TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 915/2015 - L

Sucre: 9 de Octubre 2015

Expediente: O-20-11-S

Partes: Sabino Cortez Chávez c/ Juan Carlos Cortez Medina

Proceso: Rectificación y aclaración de datos en Derechos Reales

Distrito: Oruro


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 172 a 174 y vta., interpuesto por Felipa Orellana López y Agustina Orellana López, contra el Auto de Vista Nº 050, de 28 de marzo de 2011, de fs. 166 a 168 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del distrito Judicial de Oruro, en el proceso ordinario de rectificación y aclaración de datos en Derechos Reales seguido por Sabino Cortez Chávez, contra Juan Carlos Cortez Medina, la contestación de fs. 183 a 184, el Auto de concesión del recurso de fs. 185, los antecedentes del proceso, y;


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, el Juez de Partido Quinto en lo Civil y Comercial de la ciudad de Oruro, pronunció la Sentencia Nº 381, de fecha 08 de septiembre de 2010, cursante a fs. 15 y vta., declarando probada la demanda, a cuyo efecto dispuso la rectificación de los datos técnicos del terreno vía sub inscripción en Derechos Reales.

Resolución de primera instancia que fue recurrida de apelación por Felipa Orellana López y Agustina Orellana López, por memorial de fs. 48 a 50, resuelta por Auto de Vista Nº 050, de 28 de marzo de 2011, de fs. 166 a 168 y vta., por el que se anuló el Auto de concesión de alzada y se declaró por ejecutoriada la Sentencia de primera instancia, con el fundamento de que las recurrentes carecerían de legitimación para deducir la apelación y tampoco demostraron el perjuicio que les ocasiona la Resolución de primera instancia.

Resolución que a su vez es recurrida de casación en el fondo, que es objeto de Autos.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


Luego de proceder a la transcripción del Auto de Vista, alegan que no sería evidente que no cumplieron con lo dispuesto por el art. 232 del Código de Procedimiento Civil, debido a que por distintos memoriales solicitaron la apertura de termino probatorio en segunda instancia, con la finalidad de acreditar el derecho propietario que les asistiría sobre el inmueble en litigio, derecho que estaría siendo afectada por la Sentencia de primera instancia, empero, sus solicitudes fueron rechazadas, para luego proceder a la trascripción del AS Nº 66 de 25 de febrero de 1982, referido al derecho extensivo de las partes a recurrir de apelación, la SC Nº 0193/2006-R de 21 de febrero, referida a la procedencia de la nulidad de obrados, viéndose afectado su derecho a la propiedad, defensa y debido proceso con la Sentencia de primera instancia.  

Que la nulidad dispuesta no se encuentra dentro de las formas de Resolución contempladas por el art. 237 del Adjetivo Civil.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


Ahora bien, habiendo las recurrentes planteado recurso de casación en el fondo contra una Resolución anulatoria, que es contraria a la  jurisprudencia sentada por este Tribunal de Justicia, en sentido de que contra una Resolución anulatoria no procede recurso de casación en el fondo si no únicamente en la forma, empero y más allá de esta técnica recursiva y sobre todo en consideración a que los agravios están orientados a atacar la nulidad dispuesta por el Ad quem, en base a los principios del pro hómine y pro actione y el derecho a la impugnación de las resoluciones, se pasa a resolver el mismo, a cuyo efecto es pertinente realizar las siguientes puntualizaciones:

Uno de los varios derechos que nacen de la relación procesal, es el derecho de recurrir contra las resoluciones judiciales, cuya naturaleza es estrictamente procesal; pero para que cualquier recurso sea admisible y procedente, al margen de los requisitos de forma y contenido, debe cumplir con otros requisitos generales de carácter subjetivo y objetivo; entre uno de los requisitos subjetivos se encuentra la necesaria existencia de gravamen o perjuicio que genera la resolución contra los intereses del litigante, siendo este requisito el más importante que habilita al justiciable el interés legítimo para recurrir.

Según afirma Couture, en el ámbito del Derecho Procesal, agravio es el perjuicio o gravamen, material o moral, que una resolución judicial causa a un litigante. Ese perjuicio debe ser cierto, evidente, real y concreto; la necesaria existencia de agravio o/y perjuicio es el motor que impulsa, promueve y justifica la activación del recurso, sin importar el tipo de parte de que se trate en la intervención del proceso; razonado en contrario se puede afirmar que no existe recurso sin gravamen o perjuicio, ni interés válido para impugnar; el simple hecho de recurrir por recurrir sin que exista afectación de ningún interés legítimo, implicaría hacer abuso del derecho.

Definitivamente, la recurribilidad de las resoluciones judiciales está en función del agravio que cause la Resolución y sea perjudicial a los intereses del justiciable; así discurre del primer parágrafo del art. 213 del Código de Procedimiento Civil que señala: “Las Resoluciones judiciales serán recurribles mediante impugnación de la parte perjudicada…”, bajo ese entendimiento de que recurso son los diferentes medios de impugnación que la ley procesal otorga a las partes para impugnar una Resolución que cause perjuicio, es que nuestro sistema procesal describe recursos ordinarios y extraordinarios, como el de reposición, apelación, casación y de revisión, condición de perjuicio que se encuentra expuesto con bastante claridad en los art. 213 y 219 del mismo cuerpo legal.

Las consideraciones anteriormente descritas encuentran sustento en base al aporte doctrinario, entre estos se tiene al tratadista Hugo Alsina, quien en su obra TRATADO TEORICO Y PRACTICO DE DERECHO PROCESAL, Tomo IV, pág. 191 señala lo siguiente: b) “La cuestión de saber quién puede interponer un recurso, constituye un aspecto de la legitimación procesal. Como regla general, puede decirse que los recursos tienen la característica de que funcionan por iniciativa de las partes, y que en consecuencia, a ellas corresponderá su deducción (V 4). Pero hay casos en que  el recurso se niega a las partes, y otros en que se concede a terceros. Es que, así como el interés es la medida de la acción, el agravio es la medida en el recurso, y por eso se concede aún a los que no siendo  partes en el proceso, sufren  un perjuicio como consecuencia de la  Sentencia…”

Por su parte Enrique Lino Palacios en su Obra “Derecho Procesal Civil”, numeral 546 página 85, indica: “Asimismo, configura requisito subjetivo de admisibilidad del recurso la circunstancia de que la resolución correspondiente ocasione, a quien lo interpone, o a su representado, un agravio o perjuicio personal, porque de lo contrario faltaría un requisito genérico a los actos procesales de parte, cual es el interés”.

Como se podrá advertir, la presencia de agravio y/o perjuicio es el elemento fundamental que habilita el interés legítimo para recurrir, no basta la sola declaración de impugnar o recurrir, sino que se requiere además agregar los motivos, agravios o fundamentos que den méritos al impugnante, bajo ese entendimiento por lógica diremos que pueden impugnar una Resolución quienes son parte del mismo y terceros haciendo uso del derecho extensivo de recurrir de apelación previsto por el art. 222 del Adjetivo Civil, norma que dispone: “el recurso de apelación podrá también ser concedido a cualquier interesado a quien causare perjuicio evidente la sentencia o auto definitivo, y demostrare documentalmente su calidad de interesado…”, es decir, que al margen del perjuicio que pudiera alegar el recurrente, debe acreditar documentalmente la calidad de interesado a momento de interponer el recurso de apelación.

En el caso presente, se tiene que la relación jurídico procesal está integrada por Sabino Cortez Chávez como sujeto activo de la causa y Juan Carlos Cortez Medina como sujeto pasivo de la misma, sin embargo Felipa Orellana López y Agustina Orellana López impugnaron la Sentencia de primer grado acogiéndose al derecho extensivo de apelación previsto por el art. 222 del Código de Procedimiento Civil, adjuntando en fotocopia simple la Escritura Pública Nº 95/86 de 25 de marzo, documento por el cual Simón Orellana Aguilar (progenitor de las recurrentes) les hubiera otorgado el terreno objeto de Litis en calidad de anticipo de legitima, admitido dicho apersonamiento por el Juez de la causa, se corrió en traslado la apelación deducida así como la documental adjunta, que fue objeto de observación por el actor, argumentando que las impugnantes al margen de no ser parte del proceso, tratan de acreditar su interés legítimo con una documental que carece de valor al ser fotocopias simples, empero y pese a esta observación a dicha documental, el A quo concedió el recurso de apelación deducido en fecha 24 de septiembre del 2010, en cuyo mérito y luego del trámite el Tribunal de segunda instancia pronuncio un primer Auto de Vista anulatorio hasta el Auto de concesión del recurso de apelación, para luego y regularizado el procedimiento pronunciar un segundo Auto de Vista de fecha 28 de marzo de 2011, tiempo en que las recurrentes bien pudieron hacerse de la documental extrañada por la última Resolución, resultando correcto el argumento del Ad quem al disponer la nulidad del Auto de concesión del recurso de casación, debido a que las recurrentes no acreditaron uno de los presupuestos exigidos por el art. 222 del Código de Procedimiento Civil, es decir, no demostraron con documentación idónea su calidad de interesado, bajo ese razonamiento resulta correcta la determinación asumida por el tribunal de segunda instancia.

Tampoco resulta evidente que la nulidad dispuesta no se encontraría  dentro de las formas de resolución contempladas por el art. 237 del Adjetivo Civil, pues la nulidad dispuesta se encuentra prevista por el num. 4) del artículo de referencia, más aun si dicha nulidad se encuentra debidamente fundamentada conforme el razonamiento del Tribunal de alzada, aspecto que no merece mayor análisis.

Por lo referido precedentemente, corresponde a este Tribunal fallar de conformidad a lo dispuesto por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de fecha 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Felipa Orellana López y Agustina Orellana López contra el Auto de Vista Nº 050, de 28 de marzo de 2011, de fs. 166 a 168 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del distrito Judicial de Oruro Con costas.

Habiéndose dado respuesta al recurso, se regula el honorario profesional del Abogado patrocinante de la parte actora en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relatora: Mgda Dra. Rita Susana Nava Durán.