TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                  S A L A  C I V I L




Auto Supremo: 912/2015 - L

Sucre: 09 de octubre 2015

Expediente: O-24-11-S

Partes: Román Alconz Paz. c/ Edith Roxana Aguilar Flores.

Proceso: Nulidad de Resolución Judicial y de Testimonio de Declaratoria de

               Herederos.

Distrito: Oruro.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 186 a 188, interpuesto por Román Alconz Paz, contra el Auto de Vista Nº 087/2011 de fecha 21 de mayo de 2011, cursante de fs. 176 a 182 y vta., pronunciado por la Sala Civil, Familiar y Comercial Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro del proceso ordinario de Nulidad de Resolución Judicial y de Testimonio de Declaratoria de Herederos, seguido por el recurrente contra Edith Roxana Aguilar Flores; la concesión de fs. 197; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:                                                                                      ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Tramitado el Proceso, el Juez de Partido Cuarto en lo Civil de la ciudad de Oruro, emitió la Sentencia Nº 597/2011 de fecha 26 de enero de 2011, cursante de fs. 128 a 131 y vta., declarando probada la demanda contenida en los memoriales cursantes de fs. 18 a 20, complementada por memoriales de fs. 24 y 27 de obrados incoada por Román Alconz Paz, por lo que se dispone la Nulidad de la Resolución Judicial (Auto Definitivo Nº 15/2007) que corresponde  al expediente Nº 72/2007 dictado en fecha 16 de marzo de 2007 por el Juez Incompetente de ese entonces Dr. Sergio Vásquez Jiménez del Juzgado de Instrucción Ordinario y Cautelar de la localidad de Huanuni; consecuentemente dispuso la nulidad del Testimonio de Declaratoria de Herederos franqueado en fecha 19 de marzo de 2007 por el Juzgado de Instrucción Cautelar de la Localidad de Huanuni.

Contra la referida Sentencia, Edith Roxana Aguilar Flores, interpuso Recurso de Apelación cursante de fs. 154 a 156.

En merito a esos antecedentes, la Sala Civil, Familiar y Comercial Segunda de la entonces Cote Superior del Distrito Judicial de Oruro, emitió el Auto de Vista Nº 087/2011 de fecha 21 de mayo de 2011, cursante de fs. 176 a 182, por el que anuló obrados hasta fs. 21 inclusive, es decir, hasta el estado en que el Juez de la causa en estricta observancia de los arts. 3) num. 1), 87 y 333 del Código de Procedimiento Civil, disponga que la demanda se ajuste a lo establecido por el artículo 327 num. 5), 6), 7) y 9) de la norma procedimental citada.

Resolución que dio lugar al Recurso de Casación en el fondo, interpuesto por Román Alconz Paz, el mismo que se pasa a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:                                                                                          HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Acusa que el fundamento expuesto en la Resolución de Segunda Instancia, de que no correspondería tramitar la nulidad sino un proceso de fraude procesal, sería insólito toda vez que considera que el proceso de fraude procesal existiría cuando se tramita un proceso con documentación o prueba documental falsa, empero refiere que el presente caso de Nulidad de resolución judicial y de testimonio de declaratoria de herederos no se tramitó con prueba ni documento falso, sino que más bien lo tramitó con pruebas documentales fehacientes y verdaderas en el que habría demostrado la ilegal declaratoria de herederos que tramitó Edith R. Aguilar Flores ante un Juez Incompetente de la localidad de Huanuni, el cual habría sido tramitada con prueba falsa, ilegal y contradictoria, en la que no existiría igualdad de datos del de cujus.

Haciendo hincapié al proceso de Fraude Procesal, refiere que el mismo no procede contra el proceso voluntario de declaratoria de herederos, sino contra procesos contenciosos, ejecutivos, coactivos, etc., pues contra esta figura procedería la nulidad de dicha resolución y del testimonio de declaratoria de herederos, extremos por los cuales acusa la vulneración de los arts. 74 de la Ley del Registro Civil, arts. 10 inc. 3), 90; 251 y 252 del Código de Procedimiento Civil, art. 17 de la Ley 025 y arts. 1000 y 1001 del Código Civil. 

Por los fundamentos expuestos solicita se case el Auto de Vista y deliberando en el fondo se disponga la nulidad de dicha resolución y se disponga que la Sentencia de primera instancia se mantenga incólume.

CONSIDERANDO III:                                                                                            FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De la lectura del Recurso de Casación, se advierte que el recurrente señala que el mismo deviene en el fondo, cuando en realidad por la vasta jurisprudencia emitida por este Tribunal Supremo se concluyó que contra una resolución de carácter anulatorio, como ocurre en el caso de autos, procede únicamente el recurso de casación en la forma, toda vez que en una resolución anulatoria no se considera aspectos concernientes al fondo de la cuestión litigada; empero, del análisis de los extremos acusados en el recurso de casación, se advierte que los mismos corresponden a la forma del proceso, es decir a la determinación asumida por el Tribunal de Alzada y no así al fondo como equivocadamente señala el recurrente, bajo ese razonamiento y en observancia del principio de pro actione se ingresa a considerar el mismo.

Del análisis de los reclamos acusados en casación, se tiene que los mismos se encuentran orientados a objetar el fundamento expuesto por el Tribunal de Alzada respecto a que en el caso presente lo que correspondía era tramitar el fraude procesal, acción que el recurrente considera no ser evidente pues contra irregularidades realizadas en un proceso voluntario de declaratoria de herederos refiere que habría procedido la interposición de la nulidad de dicha resolución y no así el fraude procesal; al respecto y conforme a la revisión del Auto de Vista Nº 087/2011 de 21 de  mayo de 2011, cursante de fs. 176 a 182 y vta.,  se advierte que los fundamentos por los cuales el Tribunal de Alzada procedió a declarar la nulidad de obrados hasta fs. 21, fue porque consideraron que la demanda principal contiene defectos de forma, que no se funda en ninguna causal que prevé el art. 549 del Código Civil, que pese a que se incoó la nulidad se hizo referencia a una norma jurídica que responde a una causal de anulabilidad, lo que generó convicción de que la demanda sería contradictoria y por ende imperfecta; del mismo modo dicho Tribunal refirió que los fundamentos expuestos en la demanda  no constituyen fundamento valido para la nulidad en el ámbito sustancial de actos procesales suscitados en un proceso voluntario de declaratoria de herederos, para cuyo caso, salvo interpretación contraria, correspondería el proceso de fraude procesal.

Es así que, en base a dichos razonamientos, el Tribunal de Segunda Instancia señaló que lo que correspondía a la Jueza A quo, en aplicación de lo previsto en el art. 333 del Código de Procedimiento Civil, era observar la misma en cuanto a los defectos señalados y en caso de no ser subsanados declarar la no presentación de la demanda, por lo que consideró que la negligencia de la juzgadora de primera instancia ocasionó un proceso inútil en base a una demanda defectuosa que fue admitida y tramitada en forma irregular, en perjuicio de las partes causando inseguridad jurídica, pues el proceso se habría tramitado en base a una demanda que no cumplía con los presupuestos de admisibilidad establecidos en los incs. 5), 6), 7) y 9) del art. 327 del Código de Procedimiento Civil, razones por las que concluyó la nulidad de obrados hasta fs. 21, disponiendo que la demanda se ajuste a lo establecido en los incisos de la norma citada precedentemente.

De lo expuesto, se observa que dicho Tribunal, centró la nulidad de su resolución en el incumplimiento por parte del recurrente, al momento de interponer la demanda, en los incisos 5), 6), 7) y 9) del art. 327 del Adjetivo Civil, y no únicamente en que en el presente caso debió interponerse o no la demanda de Fraude Procesal; empero a manera de aclaración corresponde señalar que la jurisprudencia sentada por este Tribunal Supremo de Justicia respecto a la demanda de Nulidad de Declaratoria de Herederos estableció que: dicha acción procede, cuando el heredero no está incluido a la sucesión llamada por ley o cuando se ha falsificado documentos para acreditar una filiación que le permite entrar de manera fraudulenta dentro la orden de llamamiento para la sucesión del de cujus; constituyéndose estos, como los dos presupuestos, por los cuales se puede admitir y sustanciar dicha acción, de igual modo se determinó que las causales previstas en la Segunda Parte del Libro Tercero, Título I de los Contratos en General, no son aplicables en la nulidad de declaratoria de herederos, bajo ese entendido tenemos el Auto Supremo No. 67/2013 de 4 de marzo, donde se indicó que: “…por determinación del art. 451 del Código Civil, las normas contenidas en la Segunda Parte del Libro Tercero, Título I De los Contratos en General, son aplicables, en cuanto sean compatibles y siempre que existan disposiciones legales contrarias, a los actos unilaterales de contenido patrimonial que se celebran entre vivos así como a los actos jurídicos en general, de donde resulta que no es evidente que las causales previstas por el art. 549 del Código Civil, sean aplicables para demandar la nulidad de una declaratoria de herederos, lo que de ninguna manera supone que tal acto no pueda ser invalidado por nulidad o anulabilidad, empero las causales para una y otra sanción son distintas a las que rigen en materia contractual…”.

De lo expuesto se concluye que si bien este Tribunal Supremo de Justicia no comparte los fundamentos por los cuales el Tribunal de Apelación procedió a anular obrados hasta fs. 21, es decir hasta que el actor, ahora recurrente, adecue su demanda a los incisos 5), 6), 7) y 9) del art. 327 del Adjetivo Civil, empero si comparte la decisión anulatoria, por lo que corresponde reencaminar los fundamentos por los cuales procede la nulidad de obrados, en ese sentido corresponde realizar las siguientes consideraciones.

El Juez de la causa a momento de conocer la demanda, tiene la obligación de verificar si en la misma concurren o no los presupuestos procesales de admisibilidad, siendo estos; 1) la competencia y la jurisdicción del Tribunal, 2) la legitimación de las partes y 3) la pretensión jurídicamente atendible; ante la falta de alguno de estos presupuestos, el Juez está obligado a dictar resolución de rechazo de la demanda de oficio, esto con el fin de evitar que un proceso o una Sentencia sea inútil e ineficaz. De lo expuesto, corresponde hacer hincapié en el numeral 2) de dichos presupuestos, es decir de la legitimación de las partes, de la cual diremos que  esta debe ser interpuesta por y frente a una persona procesalmente legitimada, es decir que debe ser deducida por una persona que tenga el derecho o se encuentre habilitada para interponer la pretensión legitimación activa-, contra otra que se encuentre habilitada para resistirse eficazmente a ella legitimación pasiva-.

Del mismo modo, a continuación corresponde referirnos a la figura de la improponibilidad, la cual puede ser objetiva o subjetiva, para tal fin debemos citar el Auto Supremo N° 153/2013 de 8 de abril, en el que se ha expuesto lo siguiente: “…tradicionalmente la improponibilidad manifiesta, se centra en el objeto de la pretensión, en la idoneidad de la relación jurídico sustancial presentada en el proceso y la aptitud que tiene esa pretensión de ser actuada en derecho,  entendiendo que la improponibilidad puede presentarse como: 1) Improponibilidad Objetiva: Cuyo radio de evaluación analiza los efectos jurídicos materiales de la pretensión y la falta de aptitud jurídica del objeto para ser juzgado en derecho.  Se trata de los que se pretende, no puede ser juzgado absolutamente, alguna veces a esto le llaman rechazo in limine de la demanda o improponibilidad manifiesta de la pretensión, y 2) Improponibilidad Subjetiva: que analiza en las condiciones subjetivas, personales necesarias para interponer la pretensión, estamos en el caso específico de la falta de interés sustancial en el actor para proponer la pretensión”.

En el caso presente, corresponde referirnos a la improponibilidad subjetiva, la cual se centra en el juicio que hace el Juez, sobre la falta evidente de interés sustancial en el actor para proponer la pretensión, es decir, que esta figura deriva de la falta de legitimación, extremo en el cual el Juez ante la ausencia evidente de legitimación activa para la interposición de una pretensión, debe rechazar la misma in limine. En el caso sub lite, la pretensión del recurrente es la nulidad de una declaratoria de herederos y su correspondiente testimonio, por lo que correspondía al Juez, previamente a admitir la demanda,  analizar si el actor contaba o no con la debida legitimación que hace subjetivamente proponible su pretensión; para hacer aún más comprensible lo expuesto, corresponde citar el Auto Supremo Nº 516/2014 que señaló:  “…el principio dispositivo es reconocido por la doctrina como un principio básico e informador del proceso civil estrechamente ligado a la naturaleza privada de los derechos subjetivos que se controvierten en él. Así, si el Estado reconoce a los ciudadanos un derecho subjetivo de libre disponibilidad, es evidente que sólo al titular de ese  derecho subjetivo le compete discernir y decidir si desea instar la tutela jurisdiccional de tal derecho dando inicio a un proceso; definir el contenido y alcance de la tutela que solicita y;  disponer del derecho poniendo fin al  proceso”.

De lo expuesto, resulta evidente que el recurrente Román Alconz Paz no cuenta con derecho subjetivo alguno que le permita interponer la presente acción de nulidad de declaratoria de heredero que fue interpuesto por Edith Roxana Aguilar Flores y del respectivo testimonio, toda vez que de la lectura de la demanda de fs. 18 a 20 vta., subsanada a fs. 27, se evidencia que el actor no resulta ser heredero del causahabiente Román Aguilar Gonzáles, pues los hechos expuestos en dichos memoriales, reflejan que el mismo no tiene derecho subjetivo sucesorio que lo legitime para interponer la presente acción, situación que el Juez A quo debió advertir al momento de la presentación de la demanda y determinar consiguientemente la improponibilidad subjetiva de esta, por carecer el actor principal, es decir el recurrente, de interés sustancial para ser sujeto activo en el presente proceso.

De esta manera los motivos por los cuales el Tribunal de Apelación procedió a anular obrados, debieron ser los expuestos precedentemente, pues el actor al no estar comprendido en vinculo sucesorio alguno con el causante Román Aguilar Gutiérrez, éste no se encuentra legitimado para interponer dicha pretensión, pues la declaratoria de herederos que fue tramitada por la demandada, por las razones expuestas supra, no le causa agravio alguno al recurrente.

Consiguientemente, en virtud de la reorientación de los fundamentos que originaron la nulidad de obrados dispuesta por el Tribunal de Apelación y ante la existencia de errores procedimentales, corresponde emitir Resolución en la forma prevista en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 186 a 188, interpuesto por Román Alconz Paz, contra el Auto de Vista Nº 087/2011 de fecha 21 de mayo de 2011, cursante de fs. 176 a 182 y vta., pronunciado por la Sala Civil, Familiar y Comercial Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, y en virtud de la orientación de la decisión asumida por dicho Tribunal, dispone la nulidad de todo el proceso, en vista de que el demandante Román Alconz Paz, no tiene legitimación para interponer la demanda de nulidad de declaratoria de herederos y del correspondiente testimonio, resultando en consecuencia la demanda subjetivamente improponible conforme se tiene expuesto. Con costas.

Se regula honorarios del abogado profesional en la suma de Bs. 1000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.