TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                            S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 923/2015 - L

Sucre: 13 de Octubre 2015        

Expediente: CB-104-11-S

Partes: CIENSA LTDA. CALZADOS TOMY c/ MANUFACTURA BOLIVIANA S.A.

           “MANACO” S.A. Y FABRICA DE CALZADOS Y CURTIDURIA “ZAMORA”

Proceso: Cumplimiento de contrato

Distrito: Cochabamba

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de Fs. 891 a 896, impugnando el Auto de Vista Nº REG/S.CH/ZGC/ASEN.191/29.04.2011 de fecha 29 de abril de 2011, pronunciado por  la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, dentro del proceso de Cumplimiento de Contrato seguido por CIENSA LTDA., “CALZADOS TOMY” contra MANUFACTURA BOLIVIANA S.A. “MANACO” S.A. y FABRICA DE CALZADOS Y CURTIDURIA “ZAMORA”, la respuesta de fs. 910, la concesión de fs. 911 y vta., los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

CIENSA LTDA Y CALZADOS TOMY interpusieron demanda de cumplimiento de contrato expresando que por alianza estratégica y con el fin de obtener mejores condiciones y precios de venta estipulando el fraccionamiento equitativo de las adjudicaciones en las licitaciones públicas del Ministerio de Defensa Nacional en el período 2002-2007, las empresas Manufactura Boliviana S.A. “MANACO”, Manufactura de Calzados Patricia Ltda. Cremer Shoes, Fábrica de Calzados y Curtiduría Zamora, Proveedora de Artículos Militares “PROARMI” y CIENSIA LTDA, mediante documento de 2 de noviembre de 2002, suscriben un acuerdo interinstitucional en interés común en el que contratan presentarse a las licitaciones públicas del Ministerio de Defensa Nacional, con un mismo precio, un mismo plazo de entrega, ofertando todos las mismas cantidades y las mismas condiciones, evitando envilecer el mercado y la producción de botas de combate y de esa manera volver a incurrir en una inútil competencia que solo les llevaba a reducir sus mermadas utilidades, en el mencionado documento también se estableció una escala porcentual de adjudicación entre los contratantes de libre voluntad y sobre todo de acuerdo a la magnitud de las cuatro empresas que formaron parte de ese acuerdo. Asimismo se estableció que en caso de incumplimiento comprobado de alguna de las partes en el acuerdo interinstitucional, las empresas perjudicadas podrían exigir el monto porcentual descrito anteriormente como resarcimiento, sin excluir la posibilidad de demandar el pago de daños y perjuicios que el acto de incumplimiento ocasionare. Al presentarse a la licitación pública del Ministerio de Defensa  para la provisión de artículos  Clase II destinado a II.MM y Tropa de las Fuerzas Armadas, para la gestión 2003, refiere que CIENSIA Ltda., se presentó a la mencionada licitación el objeto de adjudicarse las botas de combate, paralelamente, las empresas Manaco S.A. y Zamora también se presentaron con este fin, sin embargo no cumplieron el referido acuerdo, ofertaron la entrega en el tiempo más reducido habiendo sido adjudicadas ambas empresas para la provisión de botas de combate, siendo solo la diferencia con CIENSIA Ltda., el plazo de entrega. Con estos antecedentes interpone la demanda  de cumplimiento de Contrato al tenor de los arts. 519 y 520 del Código Civil  y al amparo de los arts. 786, 787, 788, 792, 793, 803 del Código de Comercio en contra de MANUFACTURA BOLIVIANA S.A. y FABRICA DE CALZADOS Y CURTIDURIA ZAMORA, pidiendo que se declare probada su demanda en contra de los demandados con costas y demás condenaciones a quienes de forma solidaria les demanda que paguen $us. 19.800 que corresponde a las utilidades dejadas de percibir.

Citadas las empresas demandadas contestan por separado  en forma negativa MANACO S.A. oponen las excepciones de improcedencia, ilegalidad, e incumplimiento y por su parte Fabrica de Calzados y Contaduría ZAMORA opone las excepciones de Falta de Acción, Derecho y causa pidiendo se declare improbada la demanda y probadas las excepciones y también plantea demanda reconvencional por pago de daños y perjuicios.

Tramitado el proceso el Juez de la causa pronunció Sentencia cursante de fs. 780 a 784 y vta., por la que declara improbada la demanda, improbada la acción reconvencional, probadas las excepciones perentorias opuestas a la demanda, en consecuencia no ha lugar al pago de la utilidad dejada de percibir de $us. 19.800 así como el perjuicio o daño favorable a la parte demandada por cuanto es emergente de un acuerdo ilícito y formado para burlar disposiciones jurídicas en actual vigencia, sin costas por ser juicio doble.

Contra la Sentencia CIENSIA Ltda., solicitó complementación y enmienda la misma que es negada por Auto de fecha 14 de mayo de 2005 cursante a fs. 788 vta. Asimismo interpuso recurso de apelación cursante de fs.  791 a 796 y vta., en conocimiento del mencionado recurso la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, pronunció el Auto de Vista de fecha 5 de noviembre de 2007, cursante de fs. 820 a 821, por el cual anuló obrados hasta fs. 780 por considerar a la Sentencia extra petita e infra petita.

Emitida la nueva Sentencia de fecha 4 de abril de 2008, cursante de fs. 840 a 844 de obrados, por la cual declaró improbada la demanda, improbada la acción reconvencional, probadas las excepciones perentorias opuestas a la demanda, probadas las excepciones perentorias de ilegalidad, improcedencia, falta de acción y derecho opuestas contra la reconvencional. En consecuencia no hay lugar al pago de la utilidad dejada de percibir de $us. 19.800 así como no existe perjuicio o daño favorable a la parte demandada, por cuanto es emergencia de un acuerdo ilícito y formado para burlar disposiciones  jurídicas en actual vigencia, no se condena en costas por ser juicio doble.

Contra la Sentencia CIENSIA Ltda., solicitó complementación y enmienda, la misma que no ha lugar por Auto de fecha 10 de mayo de 2008, cursante a fs. 850.

Contra la Sentencia y su Auto complementario CIENSIA Ltda., interpuso recurso de apelación cursante de fs. 854 a 862 y vta., en conocimiento del mencionado recurso la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba confirmó la Sentencia apelada, con la única modificación de que se deja sin efecto la medida adoptada en el punto 5 de la parte resolutiva de la Sentencia apelada por ser innecesaria la misma, sea con costas en ambas instancias.

Contra la Resolución de Vista CIENSIA Ltda., interpuso recurso de casación en el fondo el cual se analiza:   

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

La empresa recurrente CIENSIA Ltda. Interpuso recurso de casación en el fondo al amparo de los arts. 253 num. 1), 2) y 3) del Código de procedimiento Civil:

En la primera parte del recurso la empresa recurrente hace una narración de lo acontecido en el proceso, desde la demanda hasta la emisión de la Sentencia, enunciando luego los agravios deducidos en el recurso de apelación. Manifiesta que el Auto de Vista de 29 de abril de 2011, incurre en la sanción de casación que está establecida en los incisos 1), 2) y 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, porque al resolver el recurso de apelación incurre en violación, interpretación errónea y también en aplicación indebida de la Ley.

1.- Acusa que el Tribunal de Alzada no hubiese tasado la prueba documental referida al acuerdo interinstitucional y empresarial, cursante de fs. 1 a 2, el cual es legítimo y tiene una causa lícita porque antes de ser estipulado no estuvo prohibido por ninguna norma y por consiguiente tiene toda la validez que le asigna el art. 1297 del Código Civil, misma que no ha sido reconocida ni establecida por el Tribunal Ad quem. Asimismo indica que el referido documento si bien no está reconocido, tiene la calidad de auténtico porque habiendo sido presentado adjunto a la demanda y habiéndose ofrecido como prueba, el mismo no fue objetado por la parte demandada y en virtud a ello debió aplicarse el art. 399-II)-4) del Código de Procedimiento Civil que establece que el documento privado es auténtico cuando hubiere sido presentado en el proceso  afirmándose estar suscrito o haber sido manuscrito por la parte contra quien se opusiere y que no fuese tachado de falso oportunamente, siendo auténtico debían otorgarse a sus estipulaciones la validez que les asignan los arts. 519 y 520 del Código Civil.

Asimismo denuncia que el Tribunal de Alzada incurrió en error de derecho al señalar que la falta de registro ante Autoridad competente del documento de fs. 1 a 2 y del reconocimiento lo hacen totalmente inválido y con objeto ilícito.

Refiere que el Tribunal de Alzada, al confirmar la Sentencia con el argumento de que el acuerdo cursante de fs. 1 a 2 debió elevarse a la categoría de instrumento público y tener la validez correspondiente tenía que registrarse el mismo ante Autoridad competente incurre en casación en el fondo por no aplicar lo establecido en el art. 1297 del Código Civil y los art. 399-II)-4) del Código de Procedimiento Civil y por atentado a los arts. 519 y 520 del Código Civil. Menciona que el documento de fs. 1 a 2 al ser suscrito entre partes, es ley entre ellas y no puede quedar sin efecto o declararse inválido de forma arbitraria para beneficiar con ello a la parte demandada y legitimar el incumplimiento y la burla de lo estipulado en el mismo, siendo contrario a lo establecido en los arts. 519 y 520 del Código Civil.

Sobre el mismo punto expresa la empresa recurrente que el Tribunal Ad quem al confirmar el criterio del A quo convalida un criterio incorrecto cuando dice que el acuerdo interinstitucional no tiene las características de un verdadero contrato porque no reúne el voto de las normas legales, por cuanto dicho acuerdo no tiene objeto lícito ya que esa agrupación si bien es permitida por el art. 487 del Código de Comercio, no es menos cierto que la ley comercial exige determinada solemnidad como requisito esencial para la validez del contrato. Sobre el punto indica la parte recurrente que la supuesta falta de la formalidad no identificada por los Tribunales de grado, no implica que el contrato adolezca de objeto y causa lícitos que tampoco han sido reconvenidos por los demandados. Señala que el mencionado contrato no ha sido dejado sin efecto por las partes ni por Sentencia alguna a demanda de sus suscribientes, por esta razón no puede quedar en la nada, pues con ello solo se beneficia de forma ilegal e incorrecta a los codemandados y se nos perjudica por inaplicación de lo establecido en relación a su valides y exigibilidad establecida en los arts. 519 y 520 del Código Civil. No resulta justo ni correcto que el contrato de fs. 1 a 2 haya sido cumplido por nuestra parte como se evidencia de los documentos de fs. 53 a 55 y burlado por los demandados que no cumplieron de la misma forma con la licitación.

Acusa la violación del art. 198-III del Código Civil que establece que en procesos dobles no procederá condenación en costas en primera instancia en procesos dobles es decir cuando el demandado a su vez es también reconviniente. Por lo que solicita la casación del Auto de Vista y deliberando en el fondo se sirva declarar probada la demanda en los términos que fueron peticionados.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Toda vez que la empresa recurrente interpone recurso de casación en el fondo, impugnaciones referidas al documento de fs. 1 a 2, acuerdo interinstitucional y empresarial suscrito entre varias empresas entre las cuales se encuentra la empresa demandante CIENSA LTDA  y las empresas demandadas MANACO S.A. Y CALZADOS ZAMORA S.A. acusando que el documento suscrito cursante de fs. 1 a 2  es legítimo y tiene toda la validez que le asigna el art. 1297 del Código Civil, aunque no hubiese sido elevado a la categoría de instrumento público, y toda vez que en el proceso ninguna de las empresas demandadas, acusaron de falso el documento suscrito, el Tribunal de Alzada debió aplicar el  el art. 399.II num. 4) del Código de Procedimiento Civil.

Al respecto diremos que conforme lo establece el art. 450 del Código Civil “hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica”. De la revisión del acuerdo interinstitucional y empresarial se establece que las partes en uso de sus facultades y como expresión de la voluntad decidieron establecer un  acuerdo interinstitucional  por así convenir a los intereses de las empresas firmantes con el único objetivo de establecer mejores condiciones, mejores precios y permitir el fraccionamiento equitativo de las adjudicaciones en las Licitaciones Públicas del Ministerio de Defensa Nacional en el periodo de 2002-2007, acordando someterse a ese acuerdo. Dicho acuerdo expresa que el mismo sería elevado a la categoría de instrumento público y registrado ante la Autoridad competente, sin embargo nunca se cumplió  con ese requisito porque no fue ratificado ante el notario de Fe Pública e inscrito en su protocolo tal como lo dispone el art. 1287 del Código Civil, en cuanto a que debe ser inscrito ante Autoridad competente tampoco se registró, sin embargo de ello, a pesar de no cumplir con estos requisitos  formales establecidos en el contrato, el mismo tiene fuerza de ley entre las partes contratantes conforme lo establece el art. 519 del Código Civil, es decir que todos los suscribientes se encuentran obligados a cumplir lo establecido en el mismo.

En el caso de Autos el presente proceso tiene como objeto el cumplimiento del contrato y conforme establece la empresa demandante CIENSA LTDA., la demanda cursante de fs. 71 a 73 y vta.,  tiene como objeto el cumplimiento de ese acuerdo interinstitucional, debiendo las empresas demandadas, MANUFACTURA BOLIVIANA S.A. “MANACO” S.A. Y FABRICA DE CALZADOS Y CURTIDURIA “ZAMORA” cancelar el monto de $us. 19.800 que corresponden a las utilidades dejadas de percibir por la  no adjudicación, toda vez que el incumplimiento del acuerdo por parte de las empresas demandadas, ocasiono que CIENSA. S.A. no se adjudique el contrato de provisión de botas de combate requeridos en la licitación pública 06/03, siendo adjudicatarias de este contrato MANACO S.A. Y CALZADOS ZAMORA quienes empataron en precio y calidad, siendo la única diferencia con la empresa demandante el plazo.

Establecidos los antecedentes es conveniente referirse a que el acuerdo interinstitucional contrato del cual se pretende su cumplimiento tiene como objetivo obtener mejores condiciones, mejores precios y permitir el fraccionamiento equitativo de las adjudicaciones en las licitaciones públicas del Ministerio de Defensa Nacional en el período de 2002 a 2007, en ese sentido en la cláusula segunda del mencionado acuerdo se establece que las empresas suscribientes acuerdan presentarse a las futuras licitaciones públicas del Ministerio de Defensa Nacional, con un mismo precio, un mismo plazo de entrega ofertando todos las mismas cantidades y mismas condiciones, evitando de esta manera volver a incurrir en una inútil competencia. Los tribunales de instancia determinaron que el mencionado acuerdo no es susceptible de exigirse o determinar su cumplimiento porque no se cumplió con los requisitos de elevarse a la categoría de instrumento público, tampoco fue registrado ante autoridad competente, encontrando en ello una causa ilícita en el contrato por ello declararon improbada la demanda y probadas las excepciones perentorias opuestas por las empresas demandadas. Sin embargo de lo analizado, la causa ílicita que encontraron los de instancia en el contrato, no está referida a las formalidades del documento sin especificar en concreto que hechos constituyen la causa ilícita.

Al respecto corresponde realizar el presente análisis con relación al tema el art. 454 del Código Civil al referirse a la libertad contractual y sus limitaciones en el parágrafo II del mencionado artículo establece que “la libertad contractual está subordinada a los límites impuestos por la Ley y a la realización de intereses dignos de protección”. Para Katiuska Hernández Fraga “La autonomía de la voluntad es un principio básico del Derecho contractual. El valor de este principio se aprecia en el hecho de considerarse como una manifestación de la libertad del individuo, cuyo reconocimiento por la ley positiva se impone, el cual se traduce en la posibilidad que tienen las personas de regular libremente sus intereses, ejercitar los derechos subjetivos de los cuales son titulares y concertar negocios jurídicos. Sin embargo, independientemente de ser considerada como uno de los principios más importantes en el Derecho Civil y específicamente en el Derecho de Contratos, no es admitida de forma absoluta, por cuanto tiene restricciones previstas en la ley y otras que se desprenden de las circunstancias o de las situaciones de hecho. Dichas restricciones se manifiestan en forma de límites y limitaciones”.

Si bien las personas son libres de celebrar contratos en apego a la libertad contractual expresando libremente su voluntad, esta libertad contractual tiene sus límites con fines de preservar el orden público, la moral y las buenas costumbres de lo cual podemos inferir que existen tres clases de límites a la libertad contractual los impuestos por ley, la moral  y las buenas costumbres, y el orden público. Con relación a los límites impuestos por la ley, estos están establecidos en disposiciones legales en actual vigencia los mismos que son de cumplimiento obligatorio un contrato suscrito fuera de la ley, no está permitido porque se encuentra fuera de lo establecido por la norma, los actos contrarios a las normas imperativas son nulos de pleno derecho. Para Katiuska Hernández Fraga: La norma imperativa tiene un rango preferente, una jerarquía superior al precepto privado y a las normas supletorias o dispositivas. Su carácter coactivo impide que el sujeto no haga lo que manda hacer o haga lo que la norma prohíbe hacer. Se designa así la ley que dicta una disposición no derogable por la voluntad de los particulares. Por tanto, la norma imperativa es aquella que restringe la libertad de contratar, fija los límites de la autonomía de los particulares y eventualmente la corrige o la modifica. Puede apreciarse entonces, que la libertad de contratar significa que las partes pueden determinar cada una de las cláusulas concretas del contrato, pero respetando las normas legales imperativas del régimen contractual general y particular. Por lo que al existir una norma imperativa los particulares no pueden estipular, en el contrato, una disposición contraria”.

La moral viene del latín mos moris costumbre y de ahí moralis relativo a los usos y costumbres, son reglas, posicionamientos normas o consensos por los que se rige y juzga el comportamiento o la conducta de un ser humano. En ese enfoque lo que forma parte del comportamiento moral está sujeto a ciertas convenciones sociales y no forman un conjunto universalmente compartido. Por otra parte la mayoría de las sociedades comparten un núcleo de consensos sobre sobre la inaceptabilidad de ciertas conductas que son rechazadas como la mentira ventajosa, el causar grandes daños a personas desvalidas.  La moral, entendida como el conjunto de convicciones de ética social imperantes en un determinado momento histórico, con un carácter general en la comunidad jurídica. Plantea Pérez Gallardo que en la moral están ancladas las cosmovisiones, intereses, valores, estructuras de clase y motivaciones de la sociedad como conjunto de convicciones de orden ético que no es necesario que se plasmen en actos concretos. En tanto las buenas costumbres suponen una serie de prácticas o de actos en que aquellas convicciones se positivizan, la moral es entendida como un límite al principio de autonomía de la voluntad al restringir los actos jurídicos que los sujetos de derecho pueden celebrar, ya que a través de la moral se arraigan definiciones o determinaciones conductuales con el objetivo de que sean observadas, cumplidas y acatadas por la sociedad. Convirtiéndose sus postulados en reglas de moral, a que deben ajustarse todas las personas,  el contrato será ineficaz cuando su causa se oponga a   la moral.

En el tercero de los tradicionales límites a la autonomía de la voluntad se sitúa el orden público, en el sentido no de ley imperativa, sino en el de conjunto de principios que constituyen el núcleo fundamental de criterios informadores del ordenamiento jurídico. Identificado además con la organización general de la comunidad y sus principios fundamentales y rectores. Gonzalo Castellanos Trigo en su libro “Teoría General de los Contratos conforme al Código Civil Boliviano” al referirse al orden público analiza la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España y dice que “El orden público está integrado por aquellos principios jurídicos, públicos, privados, políticos, económicos, morales e incluso religiosos, que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en una época determinada”. Esta descripción jurisdiccional del contenido de la noción de orden público se pone de relieve la dimensión social que tiene todo acto de ejercicio de la libertad. Debe tenerse presente que la autonomía de la voluntad importa la ocurrencia de dos factores: la voluntad como causa eficiente de las consecuencias jurídicas de los actos de los particulares, y el reconocimiento de esa voluntad por el ordenamiento. Con las necesarias limitaciones que éste debe imponer en orden a salvaguardar los intereses superiores de la comunidad, pero sin dejar de reconocer que la libertad de la persona no puede limitarse a decidir si realiza o no un contrato, sino que también debe poder determinar las consecuencias del mismo.

En el caso que se analiza el contrato del cual se pretende su cumplimiento atenta contra los principios y valores de igualdad, libertad, igualdad de oportunidades de las empresas, al respecto diremos que a partir de la promulgación del nuevo orden constitucional establecido en la Constitución Política del Estado aprobada por referéndum el 25 de enero de 2009 y promulgada el 7 de febrero de 2009, se establecen principios y valores que rigen la sociedad establecidos en el art. 8 de la Norma fundamental como principios ético morales de la sociedad plural que forman un conjunto de normas morales y valores, los mismos que se encuentran expuestos normativamente constituyendo un soporte de la sociedad boliviana, y al mismo tiempo constituye un límite para restringir los actos jurídicos que se pueden celebrar conforme lo establece el art. 9 num. 4) de la C.P.E. cuando establece que son fines y funciones del Estado boliviano garantizar el cumplimiento de los principios, valores, reconocidos en esta Constitución, por lo tanto nos encontramos con principios y valores que el Estado debe cumplir y los órganos jurisdiccionales encargados de precautelar ciertos principios establecidos, los cuales fijan límites a la libertad contractual.

En el caso que se analiza las empresas suscribientes del acuerdo pretenden  uniformar precios, condiciones, plazos de entrega en las propuestas a licitaciones haciendo inútil la participación de otras empresas y al mismo tiempo estableciendo condicionamientos a las empresas suscribientes del acuerdo interinstitucional difíciles de cumplir al establecer porcentajes que deben respetar las empresas, asumiendo un compromiso de participación solo en ese porcentaje,  vulnerando los principios de igualdad de oportunidades y libertad de las empresas, así como el principio de libre mercado logrando que entre las suscribientes no se respete lo acordado porque el interés de lograr el beneficio co n la adjudicación de una licitación obteniendo mayores ganancias se sobrepone en desmedro de la otra empresa,  incurriendo cada empresa en deslealtad con la otra para conseguir su objetivo,  razón por la cual no resulta  un interés digno de protección porque atenta contra el derecho que tiene toda empresa de competir libremente en el mercado, hecho que no es susceptible de protección. Asimismo atenta contra lo dispuesto en el decreto supremo Nº 27328 de fecha 31 de enero de 2004, decreto que tiene como objeto establecer los principios, normas y condiciones que regulan los procesos de contratación de bienes obras y servicios generales y las obligaciones y derechos que se derivan de estos en el marco de la Ley 1178 Ley del sistema de administración de bienes y servicios, el cual entre sus principios se encuentra la libre competencia establecida  en el art. 2 inc. g) “La libre competencia que establece que en las contrataciones estatales será incentivada la más amplia concurrencia y participación de proponentes a través de una adecuada publicidad con el objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto al precio, calidad y oportunidad de entrega”. Asimismo el art. 8 del mencionado decreto establece “Prohibición de prácticas restrictivas y actos de corrupción y fraude, en los procesos de contratación se prohíbe inc. a) Los proponentes celebren acuerdos entre sí y con terceros que tengan por fin establecer prácticas restrictivas de libre competencia de conformidad con las disposiciones legales”, quedando también establecido en la parte final del mencionado art. que incurrir en cualquiera de las previsiones establecidas determinará que la entidad pública remita los antecedentes al Ministerio Público. Asimismo por certificación de fs. 704 emitida por la Directora General de Sistemas Administrativos  del Ministerio de Hacienda dirigida el Juez de la Causa certifica que “en caso de que los proponentes establezcan propuestas no se estaría cumpliendo el principio de libre competencia y que se podría dar lugar a colusiones”.

De lo referido se establece que el contrato del cual se pretende su cumplimiento establece una uniformidad de propuestas para licitaciones contraria a normas imperativas y principios de orden público, hecho que atenta contra lo dispuesto en el decreto supremo Nº 27328 de fecha 31 de enero de 2004 y la libre competencia. De todo lo manifestado se establece que el contrato del cual se pretende su cumplimiento no se encuentra permitido en nuestro sistema de contrataciones y licitaciones públicas y toda vez que se establece en el contrato de referencia que servirá para presentarse a futuras licitaciones públicas del Ministerio de Defensa, necesariamente están regidas por el Sistema de administración de bienes y Servicios y el Decreto Supremo Nº 27328, encontrando este Tribunal que no puede acoger la pretensión de la demanda es decir el cumplimiento del mismo, porque el motivo que condujo a la celebración de acuerdo interinstitucional y empresarial estaría atentando contra la normativa ya existente que lo prohíbe, afectando al orden público y por lo tanto afectando a los intereses y derechos que tiene el Estado,  no teniendo un interés digno de protección  y por lo tanto no siendo susceptible de exigir su cumplimiento.

En mérito a lo razonado y no siendo evidente que las formalidades no cumplidas en el contrato invalidarían su cumplimiento sino que el mismo afecta a la libre competencia establecida por el Estado Plurinacional y por lo tanto al orden público, reprochable en todo caso, no corresponde determinar el cumplimiento del mismo.

Por lo indicado corresponde emitir fallo en virtud a la previsión contenida en los arts. 271 num. 2) y 273 ambos del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num.1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010; y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO, el recurso de casación en el fondo de fs. 891 a 896, interpuesto por CIENSA LTDA., representada por Álvaro Mauricio Cassab Ontiveros, Nagara Hipólita Villegas y Marica Cristina Erquicia Peralta, impugnando el Auto de Vista REG/S.CH/ZGC/ASEN.191/29.04.2011 de fecha  29 de abril  de 2011, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba. Con costas.

Se regula honorario en la suma de Bs. 1000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava