TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                        S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 889/2015 - L

Sucre: 6 de Octubre 2015

Expediente: LP 64 11 S

Partes: Ramón Herrera en representación del Arzobispado de La Paz c/ Bernardo

            Díaz Salas

Proceso: Mejor derecho de propiedad y reivindicación

Distrito: La Paz


VISTOS: El recurso de casación de fs. 350 a 352, interpuesto por Bernardo Pascual Díaz Salas contra el Auto de Vista Nº 078, de fecha 02 de marzo de 2011, cursante a fs. 345 a 346 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en el proceso de mejor derecho propietario y reivindicación, seguido por Ramón Herrera en representación del Arzobispado de La Paz en contra el recurrente, la respuesta al recurso de fs. 356 a 359, Auto de concesión del recurso de fs. 363, los antecedentes del proceso, y;

C0NSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Décimo Cuarto en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 73, de 05 de febrero del 2009, cursante a fs. 286 a 290 y vta., por la que declaró probada la demanda de mejor derecho propietario sobre el inmueble objeto de Litis, la procedencia de la reivindicación del mismo a su favor, sin lugar a los daños y perjuicios por no haberse acreditado ni probado los mismos, con costas.

Resolución de primera instancia que fue recurrida de apelación por el demandado Bernardo Pascual Díaz Salas, a través del memorial de fs. 300 a 304 y vta., que fuera resuelta por Auto de Vista Nº 078/2011, cursante a fs. 345 a 346 y vta., que confirmó la Resolución recurrida.

Ultima Resolución que a su vez es recurrido de casación, que es objeto de Autos.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

De la revisión del memorial de recurso de casación, es necesario precisar que el recurrente a tiempo de acusar los agravios, arguye que interponen recurso de casación, sin realizar diferenciación si el mismo es en el fondo o en la forma, empero solicita que en mérito a esas reclamaciones se case la Resolución recurrida de conformidad al art. 271-4) del Código de Procedimiento Civil, en tal motivo se considerará como recurso de casación en el fondo, del cual se extraen las siguientes reclamaciones:

1.- Que los jueces de instancia no valoraron que el Arzobispado de La Paz carecería de legitimación procesal activa para instaurar la presente acción, pues no existiría vínculo alguno con los “Cruzados de Fátima”, a quienes les asistiría el derecho propietario que se encuentra debidamente registrado en derechos reales conforme la Escritura Pública Nº 191, de 28 de abril de 1960 respecto al inmueble objeto de litis, último documento que tampoco vincula a los “Cruzados de Fátima de Villa de la Cruz” con el Arzobispado, motivo por el cual no podrían alegar mejor derecho propietario, conforme el reclamo presentado a través de la excepción de impersonería en el demandante opuesta a fs. 30 a 31 de obrados.

2.- Que el Arzobispado presentó documentación de pago de impuestos correspondientes a otros números catastrales y no sobre el inmueble objeto de Litis que demuestra la mala fue con la que están actuando.

3.- Acusa que el Ad quem tampoco valoró los errores en que se incurrió en la tramitación de la causa, los que fueron denunciados en su recurso de apelación, los cuales ameritan la nulidad de obrados.

Concluye solicitando se case la Resolución recurrida de conformidad a lo dispuesto por el art. 271 inc. 4) del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO III:                                                                  FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Que el art. 106.I del Nuevo Código Procesal Civil, señala: "Nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la ley califique expresamente”, articulo que obliga a los Tribunales de casación realizar una revisión exhaustiva con la finalidad de verificar si en diferentes instancias los operadores judiciales hubieran realizado sus actos dentro del marco de la competencia judicial, que se encuentra revestida por el orden público.

Hasta antes de la puesta en vigencia de nuestra actual Constitución Política del Estado, la Jurisdicción Ordinaria se basaba en la verdad procesal o formal, donde se tiene por cierto y verdadero lo que resulte del proceso aunque dicha prueba esté en contra de la realidad, los Jueces basaban su resolución en lo que las partes probaban con la carga de la prueba que se les imponía y únicamente estos hechos eran los que importaban y se los tenía como única verdad.

La nueva Constitución Política del Estado vigente desde el 07 de febrero de 2009, ha establecido que la Jurisdicción Ordinaria se fundamenta en nuevos principios procesales, es así que en su art. 180 parágrafo I enumera dichos principios, entre estos se tiene al Principio de Verdad Material, Debido Proceso e Igualdad de las partes ante el Juez entre otros; el Principio de Verdad Material o real se sobrepone frente al principio formal y ritualista establecido en el Código de Procedimiento Civil, de esta manera se da paso para que nazca la prueba de oficio y esclarecer de modo más completo en todos los aspectos, las circunstancias reales del asunto que eran difíciles e imposibles obtener antes con la denominada verdad formal.

A través del Principio de Verdad Material, la carga de la prueba no incumbe únicamente a las partes intervinientes en el proceso, sino también ahora el Juez al margen de ser Director del proceso, debe cumplir una función activa en la búsqueda de la verdad material de lo acontecido; es la autoridad jurisdiccional encargada de impartir justicia a quien debe interesarle sobre todo el conocer la verdad real de los hechos alegados por las partes recurriendo a dicho fin, a todos los medios idóneos en la búsqueda de esa verdad, de ahí que la solicitud de producción de pruebas de oficio no afecta la imparcialidad del Juez, ya que estas pruebas de oficio que determinen la verdad real de los hechos pueden favorecer a cualquiera de las partes sin que esto signifique limitar el derecho de defensa y contradicción que tiene la otra parte, pues el Juez solo debe buscar la verdad real de los hechos manteniendo firme su imparcialidad en la aplicación del principio de verdad material al caso concreto en base a los cuales emitir una Sentencia justa, equitativa y debidamente motivada.

Dentro de ese marco, el art. 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial establece la nulidad de actos a ser determinado por los Tribunales y en su parágrafo I) determina lo siguiente: "La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley"; concordante con el art. 106 del nuevo Código Procesal Civil por la vigencia anticipada de sus preceptos referidos a las nulidades procesales; normas legales que se encuentran en correspondencia con los principios constitucionales de celeridad, eficiencia, que hoy rige la administración de justicia que se encuentra revestida por el orden público.

En el sub lite, se tiene que el recurso de casación en lo principal está orientado a reclamar que los jueces de instancia no valoraron que el Arzobispado de La Paz carecería de legitimación procesal activa para instaurar la presente acción, pues no existiría vínculo alguno con los “Cruzados de Fátima”, a quienes les asistiría el derecho propietario que se encuentra debidamente registrado en derechos reales conforme la Escritura Pública Nº 191, de 28 de abril de 1960 respecto al inmueble objeto de litis, último documento que tampoco vincularía a los “Cruzados de Fátima de Villa de la Cruz” con el “Arzobispado”, motivo que les impediría alegar mejor derecho propietario, reclamo que también se hizo a través de la excepción de impersonería en el demandante (fs. 30 a 31 de obrados); en ese entendido se hace necesario que las partes previamente acrediten efectivamente, la existencia o inexistencia de la relación o dependencia de los “Cruzados de la Virgen de Fátima de Villa de la Cruz” con la “Iglesia Católica” representada por el Arzobispado de aquella ciudad, contando para ello el Tribunal de segunda instancia con la facultada prevista por el art. 233 del Código de Procedimiento Civil, cuyo parágrafo II señala lo siguiente: "El juez o tribunal podrá, asimismo, antes del decreto de autos disponer se produzcan las pruebas que estimare convenientes", esta norma tiene estrecha relación con el Art. 4 del adjetivo civil que señala: "(Facultades Especiales).- Los jueces y tribunales tendrán las siguientes facultades, de oficio o a petición de parte... 4) Exigir las pruebas que consideraren necesarias, como exhibiciones, peritajes y juramentos, llamar a los testigos ofrecidos por las partes, efectuar careos y emplear cuantos medios fueren conducentes al mayor esclarecimiento del proceso" como se podrá apreciar la norma faculta a los jueces y tribunales (deduciendo que estos últimos son los de segunda instancia), a requerir producción de prueba para emitir un criterio correcto, debidamente fundamentado, siempre en afán de la búsqueda de la verdad material, pues es facultad potestativa de los jueces de primera o segunda instancia requerir la producción de ciertos medios de prueba, considerando la naturaleza de los derechos que se litiga, dentro de ese orden se hace necesario disponer la nulidad de obrados hasta que el Juez de segunda instancia habrá plazo probatorio de oficio a efectos de la producción de la prueba señalada, conforme los argumentos esgrimidos precedentemente.

En ese antecedente no corresponde pronunciamiento sobre los otros dos agravios extraídos del recurso de casación en examen.

Correspondiendo fallar de conformidad a los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial, en aplicación de lo previsto por los artículos 106.I del Código Procesal Civil y arts. 271 num. 3) y art. 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista debiendo con carácter previo a emitir Resolución, cumplir lo dispuesto en el presente Auto.

Sin responsabilidad por ser excusable.

En atención a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial Nº 025, hágase conocer la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.


Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán