TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                        S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 937/2015 - L

Sucre: 14 de Octubre 2015         

Expediente: SC-102-11- S

Partes: Marcelino Díaz Murillo representado legalmente por su abogado Juan

            Carlos Urenda Díaz c/ José Enrique Vásquez Zambrano

Proceso: Cumplimiento de obligación y cobro de dinero adeudado

Distrito: Santa Cruz

       

VISTOS: El recurso de casación en la forma d e fs. 379 a 383 y vta., interpuesto por Juan Carlos Urenda Díaz en representación de Marcelino Díaz Murillo, contra el Auto de Vista de fecha 27 de abril 2011, cursante de Fs. 372 a 373 y vta., emitido por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario de Cumplimiento de obligación y cobro de dinero adeudado, seguido por el recurrente contra José Enrique Vásquez Zambrano; la concesión de fs. 389, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez Décimo de Partido en lo Civil y Comercial, el 14 de septiembre de 2010, pronunció Sentencia, cursante de fs. 335 a 339 y vta., declarando Probada la demanda principal de CUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA SUMA DE $US.- 627.516,00 (SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECISIES 00/100 DOLARES AMERICANOS) MAS PAGO DE INTERESES LEGALES, DAÑOS Y PERJUICIOS POR LUCRO CESANTE, interpuesta por Marcelino Díaz Murillo.  Se declaró Improbada, tanto las excepciones perentorias, como la demanda reconvencional interpuesta por JOSE ENRIQUE VAZQUEZ ZAMBRANO, por dicho motivo se conminó al demandado que al tercer día de ejecutoriada la Sentencia, cancele al suma de $us.- 627.516,00 SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECISIES 00/100 DOLARES AMERICANOS), más el pago de intereses legales, daños y perjuicios por lucro cesante a ser cuantificado en ejecución de Sentencia, bajo prevenciones de en caso de incumplimiento se proceda la subasta y remate de los bienes embargados o por embargarse y que se reconozca ser de propiedad del demandado, para que con el producto de su venta se pague al demandante.

Contra la Resolución de primera instancia, el demandado, presentó recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz el 27 de abril de 2011 emitió el Auto de Vista por el cual anula obrados hasta fs. 43, debiendo el Juez inferior, fijar un plazo prudencial conforme al art. 333 del Código Adjetivo Civil para que la parte demandante presente poder legal especial y suficiente conforme determina el art. 62.II del Código de Procedimiento Civil.

Contra el Auto de Vista indicado, el demandante, interpuso recurso de casación en la forma, el mismo que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

1.- Luego de realizar un resumen de los antecedentes más importantes del proceso, la parte recurrente, mediante un recurso de casación en la forma acusa la infracción del art. 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil, indicando que el Tribunal de Alzada vulneró el principio de congruencia, toda vez que el Auto de Vista debió limitarse únicamente a los agravios que fueron expuestos en apelación, el Tribunal de Alzada no puede suplir la omisión de la parte lesionada, vulnerando la imparcialidad al suplir la omisión de la parte apelante, máxime si se considera que el demandado planteó excepción de impersonería que fue declarada improbada mediante Auto de fecha 14 de octubre de 2006, de fs. 98, encontrándose dicha Resolución ejecutoriada.

2.- En otro punto vuelve a reiterar que el demandado no expuso como agravio la ausencia o insuficiencia de personería del demandante porque al haber sido rechazada la excepción de impersonería mediante Auto de fs. 98 el mismo no fue apelado en el efecto diferido, menos fundamentado en el recurso de apelación, por dicho motivo la Sala Civil Segunda no podía pronunciarse sobre un hecho que no fue invocado en el recurso de apelación, por lo que ha incurrido en la causal de casación en la forma prevista por el art. 254 num. 4) del C.P.C., otorgando más allá de lo pedido, incurriendo en una violación flagrante de la norma.

3.- Acusa la infracción del principio de especificidad de las nulidades, indicando que la supuesta insuficiencia de poder no constituye causal de nulidad.

4.- Finalmente indica que el contenido del Poder Notarial Nº 086/2006 individualiza de manera expresa, taxativa e inequívoca la presente acción, por cuanto menciona inclusive el número de IANUS y el número de expediente con el cual el proceso había sido radicado inicialmente ante el Juzgado 6to de Partido en lo Civil, lo que implica, de manera absoluta, la autorización para proseguir con el proceso ordinario sobre cumplimiento de obligación que fuera interpuesto sobre la base de las letras de cambio impagas que son la base del presente proceso.

Peticionando que se anule el Auto de Vista, restituyendo los derechos legalmente constituidos de su mandante y restableciendo el orden jurídico que debe regir los proceso, ordenándose se emita nuevo Auto de Vista con la pertinencia y congruencia que exige el art. 227 del C.P.C.

CONSIDERANDO III: 

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Establecidos los puntos que objeta en su recurso de casación en la forma, se deberá tener presente lo siguiente:

Que, el Auto de Vista de fecha 27 de abril de 2011 estableció en relación a los dos poderes cursantes en obrados (982/2005 y 086/2006) que: “…los poderes acompañados en obrados, si bien manifiestan ser poderes especiales, sin embargo los mismos son expresos en cuanto su contenido, ya que el instrumento para ser tal debió establecerse en forma fáctica el total de las sumas de dinero demandada en cumplimiento de obligaciones o en el peor de los casos expresarse que el cumplimiento de obligación emerge del incumplimiento en el pago de letras de cambio, pero de ninguna manera omitirse tal requisito, puesto que de ser así, estaríamos condicionando el objeto del instrumento a simples suposiciones, ya que el “cumplimiento de obligación” expresado en el poder de representación, no está determinado a qué tipo de acto se refiere el cumplimiento de obligación…” (La negrilla y el subrayado nos pertenece) líneas más abajo en el Auto de Vista el Tribunal Ad quem, en relación a la falta de especificación considera que: “…cabe mencionar que tal omisión le resta fuerza jurídica a dicho instrumento al no encontrase consignado el objeto mismo del cumplimiento…”.  Además establece que: “…el poder para representar en proceso expresando el objeto debe ser determinado, como prevé el numeral II del citado Art. 62 del C.P.C. o que por la naturaleza del proceso la ley exija la intervención personal del interesado, de lo que se concluye que la representaron de la parte demandante a la presente fecha es inexistente por no existir legitimidad para accionar en demanda de cumplimiento de obligación sobre letras de cambio.” (sic.)

Del análisis efectuado por el Tribunal de alzada, como instancia casacional nos obliga a revisar el tenor integro de los poderes observados, el primero cursante de fs. 1 a 3 y vta., (Nº 982/2005 de fecha 19 de diciembre) y el segundo de fs. 39 a 41 vta. (Nº 086/2006 de fecha 31 de enero); respecto al primer poder, se tiene que: Marcelino Díaz Murillo otorga poder especial y suficiente al señor Juan Carlos Urenda Díaz para realizar toda clase de representación, en dicho mandato se detalla una serie de actividades que puede realizar el apoderado, tanto judiciales como administrativas, pero en ningún momento se señala la posibilidad de iniciar de manera textual demanda de cumplimiento de obligación y cobro de dinero adeudado en el monto concerniente a $us.- 627.516,00 (SEICIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS), más interés legales a cuantificarse desde el día de vencimiento de cada letra de cambio a la fecha, lucro cesante, daños y perjuicios, más el pago de costas procesales.

De la misma forma, de la revisión del segundo poder, otorgado también por Marcelino Díaz Murillo a favor de Juan Carlos Urenda Díaz, se evidencia que es otorgado: “…sin límite ni excepción, en el o los juicios que deba iniciar Marcelino Díaz Murillo o que se inicien contra él por o contra José Enrique Vásquez Zambrano, u otro tercero que resultare vinculado directa o indirectamente a la causa de cumplimiento de obligación y cobro de dinero adeudado, signada con el número 05/2006, radicada en el Juzgado 6º de Partido en lo Civil del Distrito Judicial de Santa Cruz…”, poder donde evidentemente se tiene una mejor especificación sobre la demanda que nos interesada y los datos del demandado; sin embargo, este poder al igual que el primero  tampoco señala el monto a ser cumplido en la demanda, es más en ninguno de los poderes descritos se otorga poder especial y bastante para el cobro de los $us.- 627.516,00 (SEICIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS), más interés legales a cuantificarse desde el día de vencimiento de cada letra de cambio a la fecha, lucro cesante, daños y perjuicios, más el pago de costas procesales.  Situación que fue observada por el Tribunal de alzada, que a decir fuere de una exagerada fundamentación, esta adquiere sentido en virtud a que los poderes descritos, para el caso concreto, resultan ser demasiado generales, no indican monto y cobro alguno de las letras de cambio debatidas en la litis, menos el cobro de intereses legales, lucro cesante, daños y perjuicios que sin duda otorgan viabilidad a considerar la falta de especificidad de los mismos (poderes), mandatos que resultan para la importancia de la presente litis, muy universales para sustentar la presente demanda.

En ese entendido, al no haber desvirtuado la parte recurrente los motivos y razones por los cuales se omitió dicha especificación en los poderes objetados por el Tribunal de Alzada, no resulta atendible el agravio de vulneración del Ad quem al principio de congruencia y especificidad, toda vez que con la facultad fiscalizadora que en su momento coyuntural le otorgaba el art. 15 de la Ley de Organización Judicial “Revisión de Oficio”, la autoridad de segunda instancia, tomó la decisión de anular obrados, la misma que se encuentra debidamente fundamentada en sus motivos y razones que impulso al Tribunal de Alzada a observar los poderes descritos en la presente Resolución, situación que de ninguna manera vulnera el principio de congruencia o especificidad extrañado por el recurrente.

Por otro lado, uno de los agravios expuestos por la parte recurrente, es el relativo a que el demandado presentó en la litis excepción de impersonería, la misma que fue resuelta por el Juez A quo declarando improbada (fs. 98 y vta.), lo que demostraría que la observación realizada por el Tribunal Ad quem, ya hubiese sido resuelto por el Juez A quo y esa Resolución no habría sido apelada por la parte interesada, adquiriendo calidad de cosa juzgada; al respecto, se debe considerar que, dicha Resolución emitida por el Juez A quo, no impide que el Tribunal de Alzada de oficio efectúe la revisión de obrados, situación que se presenta en el caso de Autos donde el Auto de Vista observa concretamente las especificaciones de los poderes, donde a criterio del Tribunal de alzada no se estableció “…en forma fáctica el total de las sumas de dinero demandada en cumplimiento de obligaciones o en el peor de los casos expresarse que el cumplimiento de obligación emerge del incumplimiento en el pago de letras de cambio…”, fundamento totalmente diferente al analizado por el Juez A quo en el Auto de Fs. 98 y vta., donde la autoridad de primera instancia, fundamentó sobre la aparente falta de personería del apoderado, estableciendo que: “…el apoderado adjunta el Instrumento Público Nº 086/2006, en fecha posterior a la presentación de la demanda, sin embargo, no es menos cierto que el mismo fue adjuntado al proceso, antes de su admisión, es decir, que la falta aparente de personería fue subsanada oportunamente, de donde se infiere que el apoderado del demandante Marcelino Díaz Murillo, tiene la suficiente capacidad procesal para actuar dentro del presente proceso.”, consideración del A quo, muy distinta a lo observado por el Tribunal Ad quem. Por dicho motivo el agravio traído en casación resulta infundado.

Finalmente, estando dispuesto la nulidad de obrados por el Tribunal de Alzada, hasta fs. 43 (admisión de la demanda) y debiendo cumplir el Juez A quo en fijar un plazo prudencial conforme lo norma el art. 333 del Código de Procedimiento Civil; la autoridad de primera instancia deberá tomar en cuenta, además de lo indicado por el Auto de Vista, lo referido en nuestra jurisprudencia relativa a la tramitación de letras de cambio, en ese entendido, tenemos: el Auto Supremo 222/2014 de fecha 15 de mayo, donde se dispuso que: “…la falta del  protesto o la falta de los requisitos para la formalización del protesto, le quitan la calidad de título valor a la letra de cambio para constituirlo en un simple principio de prueba escrito, ya que en la vía ordinaria, la sola presentación de la misma no hará que el juez le otorgue la obligación incumplida, sino que será necesario justificar el motivo que ha dado lugar a la emisión de dicha letra de cambio” (Negrilla y subrayado no corresponde al texto original), situación que se extraña en la tramitación de la presente causa, aspecto que deberá ser justificado por la parte interesada, al momento de cumplir con las observaciones efectuadas por el Ad quem. 

Por dichos motivos, los agravios traídos a consideración en casación devienen en infundados, correspondiendo fallar conforme lo disponen los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley de Órgano Judicial y en aplicación de lo previsto por los Arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma de fs. 379 a 383 y vta., interpuesto por Juan Carlos Urenda Díaz en representación de Marcelino Díaz Murillo, contra el Auto de Vista de fecha 27 de abril 2011, cursante de Fs. 372 a 373 y vta., emitido por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas.

Existiendo respuesta al recurso se regula como honorario profesional la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                       

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani