TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                 S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 950/2015 - L

Sucre: 14 de octubre 2015

Expediente: PT 9 11 - S

Partes: César Raúl Paliza Terrazas y Otros. c/ Juan Alberto Zegarra Villafuerte y

            Otros.

Proceso: Modificación de Proceso Ejecutivo, Nulidad de Poder, Nulidad de

              Documento Privado, Nulidad de Proceso Ejecutivo, Nulidad de Venta

              Judicial, Reivindicación de Inmueble y Resarcimiento de Daños y

              Perjuicios. 

Distrito: Potosí.

VISTOS: El recurso de casación en la forma como en el fondo de fs. 563 a 565, de obrados, interpuesto por Cesar Raúl Paliza Terrazas, Wilber Paliza Terrazas y Sonia Paliza Terrazas contra el Auto de Vista Nº 093/2011 de 02 de junio de 2011, de fs. 557 a 559, pronunciado por la Sala Civil, Familiar y Comercial de la (entonces) Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro el proceso de Modificación de Proceso Ejecutivo, Nulidad de Poder, Nulidad de Documento Privado, Nulidad de Proceso Ejecutivo, Nulidad de Venta Judicial, Reivindicación de Inmueble y Resarcimiento de Daños y Perjuicios seguido por los recurrentes en contra de  Juan Alberto Zegarra Villafuerte, Erodo Santos Lugo y Pelagia Huanaco Atto, la concesión de fs. 568 y vta., los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Primero en lo Civil de la ciudad de Potosí, pronuncio Sentencia Nº 54/2011 de 04 de marzo de 2011 de fs. 525 a 532, 1.) Que declaró: IMPROBADA la demanda principal de fs. 24-26, 161-163 y 258-261, interpuesto por Cesar Raúl, Wilber y Sonia de apellidos Paliza Terrazas, dentro el proceso de Modificación de Proceso Ejecutivo, Nulidad de Poder, Nulidad de Documento Privado, Nulidad de Proceso Ejecutivo, Nulidad de Venta Judicial, Reivindicación de Inmueble y Resarcimiento de Daños y Perjuicios en contra de Juan Alberto Zegarra Villafuerte, Erodo Santos Lugo y Pelagia Huanaco Atto, en consecuencia no ha lugar a la demanda interpuesta, por haberse  interpuesto extemporáneamente, habiendo caducado su derecho de los actores, 2.) En consecuencia no ha lugar a la demanda principal interpuesta por los demandantes 3.) Declarando IMPROBADA  las EXCEPCIONES DE PRESCRIPCION Y FALTA DE ACCION Y DERECHO de fs. 296 a 299, interpuesto por Juan Alberto Zegarra Villafuerte.

Contra dicha Resolución, Cesar Raúl, Wilber y Sonia de apellidos Paliza Terrazas  interponen recurso de apelación de fs. 539 a 541 y vta., que mereció el Auto de Vista Nº 093/2011 de 02 de junio de 2011, de fs. 557 a 559, pronunciado por la Sala Civil, Familiar y Comercial de la (entonces) Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí que CONFIRMA la Sentencia apelada.

Resolución que dio lugar al recurso de Casación, interpuesto por Cesar Raül, Wilber y Sonia de apellidos Paliza Terrazas, el mismo que merece el presente análisis.

CONSIDERANDO II:                                                                           DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma

1.- Refieren los recurrentes, que los de instancia incurrieron en violación al principio de congruencia, al no haber pronunciamiento sobre todas las acciones deducidas en la demanda principal, vulnerando de esta manera el art. 328 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que el proceso ejecutivo ha sido ilegalmente promovido, no siendo considerado el Poder Notarial, la nulidad del documento privado y la nulidad de venta judicial, reivindicación y el resarcimiento de los daños y perjuicios, no señalan ni fundamentan en que normas se basaron para desestimar la acción de nulidad de poder o nulidad de contrato, vulnerándose también de esta manera el art.190 del Código de Procedimiento Civil.

En el fondo

Acusan la aplicación indebida e interpretación errónea del art. 490 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil, modificado por el art. 28 de la Ley 1760 (Ley de abreviación civil y de asistencia familiar), señalando que lo resuelto en el proceso ejecutivo podrá ser modificado en proceso ordinario posterior, alegando que; no es posible que el plazo de los seis meses para interponer el caso que nos ocupa sea a partir de la emisión del Auto de Vista y no desde el decreto de cúmplase y menos a partir de su notificación.

Por lo expuesta termina peticionando al Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista y/o disponga la nulidad de la Sentencia.     

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Estando planteado recurso de casación tanto en el fondo como en la forma, a fin de tener la coherencia correspondiente, este Tribunal considerará y resolverá en primer término lo referido a la casación en la forma, en razón a que si fueran evidentes las vulneraciones denunciadas, el fallo fuera anulatorio y por consiguiente imposibilitaría la consideración del recurso de casación en el fondo.

En la forma

En lo referente a este punto, partiremos analizando el principio de congruencia, toda vez que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado dicho principio mediante la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio de 2010, expresando el razonamiento siguiente en sentido de que: "…El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia", así también la Sentencia Constitucional Nº 0863/2003-R de 25 de junio ha señalado lo siguiente: "...el Juez o Tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales"… 

En nuestra legislación dicho principio se encuentra en distintas fases del proceso, uno de los cuales es la Sentencia cuyo texto se halla comprendido en el art. 190 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente señala: “(Sentencia).- La Sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia; contendrá decisiones expresas, positivas y precisas; recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad por las pruebas del proceso; en ella se absolverá o condenará al demandado”, de lo anterior se entiende que el fallo de primera instancia (Sentencia), pondrá fin al proceso y recaerá sobre las cosas litigadas en la forma en que hubieran sido demandadas, esto significa que dicho fallo debe absolver las pretensiones contenidas en la demanda y la reconvención y la Resolución de las excepciones perentorias, pues las mismas se encuentran encaminadas a extinguir la pretensión (demanda o reconvención), en ello se traduce el principio de congruencia.

Por su parte el art. Art. 192 inc. 2) y 3) del Adjetivo Civil, refiere que: La Sentencia se dará por fallo y contendrá: “ 2) La parte considerativa con exposición sumaria del hecho o del derecho que se litiga, análisis y evaluación fundamentada de la prueba, y cita de las leyes en que se funda. 3) La parte resolutiva, con decisiones claras, positivas y precisas sobre la demanda o la reconvención en su caso, y sobre las excepciones opuestas, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo total o parcialmente”...

En Autos, el Ad quem, al asumir tal determinación de confirmar la Sentencia, bajo el fundamento de que la misma dio cumplimiento con el mandato de los arts. 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil, no incurriendo el A quo en incumplimiento en la fundamentación y congruencia, además que en la parte dispositiva existe pronunciamiento expreso respecto a la demanda principal; no obstante de ello, revisada la Resolución de primera instancia, se tiene que la misma fue emitida en previsión y cumplimiento del referido art. 192 en todos sus incisos y contiene la debida fundamentación y motivación que hacen valedera la misma, de manera concreta se tiene que en la parte Considerativa, el A quo realiza el análisis de todos los hechos demandados y dilucidados en la Litis, además de la consideración y valoración individualizada de cada una de las pruebas tanto de cargo como de descargo, concluyendo de manera expresa respecto de los hechos demandados en la pretensión principal, no obstante de ello, el Tribunal de alzada también subsumió su decisión en torno al análisis y consideración lógica efectuada respecto a los antecedentes del proceso y en estricta sujeción de lo dispuesto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil; en tal sentido aun siendo evidente que el Tribunal Ad quem, no haya señalado en términos claros los argumentos que las partes consideran transgredidas, empero, de la fundamentación contenida en el Auto de Vista recurrido, sin lugar a dudas, se comprende que el sustento legal en que se basa la decisión de Alzada está expresada a la demanda principal, argumentos expuestos por los hoy recurrentes; aspecto que así también lo entendieron a tiempo de fundamentar su recurso de casación, de donde se advierte que el Auto de Vista recurrido se pronunció en base a todos los aspectos apelados de la Sentencia, conteniendo dicho pronunciamiento las razones y los motivos que justifican razonablemente su decisión, es decir, si bien los Tribunales de instancia no se pronunciaron sobre las demás pretensiones de la demanda principal, fue porque el A quo vio por conveniente en Sentencia considerar solo lo relativo a la caducidad y el Auto de Vista se remitió a considerar los aspectos de la apelación, sin embargo los hoy recurrentes no hacen uso de la facultad que otorga el art. 239 del Código de Procedimiento Civil, que brinda a las partes el derecho de explicación, complementación o enmienda, que concuerda con lo establecido en el art. 196 inc. 2) del mismo cuerpo normativo, que a pedido de parte, el Tribunal de Apelación tiene la facultad de: “…aclarar algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial, y suplir cualquier omisión en que se hubiere incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas o discutidas en litigio”, en ese sentido los demandados dentro las 24 horas de notificados con el Auto de Vista, tenían la facultad de peticionar se complemente o enmiende sobre las demás acciones reclamadas, al no haberlo hecho han dejado convalidar y precluir ese derecho, que de ningún modo afectó las formas del proceso y sobre todo el derecho a la defensa y el debido proceso, de tal manera el Tribunal de alzada al emitir Resolución lo hizo con la pertinencia del art. 236 con relación al art. 227 del Código Adjetivo, deviniendo en consecuencia sus reclamos en infundados.

En el fondo

Del análisis y la fundamentación del recurso de casación en el fondo, gira en torno  a la decisión asumida por el Juez de primera instancia, al asumir la determinación de declarar improbada la pretensión principal, misma que fue confirmada por el Tribunal de alzada, siendo la controversia la aplicación indebida e interpretación errónea del art. 490 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil, modificado por el art. 28 de la Ley 1760 (Ley de Abreviación Civil y de Asistencia Familiar); a ese efecto corresponde analizar y establecer la naturaleza de la norma precitada.

Sobre el particular el art. 490 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil, modificado por el art. 28 de la Ley 1760 dispone que: “I.- Lo resuelto en el proceso ejecutivo podrá ser modificado en proceso ordinario posterior. II. Este proceso podrá promoverse por cualquiera de las partes una vez ejecutoriada la sentencia, en el plazo de seis meses, vencido este plazo, caducará el derecho a demandar la revisión del fallo dictado en el proceso ejecutivo”.

De antecedentes se tiene que dentro el proceso ejecutivo seguido por Juan Alberto Zegarra Villafuerte contra Cesar Raúl Paliza Terrazas representado por Wilber y Sonia de apellidos Paliza Terrazas, se pronunció Sentencia N° 126/2007 de 12 de junio de 2007, la misma que declaró probada la demanda, condenando a los ejecutados a pagar la suma de $us. 11.293.- (Once Mil Doscientos Noventa y Tres 00/100 Dólares Americanos), por concepto de capital, mas pago de daños y perjuicios computables desde la citación con la demanda y el Auto intimatorio. Asimismo, se advierte de antecedentes, que Wilber y Sonia Paliza Terrazas, recurrieron de apelación de la mencionada Sentencia, emitiéndose fallo de segunda instancia el 20 de agosto de 2007, que confirmó la Sentencia, con dicho Auto de Vista ambas partes fueron notificadas, conforme se tiene establecido. Ahora bien del análisis del art. 490-II del Código Adjetivo Civil, modificado por el art. 28 de la Ley Nº 1760, el plazo para el proceso ordinario posterior, antes de sobrevenirle la caducidad, debe ser computado a partir del día siguiente hábil de la respectiva notificación ya sea con la Sentencia o Auto de Vista, o con el Auto de explicación o complementación, según sea el caso, siendo ése el momento en que la Sentencia queda ejecutoriada a partir del cual corre el plazo establecido de los seis meses a cuya finalización caduca el ejercicio del derecho a demandar la revisión del fallo, debiendo asimilarse que la norma señala la ejecutoria de la Sentencia y no así la fecha de la remisión ni el decreto de cúmplase.

En el sub lite, se tiene que los actores conforme se tiene de antecedentes fueron legalmente notificados con el Auto de Vista de 172/2007 (proceso ejecutivo), en fecha 23 de agosto de 2007, adquiriendo dicha Resolución la ejecutoria ese mismo día toda vez que no existió petición de complementación o enmienda y a partir del día siguiente hábil de la respectiva notificación, fecha desde la cual se computa el plazo para interponer juicio ordinario (seis meses), y no como los recurrentes -de forma errada- entienden que el computo de los seis meses sería desde la emisión del Auto de Vista, mismo que data de fecha 20 de agosto de 2007.

De lo anterior también se dirá, que se tiene establecido claramente que el computo de los seis meses es desde la ejecutoria del Auto de Vista del proceso ejecutivo conforme lo determina el art. 28 de la Ley 1760 y no desde la notificación con el decreto “cúmplase” o la emisión del “Auto de Vista”, no obstante que los de instancia consideraron el plazo para el planteamiento de la acción ordinaria, siendo en consecuencia aplicable el art. 515 del Código de Procedimiento Civil (Autoridad de cosa Juzgada) señalando que: “Las sentencias recibirán autoridad de cosa juzgada: 1) Cuando la ley no reconociere en el pleito otra instancia ni recurso. 2) Cuando las partes consintieren expresa o tácitamente en su ejecutoria”, concordante con el art. 31 de la Ley 1760, que modificó el art. 511 del Código de Procedimiento Civil, disponiendo en su parágrafo II.“Contra la sentencia procede el recurso de apelación y el auto de vista no admitirá recurso de casación”. De lo que se infiere que el proceso ejecutivo no admite recurso de casación, por cuanto como se dijo precedentemente, el plazo para ordinarizar el proceso ejecutivo o coactivo se computa desde la notificación con el Auto de Vista o desde la notificación con la Resolución de complementación y enmienda, siempre y cuando la misma haya sido solicitada dentro del plazo que establece el art. 196 del Código de Procedimiento Civil, ya que al no admitir recurso ulterior, resulta aplicable el art. 515 núm. 1) del Código Adjetivo de la Materia.

De lo manifestado precedentemente se tiene, que los de instancia al declarar la caducidad del presente proceso ordinario con el fundamento de que fue interpuesto fuera del plazo previsto por el art. 28 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar, sin embargo dicha decisión, fue objeto de observación por los hoy recurrentes argumentando de que la demanda que ellos presentaron fue en fecha 20 de diciembre de 2007, misma que se encontraría dentro del plazo establecido por ley, por lo que no hubiese caducado ese derecho; siendo ese su única acusación, en ese aspecto se dirá que el escrito de fecha 20 de diciembre de 2007 de fs. 24 a 26 y vta., se advierte que la misma es una demanda relativa a una “Nulidad de Testimonio de Poder Especial, Amplio y Suficiente consiguiente de documento de reconocimiento de deuda”, en cuyo tenor no se evidencia que los hoy recurrentes, hayan cuestionado el proceso ejecutivo, por lo que al no estar impugnada la Resolución del proceso ejecutivo en el memorial de fs. 24 a 26 y vta.,         consecuentemente siendo aplicable al caso de autos lo determinado por el art. 1514 del Código Civil, que a la letra refiere: “Los derechos se pierden por caducidad cuando no son ejercidos dentro el término de perentoria observancia fijado para el efecto”. Ello significa que la caducidad es la extinción del derecho a la acción por el transcurso del tiempo o por vencimiento del plazo previsto por ley para ese efecto; en otras palabras, si el titular del derecho de accionar deja transcurrir el plazo previsto por ley sin presentar la demanda, se produce la extinción de la acción.

En consecuencia, los de instancia han aplicado correctamente toda la preceptiva con relación a la cosa juzgada material que adquirió la Sentencia del proceso ejecutivo, estableciendo la caducidad del derecho de los ejecutados a objetar lo resuelto en dicho proceso, sin ningún tipo de vulneración, error de interpretación o indebida aplicación, como se acusa en el recurso.

Por lo anteriormente expuesto corresponde emitir Resolución en la forma prevista por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio 2010 y en aplicación a lo previsto por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma como en el fondo de fs. 563 a 565 de obrados, interpuesto por Cesar Raúl Paliza Terrazas, Wilber Paliza Terrazas y Sonia Paliza Terrazas contra el Auto de Vista Nº 093/2011 de 02 de junio de 2011, de fs. 557 a 559, pronunciado por la Sala Civil, Familiar y Comercial de la (entonces) Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí. Sin costas al no existir respuesta.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Rómulo Calle Mamani.