedimiento Civil en que habría incurrido la demandada, resulta innecesario y redundante al margen de no tener asidero legal, y que al anular obrados los Jueces de Alzada no resolvieron el tema decidendum; en ese entendido, corresponde realizar las siguientes precisiones:

Mediante Auto de fecha 03 de noviembre de 2009 cursante a fs. 251, el Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la Ciudad de El Alto, señaló que teniendo presente que la demandada Petrona Villca Vda. De Zamora, interpuso demanda reconvencional la cual fue observada por el Juez Primero de Partido en lo Civil de la Ciudad de El Alto, para que ésta subsane la misma en el plazo de tres días de su legal notificación; y siendo que ésta fue notificada tal como consta a fs. 200, mediante memorial cursante de fs. 201 a 202 vta., subsanó dichas observaciones, empero las mismas no fueron consideradas por el Juez Primero de Partido en lo Civil, toda vez que el mismo se allanó a la recusación interpuesta por la demandada, es así que radicada la causa en su despacho, y notificadas ambas partes, la demandada se apersonó solicitando pronunciamiento de un incidente de nulidad, sin haber ratificado su demanda reconvencional, en ese entendido el Juez A quo dispuso que la demandada jamás se ratificó en el memorial de fs. 201 a 202 vta., y que si bien fue presentada dentro de los tres días, observó que en dicho memorial se estableció contradictoriamente causales de anulabilidad para interponer demanda de nulidad, por lo que estableció que la demandada no subsanó la observación de fs. 17 de obrados, declarando consiguientemente por no presentada la demanda reconvencional de fs. 16 a 16 y vta. y de fs. 201 a 202 y vta., sin perjuicio de que pueda hacer valer su derecho en otro proceso.

Contra dicho Auto, Petrona Villca Vda. de Zamora mediante memorial cursante a fs. 255 y vta., interpuso recurso de apelación, el cual mereció el decreto de fecha 12 de diciembre de 2009, donde el juez A quo tuvo por presente conforme a lo dispuesto en los arts. 24 y 25 de la Ley 1760.

En razón a dichos antecedentes, y toda vez que la Sentencia de primera instancia no fue favorable a la parte demandada, ésta interpuso recurso de apelación cursante de fs. 338 a 339 y vta., donde Petrona Villca Vda. de Zamora, expuso no solo los reclamos referentes a la referida resolución, sino que también activó la apelación contra el Auto de fecha 03 de  noviembre 2009, citado supra, arguyendo que el Juez A quo al no haber admitido su demanda reconvencional infringió normas de derecho constitucional sobre el derecho a la defensa. Empero, el Tribunal de Alzada de oficio estableció que el fundamento expuesto por el Juez A quo en el Auto que fue concedido en el efecto diferido, contradice el deber que éste tendría, de verificar si la reconvención reúne los requisitos procesales de admisibilidad previstos en el art. 327 del Código de Procedimiento Civil.

De lo expuesto se advierte que la nulidad declarada de oficio por el Tribunal de Alzada, fue por una falta de fundamentación o exhaustividad en que hubiese incurrido el Juez A quo al declarar la inadmisibilidad de la demanda reconvencional, criterio que no es compartido por éste Tribunal Supremo de Justicia, toda vez que en los nuevos lineamientos que rigen las nulidades procesales, se estableció que la nulidad procesal es una medida de última ratio, que procede únicamente en casos de vulneración al debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa, determinación que debe asumirse tomando en cuenta los principios que rigen dicho actuar como el de convalidación, especificidad, trascendencia y convalidación del acto, no siendo suficiente la existencia de un error procedimental.

En ese sentido en la litis, se advierte que la supuesta falta de fundamentación en el Auto de fecha 03 de noviembre de 2009, no resulta motivo suficiente para declarar la nulidad de oficio hasta dicho actuado, más aun cuando el Tribunal de Alzada puede subsanar la supuesta falta de exhaustividad que observa, máxime si esta no causa trascendencia alguna, ahora bien toda vez que uno de los puntos de impugnación es lo referente a la decisión asumida en relación a la inadmisibilidad de la demanda reconvencional, lo que correspondía es que el Tribunal de Alzada ingrese a considerar si dicho análisis es correcto o no.

En consecuencia, como ya se señaló líneas arriba, al ser la nulidad de oficio una medida excepcional la cual debe ser declarada cuando no exista ninguna otra posibilidad de salvar el acto, siendo la regla general la prosecución del proceso, se infiere que la determinación asumida por el Tribunal Ad quem fue incorrecta, pues al determinar la nulidad de obrados por falta de fundamentación de una resolución que no altera el fondo de la misma,  se ha infringido el art. 236 del Código de Procedimiento Civil y con ello el principio al debido proceso, situación que corresponde enmendar a este Supremo Tribunal, debiendo en consecuencia el Tribunal de Apelación, conforme a las atribuciones conferidas por ley, abocarse a los agravios expuestos en el recurso de apelación cursante de fs. 338 a 339 y vta.

Por lo expuesto corresponde emitir fallo conforme los arts. 271 num. 3), 275 con relación al 254 num 4) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil con relación al art. 254 num. 4) de la citada norma, ANULA el Auto de Vista Nº 55/2011 de fecha 17 de marzo de 2011, cursante de fs. 366 a 367 y vta., pronunciado por la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, y se dispone que sin espera de turno y previo sorteo el Tribunal Ad quem resuelva la apelación interpuesta por Petrona Villca Vda. de Zamora, con la pertinencia del art. 236 de la norma Adjetiva Civil.

Siendo excusable el error  no se impone multa al Tribunal de Alzada.

En aplicación del art. 17.IV de la Ley Nº 025, notifíquese al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.