TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 919/2015 - L

Sucre: 12 de Octubre 2015

Expediente:        SC-92-10-S

Partes: Shih Hwan Huang c/ Félix, Irma y Rosmery (todos) Chile Blanco

Proceso: Nulidad de escrituras, Mejor derecho de Propiedad, Reivindicación y

               Entrega de inmueble, acción negatoria, Pago de daños y perjuicios

Distrito: Santa Cruz                                                                                                                                        


VISTOS: El recurso de casación de fs. 433 a 434, interpuesto por Rosmery Chile Blanco, contra el Auto de Vista  de 14 de diciembre de 2007 pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito de Santa Cruz (Hoy Tribunal Departamental de Justicia), cursante de fs. 422 y vta., en el proceso de Nulidad de escrituras, Mejor derecho de Propiedad, Reivindicación y Entrega de inmueble, acción negatoria, Pago de daños y perjuicios, seguido por Shih Hwan Huang contra Félix, Irma y Rosmery (todos) Chile Blanco, la concesión de fs. 448, los antecedentes del proceso, y;


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sustanciado el proceso, el Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital (Santa Cruz) dicta Sentencia Nº 60, de 10 de mayo de 2006, cursante de fs. 260 a 269 y vta., declarando probada la demanda de fs. 24 a 25 en lo referente a la reivindicación, Mejor Derecho propietario, acción Negatoria y Cancelación de Partida Computarizada den DD.RR e improbada en lo relativo a la Nulidad de Documentos y pago de daños y perjuicios. Así mismo se declara improbada la demanda reconvencional de fs. 80 a 81 y vta., en consecuencia se resuelve lo siguiente: 1.- Se otorga un plazo de 15 días para que los demandados entreguen completamente desocupados los inmuebles de propiedad del actor de 444,56 mt2 y el otro de 918.75 Mt2 de superficie, ambos ubicados en la zona Nor-Oeste, U.V. 56, Mza 40 de la ciudad de santa Cruz, bajo prevenciones de librar mandamiento de desapoderamiento. 2.- Se ordena a DD.RR proceda a la cancelación de la partida computarizada Nº 010379763 de fecha 05 de Marzo de 1998 y Partida Computarizada Nº 010329596 de fecha 27 de mayo de 1998, hoy matrícula Nº 7.01.1.99.0023683. Resolución que es apelada tanto por Rosmery Chile Blanco como por Félix Chile Blanco  por memoriales de fs. 274 a 279 y 288 a 291 y vta., respectivamente, que merece Auto de Vista de 14 de diciembre de 2007, cursante a fs. 422 y vta., en el que la Sala Civil segunda de la Corte superior de distrito de Santa Cruz ANULA obrados hasta el Auto de Admisión de la demanda de fs. 27 inclusive y dispone que la parte actora complemente su demanda conforme a procedimiento, con severa llamada de atención al Juez de la causa por falta de control oficial oportuno del proceso. Resolución de alzada que es recurrida de casación por la demandada Rosmery Chile Blanco, que obtiene el presente análisis.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Expresa que el Auto de Vista al anular lo obrado, estaría premiando al demandante por la deficiente  fundamentación de la demanda y el no haber podido probar su acción, partiendo de lo establecido en el art. 1283 inc. 1 y 2 del  Código Civil, al margen de que el saneamiento procesal es una etapa precluída, puesto que las partes al momento de las conclusiones para Sentencia dieron por bien hecho lo actuado, habilitando al juzgador para que se pronuncie en el fondo.

En ese entendido el Tribunal de apelación debió aplicar el art. 237 inc. 3) del Código de Procedimiento Civil y revocar la Sentencia, puesto que la demanda, aunque con pobre fundamentación, cumple con lo ordenado en el art. 327 del Código de Procedimiento Civil.

En mérito a estos fundamentos, solicita al Tribunal de Casación se sirva casar el Auto de Vista y declarar improbada la demanda, con costas.

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Siendo que la Resolución impugnada es anulatoria, solamente se analizaran los agravios de forma, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

La recurrente reclama que el Auto de Vista anulatorio beneficia y premia al actor, por la deficiente  fundamentación de la demanda y el no haber podido probar su acción, en ese entendido el Tribunal de apelación debió aplicar el art. 237 num. 3) del Código de Procedimiento Civil y revocar la Sentencia puesto que la demanda, aunque con pobre fundamentación, cumple con lo ordenado en el art. 327 del Código de Procedimiento Civil habilitando al juzgador para que se pronuncie en el fondo.

Corresponde inicialmente realizar algunas  consideraciones generales referidas al tema de las nulidades procesales, ya que a partir de la vigencia de la Ley 025 del Órgano Judicial quedaron restringidas conforme lo disponen los arts. 16 y 17, situación ratificada en el nuevo Código Procesal Civil por la vigencia anticipada de sus preceptos referidos a las nulidades procesales; normas legales que se encuentran en correspondencia con los principios constitucionales de celeridad, eficiencia, que hoy rige la administración de justicia; precisamente en observancia a dichos principios. El art. 17.I de la Ley 025 señala: “La revisión de actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley”, en este entendido, a los Tribunales aún les es permisible la revisión de las actuaciones procesales de oficio, sin embargo, esa facultad está limitada a aquellos asuntos previstos por ley, entendiendo, que el régimen de revisión no es absoluto, sino limitado por factores legales que inciden en la pertinencia de la nulidad para la protección de lo actuado, por lo que en el caso de que un Juez o Tribunal advierta algún vicio procesal, este en virtud del principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria al tomar una decisión anulatoria, debe compulsar los mismos a la luz de los principios procesales de especificidad, trascendencia, convalidación, preclusión, conservación, protección y de finalidad del acto, es decir que debe tener presente que una nulidad de oficio solo procederá cuando la ley así lo determine o exista evidente vulneración al  debido proceso en cualquiera de sus componentes, cuando tenga incidencia directa en la decisión de fondo o el derecho a la defensa o esté seriamente afectado, lo contrario significa un quebrantamiento al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, en esa consideración no corresponden los rigorismos que tiendan a producir nulidades por anomalías o vicios procesales que no tenga incidencia trascendental en el proceso, en este sentido se tiene que este Tribunal, a emitido varios Autos Supremos donde se cambia sustancialmente la jurisprudencia trazada por la Ex Corte Suprema de Justicia respecto a las nulidades procesales, entre esas resoluciones se citan los A.S. 197, 223, 336, todos emitidos el año 2013, aspectos trascendentales que no fueron tomados en cuenta por el Ad quem.

El principio de conservación, es otro de los basamentos de las nulidades que debe considerarse a tiempo de optar por la nulidad procesal, toda vez que la misma implica siempre un retroceso y la dilación del trámite en perjuicio de las partes y del propio sistema judicial, esto, en el entendido de que el proceso está constituido por distintas etapas o fases que se ejecutan en un orden determinado y cada etapa precluye al avenimiento de la siguiente, de manera que  los actos procesales que se hubieran cumplido quedan firmes y no pueden retrotraerse, en ese marco, la nulidad procesal es sin duda la última opción por la que debe optar el Juez, excepcionalmente, pues la regla es mas bien, la conservación de los actos procesales, principios que deben ser considerados no solo por las partes, sino fundamentalmente por la autoridad jurisdiccional.

Teniendo presente lo expuesto, en el caso en cuestión, el Tribunal A quem anuló la determinación asumida bajo la óptica de que “la demanda… no especifica cuantas y cuáles son las escrituras que pretende se declare su nulidad, la fecha, mes y año en que se elaboraron….”  que en base a ello: “..Anula obrados hasta el auto de admisión de demanda de fs. 27 inclusive y dispone que la parte actora complemente su demanda conforme a procedimiento.”.


En función de la actividad revisora que le otorga la ley procesal al Tribunal de alzada, éste tiene el deber de revisar lo resuelto por el inferior conforme a los agravios expuestos en la apelación, y en caso de encontrar deficiencias en la fundamentación de la Resolución apelada o incorrecta aplicación de alguna norma legal sustantiva, corresponde a éste mejorar con mayor criterio esa fundamentación procurando en lo posible resolver el fondo del problema sin que ello implique exceder los límites que establece el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, siendo la nulidad una medida de ultima ratio como se dijo supra, puesto que una de las codemandadas en su apelación de fs. 274 a 279 solicitó que por mandato del art. 190 del Código de Procedimiento Civil:  “fallar sobre la cosa litigada, en la manera en que hubiera sido demandada” y que el Tribunal de apelación en aplicación del art. 237 del adjetivo de la materia revoque en parte la Sentencia apelada en lo que se refiere a la reivindicación, mejor derecho propietario, acción negatoria y cancelación de partida computarizada en DD.RR pretendida por la parte actora, manteniéndose en todas sus partes el resto de la Sentencia, por otro lado de la apelación del otro codemandado cursante en fs. 288 a 291 (Félix Chile Blanco) reclama sobre su acción reconvencional, en ese entendido existen dos apelaciones que implican resolver el fondo del problema, aspecto que no fue comprendido por el Tribunal de alzada, quien al disponer la nulidad de obrados, negó la posibilidad de revisión del primer fallo, actuando en contra del principio al debido proceso que rige hoy en la administración de justicia, constituyendo su decisión de anular por una fundamentación incompleta de la demanda, lo cual no tienen relación con la nulidad procesal.


Consiguientemente el Tribunal Ad quem, estaba en la obligación de entrar a considerar el fondo de los recursos de apelación, conforme establece el art. 236 del Código de Procedimiento Civil y no desconocer su competencia, como evidentemente lo hizo al anular obrados, determinación encontrada en que la demanda carece de la fundamentación exigida por las normas legales tal como el art. 327 del Código de Procedimiento Civil, pues el Tribunal de segunda instancia debe resolver conforme al art. 190 del Código de Procedimiento Civil, aún si el petitorio de la demanda no resultare expreso, debe determinar el fin perseguido, apreciar en torno a que ha girado la Litis y aún si es necesario requerir más prueba, puesto que el Auto de Vista tiene la obligación de resolver el conflicto jurídico en base a lo que las partes expongan en el marco de los agravios de la apelación, aplicando el principio de la verdad material que persigue la veracidad de los hechos en controversia.

De donde se concluye que el Tribunal Ad quem, al haber decidido a través del Auto de Vista recurrido anular obrados hasta el Auto de admisión de la demanda, con el fundamento de que la parte actora complemente su demanda y considerar innecesario resolver los agravios fundamentados en las apelaciones, resulta siendo incorrecta. Omisión que efectivamente supone la vulneración de la verdad material siendo ella fundamental como uno de los principios procesales de la administración de justicia actual. Con relación al principio de eficacia y verdad material, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0210/2010 de 24 de mayo, señaló: “El art. 180 de la CPE, prevé los principios procesales de la jurisdicción ordinaria, entre ellos el principio de eficacia, que supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo, de oficio, los obstáculos puramente formales, sin demoras innecesarias; este principio está íntimamente vinculado con la prevalencia del derecho sustancial respecto al formal y el principio de verdad material; el principio de eficiencia por el que se pretende mayor certeza en las resoluciones y que las personas puedan obtener un oportuno reconocimiento de sus derechos a través de la ejecución de las resoluciones judiciales, y el principio de verdad material que buscará por todos los medios la verdad pura”.

Principio Constitucional que debe ir de la mano con el principio de la independencia que otorga a los jueces de instancia un amplio margen para la dirección del proceso, especialmente en lo que hace a la evaluación, pertinencia o necesidad de la prueba, adoptando las medidas que considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos (verdad material), en procura de lograr una resolución eficaz. Pues ninguna resolución judicial puede considerarse razonablemente correcta o justa, si se funda sobre una comprobación errónea o parcial de los hechos que hacen al fondo del proceso.

De lo expresado, corresponde al Tribunal de alzada resolver el fondo de la controversia en base a los hechos y el derecho discutidos por las partes, en pro de resolver el conflicto jurídico puesto a su conocimiento. Por las razones expuestas, habiéndose advertido que el Auto de Vista impugnado anuló obrados en forma indebida y siendo al respecto, fundados los agravios acusados por la recurrente, corresponde  fallar en la forma prevista por el art. 271 num. 3) del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil de Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42.I num. 1) de la Ley  025 del 24 de junio de 2010, y en aplicación de lo previsto por los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil ANULA el Auto de Vista de 14 de diciembre de 2007 pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito de Santa Cruz (Hoy Tribunal Departamental de Justicia), cursante de fs. 422 y vta., y dispone que previo sorteo y sin espera de turno (considere aún adoptar medidas esclarecedoras) emitir nueva Resolución que resuelva las apelaciones deducidas contra la Sentencia en apego a lo previsto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Siendo excusable el error, no se impone multa a los Vocales signatarios.
En aplicación del art. 17.IV de la Ley N° 025 remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.
Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.