TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 948/2015 - L                                                                 Sucre: 14 Octubre 2015                                                                 Expediente: CB 85 11 S                                                                 Partes: Manuel Ramón Ballón Sosa. c/         Felipe  Víctor, Félix Genaro y Humberto

            Javier Carvajal Matzumura.        

Proceso: Usucapión.                                                                                   Distrito: Cochabamba.


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 525 a 528 vta., interpuesto por Manuel Ramón Ballón Sosa, contra el Auto de Vista Nº REG/SC.II/ZG/ASEN.96/03.03.2011 de 03 de marzo de 2011, de fs. 520 a 521 de obrados, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, en el proceso ordinario de Usucapión Decenal, seguido por Manuel Ramón Ballón Sosa contra Felipe Víctor, Félix Genaro y Humberto Javier Carvajal Matzumura; la respuesta al recurso de fs. 533 a 535;  el Auto de concesión de fs. 540 y vta.; los antecedentes del  proceso, y:

CONSIDERANDO I:                                                                 ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Manuel Ramón Ballón Sosa, por memorial de fs. 3, adjuntando la literal de fs. 2, interpone demanda ordinaria de usucapión decenal contra Felipe Víctor, Félix Genaro y Humberto Javier Carvajal Matzumura, señalando que hace 23 años se encuentra en posesión del inmueble de la extensión superficial de 110.56 m2, ubicado en la zona Nor oeste, calle Santibáñez Nº 0728, Distrito Nº 10, Sub Distrito Nº 7, manzano Nº 158-B de la ciudad de Cochabamba, mismo que le había entregado su tía Gumercinda Ballón Vda. de Matzumura, debido a que un abogado pretendía adueñarse de la casa, señala que es desde entonces que vive en dicho inmueble junto a su familia, siendo el responsable del mantenimiento y utilizando todo el bien en beneficio de su familia, posesión que ha sido pública, pacifica, continuada e ininterrumpida durante el tiempo señalado, además de haber introducido mejoras en el mismo, no existiendo ningún tipo de actitud en su contra ni persona alguna que reclame su posesión, contando con los elementos del Corpus y Animus de su parte. Con tales antecedentes demanda usucapión decenal o extraordinaria del referido inmueble en contra de Felipe Víctor, Félix Genaro y Humberto Javier Carvajal Matzumura, argumentando haberse operado la prescripción adquisitiva en su favor por la posesión aludida, por lo que pide se declare probada su demanda.

Citados los demandados, por memorial de fs. 46 y vta., se apersona el H. Alcalde Municipal de la ciudad de Cochabamba Gonzalo Terceros Rojas, adjuntando documentación que acredita ser propietario de 14.84 m2, misma que se encuentra dentro de la sesión gratuita de terreno que le otorgaron Félix Genaro, Felipe Víctor y Humberto Javier Carvajal Matzumura a favor de la H. Alcaldía Municipal de Cochabamba, mismo que se encuentra registrado en Derechos Reales bajo la partida computarizada Nº 3011990005192 de fecha 10 de agosto de 2000, pidiendo se rechace la demanda de usucapión sobre la superficie de 14.84 m2, por ser de propiedad municipal.

Asimismo de fs. 58 a 61 y vta. Félix Genaro, Humberto Javier y Felipe Víctor Carvajal Matzumura, responden negativamente la demanda y reconvienen por reivindicación más pago de daños y perjuicios.

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez de Partido Un Decimo en lo Civil de la Capital, mediante Sentencia de 24 de septiembre de 2007, cursante de fs. 474 a 478 y vta., declaró improbada la demanda de fa. 3-4, probadas las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad y falta de acción y derecho opuestas por el defensor de oficio de los presuntos interesados y presunto herederos y probada la acción reconvencional planteada por los demandados, disponiéndose la reivindicación del inmueble de propiedad de los demandados, ubicado en la zona Nor oeste, calle Santibáñez Nº 0728, Distrito Nº 10, Sub distrito Nº 7, manzano Nº 156-B de la Provincia del Cercado de Departamento con una extensión superficial de 110.58 m2, debidamente registrado en Derechos Reales, debiendo ser entregado por Manuel Ballón Sosa, a tercer día de ejecutoriado el fallo, bajo conminatoria de lanzamiento, se declara la negación de cualquier derecho de Manuel Ballón Sosa sobre el bien inmueble mencionado, la averiguación del pago de daños y perjuicio en ejecución de sentencia. Sin costas.

Contra esa resolución de primera instancia, el demandante de fs. 482 a 486, interpone recurso de apelación en cuyo mérito la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito de Cochabamba, por Auto de Vista Nº REG/SC.II/ZG/ASEN.96/03.03.2011 de 03 de marzo de 2011, cursante de fs. 520 a 521, anula el Auto de concesión de alzada de 08 de enero de 2008 y declara ejecutoriada la Sentencia apelada, sin costas, resolución recurrida en casación en la forma y en el fondo por la parte demandante, mismo que se pasa a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del Recurso de Casación se tiene lo siguiente:

En la forma:

1.- Acusa que la resolución recurrida, carece de técnica procesal, que no se habría pronunciado sobre ninguna de las pretensiones deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente ante los tribunales inferiores, pues a su criterio el recurso de apelación habría cumplido estrictamente con el mandado del art. 227 del Código de Procedimiento Civil.

2.- Señala que el Auto de Vista impugnado sería impertinente y extra petita, no habría dado cumplimiento al mandato del art. 236 del ordenamiento procesal civil, alega que no se hubiera pronunciado sobre los puntos apelados y fundamentados, mismos que fueron resueltos por el Juez de primera instancia, con el argumento fácil de sostener que el memorial de alzada carecería de fundamentación legal.

3.- Considera que el Auto de Vista sería hibrido en sus fundamentos, ya que por una parte hace consideraciones de forma, como se destaca en los puntos precedentes, para rematar con una resolución inexistente en el lenguaje procesal y las formas de resolución expresamente señaladas por la norma procesal, hace consideraciones de hechos alejados del motivo de la apelación y resolución del Juez de primera instancia, ya que se apeló contra la sentencia pronunciada en un proceso ordinario de usucapión y no contra una Sentencia pronunciado en un proceso de desalojo, demostrando la impertinencia de la resolución recurrida, por tanto extra petita.

En el fondo:

1.- Señala que en fecha 09 de enero de 2007 el Juez de la causa dictó Auto de relación procesal, cursante a fs. 83 de obrados determinando los hechos que el actor y el demandado debían probar. A primera vista salta la contestación a la demanda de fs. 58 a 61, misma que a su criterio no habría cumplido con los requisitos formales exigidos por el art. 346 del Código de Procedimiento Civil, ya que en el primer párrafo previene “contestación a la demanda, además de oponer excepciones previstas en el art. 342”…por lo que debería cumplir con los requisitos expresamente señalados; sin embargo el memorial carecería de excepciones, como consecuencia la parte demandada queda sin medios de defensa que debieran ser probadas en la etapa probatoria.

2.- Alega que el Juez de primera instancia, al declarar improbada la demanda, como no podía ser de otra forma, no menciona los hechos impeditivos, modificativos o extintivos que hubiera probado la parte demandada, aspectos que fueron expresamente reclamados ente el Tribunal de alzada por memorial que cursa en obrados de fs. 515 a 517 y que han sido absolutamente ignorados en el Auto de Vista recurrido, lo que implica que tanto la Sentencia de primera instancia como el Auto de Alzada habrían violado y aplicado indebidamente la ley procesal, afectando al fondo de la cuestión litigada, por consiguiente incurriendo en la causal señalada por el numeral 1) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil.

3.- Señala que es necesario mencionar que el único que debe probar los fundamentos de la demanda es el demandante y no el demandado, quien debe probar las excepciones opuestas a la demanda, así lo dispone el art. 1.283 del Código Civil y 375 del Código de Procedimiento Civil, y al no oponer excepciones a tiempo de responder a la demanda, el demandado no habría probado ningún hecho contrario a las pretensiones expuestas en la demanda, existiendo contradicciones en la resolución de primer grado, asimismo se evidenciaría la malicia con que asevera el Juez de primera instancia al dar valor alegremente a papeles que no tendrían ningún valor legal, refiriéndose a hecho totalmente ajenos al objeto de la litis.

4.- Con relación a que los demandados “han acreditado que estuvieron en posesión de los cuartos interiores del inmueble de su propiedad, los cuales siempre estuvieron bajo su posesión”, hecho acreditados según él por las literales cursantes de fs. 218 a 238. Con referencia a este punto es necesario destacar dos hechos: que en el Auto de relación procesal no existe ningún hecho señalado por el Juez que se refiera a la supuesta posesión de los demandados, no habiendo sido motivo de prueba, menos de discusión en el proceso y con referencia al conjunto de fotografías, considera que serían montadas por los demandados, lo que significa que la Sentencia habría violado el principio de congruencia de la Sentencia al pronunciarse sobre hechos que nunca fueron objeto de prueba, menos de discusión en el proceso.

5.- Aduce que el Juez en la sentencia señala que los demandados  habrían probado que el demandante siempre tuvo la calidad de inquilino, ocupando solo la tienda y trastienda, con uso de lavandería y baño, al efecto insiste que el Juez de la causa se refiere a un hecho que nunca fue objeto de prueba, vulnerado de esta forma los art. 1.286 del Código Civil y 397 de su Procedimiento.

6.- Acusa vulneración del art. 138 del Código Civil, refiriendo que el demandante no habría probado que su posesión haya sido pacifica, continuada e ininterrumpida, al efecto señala que la citada norma no menciona para nada una supuesta posesión pacifica como requisito para procedencia de la usucapión, ya que prevé que la “propiedad de un bien inmueble se adquiere también por solo la posesión continuada durante diez años”, hechos que habrían sido plenamente demostrados.

7.- Acusan que la sentencia de primera instancia, al sostener que los demandados habrían acreditado la procedencia de la acción reivindicatoria, así como la acción negatoria, ordenado la inmediata entrega de su inmueble más el resarcimiento de daños y perjuicios, habrían incurrido en aseveraciones irresponsables, ya que el juez no menciona cuales son las pruebas que sirvieron de fundamento, toda vez que no cursa en el expediente prueba alguna que acredite que los demandados hayan estado en posesión del bien mucho menos que la hayan perdido.

8.- En este punto el recurrente reitera trasgresión del art. 138 del Código Civil, mismo que no exige, ni siquiera por asomo, que para la procedencia de la usucapión, el demandante debe acreditar que haya introducido mejoras, tampoco exige que la posesión debe ser pacifica, estableciendo con claridad que “la propiedad un bien inmueble también se adquiere por solo la posesión continuada durante diez años”.

En merito a lo brevemente expuesto, interpone recurso de casación en el fondo y en la forma  contra el Auto de Vista de 03 de marzo de 2011, pidiendo al Tribunal Supremo de Justicia, rectifique los errores de derecho y de hecho en que han incurrido los tribunales de instancia, anulando obrados o alternativamente casando el Auto de Vista. Con las condenaciones de ley.

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Del análisis y contrastación del recurso en la forma, se advierte que el mismo ataca la resolución anulatoria, bajo los argumentos de que la resolución impugnada no se hubiera manifestado sobre los puntos de apelación.

Al efecto de inicio diremos que el art. 236 del Código Adjetivo Civil, señala que: “El Auto de Vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación y fundamentación….”; norma legal en la que se manifiesta el principio de congruencia, por el cuál la resolución de Alzada en su motivación y fundamentación debe estar dirigida a absolver cada uno de los agravios deducidos en apelación, sin omitir, exceder o alterar el cuadro recursivo que se sustancia. En ese sentido el Tribunal Ad quem a tiempo de resolver la Alzada tiene un marco jurisdiccional sobre el cual debe recaer su decisión. Dicho marco se limita a lo resuelto por el Juez inferior y a los puntos impugnados o agravios expuestos en apelación, pues en estos aspectos radican en la pertinencia y congruencia que debe contener la Resolución de Alzada, lo contrario significaría fallar en ultra, extra y citra petita.

Así también el art. 180.II) de la Constitución Política del Estado, consagra el principio de impugnación que rige en la sustanciación de todo proceso judicial, principio que reconoce el derecho de las partes de pedir a otro juzgador superior en grado revise la resolución del inferior; en este entendido el derecho a impugnar se constituye en el medio a través del cual se fiscaliza no solamente la decisión asumida por el Juez o Tribunal, sino la legalidad de la Resolución, constituyéndose el derecho de impugnación en la petición que se materializa con la emisión de la Resolución que el de Alzada ha de emitir, dando una respuesta fundamentada y motivada a los agravios que generaron la impugnación.

En el caso presente, emitida que fue la Sentencia de primera instancia de 24 de septiembre de 2007, misma que declaro improbada la demanda, probadas las excepciones perentorias opuestas por el defensor de oficio contra la demanda y probada la demanda reconvencional, a cuyo efecto el demandante Manuel Ramón Ballón Sosa interpuso recurso de apelación contra la mencionada Sentencia (fs. 474 - 478 vta.), bajo los siguientes agravios entre otros; falta de correcta valoración de las pruebas, considera inexistente la prueba de fs. 218 238, con las que los demandados reconvencionistas hubieran probado su posesión, acusa no haberse tomado en cuenta las declaraciones de sus testigos referidas a la introducción de mejoras y su posesión en el inmueble son perturbación alguna, por tanto se habrían obviado hechos probados y presentados por su parte, agravios que resultan ser claros.

Apelación que en análisis y contrastación con el Auto de Vista recurrido se tiene que el mismo no contiene un análisis congruente con lo resuelto en Sentencia ni responde a los agravios denunciados por el ahora recurrente.

Del examen del Auto de Vista impugnado se evidencia que el Ad quem al anular el Auto de concesión de  Alzada y declarar ejecutoriada la sentencia,  lo hizo bajo el argumento de que “la apelación carece de la fundamentación exigida por las normas legales citadas y obvia las características propias de una expresión de agravios, toda vez que no existe análisis crítico del fallo de primera instancia, con exposición de motivos y razones de hecho y de derecho que amerite consideración alguna de agravios sufridos; el apelante se limita a manifestar que el juzgador al emitir la sentencia no ha realizado una correcta valoración de las pruebas, por lo que le causa agravios por la injusta sentencia…” En este contexto el Tribunal de Alzada habría fundado su decisión en la inexistencia de fundamentación que amerite la consideración del recurso, obviando dar respuesta a los agravios denunciados en el recurso de apelación, no habiendo sido resueltos por los de Alzada, por consiguiente esta resolución resulta ser incongruente y vulneratoria del art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Al margen debemos considerar que el derecho a impugnar se constituye en el medio a través del cual se fiscaliza no solamente la decisión asumida por el Juez o Tribunal, sino la legalidad de la resolución, este debe ser materializado dando una respuesta fundamentada y motivada a todos y cada uno de los agravios que generaron la impugnación el en recurso de apelación.

En mérito a lo precedentemente analizado, siendo la resolución impugnada anulatoria no corresponde pronunciarse sobre el recurso de casación en el fondo interpuesto por el recurrente.

Por todo lo expuesto, corresponde a este Supremo Tribunal fallar en la forma prevista por los arts. 271 num. 3) 275 con relación al art. 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42. I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 del 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 num. 3) con relación al art. 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Nº REG/S.CII/ZG/ASEN.96/03.03.2011 de 03 de marzo de 2011, que cursa de fs. 520 a 521, disponiendo que previo sorteo y sin espera de turno, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Cochabamba, emita nueva Resolución, en sujeción a lo dispuesto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Siendo excusable el error no se impone multa.

En aplicación del art. 17.IV de la Ley Nº 025, notifíquese al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.