TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                                         S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 942/2015 - L                                                                 Sucre: 14 de octubre 2015                                                         Expediente: LP8511S                                                                                    Partes: Corporación Industrial “Sabaya” S.R.L. (CORINSA S.R.L.) representada

             por Omar Eid Montaño.          c/ Banco de Crédito de Bolivia S.A.

             representado por Diego Cavero Belaunde.

Proceso: Incumplimiento de contrato y pago de daños y perjuicios.

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 451 a 453, interpuesto por Corporación Industrial “Sabaya” S.R.L. (CORINSA S.R.L.) representada por Omar Eid Montaño, impugnando el Auto de Vista Nº 288/2011 de fecha 06 de junio de 2011 de fs. 445 a 446 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la ex Corte Superior de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de Incumplimiento de contrato y pago de daños y perjuicios, seguido por Corporación Industrial “Sabaya” S.R.L. (CORINSA S.R.L.) representada por Omar Eid Montaño contra Banco de Crédito de Bolivia S.A. representado por Diego Cavero Belaunde, la contestación de fs. 472 a 473, la concesión de fs. 474, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:                                                                 ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Décimo Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, dictó la Sentencia Nº 292/2010 de fecha 06 de mayo de 2010 de fs. 394 a 400, declarando Probada la demanda de fs. 64 a 66 de obrados, interpuesta por Corporación Industrial “Sabaya” S.R.L. (CORINSA S.R.L.) representada legalmente por Omar Eid Montaño, con costas, y en su mérito dispone lo siguiente: a) La devolución por parte del “Banco de Crédito de Bolivia S.A.” a favor de la “Corporación Industrial SABAYA S.R.L. (CORINSA S.A.)”, la suma de $us. 179.655.84, dentro de tercero día de ejecutoriado el presente fallo. b) El pago de daños y perjuicios reclamados, cuyo monto se determinará en ejecución de sentencia.  

Resolución de primera instancia que es apelada por la parte demandada por memorial de fs. 424 a 427, que mereció el Auto de Vista Nº 288/2011 de 06 de junio de 2011, de fs. 445 a 446 y vta., que Revoca la Sentencia Nº 292/2010 de 06 de mayo de 2010 de fs. 394-400 y deliberando en el fondo declara Improbada la demanda principal en todas sus partes, consiguientemente sin lugar al pago de daños y perjuicios. Resolución de alzada que es recurrida de casación en el fondo por la parte demandante, que obtiene el presente análisis.

CONSIDERANDO II:                                                                         DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

De forma resumida se pasa a detallar los fundamentos de agravio que expone la parte recurrente:

1. Acusa la violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley; manifestando que el Auto de Vista recurrido, viola el art. 856 del Código de Comercio, porque esta disposición legal en forma clara expresa y terminante, determina que la venta CIF, es siempre con seguro, el que se encuentra a cargo de vendedor, empero al no haberse llenado la casilla de seguro en el formulario de la carta de crédito, se habría aceptado que la operación CIF era sin seguro, primero porque al existir disposición legal especial, no se pueden explicar normas subsidiarias por la claridad de esta disposición.

En el Auto de Vista recurrido se ha violado también el art. 859 del Código de Comercio, porque lo que se ha demandado es la responsabilidad de este Banco por no haber exigido al vendedor la presentación de la póliza de seguro, como condición previa a efectuar el pago del importe de la Carta de Crédito, puesto que si se hubiera solicitado el seguro, existiría un documento idóneo en base al cual CORINSA S.R.L. hubiera podido activar sus reclamaciones por la no entrega o transporte de la mercadería.

Acusa que también se ha incurrido en violación del art. 1394 del Código de Comercio, señalando que al ser una operación CIF la pactada entre la empresa que representa y la Agencia Antillana de República Dominicana, inexcusablemente el Banco de Crédito tenía en todo momento la obligación de exigir la presentación de la Póliza de Seguro con carácter previo a efectuar el pago, al no haberlo hecho, se genera su negligencia culposa por no haber cumplido con sus especificas obligaciones determinadas en esta disposición legal.

El art. 1400 num 2) del Código de Comercio, al no haber exigido el Banco de Crédito la póliza de seguro, es evidente que no han cumplido con esta obligación expresa, por lo que, en el Auto de Vista recurrido, se ha incurrido también en violación directa de esta disposición.

En el Auto de Vista recurrido, se determina la inexistencia de responsabilidad del Banco de Crédito, fundamentando la misma en el art. 1408 del Código de Comercio, citado incorrectamente, puesto que el texto transcrito en el Auto de Vista corresponde al art. 1407 del Código de Comercio; esto implica una aplicación e interpretación errónea de la ley, por el contrario el art. 1405 del Código de Comercio determina la responsabilidad del Banco en caso de que no se haya cuidado escrupulosamente que los documentos presentados por el beneficiario “tengan la regularidad establecida por la carta comercial de crédito”; y si el Banco no ha solicitado la póliza de seguro en una operación CIF, con carácter previo a efectuar el pago del importe de la Carta de Crédito, su responsabilidad es indiscutible.

2. Denuncia disposiciones contradictorias; manifestando que el Auto de Vista por un lado se fundamenta en el art. 1338 del Código de Comercio, que determina las obligaciones del Banco de pagar a un tercero contra entrega de los documentos exigidos, para luego determinar que “no especifica por quien será cubierto el seguro dejando en blanco el casillero correspondiente”, para luego aplicar las disposiciones del Código Civil relativos a la eficacia de los contratos y concluir que CORINSA habría aceptado que era una operación sin seguro. Este aspecto además de demostrar que los Vocales han actuado con excesiva ligereza al revocar la sentencia pronunciada, demuestra un desconocimiento total de lo expresamente dispuesto en los arts. 856 y 859 del Código de Comercio.

3. Acusa error de hecho en la apreciación de las pruebas; puesto que no han considerado que han demostrado que la operación pactada entre CORINSA y Agencia Antillana, era bajo los términos CIF, que el Banco de Crédito no ha demostrado ninguno de los puntos de hecho fijados en el Auto de Relación Procesal, para limitar su análisis al no llenado de una casilla en el formulario de fs. 51, pese a que en el mismo se determina expresamente en el ítem términos de entrega “CIF: Coste, Seguro y Flete”, la sola inclusión de estos términos, sin hacer ninguna otra referencia a los demás medios probatorios producidos por la parte actora dentro del proceso, ya demostraba por si solo que la operación incluía un seguro, el cual debió ser exigido por el Banco de Crédito, antes de proceder al pago del importe de la Carta de Crédito.

Por expuesto, solicita casar el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo declarar la demanda, con los fundamentos legales expuestos en la correcta y meditada sentencia.

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:       

Habiéndose interpuesto recurso de casación en el fondo, se pasa a absolver los agravios deducidos en el orden que fueron interpuestos.

1. Respecto a su denuncia de violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley; así como en relación a su denuncia de disposiciones contradictorias, corresponde realizar las siguientes consideraciones:

1.1. El Código de Comercio en sus arts. 1 y 786, dispone la aplicación por analogía y supletoriamente a los negocios comerciales, los principios y normas de los contratos y obligaciones, así como la prueba, regulados, respectivamente por el Código Civil y Código de Procedimiento Civil.

En esa permisibilidad del compilado comercial, el art. 519 (Eficacia del contrato) del Código Civil dispone que “El contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. No puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por la ley”, asimismo el art. 520 (Ejecución de buena fe e integración del contrato) del mismo sustantivo, determina que: “El contrato debe ser ejecutado de buena fe y obliga no sólo a lo que se ha expresado en él, sino también a todos los efectos que deriven conforme a su naturaleza, según la ley, o a falta de ésta según los usos y la equidad”.

Por su parte, el Art. 803 (Buena fe en los contratos) del Código de Comercio, dispone que: “En todo contrato se presume la buena fe y, en consecuencia, obliga no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino también en lo correspondiente a la naturaleza de los mismos según la Ley, la costumbre o la equidad”.

De la relación normativa precedentemente efectuada, se conoce que las partes deben concurrir al negocio jurídico voluntario de buena fe, y expresar en el contrato los términos convenidos de forma clara, expresa y concreta, toda vez que el contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes, es más los efectos de los contratos no solo alcanzan a las cosas o hechos expresados en ellos como objeto determinado o determinable, sino también respecto de todo lo que por imperio de la ley, de los usos o de la equidad corresponde a la naturaleza del contrato, en esa medida el contrato será interpretado por el juzgador en el marco de la equidad y de la buena fe.

1.2. Ahora bien, respecto a las Cartas de Crédito (o Cartas Ordenes de Crédito) el Art. 1338 (Concepto) del Código de Comercio, dispone que: “Por la carta de crédito el Banco otorgante instruye a otro Banco o corresponsal para que entregue a la vista, a un tercero beneficiario, una cantidad fija de dinero o cantidades hasta la suma señalada como límite…”.

El art. 1408 (Aplicación supletoria de las Reglas de Usos Uniformes de los Créditos Documentarios) del Código de Comercio, al referirse a la sección II (Créditos documentarios (Acreditivos) del capítulo IV, del título VII, del Libro Tercero del Código referido, dispone que: “En cuanto a lo no previsto en esta Sección, se aplicarán, supletoriamente, las "Reglas y Usos Uniformes de los Créditos Documentarios", de última revisión”; haciéndose de esta manera aplicable en el presente caso de autos las Reglas y Usos Uniformes de los Créditos Documentarios Publicación 500.


Las Reglas y Usos Uniformes de los Créditos Documentarios Publicación 500 en su art. 2, nos trae una DEFINICION DE CREDITO concretando que: “A efectos de los presentes artículos, las expresiones "Crédito/s", se refieren a todo acuerdo, cualquiera que sea su denominación o descripción, por el que un banco ("Banco Emisor"), obrando a petición y de conformidad con las instrucciones de un cliente ("Ordenante") o en su propio nombre: I. se obliga a hacer un pago a un tercero ("Beneficiario") o a su orden, o a aceptar y pagar efectos librados por el Beneficiario, o, II. autoriza a otro banco para que efectúe el pago, o para que acepte y pague tales efectos, o, III. autoriza a otro banco para que negocie, contra la entrega del/de los documento/s exigido/s, siempre y cuando se cumplan los términos y las condiciones del Crédito. A los efectos de los presentes artículos, las sucursales de un banco en países diferentes se considerarán como otro banco”. Por su parte el art. 3 al referirse a los CREDITOS/CONTRATOS establece que: “a. Los Créditos son, por su naturaleza, operaciones independientes de las ventas o de cualquier otro contrato en los que puedan estar basados y a los bancos no les afectan ni están vinculados por tal/es contrato/s, aun cuando en el Crédito se incluya alguna referencia al/a los mencionado/s contrato/s. Por lo tanto, el compromiso por parte de un banco de pagar, aceptar y pagar efecto/s o negociar y/o cumplir cualquier otra obligación incluida en el Crédito no está sujeta a reclamaciones o excepciones por parte del Ordenante, resultantes de sus relaciones con el Banco Emisor o con el Beneficiario. b. El Beneficiario no podrá, en ningún caso, hacer uso de las relaciones contractuales existentes entre los bancos o entre el Ordenante y el Banco Emisor” (las negrillas son nuestras).

En interpretación de Carlos Morales Guillen la carta de crédito o carta de crédito mercantil “es una orden de pago dirigida por una persona, denominada dador, a otra que es el destinatario, a efecto de que entregue a un tercero o beneficiario, designado en la misma, determinada cantidad fija o varias cantidades indeterminadas de dinero, con un límite máximo que se señala en el documento…La determinación de su naturaleza jurídica, puede corresponder a la de una operación de crédito, o a la de un simple servicio bancario de mediación de pagos, según la alternativa que se haya estipulado en conformidad con lo dispuesto por el art. 1341”. Concluyendo que la carta de crédito ha de ser necesariamente nominada, según doctrina uniforme.

1.3. En el caso de autos de fs. 51 de obrados se conoce que la parte ahora actora Corporación Industrial “Sabaya” S.R.L. (CORINSA S.R.L.) ha solicitado a la parte demandada Banco de Crédito de Bolivia S.A. que se emita una carta de crédito irrevocable a su favor, con las características detalladas en el compromiso y en cuanto se refiere a los términos de entrega expresan el término CIF, sin embargo en la parte que corresponde a otros documentos o condiciones adicionales no se especifica por quien será cubierto el seguro dejándose en blanco el casillero correspondiente. Deduciéndose en consecuencia que en este convenio la parte actora no ha concretado de manera clara y expresa por quien sería cubierto el seguro, ingresando de esta manera en omisión e incertidumbre al respecto.

Las Reglas y Usos Uniformes de los Créditos Documentarios Publicación 500 en su art. 20 sobre la AMBIGUEDAD CON RESPECTO A LOS EMISORES DE DOCUMENTOS refiere: “a. No deben emplearse expresiones tales como "primera clase", "bien conocido", "cualificado", "independiente", "oficial", "competente", "local" y similares para describir a los emisores de cualquiera de los documentos a presentar en utilización del Crédito. Si se incorporan tales expresiones en el Crédito, los bancos aceptar n los correspondientes documentos tal y como les sean presentados, siempre que, aparentemente, cumplan los demás términos y condiciones del Crédito y no hayan sido emitidas por el Beneficiario…”; asimismo el art. 21 al referirse a la INCONCRECION SOBRE EMISOR O CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS establece: Cuando se exijan documentos diferentes de los documentos de transporte, documentos de seguros y facturas comerciales, el Crédito debe estipular quién debe emitir tales documentos y su redacción o los datos que deben contener. Si el Crédito no lo estipula, los bancos aceptarán dichos documentos tal y como les sean presentados, siempre que los datos que contengan no sea incongruentes con cualquier otro documento estipulado que se presente”. Por su parte en su art. 35 referido al TIPO DE COBERTURA DEL SEGURO dispone que: “a. En los Créditos debe estipularse el tipo de cobertura que se requiere y, en su caso, los riesgos adicionales a cubrir. No se deben usar términos imprecisos tales como "riesgos habituales" ("usual risks") o "riesgos corrientes" ("customary risks"). Si se usaran, los bancos aceptar n los documentos de seguro tal y como se les presenten, sin asumir responsabilidad alguna frente a cualquier riesgo no cubierto. b. A falta de instrucciones específicas en el Crédito, los bancos aceptar n los documentos de seguro tal como les sean presentados, sin asumir responsabilidad alguna frente a cualquier riesgo no cubierto” (las negrillas son nuestras). De donde se infiere que las normas descritas en “Las Reglas y Usos Uniformes de los Créditos Documentarios” Publicación 500, salvan estipulación contraria en el Crédito.

1.4. En relación a lo anterior, corresponde señalar que si bien al contrato internacional de venta contra entrega de documentos que hubo suscrito Corporación Industrial “Sabaya” S.R.L. (CORINSA S.R.L.) con la Empresa Agencia Antillana H Barkhausen & CO. S.A., se hace aplicable el art. 856 (Venta "CIF") del Código de Comercio que señala: ”La venta “costo, seguro y fletes” (CIF), es la señalada en el artículo anterior, pero incluyendo además el seguro a cargo del vendedor. Extremo que es ratificado por el inc. 2) y 3) del art. 859 (Obligaciones del vendedor "CIF") del Código de Comercio que disponen: ”El vendedor, en la venta "CIF", está obligado:…2) A tomar un seguro por el valor total de la mercadería objeto del contrato, aumentando en un diez por ciento conforme se acuerde, a favor del comprador o de la persona por éste indicada y obtener del asegurador la póliza o certificado correspondiente;  3) A entregar al comprador o a la persona designada por éste los documentos referidos en este artículo y los necesarios conforme a los usos y prácticas comerciales;…”.

Carlos Morales Guillen, en su Obra "Código de Comercio, Concordado y Anotado", segunda edición, Edit. Gisbert, La Paz Bolivia 1999, pág. 874, al realizar el comentario correspondiente del inc. 2) y 3) del art. 859  señala: "...El seguro para las mercaderías embarcadas debe ser tomado por el vendedor…El certificado de seguro debe reproducir la póliza de una manera suficiente para dar al portador los mismos derechos que ésta da, según la Regla 13, II de Varsovia.

La remisión de los documentos (inc. 3) al comprador, por parte del vendedor, debe hacerse conforme se ha estipulado en el contrato y, en su defecto, según indica el inc. Fundamentalmente: los que acreditan el embarque de la mercadería (conocimiento), la factura que la detalla, el comprobante del flete pagado y el documento que acredita el seguro. Además los documentos adicionales, llamados también atestativos (Messineo)…La remisión debe hacerse de inmediato. Si la documentación no concuerda con las estipulaciones contractuales, el comprador puede rechazarla (Regla 9 de Varsovia). La obligación de remitir los documentos es inexcusable aun en el caso en que las mercaderías se hayan perdido o averiado (Regla 18 de Varsovia)” (las negrillas y el subrayado son nuestras).

De donde se infiere que en la venta CIF el seguro para las mercaderías embarcadas debe ser tomado por el vendedor, es decir que el seguro corre a cuenta del vendedor, sin embargo se dispone también que una vez efectuada la remisión de los documentos si estos no concuerdan con las estipulaciones contractuales, el comprador puede rechazarlas, toda vez que la transferencia de la propiedad se entiende hecha por la entrega de los documentos inherentes, desde cuyo momento los riesgos corren por cuenta del comprador. Es más, conforme complementa Carlos Morales Guillen, la regla 14 de Varsovia, autoriza al comprador que tenga conocimiento de que el vendedor no ha hecho asegurar la mercadería, hacerla asegurar él, a cargo del vendedor.

En consecuencia correspondía a la parte actora una vez que le hubieren remitido los documentos y puestos a su conocimiento (fs. 56), observarlos, rechazarlos y solicitar o exigir su complementación, sin embargo solo ordena al Banco de Crédito el débito de su cuenta de la suma de $us. 182.000.- para cubrir el pago total de capital e intereses del crédito que le hubo otorgado el Banco para cubrir el pago de la Mercadería a la Empresa Agencia Antillana H Barkhausen & CO. S.A., lo que es cumplido por el primero conforme se evidencia de fs. 57, es más CORINSA acepta todas las discrepancias que puedan existir en la carta de crédito (fs. 117 y 191 a 192). Consintiendo de esta manera su omisión, porque no reclamó en su oportunidad su ausencia, más al contrario dió su conformidad con las discrepancias de la Carta de crédito.

No obstante, ninguna de estas disposiciones legales supra referidas, ni las disposiciones normativas consignadas en los arts. 1394, 1400 del Código de Comercio, establecen que el acreditante (Banco) será responsable del seguro, sino que se dispone que el seguro es de responsabilidad exclusiva del vendedor (beneficiario) ante quien el comprador en caso de incumplimiento puede ejercitar las acciones que sean convenientes en resguardo a sus derechos, cuya omisión sin embargo podía ser reclamada por el adquiriente antes del cumplimiento de su obligación al acreditante, y en su caso, cumplir con el seguro a cuenta del vendedor.

1.5. Ahora bien, el Art. 1407 (Carta de crédito y transacción en que se basa) del Código de Comercio prescribe que: “La carta de crédito por su naturaleza es diferente al contrato de compra-venta o relación sobre el cual haya de aplicarse el crédito abierto. Por esta circunstancia, ni el Banco que extendió la carta ni el corresponsal, en su caso, contraen ninguna responsabilidad en cuanto a la forma, suficiencia, exactitud, autenticidad, o efecto legal de algún documento concerniente a dicho contrato. Tampoco en cuanto a la designación, cuantía, peso, calidad, condiciones, embalaje, entrega o valor de las mercaderías que representan los documentos, ni en lo referente a las condiciones generales o particulares estipuladas en la documentación, a la buena fe o a los actos del remitente o cargador o de cualquier otra persona. Igualmente no contrae ninguna responsabilidad en lo relativo a la solvencia y reputación de los encargados del transporte o de los aseguradores de las mercaderías”, asimismo el art. 15 de las “Reglas de Usos Uniformes de los Créditos Documentarios”, dispone la exoneración respecto a la validez de los documentos cuando prescribe: “Los bancos no asumen obligación o responsabilidad respecto a la forma, suficiencia, exactitud, autenticidad, falsedad o valor legal de documento alguno, ni respecto a las condiciones generales o particulares que figuren en los documentos o que se añadan a ellos; tampoco asumen obligación o responsabilidad alguna por la descripción, cantidad, peso, calidad, estado, embalaje, despacho, valor o existencia de las mercancías representadas por los documentos, ni tampoco respecto a la buena fe, a los actos y/o las omisiones, a la solvencia, al cumplimiento de las obligaciones o a la reputación de los expedidores de los transportistas, de los porteadores, de los consignatarios o de los aseguradores de las mercancías o de cualquier otra persona quien quiera que sea” (Las negrillas so nuestras). Restando de esta manera las disposiciones normativas señaladas responsabilidad del acreditante en relación al efecto legal de algún documento concerniente a dicho contrato.


De donde se concluye que Corporación Industrial “Sabaya” S.R.L. (CORINSA S.R.L.), suscribió un acreditivo (carta de crédito) en donde no se consignó de manera expresa el seguro, por lo que ante dicha omisión una vez que el acreditante le presentó la documentación que efectivizaba el contrato de compra venta, no rechazó ni exigió su complementación, oportunidad que habría servido para que el acreditante cumpla con su obligación de presentarle la póliza de seguro, sin embargo no lo hizo más al contrario ordenó el débito de su caja de ahorros para efectivizar el pago total del crédito obtenido del Banco emisor, es más dió su conformidad con las discrepancias de la carta de crédito, consintiendo de esta manera su omisión, con lo que también dió por cumplido la obligación del Banco emisor, por lo que en ese antecedente no puede fundar su pretensión en su propia falta u omisión. Lo que hace infundado su reclamo.

2. Sobre su denuncia de error de hecho en la apreciación de las pruebas.

En relación de este agravio corresponde precisar, que la valoración de los hechos y de las pruebas es una facultad privativa de los jueces de grado, si bien la parte ahora recurrente funda su denuncia en error de hecho, sin embargo éste último debe evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador. En la especie, la parte recurrente solo refiere que no se ha realizado una correcta  apreciación de los demás medios probatorios producidos por la parte actora dentro del proceso; empero, no cumple con el art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, es decir que no especifica en que consiste la violación, falsedad o error, especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente, lo que hace inconsistente el agravio denunciado.

De lo precedentemente examinado se concluye que el Tribunal de segunda instancia ha fallado de forma correcta y en el marco de la ley, haciéndose de esta manera infundados los agravios denunciados.

Por lo expuesto, corresponde emitir resolución en la forma prevista en el art. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los Arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 451 a 453, interpuesto por Corporación Industrial “Sabaya” S.R.L. (CORINSA S.R.L.) representada por Omar Eid Montaño, que recurren del Auto de Vista Nº 288/2011 de fecha 06 de junio de 2011 de fs. 445 a 446 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la ex Corte Superior de Justicia de La Paz. Con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.