TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                                         S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 890/2015 - L                                                                 Sucre: 6 de Octubre 2015                                                              Expediente: CB10811S                                        

Partes: Mario Unzueta Arispe c/ Juan José Vidal Monrroy, Marcían Magariños

            Espejo, Constancia Revollo de Magariños, Franklin Freddy Magariños

            Revollo, Blanca Flores Romero y Jorge Armando Moscoso Iraola.

Proceso: Revocatoria de actos simulados, nulidad de documentos, reivindicación,  

               más pago de daños y perjuicios

Distrito: Cochabamba


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 624 a 627 y vta., interpuesto por Walter Mihael Rivero Romero por Jorge Armando Moscoso Iraola impugnando el Auto de Vista Nº 209, de fecha 07 de septiembre de 2010 de fs. 619 a 620, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de Revocatoria de actos simulados, nulidad de documentos, reivindicación, más pago de daños y perjuicios, seguido por Mario Unzueta Arispe contra Juan José Vidal Monrroy, Marcían Magariños Espejo, Constancia Revollo de Magariños, Franklin Freddy Magariños Revollo, Blanca Flores Romero y Jorge Armando Moscoso Iraola, la contestación de fs. 636 a 637, la concesión de fs. 646, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:                                                         ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Primero en lo Civil de la ciudad de Cochabamba, dictó la Sentencia Nº 123, de fecha 24 de junio de 2004 de fs. 559 a 566, declarando Probada la demanda de fs. 155 a 163 así como las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad, improcedencia, falta de causa, falta de acción y derecho y confesión, invocadas contra la mutua petición de Jaime Eduardo Moscoso Iraola; Improbadas las excepciones de incapacidad, citación previa de evicción y prescripción opuestas contra la demanda, por Jaime E. Moscoso I. Improbadas las excepciones de falta de acción y derecho planteadas por el defensor de oficio de Juan José Vidal Monrroy e Improbadas las excepciones de improcedencia, falta de causa legal, falta de acción y derecho e impersonería presentadas por Marcían Magariños, Constancia Revollo y Franklin Magariños Revollo y Probada la acción reconvencional intentada por los mismos; en tal virtud se los excluye de los alcances del presente proceso; del mismo modo se declaran Improbadas las excepciones perentorias opuestas a la referida acción reconvencional. Consecuentemente se declaran nulas y sin valor legal alguno: a).- La escritura de transferencia del inmueble de propiedad de Marcían Magariños Espejo y Constancia Revollo a favor de Blanca Flores Romero de fecha 23 de julio de 1990, registrado en Derechos Reales a Fs. y Ptda. Nº 993 del Libro Primero de Propiedad de la Prov. Cercado y su respectiva cancelación en DD.RR. b).- La escritura de venta de Blanca Flores Romero del indicado inmueble a Jorge Armando Moscoso Iraola, registrado en Derechos Reales a Fs. y Ptda. Nº 1175 del Libro Primero de Propiedad “A” del Cercado en fecha 7 de junio de 1991, disponiéndose igualmente la cancelación en DD.RR. c).- Estando demostrado que el bien inmueble objeto de litigio fue adquirido por Juan José Vidal Monrroy ex propietario de VIAL S.R.L. y habiéndose declarado nulos los documentos de transferencia anteriores; se dispone que el derecho propietario retorne al dominio original de los esposos Magariños quienes a su vez y en cumplimiento a la presente resolución deberán suscribir la correspondiente minuta traslativa de dominio del inmueble en litigio a favor de la masa de acreedores de la ex inmobiliaria VIAL, representada por el síndico e interventores, ordenándose en consecuencia que Jorge Moscoso entregue el  inmueble totalmente desocupado a favor de los acreedores mencionados y sea dentro de tercero día hábil de su legal notificación con la presente resolución bajo conminatoria de expedirse en su contra el mandamiento de desapoderamiento. d) Se condena a los demandados al pago de daños y perjuicios que serán averiguables en ejecución de Sentencia. Sentencia que es enmendada en su parte resolutiva por Auto de fs. 578, donde se dispone además que los esposos Magariños o sus herederos en caso de fallecimiento de éstos, suscriban la minuta traslativa de dominio a la masa de acreedores dentro de tercero día de ejecutoriada la Sentencia.

Resolución de primera instancia que es apelada por el co-demandado Jorge Moscoso Iraola por memorial de fs. 571 a 573 y vta., que mereció el Auto de Vista Nº 209, de 07 de septiembre de 2010, de fs. 619 a 620 que confirma la Sentencia apelada de 24 de junio de 2004. Resolución de alzada que es recurrida de casación en la forma y en el fondo por la referida parte co-demandada, que obtiene el presente análisis.

CONSIDERANDO II:                                                                         DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

De forma resumida se pasa a detallar los fundamentos de agravio que expone la recurrente:

En la forma:

Transcribiendo los agravios que presentó en su apelación, acusa que el Auto de Vista tenía el deber de resolver la totalidad de reclamaciones que fueron expuestos en el recurso de apelación. Refiere que en ninguna parte del Auto de Vista, el Tribunal Ad quem ha analizado las observaciones, agravios o fundamentos expuestos en los incisos a.2; a.3; y a.4, los mismos que han sido ampliamente descritos en el recurso de apelación, Agrega que el art. 236 del Código de Procedimiento Civil obliga a que el Tribunal de apelación tenga que resolver de manera expresa cada uno de los agravios que han sido expuestos en el recurso presentados, y transcribiendo dicha norma legal acusa que el Ad quem ha violado esa previsión legal, por expresa prescripción del art. 90 del mismo adjetivo. Al efecto también señala las Sentencias Constitucionales Nº 0752/2002-R de 25 de junio y Nº 577/2004-R de 15 de abril. Concluyendo que no existe razón para el Tribunal de apelación restrinja el derecho que tiene todo litigante de que se analicen todos los agravios expuestos, a efectos de que el mismo sea considerado positiva o negativamente;  ni siquiera se tomó la molestia de aclarar el nombre del demandado de la Sentencia, donde se consigna a un sujeto de nombre Jaime Eduardo Moscoso Irahola, quien no existe ni ha sido participe durante la tramitación de la causa.

En el fondo:

1. Acusa la violación de los arts. 544-I y 1321 del Código Civil; refiriendo que la Sentencia y el Auto de Vista tienen como sustento la confesión espontánea realizada por la señora Blanca Flores Romero y a partir de ella determinan declarar nulas las posteriores ventas realizadas por esta. La confesante señala que ella fue la que adquirió, para Juan José Vidal Monrroy, el inmueble objeto del presente litigio, pero no señala ni puede acreditar nada respecto a la situación de su apoderado, quien compró de ésta en absoluto desconocimiento de los intereses que podría presentar la vendedora, en otras palabras actuó como “tercer adquiriente de buena fe”, por lo que se encuentra amparado por el parágrafo I del art. 544 del Código Civil. La declaración confesoria de fs. 329, solo puede afectar a los derechos bajo los cuales tiene bajo su disposición, no así el derecho adquirido de un tercero de buena fe como es el Sr. Jorge Armando, tal cual determina el art. 1321 del Código Civil. Nadie incluyendo la confesante jamás informó al Sr. Jorge Armando de que el bien inmueble correspondía a otro sujeto o que existía alguna limitación para su libre disposición. Refiere también que la confesión es contradictoria, imprecisa y oscura, agrega que en el proceso no existe ninguna prueba que desvirtúe la condición de adquiriente de buena fe que tiene el Sr. Jorge Moscoso Iraola.

2. Denuncia la violación de los arts. 1283 y 1328 del Código Civil; manifestando que la condición de adquiriente de buena fe se ha demostrado adicionalmente con los documentos que acreditan la existencia de una transaccional absolutamente normal y corriente entre su mandante y Blanca Flores Romero; argumenta que su mandante es una persona jubilada quien como se ha acreditado ha pagado al contado la suma de $us. 100.000.-, tal como se evidencia del contrato de reajuste de precio que cuenta con el reconocimiento de firmas. Inicialmente en el contrato de venta con arras y posteriormente en el de transferencia se pactó la suma de $us. 50.000.-, estos documentos cursan de fs. 216 a 231, los que tienen la validez consignada en los arts. 1287 y 1297 del Código Civil. El documento de transferencia se encuentra protocolizado con todas las formalidades de una Escritura Pública, mientras que los documentos de compromiso de venta, con arras y el de reajuste de precio tienen reconocimiento de firmas. El rol de su mandante, que actuó de buena fe y la evidencia de una transacción real y efectiva, así como el pago correspondiente, han sido acreditados con los referidos instrumentos y no existe prueba alguna que desvirtúe tales hechos, porque señalan de manera expresa que el precio ha sido cancelado en su integridad al momento de realizar el pago correspondiente, la actuación de buena fe de su mandante, también se evidencia con la posesión que ha tenido del bien y el uso que le viene dando hasta la fecha. En el proceso no existe ninguna prueba que refute lo previsto en los documentos indicados precedentemente, consecuentemente el Auto de Vista al haber confirmado una Sentencia, sin que los demandantes hubiesen probado sus afirmaciones, ha violado las previsiones contenidas en el parágrafo I del art. 1283 del Código Civil.

Agrega que los demandantes no han probado ningún hecho y por lo tanto no podía declararse probada su demanda. Los documentos que acreditan el derecho propietario mencionado, no pueden ser desvirtuados por las pruebas testificales que han sido producidas, aceptar ello contraviene expresamente el art. 1328 num. 2) del Código Civil.

Por todo lo expuesto, solicita anular obrados hasta que el Tribunal de apelación cumpla con la obligación consignada en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil o alternativamente case en el fondo declarando improbada la demanda.

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Estando interpuesto el recurso de casación en la forma y en el fondo, de inicio corresponde absolver los agravios de forma, porque de ser evidente la infracción acusada ya no sería necesario ingresar en el fondo del recurso.

En la forma:

1. Sobre su denuncia de que el Auto de Vista no se pronuncia sobre todos los agravios que fueron fundamento de su apelación, y violación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil en relación al art. 90 del mismo adjetivo.

1.1. En relación a su denuncia de omisión de respuesta, de inicio debemos señalar que correspondía a la parte ahora recurrente activar previamente su derecho de explicación y complementación, en el marco del art. 239 del Código de Procedimiento Civil, al no haber procedido así, su derecho conforme al principio de convalidación ha precluido.

1.2. Sin embargo, en observancia del principio de conservación de los actos, debemos referir además que de la revisión de la Resolución de alzada, se evidencia que el Ad quem, en la última parte del primer considerando del Auto de Vista recurrido, se remite a los agravios que fueron fundamento del recurso de apelación así como al art. 236 del Código de Procedimiento Civil, y en un segundo considerando de la misma Resolución, desarrolla su análisis en relación a dichos puntos, por lo que también resuelve sobre los mismos aspectos que fueron motivo de impugnación, cumpliendo de ésta manera con el art. 236 del adjetivo civil y de consiguiente con el principio de pertinencia y congruencia extrañado, no siendo en consecuencia necesario disgregar por separado los aspectos reclamados si la respuesta engloba de manera complementaria la contestación a la impugnación, como sucede en el caso de Autos.

De donde se infiere que el Auto de Vista recurrido se circunscribe a la expresión de agravios que hubo sido detallado en el memorial de apelación, porque resuelve sobre los mismos puntos, habiendo observado de esta manera la pertinencia que establece el art. 236 con relación al art. 227 del Código de Procedimiento Civil y el principio de congruencia, siendo además que la Resolución de alzada tiene la suficiente claridad y cuenta con una aceptable motivación y fundamentación que la sustenta, dando cuenta de las razones por las cuales arriba a dicho entendimiento, cumpliendo de esta manera con las Sentencias Constitucionales Nº 0752/2002-R de 25 de junio y Nº 577/2004-R de 15 de abril señaladas por el ahora recurrente, aspecto que permite comprender razonablemente la claridad y alcance del fallo, porque en definitiva se establece que la parte actora ha acreditado los fundamentos de su pretensión lo que no ha sido desvirtuado en la instancia procesal correspondiente por la parte ahora recurrente, porque la mala fe de su posesión sobre el bien inmueble ha sido probada con suficiencia, de tal suerte que en el presente caso la presunta buena fe ha quedado desechada.

Es más, a efectos de que este Tribunal asuma una decisión anulatoria, le correspondía establecer con absoluta precisión, la trascendencia que tuviera la omisión que acusa explicando de qué manera el agravio apelado y presuntamente no considerado en alzada resultaría trascendental a los efectos de cambiar la decisión de la litis, aspecto que no se observa en el recurso de casación en la forma donde simplemente se denuncia omisión de respuesta, resultando por consiguiente infundado el agravio denunciado.

1.3. Por otra parte, en relación a la mención que realiza el recurrente de que el Ad quem ni siquiera se tomó la molestia de aclarar el nombre del demandado en la Sentencia; de manera aclaratoria, corresponde referir que ante la solicitud de enmienda y complementación formulado por la parte actora conforme se evidencia de fs. 576  a 577, el A quo por Auto de fs. 578, enmienda la parte resolutiva de la referida Sentencia, disponiendo entre otros que “se ratifica que JORGE ARMANDO MOSCOSO IRAOLA es el nombre correcto del referido co demandado, con lo que queda subsanada dicha omisión”, rectificando de esta manera el nombre del referido co-demandado, extremo que no habría sido advertido por el ahora recurrente, es más éste error de transcripción no amerita nulidad porque puede ser subsanado incluso en ejecución de Sentencia, en ese antecedente su reclamo resulta siendo impertinente.

Por lo referido, el recurso de casación en la forma interpuesto por el recurrente se enmarca en lo determinado por el art. 271 num. 2), y 273 del Código de Procedimiento Civil.

En el fondo:

1. Respecto a su denuncia de violación de los arts. 544-I y 1321 del Código Civil.

1.1. Corresponde puntualizar que los Tribunales de instancia conforme al principio de comunidad de la prueba, en el presente caso de Autos han basado sus determinaciones en el conjunto de pruebas producidas y no solo en la confesión prestada por la co-demandada Blanca Flores Romero, conforme pretende hacer ver la parte ahora recurrente.

Si bien, el parágrafo I del art. 544 del Código Civil dispone que: “La simulación no puede ser opuesta contra terceros por los contratantes”, empero este primer parágrafo de la disposición normativa citada no es aplicable en la especie, toda vez que en el presente caso de Autos no son los contratantes quienes han interpuesto la acción de nulidad por simulación, sino terceros perjudicados. Asimismo, si bien la parte ahora recurrente en este punto refiere también que “actuó como tercer adquiriente de buena fe”, empero tampoco sustenta esta su afirmación en prueba alguna, por lo que en definitiva no se encuentra amparado por el parágrafo I del art. 544 del sustantivo civil.

1.2. Por otro lado, de antecedentes de la presente causa se tiene que según escritura de transferencia de fecha 23 de julio de 1990 (fs. 25) y escritura de venta de 31 de mayo de 1991 (fs. 26), Blanca Flores Romero en su calidad de propietaria habría transferido a Jorge Armando Moscoso Iraola el bien inmueble ubicado en la zona del Temporal de Queru Queru sobre la Avenida Melchor Urquidi, Manzana “A” de la ciudad de Cochabamba, deviniendo de éste acto jurídico la capacidad de disposición de la codemandada sobre el derecho involucrado en la confesión, en ese antecedente al haberse propuesto como medio de prueba la confesión judicial de la referida co-demandada, persona capaz de disponer del derecho al que los hechos confesados se refieren, se ha convocado a la misma, quien en la audiencia fijada para el efecto de manera expresa, consciente, libre y reiterada ha confesado que no ha adquirido de los esposos Magariños menos ha transferido ningún bien inmueble al co-demandado Jorge Armando Moscoso Iraola, produciendo de esta manera consecuencias jurídicas adversas para el referido co-demandado y favorables para la parte actora, por lo que la confesión judicial provocada prestada por la referida parte codemandada (Blanca Flores Romero) al tenor del art. 1321 del Código Civil y 404-I del Código de Procedimiento Civil constituye prueba, más aún si los extremos confesados se encuentran plenamente respaldados y ratificados con las pruebas documentales, confesión, inspección judicial, peritaje, testificales y presunciones que han sido valoradas por los Tribunales de instancia, de donde se concluye la mala fe del co-demandado Jorge Armando Moscoso Iraola, de consiguiente la confesión Judicial provocada prestada por la referida co-demandada hace plena fe sobre los hechos confesados a los que se ha referido en ella.

2. En relación a su denuncia de violación de los arts. 1283 y 1328 del Código Civil.

Remitiéndonos al punto anterior debemos concretar que la parte ahora recurrente en este acápite se remite a los documentos de fs. 216 a 231, referidas a los documentos privados reconocidos de fechas 6 y 20 de mayo de 1991 y al Testimonio de la Escritura Pública Nº 293/91 de fecha 31 de mayo de 1991 de venta de un lote de terreno ubicada en la Av. Melchor Urquidi otorgada por Blanca Flores Romero en favor de Jorge Armando Moscoso Irahola, que tendrían la validez consignada en los arts. 1287 y 1297 del Código Civil y que por lo mismo acreditarían la transacción entre su mandante y Blanca Flores Romero.

Sin embargo, corresponde referir, que si bien el art. 1328 del Código Civil establece la prohibición de la prueba testifical en contra o fuera de lo contenido en los instrumentos. Empero, en el presente caso se hace aplicable el art. 1329 del Código Civil (Admisibilidad en casos especiales) que dispone: “La prueba de testigos también se admite en los casos siguientes: 1) Cuando existe un principio de prueba escrita respecto a la pretensión del actor. 2) Cuando el acto es impugnado por falsedad o ilicitud…4) En los demás casos dispuestos así por este Código”.

Respecto a lo anterior, la doctrina refiere que el principio de prueba escrita se refiere a cualquier escrito (Cartas apuntes, libros, papeles, registros de toda especie o con cualquier objeto escritos, los mismos documentos públicos y privados), considera asimismo principio de prueba escrita a las enunciaciones indirectas contra las partes que las han firmado. Por su parte Carlos Morales Guillen al realizar el comentario correspondiente al art. 1329 del Código Civil en su obra Código Civil, Concordado y Anotado, cuarta edición, Tomo II, Editorial Gisbert, La Paz-Bolivia 1994, pag. 1728, en lo pertinente refiere: “La impugnación de falsedad, en rigor, no es excepción a la regla del art. 1328, II). No se trata de variar o desvirtuar el contenido del instrumento. Se trata de su validez íntegra, que puede estar afectada por vicios del consentimiento (error, dolo, violencia, lo que constituye la impugnación por ilicitud), o de su existencia misma (caso de falsedad). Se está discutiendo en los supuestos hechos y éstos admiten preferentemente la prueba testifical”. 

En ese antecedente, se tiene que los Tribunales de instancia en el presente caso han valorado correctamente los medios de prueba producidos, porque de los mismos se evidencia la existencia de principio de prueba escrita, consistentes en comprobantes de egreso emitidos por funcionarios de la Empresa de Servicios “VIAL” S.R.L. por conceptos de $us. 27.000 (fs. 42), $us. 23.000 (fs. 43) y $us. 50.000 (fs. 44), de fechas 16, 17 y 23 de julio de 1990 que hacen la suma total de $us 100.000, por concepto de anticipo y cancelación de saldo por la compra del inmueble ubicado en la calle Melchor Urquidi final Nº 1574 (Queru Queru) según convenio de fecha 16-07-90 suscrito entre Freddy Magariños Revollo y Juan José Vidal Monrroy, recibos que han sido objeto de reconocimiento de firmas y rúbricas conforme se conoce de la prueba literal de fs. 42 a 57; así como del testimonio de poder especial y suficiente de fecha 15 de febrero de 1995 que confiere Franklin Freddy Magariños Revollo a favor Marcían Magariños Espejo y Gladys Virginia Magariños de Echeverría (fs. 176 a 178, y 197 a 198), para que se aclare su intervención circunstancial que tuvo en la venta realizada por sus padres (Marcían Magariños Espejo y Constancia Revollo de Magariños) del bien inmueble ubicado en la Avenida Melchor Urquidi zona del Temporal de Queru-Queru, en donde señala que se concretó a suscribir los recibos de 16, 17 y 23 de julio de 1990, en cuanto a los pagos parciales que se efectuaron, por conducto de la Empresa de Servicios “VIAL” S.R.L., quien nominó posteriormente que la transferencia se efectúe a nombre de la consignataria Blanca Flores Romero; que acreditan que la compra del bien inmueble fue hecha por Juan José Vidal Monrroy en su condición de propietario de la Empresa “VIAL” S.R.L.

Hechos y actos corroborados con las pruebas literales de fs. 27 a 34, de donde se conoce que tanto Blanca Flores Romero de Cossio, así como terceros entre ellos José Luís Flores Romero y Ramiro Félix Bustamante Vidal en fecha 28 de junio de 1993 y 6 de febrero de 1998, respectivamente, de manera voluntaria en el proceso penal y en el de quiebra que fue seguido contra Juan José Vidal Monrroy y otros, declaran e informan que el bien inmueble ubicado en la Av. Melchor Urquidi fue adquirida a nombre de Blanca Flores Romero por Juan José Vidal Monrroy y Bernardina Flores de Vidal con dineros de la inmobiliaria “VIAL” S.R.L., y que en la compra así como en la venta no pagó ni recibió ningún dinero por ese concepto, porque ambos tratos fueron absolutamente ficticios y que Jorge Armando Moscoso Irahola se constituye en un “detentador palo blanco”. Lo que es confirmado plenamente con el Testimonio de la Escritura Pública Nº 218/2005 de fecha 10 de mayo de 2005 (fs. 612 a 613 y vta.), donde el demandado Juan José Vidal Monrroy confiere poder especial y bastante cual por derecho se requiere en favor de los apoderados referidos para que puedan representarlo, debiendo cumplir además los mismos los siguientes mandatos:”…2.- Lograr la recuperación de los bienes inmuebles de propiedad del poder conferente…así como otros inmuebles también ilegalmente detentados y/o registrados…y el inmueble registrado y detentado por Jorge Moscoso Irahola, que se encuentra ubicado en la calle Melchor Urquidi de ésta ciudad, que continua en la actualidad a nombre y en posesión de éste último, el que a su vez también es motivo de proceso judicial en trámite…”, ratificando de esta manera que el bien inmueble fue comprado por Juan José Vidal Monrroy y con dineros de la inmobiliaria “VIAL” S.R.L.

Estos extremos se encuentran plenamente corroborados con la confesión espontánea de Blanca Flores Romero (fs. 169 a 170), donde confiesa que los fundamentos de la demanda son reales y verídicos, porque su persona nunca en su vida conoció la suma de $us. 100.000 y menos compró la casa referida en la demanda y que igualmente no le vendió este inmueble a Jorge Armando Moscoso Iraola, tampoco recibió ni un solo real por parte del supuesto comprador, y que los compradores son los dueños de la VIAL S.R.L. es decir Juan José Vidal Monrroy y Bernardina Flores Romero de Vidal; asimismo a fs. 267 y vta. la misma co-demandada, en relación al documento de compromiso de venta con arras confirmatorias y de los documentos de fecha 06 y 20 de mayo de 1991, denuncia y aclara que efectivamente sus firmas y rúbricas fueron falsificadas y su texto fraguado, porque jamás firmó dichos documentos y nada menos con el tal Moscoso, y que sobre los entretelones de la ocultación del inmueble de los acreedores de VIAL S.R.L. que ha dicho su verdad no solo en este juicio, sino en otros juicios a los que ha sido emplazada y a los que siempre ha concurrido de su libre voluntad, porque cree en la verdad y en la justicia, una vez más vuelve a ratificar, que dicho inmueble fue comprado por su cuñado Juan José Vidal Monrroy y su hermana Bernardina Flores Romero de Vidal de los esposos Magariño. De igual manera en su confesión judicial provocada (fs. 325 a 326, 329 y vta.), refiere que nunca tuvo la suma de $us 100.000, que nunca compró el inmueble de la Av. Melchor Urquidi y deja constancia que su cuñado Juan José Vidal le hizo firmar papeles en blanco y que nunca vivió en el inmueble que se menciona pero si lo hicieron su hermana y cuñado y de que no conoce a Jorge Armando Moscoso Iraola; del mismo modo por las confesiones judiciales provocadas prestadas por los esposos Magariños-Revollo (fs. 342 a 345) que refieren que fue su hijo Freddy Franklin Magariños quien convino el precio de la venta y que ellos suscribieron el contrato de venta en favor de Juan José Vidal Monrroy por la suma de $us. 100.000, el mismo que a pedido del Sr. Vidal se hizo figurar como compradora a Blanca Flores y que fue su hijo quien recibió el pago y que personalmente no recibieron ningún dinero de Blanca Flores Romero, a quien la confesante no la conoce, extremos que son ratificados por la confesión de Franklin Magariños Revollo prestada a través de su apoderado el mismo que cursa a fs. 370 y 508; confesiones corroboradas por el acta de fs. 368 a 369 y 371, donde al tenor del art. 424 del Código de Procedimiento Civil en Sentencia se da por confeso al demandado inconcurrente Juan José Vidal Monrroy; extremos estos que se encuentran confirmados por el informe pericial de parte de fs. 403 a 429, ampliada a fs. 501 a 504, presentado por el perito Cnl. Zenón Bascopé, perito grafotécnico, en el que se concluye que la firma de Blanca Flores R., en los documentos referidos se encuentra falsificada y suplantada; y ratificados plenamente por las declaraciones testificales de cargo (fs. 514 a 520 y vta.), los que son confirmados por las declaraciones testificales de descargo de Blanca Flores Romero que refieren que siempre ha vivido en alquiler que no ha tenido dicha suma ni ha tenido casa propia (fs. 521 a 524), así como por las de descargo de los esposos Magariños que refieren que su casa la vendieron al propietario de la inmobiliaria VIAL al señor Vidal (fs. 529 a 535 y vta.), desvirtuando de esta manera la prueba testifical de descargo de fs. 525 a 528, de consiguiente la parte actora cumple con la carga de la prueba que le constriñe el art 1283.I del Código Civil, acreditando de esta manera los fundamentos de su pretensión. 

No obstante, si bien el informe pericial de parte de fs. 438 a 474 establece que la firmas y rúbricas de los documentos cuestionados son auténticos y fueron realizadas por el puño y letra de los señores Blanca Flores Romero y Jorge Armando Moscoso Iraola, empero la misma entra en contradicción con el informe pericial de cargo, con los datos históricos que hacen a la presente causa y con la prueba producida por la parte actora que ha sido examinada supra en el marco de los principios de verdad material y de comunidad de la prueba, restándole de esta manera la credibilidad correspondiente, máxime si la parte ahora recurrente tampoco ha acredita con prueba idónea y fehaciente su buena fe y su capacidad económica que le hubiere permitido adquirir el bien inmueble objeto de litigio, esto en cumplimiento del art. 1283.II del Código Civil y 375 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

Asimismo, corresponde referir también que el parágrafo I del art. 545 del Código Civil establece que: “I. La prueba de la simulación demandada por terceros puede hacerse por todos los medios, incluyendo el de testigos”,  de donde se infiere que la prueba testifical hace fe en el presente caso de Autos, extremos estos que también desvirtúan los argumentos del ahora recurrente.

Consiguientemente en el presente caso de Autos la parte actora con los medios de prueba referidos ha demostrado que los presuntos contratos suscritos y la declaración contenida en la misma en favor del ahora recurrente era falsa y fruto de la ilicitud de la causa y del motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato, acreditando de esta manera la simulación y la invalidez del contrato, lo que no ha sido desvirtuado por el recurrente.

Por lo se concluye que los tribunales de instancia han fallado de forma correcta y en el marco de la ley. Lo que hace además infundados los agravios denunciados.

Por lo expuesto, corresponde emitir Resolución en la forma prevista en el art. 271 num. 2), y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los Arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 624 a 627 y vta., interpuesto por Walter Mihael Rivero Romero por Jorge Armando Moscoso Iraola, que recurre del Auto de Vista Nº 209, de fecha 07 de septiembre de 2010 de fs. 619 a 620, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba. Con costas

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.