TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                               S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 928/2015 - L

Sucre: 14 de octubre 2015

Expediente: LP-72-11 - S

Partes: Ministerio de Educación y Culturas. c/ Elena Flora Choque de Carrasco y

            otros.

Proceso: Declaración de Bien Vacante.

Distrito: La Paz.

                                                                                               

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 395 a 398 de obrados, interpuesto por Elena Flora Choque de Carrasco, contra el Auto de Vista Nº 357/2010 de 19 de noviembre, cursante de fs. 381 a 382 vta., pronunciado por la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz (hoy Tribunal Departamental de Justicia), dentro el proceso de Declaración de Bien Vacante seguido por el Ministerio de Educación y Culturas contra Elena Flora Choque de Carrasco y otros, las respuestas de fs. 408 a 409, 411 a 412 vta., la concesión de fs. 420, los antecedentes procesales, y;


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


La Juez Décimo Quinto de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital La Paz, mediante Sentencia Nº 045/2010 de 26 de enero, cursante de fs. 323 a 325, declaró: PROBADA en parte la demanda de fs. 104-105 vta., y en su mérito de acuerdo al art. 1111 del CC., se declara la vacancia  del bien inmueble ubicado en la av. mecacapa Nº 6797, zona sur  de la ciudad de La Paz  a falta de llamados  a suceder en el derecho propietario sobre el mismo, confiriéndose en el derecho de propiedad a favor del Estado Plurinacional de Bolivia, sobre acciones y derechos sobre el 75%.


Improbada respecto a la declaratoria del 25% de derechos y acciones sobre dicho lote de terreno o sobre 90 mts.2, por corresponder  el derecho propietario a Elena Flora  Choque de Carrasco  por compra venta, según Escritura Publica Nº 102/97 de 19 de mayo de 1997 otorgada ante la notaria de fe pública Nº 2 a cargo del Dr. Hugo Alba Rodrigo.

 

En ejecución de Sentencia determinada la indivisibilidad del bien inmueble objeto de la presente en el 100%, y autorizó el remate del bien inmueble ubicado en la Av. Mecacapa  Nº 6797, zona Sur de la ciudad de La Paz del total de su superficie si acaso fuere indivisible, esto para asegurar el pago de los derechos del denunciante, perito, y gastos judiciales y el porcentaje del 25% que corresponde en acciones y derechos a Elena Flora Choque, como propietaria. Pagados todos ellos el remanente  corresponderá al Estado representado por el Ministerio de Educación y Culturas, de conformidad al art. 702, 703 y 705 del CPC.


Deducida la apelación por Elena Flora Choque de Carrasco y remitida la misma ante la instancia competente, la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz (hoy Tribunal Departamental de Justicia), mediante Auto de Vista Nº 357/2010, confirmó la Sentencia apelada.


En conocimiento de la determinación de segunda instancia, Elena Flora Choque interpuso recurso de casación, mismo que se pasa a analizar.


CONSIDERANDO II

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:


En la forma.-


Que el art. 3 del CPC, dispone que es deber de los jueces que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad, por lo que la revisión del proceso no únicamente debería circunscribirse al recurso de apelación más por el contrario sería deber de los juzgadores  salvaguardar que los  tramites se desarrollen sin vicios, en este entendido debería tomarse en cuenta que el objeto del proceso es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva y en el caso de autos no habría mediado dicha efectividad pues al no haberse valorado la prueba aportada de su parte se habrían vulnerado sus derechos y la ley se habría convertido en inefectiva.


Que se habría desconocido su calidad de opositora ya que habiendo probado su calidad de propietaria, sin que en ningún momento se la tenga como tal, pues todos los actuados, pese a tener un domicilio procesal señalado no le habrían sido notificados en especial el auto de 18  de diciembre de 2006 y es por ello de que las notificaciones de fs. 27, 31 y 44, no tendrían ninguna referencia de que se le habría hecho conocer de los actuados procesales es por ello que al haberse ordenado inventario del bien denunciado como vacante jamás habría conocido de tal extremo.


Que mediante auto de 15 de agosto de 2007 el Juez de la causa ordena  la publicación de edictos y por la notificación cursante a fs. 44 del proceso, se establecería que dicha orden jamás le habría sido notificada y siendo su persona parte en la causa, y al no tener conocimiento de dicha disposición se habría violado su derecho a la defensa y recién a fs. 48 vta., el Juez habría determinado su notificación el memorial de se solicita resolución sin tomar en cuenta que ya se habrían acumulado varios actuados.


Que le Juez de la causa habría ordenado de manera expresa su legal notificación  pero a fs. 108 constaría representación de la oficial de diligencias  sobre que no habría podido ser  encontrada en su domicilio  sin que hubiera acompañado  aviso judicial para volver al día siguiente y mecho menos existiría evidencia alguna de que  se habría hecho presente en su domicilio máxima si no existiría firma del testigo de actuación lo que constituiría un vicio de nulidad que no seria convalidable.


Que notificada que habría sido con la resolución Nº 186/2008, que habría sido apelada en tiempo hábil y oportuno y mediante auto de 1 de octubre de 2008 se habría dispuesto la remisión  de la causa a demandas nuevas para su sorteo ante un juzgado de partido civil empero no se habría resuelto su apelación planteada  lo que le habría dejado en completo estado de indefensión; asimismo habría planteado recurso de apelación  con alternativa de apelación fs. 211 mismo que habría sido rechazado por el juez a quo  y habría sido concedido en el efecto diferido, sin embargo a tiempo de resolver  en Sentencia  el juez se habría olvidado del recurso.


En el Fondo.-


Que el Ad quem no habría realizado la compulsa de los elementos  probatorios  que fueron puesto a su disposición a tiempo de reproducirse la prueba, mas por el contrario habría excluido la misma del proceso, ya que en el punto II.9 “la confesión provocada la cual fue deferida Elena Flora Choque de Carrasco (fs. 192 a 194) así como las declaraciones testificales de fs. 195, 206 no habrían sido tomadas en cuenta considerando que resultan ser inconducentes e inclusive por encontrar la credibilidad de algunos testigos tachada de fs. 178 a 180, así también las fotocopias  de pago de impuestos, energía eléctrica y agua de fs. 110A a 127 y las certificaciones de fs. 176 a 177 tampoco habrían sido tomadas en cuenta, asimismo las literales  de fs. 224 a 230 no habrían sido valoradas por no referirse a puntos de hecho a probar.


Que a través de la confesión provocada habría establecido ser la compradora del terreno y habría contestado al interrogatorio de forma precisa sin embargo no se habría compulsado el mismo y de modo ilegal seria separada del conjunto de pruebas y que las declaraciones de fs. 204 darían cuenta de que su persona viviría en el inmueble tachado de vacante  desde hace 21 años, en cuanto a las certificaciones  de fs. 176 a 177  arbitrariamente habrían sido excluidas.


En cuanto al reconocimiento de que solo el 25% del bien inmueble que es de su propiedad no podría llevar a la conclusión de que el mismo sea rematado para  que luego se le restituya el 25 % del monto del remate, cuando por la inspección judicial se tendría que su persona vive en la parte de inmueble de su propiedad y habría sido construida de su parte y el terreno no podría tener mayor uso debido a su irregularidad, por lo que no sería transigible que se remate  el bien que le costó y seria su única inversión.


Que a lo largo del proceso jamás se habría desconocido  que la familia Barrientos seria propietaria de una fracción del terreno, entonces como sería posible que alguien podría reclamar un bien vacante cuando existen dueños conocidos, por otra parte se tiene que una vez declarado contencioso el proceso no se practicó ninguna publicación edictal es decir no se ha realizado la notificación a terceros. Estos dos aspectos violarían el art. 698 del CPC., concordante con el art. 1111 del CC.


Por lo ampliamente expuesto solicita que el Tribunal Supremo de Justicia Anule el proceso hasta el vicio más antiguo es decir  hasta la presentación de la denuncia de bien vacante y en caso de que no fuere anulado se Case el Auto de Vista  recurrido disponiendo que el Juez de la causa pronuncie nueva Sentencia y ajustándose a los datos del proceso.

CONSIDERANDO III:                                                                                      FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En relación al recurso de casación interpuesto en la forma y en el fondo, de inicio consideraremos lo que hace a la forma y diremos que:

En la forma.-

Del análisis del recurso de casación en la forma se debe señalar que la recurrente  comienza la exposición de agravios señalando que el art. 3 del CPC, dispone que es deber de los jueces que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad, por lo que la revisión del proceso no únicamente debería circunscribirse al recurso de apelación más por el contrario sería deber de los juzgadores salvaguardar que los  tramites se desarrollen sin vicios; acusando recién en esta etapa de casación aspectos como: que no se habría valorado la prueba aportada de su parte vulnerando sus derechos y la Ley se habría convertido en inefectiva, sin señalar que prueba no se habría valorado; que se habría desconocido su calidad de opositora ya que habiendo probado su calidad de propietaria, pese a tener un domicilio procesal señalado no le habrían sido notificados en especial el auto de 18  de diciembre de 2006 y que al haberse ordenado inventario del bien denunciado como vacante jamás habría conocido de tal extremo; que mediante auto de 15 de agosto de 2007 el Juez de la causa ordena la publicación de edictos y por la notificación cursante a fs. 44 del proceso, se establecería que dicha orden jamás le habría sido notificada y al no tener conocimiento de dicha disposición se habría violado su derecho a la defensa; que al estar dispuesta su notificación y por la representación de fs. 108 no existiría evidencia alguna de que el oficial de diligencias se habría hecho presente en su domicilio máxima si no existiría firma del testigo de actuación vicio de nulidad que no sería convalidable; al respecto corresponde señalar lo siguiente:

La facultad de revisión de actuaciones procesales de oficio del Juez o Tribunal es una atribución limitada a aquellos asuntos previstos por ley y otros factores legales que inciden en la pertinencia de la nulidad para la protección de lo actuado, pues en virtud del principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria, la nulidad de obrados solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos, hecho que no aconteció en autos, es decir una nulidad de obrados de oficio solo procederá cuando la Ley así lo determine o exista evidente vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes, cuando tenga incidencia directa en la decisión de fondo o el derecho a la defensa esté seriamente afectado, lo contrario significa un quebrantamiento al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, en esa consideración no corresponden los rigorismos que tiendan a producir nulidades por anomalías o vicios procesales que no tenga incidencia trascendental en el proceso.

Ahora bien, en el caso de presente resulta necesario aclarar que la recurrente trae recién en casación los agravios señalados supra que en su criterio le generaron indefensión, pero que sin embargo, de la revisión de obrados no se observa vulneración alguna al derecho a la defensa, pues la misma participo activamente en el proceso, habiéndose declarado la contención del mismo precisamente a raíz de la oposición planteada por la ahora recurrente y la prueba aportada de su parte, por otro lado se debe tener presente que dichos agravios por supuestos vicios que no resultan trascendentes, no fueron reclamados en el momento oportuno y menos en apelación, convalidando dichos actos a través de los actos procesales de la recurrente posteriores a dichos vicios sin que exista reclamo alguno por parte  de la misma, por lo que en el caso presente los de Alzada tenían solo la obligación de pronunciarse sólo sobre lo reclamado en el recurso de apelación de fs. 332 a 337 vta., aspecto que en autos se cumplió, por lo que no es evidente lo acusado por la recurrente y siendo que los supuestos vicios de forma acusados, son recién traídos en casación, por todo lo expuesto supra y en aplicación a los principios de preclusión y per saltum, no ameritan mayores consideraciones.

En cuanto a que notificada que habría sido con la resolución Nº 186/2008, que habría sido apelada en tiempo hábil y oportuno y dispuesta la remisión de la causa a demandas nuevas para su sorteo, empero no se habría resuelto su apelación planteada  lo que le habría dejado en completo estado de indefensión; asimismo habría planteado recurso de apelación con alternativa de apelación fs. 211 mismo que habría sido rechazado por el Juez A quo, quien habría concedido en el efecto diferido, sin embargo a tiempo de resolver  en sentencia  el Juez se habría olvidado del recurso; al respecto se debe precisar que el Juez A quo a través del Auto de concesión del recurso de apelación de fs. 369, respecto a las apelaciones en el efecto diferido que en criterio de la recurrente habrían sido olvidadas por el mismo a tiempo de resolver en Sentencia, señalo: “…se deja constancia  que las apelaciones diferidas  no fueron fundamentadas conjuntamente el recurso de apelación de la sentencia pese a la saca de expediente que cursa a fs. 330, en consecuencia se encuentran precluidas.”.

En este entendido, la recurrente debe tener presente por una parte que la apelación en el efecto diferido no debe ser resuelta en Sentencia por el Juez de primera instancia sino por el Tribunal de Alzada; por otra parte cuando se recurre de apelación en el efecto diferido dicha impugnación debe aguardarse ante una eventual apelación de Sentencia, lo que significa que dicha resolución (Auto de Vista) resolverá dicha apelación en el efecto diferido, sin embargo para que el Tribunal de Alzada resuelva esta apelación se debe tener presente que el art. 25 inc. III) de la ley 1760, señala que: “Si la Sentencia definitiva no fuere apelada se tendrá por desistida la apelación formulada en el efecto diferido”, entendiendo que si no existe una apelación a la Sentencia, tampoco es posible activar la apelación diferida, existiendo un desistimiento legal del recurso, entendido como renuncia procesal a esa pretensión.

Sin embargo existe otra eventualidad, que resulta cuando la parte que habiendo interpuesto la apelación en el efecto diferido, apele a la Sentencia definitiva, impugnando el fondo del asunto, sin fundamentar o ratificar el recurso en el efecto diferido, debe ser entendido como su desistimiento tácito, por el principio dispositivo, pues el juzgador debe atender sólo lo requerido por las partes, además, por un principio de preclusión y celeridad en que se halla sometido el proceso, debiendo concederse el recurso sólo en la apelación manifiesta. El desistimiento tácito, indicado, de una apelación diferida, no contraviene el principio de impugnación, por cuanto el órgano jurisdiccional al admitir la interposición ha garantizado ese derecho y dependía de la parte apelante ratificar o fundamentar éste, conjuntamente con la apelación principal, y en el caso de autos no existe ratificación ni fundamentación sobre las apelaciones en el efecto diferido por parte de la recurrente, tal como lo estableció a momento de la concesión de alzada; deviniendo en infundado el recurso de casación en la forma.

En el fondo.-

Respecto a que el Ad quem no habría realizado la compulsa de los elementos probatorios que fueron puesto a su disposición y habría excluido las mismas del proceso, es decir la confesión provocada a la cual fue deferida Elena Flora Choque de Carrasco (fs. 192 a 194), así como las declaraciones testificales de fs. 195, 206, pruebas que no habrían sido tomadas en cuenta, como las fotocopias de pago de impuestos, energía eléctrica y agua de fs. 110A a 127, las certificaciones de fs. 176-177 y las literales de fs. 224 230 que tampoco habrían sido tomadas en cuenta, ni habrían sido valoradas; al respecto se debe señalar que la recurrente incurre en el error de acusar cuestiones formales en el recurso de casación en el fondo, pues debe tener presente que en cuanto a la valoración de la prueba que efectúan los jueces de instancia existen dos aspectos: uno el procesal y otro el substancial.

En el primero, quien recurre solo hace a la falta de valoración y fundamentación probatoria que dará lugar a la existencia de un error formal u omisión en la estructura de toda resolución, dando lugar en consecuencia a su impugnación por vía del recurso de casación en la forma; en el aspecto sustancial quien recurre debe acusar error de hecho o de derecho en la apreciación o valoración de la prueba, agravio que tiene incidencia directa en el fondo de la resolución del conflicto y cuya impugnación debe ser deducida a través del recurso de casación en el fondo. En consecuencia del análisis de los dos primeros agravios, expuesto en el recurso de casación en el fondo, se advierte que la recurrente acusa que no se habría valorado las pruebas individualizada supra, aspecto de debió ser acusado en el recurso de casación en la forma y no en el fondo, por lo que no amerita mayores consideraciones.

En relación a que a través de la confesión provocada habría establecido ser la compradora del terreno y habría contestado al interrogatorio de forma precisa, sin embargo no se habría compulsado el mismo, y que las declaraciones de fs. 204 darían cuenta de que su persona viviría en el inmueble tachado de vacante desde hace 21 años, en cuanto a las certificaciones de fs. 176 a 177 arbitrariamente habrían sido excluidas; al respecto se debe señala que si bien en este agravio la recurrente acusa que dichas pruebas habrían sido excluidas o no habrían sido compulsadas sin mencionar de manera precisa cual sería el error en que habrían incurrido los de instancia, solo a manera de aclaración se debe hacer notar que del análisis de las resoluciones de instancia no resulta evidente que el los jueces de instancia no hayan compulsado las pruebas presentadas por la ahora recurrente, pues del análisis de todas las pruebas presentadas por Elena Flora Choque de Carrasco se estableció que esta es propietaria del 25% del total del bien inmueble en cuestión, es decir de 90 mts2., razón por la que los jueces de instancia declararon probada en parte la demanda e improbada la demanda de declaración de bien vacante en cuanto al 25 % en derechos y acciones sobre el lote de terreno por corresponder el derecho propietario de Elena Flora Choque de Carrasco; no existiendo vulneración alguna al derecho de la ahora recurrente. 

En cuanto al reconocimiento de que solo el 25% del bien inmueble que es de su propiedad, no podría llevar a la conclusión de que el mismo sea rematado  para que luego se le restituya el 25 % del monto del remate, cuando por la inspección judicial se tendría que su persona vive en la parte de inmueble de su propiedad y habría sido construida de su parte y el terreno no podría tener mayor uso debido a su irregularidad; a esto corresponde señalar que de la revisión de obrados (fs. 221, 240 y vta., 251 y vta., 262 a 263, 272 y 295 a 296 vta.), se tiene que en reiteradas ocasiones el Juez en su actuación activa en la averiguación de los hechos, dispuso se produzca prueba pericial de oficio para especificar y determinar la superficie que le corresponde a Elena Flores Choque, quien en una actitud renuente en reiteradas ocasiones, no colaboro con el perito de oficio para la producción de dicha prueba que identificaría determinaría las colindancias y superficie que le corresponde a la ahora demandante, asumiendo una conducta procesal reprochable; Sin embargo al recurrente debe tomar en cuenta que no obstante su actitud reticente a la producción de la prueba pericial que determinaría o identificaría  el 25% de acciones que tiene sobre el bien en cuestión, los de instancia  autorizaron en ejecución de sentencia “… se autoriza el remate del bien inmueble ubicado en la Av. Mecacapa Nº 6797, zona Sur de esta ciudad del total de la superficie, si acaso fuere indivisible…”, razonamiento que en sujeción a lo expuesto supra resulta correcto, no siendo evidente el agravio acusado.

Respecto a que a lo largo del proceso jamás se habría desconocido que la familia Barrientos seria propietaria de una fracción del terreno, entonces como sería posible que alguien podría reclamar un bien vacante cuando existen dueños conocidos, por otra parte se tiene que una vez declarado contencioso el proceso no se practicó ninguna publicación edictal es decir no se ha realizado la notificación a terceros. Estos dos aspectos violarían el art. 698 del CPC., concordante con el art. 1111 del CC; al respecto se debe señalar que el título III, capitulo X regula sobre los bienes vacantes a los cuales en criterio del autor José Rafael Canedo en su obra Prontuario de Procedimiento Civil pág. 194, señala: “Bienes vacantes son los que no tienen dueño a la muerte del que tenían.”, por otra parte Gonzalo Castellanos Trigo respecto a los bienes vacantes dice: “En el caso de no existir herederos o los presentados no hubieren acreditado su calidad de tales  la sucesión legalmente se reputara vacante… puede existir también aunque haya un testamento valido o herederos legales y forzosos, si todos los llamados aun por derecho de representación y acrecentamiento renuncian a sus derechos sucesorios o son excluidos de la misma por imperio de la ley o por Sentencia ejecutoriada.”.

En esta misma lógica, el tratadita Lino Enrique Palacio señala: “…en términos generales puede decirse que la herencia se encuentra vacante cuando el fallecimiento del causante sin que haya acreditado su vocación ningún sucesor  legitimo o testamentario, los bienes se atribuyen al Estado… continua señalando que: … si no se hubiesen presentado herederos o los presentados no hubiesen acreditado su calidad de tales, la sucesión se reputara vacante… la incomparecencia durante el plazo de los edictos o eventualmente la falta de justificación del vínculo en el plazo… comprende implícitamente el supuesto de renuncia a la herencia…”.

De igual forma el Auto Supremo Nº 399/2010 respecto al proceso de bien vacante ha señalado que: “La demanda voluntaria o contenciosa sobre bienes vacantes tiene como objeto mediato la declaratoria del bien vacante como propiedad del estado, siempre y cuando se trate de un bien sin dueño conocido o abandonado por quien lo era, o por haber muerto ab intestato y carecer de parientes dentro del grado legal para recoger la herencia, o finalmente por no poder o no querer recibir la herencia los herederos testamentarios.”, de lo que se entiende que son vacantes los bienes que habiendo estado bajo el dominio del hombre, no tienen en la actualidad dueño conocido o cuando no existan herederos o estos no se presenten.

En este entendido la demanda voluntaria o contenciosa sobre bienes vacantes tiene como objeto mediato la declaratoria del bien vacante como propiedad del estado, siempre y cuando reiteramos se trate de un bien sin dueño conocido o (como en el caso de autos existiendo herederos estos nunca se presentaron a reclamar el bien inmueble en cuestión), o por haber muerto ab intestato y carecer de parientes dentro del grado legal para recoger la herencia o existiendo herederos estos no se presente a reclamar el bien inmueble, o finalmente por no poder o no querer recibir la herencia los herederos testamentarios, razón por la que el estado ingresa en la sucesión como lo dispone el art. 1111 del CC.

En este marco se debe señalar que exceptuando los 90 m2., que hace al 25% del bien inmueble en cuestión cuya propiedad le pertenece a Elena Flores Choque, si bien la superficie restante el inmueble tiene registrado a la familia Barrientos, en obrados por la prueba aportada al proceso consistentes en las declaraciones testificales, la inspección judicial, se determinó que el bien se encuentra abandonado y posteriormente a la notificación por edictos solo  se tiene la oposición por la ahora recurrente sin que exista oposición de otros dueños aparentes o herederos de Olinfa Beltrán de Barrientos o Fernando Barrientos Beltrán quienes eran dueños del 75% del bien inmueble en cuestión, razón por la que en sujeción del art. 1111 del CC, el 75% de dicho bien le corresponde al estado. En cuanto a que una vez declarado contencioso el proceso no se practicó ninguna publicación edictal es decir no se ha realizado la notificación a terceros; se debe hacer notar que este es un agravio que hace al recurso de casación en la forma; sin embargo a manera de aclaración se debe señalar que la notificación edictal sobre la acción voluntaria de declaración de bien vacante o mostrenco, como cursa a fs. 45 y 46, se la realiza para que todo aquel que tenga derecho sobre el bien inmueble a declararse vacante presente oposición, para que por efecto de dicha oposición se declare la contención como ocurrió en el caso ante la oposición de la ahora recurrente, resultando impertinente dicho agravio; en lo demás la vulneración a los art. 698 del CPC y 1111 del CC, acusa por la recurrente, no resulta evidente.

Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme señala arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación tanto en la forma como en el fondo cursante de fs. 395 a 398 de obrados, interpuesto por Elena Flora Choque de Carrasco, contra el Auto de Vista Nº 357/2010 de 19 de noviembre, cursante de fs. 381 a 382 vta. Sin costas por ser servidores públicos los patrocinantes de la entidad demandante.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.