TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                            S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 881/2015 - L

Sucre: 2 de Octubre 2015

Expediente: LP-62-11-S

Partes: Eduardo Imaña Monterrey c/ Gloria Violeta Imaña de Méndez y

            Gaby Imaña de Peñaloza

Proceso: Nulidad de Partidas inscritas en Derechos Reales

Distrito: La Paz

                                                                                                                      

VISTOS: El recurso de casación de fs. 227 a 230 y vta., interpuesto por Eduardo Imaña Monterrey, contra el Auto de Vista Resolución 47, de 03 de marzo de 2011 pronunciado por la Sala Civil Tercera de la Corte Superior de Justicia de La Paz (Hoy Tribunal Departamental de justicia de La Paz), cursante en fs. 223 a 224, en el proceso ordinario de Nulidad de Partidas inscritas en Derechos Reales, seguido por Eduardo Imaña Monterrey contra Gloria Violeta Imaña de Méndez y Gaby Imaña de Peñaloza, el Auto de concesión de fs. 235, los antecedentes del proceso, y;


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


El Juez Décimo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz en el Departamento de la Paz, dicta Sentencia resolución Nº 211, de 19 de junio de 2010, cursante de fs. 190 a 196, declarando PROBADA la demanda de fs. 31 interpuesta por Eduardo Imaña Monterrey y en tal virtud se dispone la nulidad de la inscripción en derechos Reales a nombre de José Imaña Monterrey bajo la matrícula Nº 2010990002628, de un lote de terreno que figura con la extensión de 726 m2., situado en la zona de Irpavi actual calle Santiago Villegas. Asimismo se dispone la Nulidad de los registros en Derechos Reales que aparecen con matrículas 2010990139352 y 2010990139353 que se refieren al registro efectuado por Susana Patricia Guachalla Fiori, Gloria Violeta Imaña Méndez y Gaby Imaña de Peñaloza, sobre lotes de terreno de 346,71 m2., y 374,50 m2., situados en la calle Santiago Villegas Nº 6557 y Nº 6555 respectivamente.

Se declara IMPROBADA la acción reconvencional, cursante de fs. 89 a 94, sin costas por ser proceso doble.

Resolución que es apelada por Gloria Violeta Imaña de Méndez y Gaby Imaña de Peñaloza, mediante escrito de fs. 199 a 206 y vta., que merece Auto de Vista Auto de Vista Resolución 47, de 03 de marzo de 2011, cursante en fs. 223 a 224, que ANULA obrados hasta el vicio más antiguo, vale decir hasta fs. 37 inclusive, debiendo el Juez A quo observar la demanda, disponiendo la integración a la Litis de Eduardo Imaña Suarez y Susana Patricia Guachalla Fiori, todo en aplicación del art. 327 del Código de Procedimiento Civil; de conformidad al art. 237-I num. 4) del mismo cuerpo legal. Resolución de alzada que es recurrida de casación por la parte demandante, que obtiene el presente análisis.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del recurso de Casación en el Fondo, se establecen los siguientes puntos:

El recurrente refiere que el Auto de Vista contiene una argumentación simplista y superficial decide anular obrados hasta el decreto de admisión de la demanda, sin realizar un análisis puntual de las disposiciones legales pertinentes, además sin efectuar una necesaria fundamentación legal de sus conclusiones para respaldar tal determinación tomada en su fallo.

A criterio suyo, Susana Patricia Guachalla Fiori en su calidad de aparente “socia” y allegada a las demandadas, estuvo siempre al tanto de todo lo que acontecía en el proceso y sin embargo nunca se apersonó al juicio a reclamar derecho alguno, pues estaba consciente que no lo tenía legalmente desde el momento en que la inscripción de su vendedor fue fraguada y plagada de vicios de nulidad, de manera que ni hubo indefensión de ésta ni se atentó contra supuestos derechos que en realidad nunca los tuvo legalmente, respecto a Eduardo Imaña Suarez fue sistemáticamente reticente a participar sin desmerecer que se suscribió con él la E.P. Nº 084/2001. En base a ello Considera que se incluyó en la demanda a quienes tenían que dar cuenta de sus actos irregulares.

Asimismo el Auto de Vista recurrido habría utilizado premisas falsas e inadecuadas al pretender anular obrados hasta el decreto de admisión de la demanda, en incorrecta e inapropiada aplicación del art. 327 del Código de Procedimiento Civil de conformidad al art. 237.I numeral 4) del mismo cuerpo legal, violando el art. 251.I e infringiendo también la disposición legal contenida en el art. 3 numeral 2) del propio Código Adjetivo, violando también las previsiones de los arts. 1555 y 1556 del Código Civil y el art. 6º de la Ley de 15 de noviembre de 1887, así como el art. 9º de su decreto reglamentario de 05 de diciembre de 1888.

En base a ello y al amparo del art. 253 num. 1) del Código de Procedimiento Civil en cumplimiento a lo previsto en los arts. 257 y siguientes del mismo cuerpo legal y en estricta observancia de lo previsto en el art. 274.I solicita casar dicho Auto de Vista Res.- Nº 47/2011 y deliberando en el fondo se declare firme y subsistente la Resolución de primera instancia dictada por el Juez Décimo de Partido en lo Civil, y sea con las formalidades legales pertinentes.

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De la revisión del recurso de casación se puede establecer que el reclamo principal se centra en que el Auto de Vista habría utilizado una argumentación simplista e inadecuada para anular obrados en incorrecta e inapropiada aplicación del art. 327 del Código de Procedimiento Civil de conformidad al art. 237.I numeral 4) del mismo cuerpo legal, violando el art. 251.I e infringiendo también la disposición legal contenida en el art. 3 numeral 2) del propio Código Adjetivo, violando también las previsiones de los arts. 1555 y 1556 del Código Civil y el art. 6º de la Ley de 15 de noviembre de 1887, así como el art. 9º de su decreto reglamentario de 05 de diciembre de 1888.

Al respecto conviene hacer una precisión conceptual previa de lo que significa “litisconsorcio”, así Couture define al litisconsorcio como: “la situación jurídica en que se hallan diversas personas que actúan en juicio conjuntamente como actores (litisconsorcio activo) o como demandadas (litisconsorcio pasivo) para deleitar sobre el instituto corresponde señalar que la palabra litisconsorcio se encuentra compuesto del latín “litisconsors” (litis, conflicto; con, junto; y sos, junto)”, de acuerdo a la clasificación doctrinaria existe el litisconsorcio voluntario o necesario, es decir donde en común acuerdo de los litigantes participa un tercero, quien estará a las expectativas de la resolución debatida, y el necesario cuando, radica la existencia de resguardar el derecho de defensa en el proceso de todos los interesados a quien ha de ampliarse la cosa juzgada, razón por la cual en el litisconsorcio necesario, el Juez se encuentra obligado a verificar si de acuerdo a la naturaleza de la cuestión planteada o de acuerdo al título de las partes, sea necesario la concurrencia de terceros, como el caso del litisconsorte pasivo o también cuando conjuntamente sean demandantes y demandados (litis consorcio mixto).

En consecuencia, a los efectos de las previsiones de los arts. 3 num. 1), 87 y 194 del Código de Procedimiento Civil se establece la necesidad de la integración a la litis de todos aquellos que deban ser sometidos al proceso, en función de la naturaleza de la relación o del objeto de la controversia, tarea que no sólo puede ser de las partes (litis consorcio simple o facultativo), sino de la Autoridad judicial de instancia que en su calidad de director del proceso debe cuidar que se desarrolle sin vicios de nulidad, para lo que podrá disponer un litis consorcio de oficio; siendo esa la única manera de asegurar que sus decisiones sean útiles para las partes demandantes, demandadas y otros que se hayan integrado en el proceso, alcanzando a todos ellos los efectos de la cosa juzgada.

Al respecto y de la revisión del proceso se puede verificar que en la demanda principal cursante de fs. 31 a 36, el demandante en su petitorio solicita la nulidad de las inscripciones efectuadas en Derechos Reales bajo las matrículas Nº 2010990002628; 2010990139352 y 2010990139353 y la dirige contra Gloria Violeta Imaña de Méndez y Gaby Imaña de Peñaloza.

En ese entendido se tiene que la matrícula Nº 2010990002628, fue creada mediante la presentación de la Escritura Pública Nº 25/2001 emergente de la “protocolización” del testimonio Nº 199/84 de 26 de junio de 1984 (disposición testamentaria de Daniel Imaña Monterrey), que a partir de este antecedente dominial se generan las matrículas Nº 2010990139352 y 2010990139353 vigentes (fs. 57 a 58 y vta.) siendo que en ellas se consignan como titulares a Gloria Violeta Imaña de Méndez, Gaby Imaña de Peñaloza y Susana Patricia Guachalla Fiori.

Del análisis del petitorio y la documentación aparejada en el proceso se verifica que el demandante ha solicitado la nulidad de las tres matrículas inscritas en Derechos Reales y siendo que las últimas consignan como titulares además de las demandadas a una tercera cual es Susana Patricia Guachalla Fiori, pues en caso de que se declare probada la pretensión de nulidad, existe esa tercera persona a la que indudablemente afectaría la misma. y que así planteada la demanda resulta ser defectuosa, que a la larga podría generar inseguridad jurídica sobre los fallos que se puedan emitir en la presente causa, consiguientemente, para evitar tales supuestos el Código de Procedimiento Civil contiene y regula el instituto del litisconsorcio contenido en su art. 67, que señala: “Varias personas podrán demandar o ser demandadas en el mismo proceso, cuando las acciones fueren conexas por el título, el objeto, o por ambos elementos a la vez”, y en la especie la pretensión del demandante es la nulidad de todas las inscripciones efectuadas en Derechos Reales, vale decir los títulos de transferencia generados por su hermano José Imaña Monterrey y las adjudicaciones posteriormente efectuadas en favor de sus hijas y la tercera aludida, misma que en consideración a los títulos que se pretenden anular debe ser integrada a la litis, en calidad de demandada y de esa manera con las resultas de proceso generar efectos jurídicos de cosa juzgada, entre el demandante, las demandadas actuales y  la tercera Susana Patricia Guachalla Fiori a quien se pretende afectar con las nulidades de trasferencia y adjudicación.

Concluyendo que con el fin de otorgar seguridad jurídica, entre las partes y la tercera como se ha explanado supra y siendo que el Tribunal de alzada ha establecido que la demanda se encuentra incompleta, toda vez que la misma no se encuentra dirigida en contra de Susana Patricia Guachalla Fiori que en su condición de litis consorcio necesario debe ser integrada a la pretensión demandada, así mismo el testimonio Nº 199/84 cuyo titular instituyó como herederos al actor y a su sobrino Eduardo Imaña Suarez, evidenciándose que el mismo no figura ni como actor ni como demandado, por lo que la medida adoptada por el ad quem es la acertada, resultando no estar adecuadamente fundados los reclamos de la parte actora, debiendo adecuar su demanda conforme los términos expresados en dicha Resolución. 

Por todo lo expresado, corresponde a este Tribunal fallar en sujeción a los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.     

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 227 a 230 y vta., interpuesto por Eduardo Imaña Monterrey, impugnando el Auto de Vista Resolución 47, de 03 de marzo de 2011 pronunciado por la Sala Civil Tercera de la Corte Superior de Justicia de La Paz (Hoy Tribunal Departamental de justicia de La Paz), cursante en fs. 223 a 224. Sin costas por no existir respuesta al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran