TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                            S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 887/2015 - L

Sucre: 2 de Octubre 2015

Expediente: LP 75 - 11 S

Partes: Víctor Coromi Bonilla representado por Humberto Marca Acha c/ Matilde

            Gonzáles de Coromi, Efraín Coromi Gonzáles y Anacleta Laura Laura de

            Quispe

Proceso: Nulidad de venta de vehículo

Distrito: La Paz


VISTOS: El recurso de casación o nulidad de fs. 145 a 148 y vta., interpuesto por Matilde Gonzales de Coromi contra el Auto de Vista Nº 323, de 29 de septiembre de 2010, de fs. 139 y vta., pronunciado por la Sala Civil Tercera de la Corte Superior de Justicia de La Paz (hoy Tribunal Departamental de Justicia), en el proceso ordinario sobre nulidad de venta de vehículo seguido por Víctor Coromi Bonilla contra Matilde Gonzáles de Coromi, Efraín Coromi Gonzáles y Anacleta Laura Laura de Quispe; el memorial de respuesta de fs. 151 a 153; el Auto de concesión de fs. 164; los antecedentes del  proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Víctor Coromi Bonilla representado por Humberto Marca Acha, adjunto literales a 5 fs., el 5 de diciembre de 2007 interpone demanda de fs. 6 a 9, amparado en los arts. 5, 102, 127 y 116 del Código de Familia, refiriendo que a sus espaldas, su esposa Matilde Gonzáles de Coromi transfirió el vehículo marca Volvo con placa 670-ZGE sin que como copropietario firmara la minuta de transferencia siendo que el vehículo fue adquirido durante el matrimonio mediante importación directa habiéndose hecho figurar únicamente el nombre de su esposa pero ella fraudulentamente lo transfirió a Efraín Coromi Gonzales mediante Escritura Pública Nº 186 de 2 de marzo de 2004, sin su conformidad; oportunamente cuando su esposa manifestó su intención de vender el vehículo, solicitó la anotación preventiva pero debido a los recursos que planteó en el 50% que le corresponde, se levantó la anotación preventiva con lo cual se consolidó la transferencia en la suma de Bs. 10.000 y posteriormente el comprador transfirió el indicado vehículo a otra persona, Anacleta Laura Laura de Quispe mediante Escritura Pública Nº 19 de 18 de enero de 2007, escritura que al no cursar en los archivos de la Notaría, resulta que se ha fraguado la misma, con cuyos antecedentes pide la nulidad de la transferencia puesto que no suscribió la minuta ni dio su conformidad tratándose de un bien adquirido en vigencia del matrimonio, pidiendo el reconocimiento de su derecho y acciones en el 50% sobre el vehículo.

Matilde Gonzales de Coromi, de fs. 40 y vta., responde afirmativamente señalando que la demanda es falsa por cuanto el vehículo es de su exclusiva propiedad como bien propio adquirido en su solterío con la venta de los inmuebles de su propiedad, debido a ello el motorizado lleva únicamente su nombre. Se adeuda a su hijo Efrain Coromi por concepto de salarios, viáticos y otros en una suma considerable lo cual no es desconocido por su esposo. En el año 2005 su esposo había hecho anotar preventivamente el vehículo en las oficinas de Tránsito por ante Juez de Instrucción, empero, en aplicación del principio de dirección procesal, dispuso a dicha repartición el levantamiento de la anotación. De otro lado, observa que no fue notificada en su domicilio sino en otro pidiendo se subsane la misma.

Efraín Coromi Gonzáles, de fs. 55 y vta., responde indicando que el 30 de septiembre de 2003, su madre con el consentimiento de su padre, le transfirieron el motorizado por la suma de Bs. 10.000, los argumentos del actor son simplemente para dañar a la familia por lo que rechaza la supuesta nulidad ya que con legítimo derecho transfirió el vehículo a Anacleta Laura Laura de Quispe aunque no recuerda el año, por lo que pide se declare improbada la demanda y se consolida la venta a su favor.

El defensor de oficio de Anacleta Laura Laura de Quispe, de fs. 57 a 58 y vta., se apersona y responde pidiendo que el actor demuestre y pruebe sus aseveraciones.

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez Primero de Partido de Familia de la ciudad de El Alto, mediante Sentencia Nº 188, de 12 de diciembre de 2008, de fs. 74 a 75, declaró probada en parte la demanda disponiendo la nulidad de venta del 50% de las acciones y derechos del vehículo marca Volvo con placa de circulación 670-ZGE, y vigente y válido en el 50% la venta realizada por Matilde Gonzales de Coromi a favor de Efraín Coromi González.

En grado de apelación, la Sala Civil Tercera de la Corte Superior de Justicia (hoy Tribunal Departamental de Justicia) de La Paz, mediante el Auto de Vista Nº 323, de 29 de septiembre de 2010, confirmó la Sentencia; Resolución contra la cual la codemandada recurre de casación o nulidad.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Recurso de fondo:

1º Poder insuficiente.- El poder de fs. 5 no es especial ni suficiente para que el apoderado interponga proceso familiar sobre nulidad de venta quien sin legitimación activa inicia demanda sobre nulidad de venta de vehículo en el Juzgado de Partido de Familia sin estar autorizado para ello, es decir, faltando el consentimiento. El poder faculta a demandar en juzgados de instrucción y/o partido en lo civil menos de anulabilidad de contrato de compraventa que sería la verdadera naturaleza de la causa; no está facultado para subsanar, reiterar, modificar o ampliar la demanda de nulidad menos aún para presentar escritos de responder a recursos de reposición, renunciar a la réplica y duplica, no está facultado para realizar actos procesales en segunda instancia, tampoco para responder a incidentes de nulidad de obrados, ni diligencias de citación, notificación o emplazamiento.

2º El actor señala que no habría autorizado y dado su conformidad para la venta aduciendo que fuera un bien común en el 50% entonces no debía demandar nulidad sino anulabilidad de contrato de compraventa debido a que faltaría su consentimiento además esta acción debía interponerse en el juzgado de instrucción de familia según la cuantía.

La Sentencia no cumple el art. 192 del Código de Procedimiento Civil, ya que el actor confunde nulidades textuales, nulidades virtuales y nulidad constitucional que son distintas.

Además no se hizo conocer a la rebelde Anacleta Laura Laura de Quispe la Sentencia conforme el art. 70 del Codigo de Procedimiento Civil, que las notificaciones por edictos deben publicarse por tres veces con intervalos no menores de cinco días, pero solo existe una notificación.

Recurso de forma:

En cuanto al A quo.- Sin estar facultado el apoderado, admitió la personería del demandante sin tener competencia por la cuantía, calificando el proceso como de puro derecho a sabiendas que en la contestación a la demanda se respondió negativamente y había hechos contradictorios que probar.

El Juez nunca se pronunció sobre recurso de reposición bajo alternativa de apelación considerando únicamente el recurso presentado por Efraín Coromi Gonzáles.

Cuando el actor solicitó clausura del término probatorio el Juez providenció Autos para Sentencia sin promover la conciliación.

En cuanto al A quo y el Tribunal de Alzada.- También es de forma que no se haga conocer a la rebelde Anacleta Laura Laura de Quispe la Sentencia cuya publicación por edictos debió hacérsela por tres veces pero se lo hizo de forma camuflada violándose los derechos de la codemandada.

En base a dichos antecedentes, pide se anule hasta el vicio más antiguo.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Del peculiar recurso de “casación o nulidad” planteado refiere el mismo a un recurso de fondo y a un recurso de forma. En cuanto al recurso de fondo la recurrente comienza señalando en su memorial que lo hace basado en el art. 253 nums. 1) y 2) del Código de Procedimiento Civil, empero, a momento de revisar el contenido de ese “recurso de fondo” se advierte que sus aparentes reclamos no responden, o mejor dicho, no se subsumen a la disposición legal numerales 1) y 2) a la que alude, o sea relativa a la violación, interpretación errónea o aplicación indebida de una ley y a disposiciones contrarias, las que contuviere la resolución recurrida, y más bien lo que se reclama es la insuficiencia de poder, que la demanda debía interponerse como anulabilidad y no como nulidad pues se estaría cuestionando la falta de consentimiento y que debía interponerse ante un juzgado de instrucción de familia, observa la publicación de edictos alegando que la Sentencia se habría publicado solo una vez. De dichos supuestos agravios “de fondo” vemos que todos ellos estarían referidos más bien a un recurso de forma olvidando la recurrente que cuando se recurre de casación en el fondo, los agravios supuestamente sufridos deben ir expresados de conformidad a las causales y previsiones contenidas en el art. 253 del Código de Procedimiento Civil, lo mismo que cuando se recurre de casación en la forma los agravios deben formularse de acuerdo a las causas previstas en el art. 254 de la referida norma. Los reclamos en su recurso de forma refieren que el A quo habría obrado sin competencia y que no se habría pronunciado sobre el recurso de reposición con alternativa de apelación; del Tribunal de Alzada acusa de no haber puesto a conocimiento de la rebelde Anacleta Laura Laura de Quispe la Sentencia la que debió publicarse por tres veces y solo existe una notificación, señalando que este agravio es también de fondo.

En cambio, en su recurso de apelación cursante de fs. 84 a 85, se advierte que en éste, la apelante hace referencia a tres documentos privados suscritos con el actor el 16 de agosto de 2003, 2 de junio de 2004 y el 11 de noviembre de 2005 en los que el esposo habría autorizado a vender el motorizado renunciando a su parte y a reclamar posteriormente, documentos que adjunta en calidad de prueba documental reciente. Además alude a que el patrimonio de la familia fuera producto de la herencia que le dejaron sus padres donde el actor solo ocupó un espacio sin aportar nada quien se habría casado sólo por interés; que en el documento de 2 de junio de 2004 consta que entre ambos se habrían repartido a $us. 20.000 monto que no se sabe dónde fue a dar pese al compromiso de destinar a favor de los hijos, pidiendo se revoque la Sentencia.

De los agravios formulados en su recurso de fondo como de forma que nos trae aquí, en Casación, al ser confrontados con los agravios expresados allá, en apelación, vemos que ninguno de ellos tiene relación o vinculación entre sí, es decir, los puntos que fueron objeto de apelación, los mismos no fueron recurridos en esta etapa casacional, pues conforme a ley, el Tribunal Ad quem está obligado a circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación- y que si a criterio del apelante éstos no hubiesen sido resueltos por dicho Tribunal conforme prevé el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, correspondía reclamar aquel aspecto en la forma; en el caso de Autos los puntos esgrimidos en el recurso de casación que se analiza no fueron objeto de apelación faltando el pronunciamiento concreto del Tribunal Ad quem respecto de los mismos por cuanto mal puede recurrirse de ellos en casación cuando al no haber sido objetados en apelación no ha habido pronunciamiento por el Ad quem, y por ende, este Tribunal no puede ingresar y juzgar en materia que no existe.

Por dichos motivos no se puede acoger el “recurso de casación o de nulidad” interpuesto por Matilde Gonzáles de Coromi en per saltum prescindiendo del previo pronunciamiento del Tribunal competente que en este caso era el Ad quem.

Por lo que corresponde a este Tribunal de Casación declarar su improcedencia  en sujeción a lo previsto por los arts. 271 num. 1) y 272 de la citada disposición legal.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 1) y 272 del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación o nulidad interpuesto por Matilde Gonzales de Coromi contra el Auto de Vista Nº 323, de 29 de septiembre de 2010, pronunciado por la Sala Civil Tercera de la Corte Superior de Justicia de La Paz (hoy Tribunal Departamental de Justicia), en el proceso ordinario sobre nulidad de venta de vehículo seguido por Víctor Coromi Bonilla contra Efraín Coromi Gonzáles, Anacleta Laura Laura de Quispe y la recurrente. Con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs.1.000 (Un Mil Bolivianos). 

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.