TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                           S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 857/2015 - L

Sucre: 30 de Septiembre 2015         

Expediente: SC 72 11 - S

Partes: Carmen Rivero Sánchez c/ Rolando Ramiro Álvarez Castro

Proceso: Declaración Judicial de Paternidad

Distrito: Santa Cruz


VISTOS: El recurso de casación de fondo y de forma de fs. 80 a 82, interpuesto por Rolando Ramiro Álvarez Castro, contra el Auto de Vista de fecha 17 de noviembre 2010, cursante de Fs. 76 a 77 y vta., emitido por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario de Declaración Judicial de Paternidad, seguido por Carmen Rivero Sánchez contra el recurrente; la concesión de fs. 86, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez Séptimo de Partido de Familia, el 07 de diciembre de 2009, pronunció Sentencia, cursante de fs. 61 a 62 y vta., declarando Improbada la demanda principal y Probada la demanda reconvencional, toda vez que no se probó la paternidad.

Contra la Resolución de primera instancia, la demandante, presentó recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz el 17 de noviembre de 2010 emitió el Auto de Vista por el cual anula obrados hasta fs. 53 vuelta inclusive.

Contra el Auto de Vista de fecha 17 de noviembre de 2010, el demandado, interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma, el mismo que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma:

Acusa la nulidad del sorteo de fs. 75 y del Auto de Vista por la infracción de los artículos 17 y 32 de la ley del Órgano Judicial, toda vez que, el decreto de sorteo solamente estaría firmado por la vocal Teresa L. Ardaya y la secretaria de Cámara de la Sala Civil, vicio que lo torna nulo de pleno derecho al afectar su legítimo derecho a la inalterabilidad de los procedimientos judiciales y al debido proceso legal.

Por dicho motivo solicita que se anule obrados hasta que se proceda a un nuevo sorteo y sea con la participación de todos los integrantes de la sala civil.

En el fondo:

Acusa la ilegal interpretación del art. 1287 del Código Civil por la inexistencia de análisis y valoración de las pruebas ofrecidas por la parte recurrente, indicando que la parte demandante en ningún momento probó su demanda  incumpliendo lo normado en el art. 1283 del Código Civil, incurriendo en error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba, realizando una interpretación equivocada de la ley.

Peticionando que se case el Auto de Vista y deliberando en el fondo se confirme la Sentencia dictada en el proceso.

CONSIDERANDO III: 

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Que, la resolución dictada por el Tribunal Ad quem es anulatoria de obrados y conforme a nuestra amplia jurisprudencia, la cual orienta que, solamente procede el recurso de casación en la forma, el mismo que tiene que estar orientado a objetar los motivos y razones expuestos por el Tribunal de Alzada para anular obrados. 

En el caso de Autos, la parte recurrente nos trae a consideración un recurso de casación en la forma y el fondo, mediante argumentos que no atacan la decisión asumida por el Ad quem; en la forma nos trae a consideración el supuesto vicio procesal, referente a que en el decreto de sorteo de causa (fs. 75), solamente estaría firmado por la vocal Teresa L. Ardaya Pérez y la secretaria de Cámara de la Sala Civil, vicio que a criterio del recurrente tornaría nulo de pleno derecho dicho actuado.

Al respecto, cabe indicar a la parte recurrente que en el ámbito de las nulidades procesales, rigen ciertos principios que orientan la procedencia de las mismas, así tenemos por ejemplo, el principio de conservación que orienta: “Toda nulidad implica un retroceso en el desarrollo del proceso y por consiguiente mayor dilación,  esto la convierte en un remedio de ultima ratio, es decir de uso limitado y excepcional. La regla, entonces, es la conservación de los actos procesales, la cual sólo admite excepciones ante supuestos de lesión al debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa.” Y el Principio de Especificidad o Legalidad que indica: “No existe nulidad sin Ley que taxativamente la establezca. En sentido puro este principio orientaba que únicamente había lugar a la nulidad en razón a las causas expresamente previstas por Ley y que no podía aceptarse otras distintas…”.

En la sub lite, la sola firma de la Dra. Teresa L. Ardaya Pérez y de la secretaria de Cámara de la Sala Civil, en la providencia del sorteo de la causa, no es causal de nulidad, el actuado producido a fs. 75 es un decreto de mero trámite y el mismo puede estar firmado solamente por un vocal miembro de la sala respectiva, aspecto que concurre en el caso de Autos, donde además como se tiene explicado, asiste la intervención de la secretaria de cámara, situación que de ninguna manera puede generar nulidad de obrados. Por dicho motivo en aplicación de los principios antes mencionados, corresponde desestimar la pretensión de la parte recurrente, deviniendo el mismo en infundado.

Respecto a los argumentos de fondo, la supuesta errónea valoración de la prueba, no se hace ningún examen al respecto por ser manifiestamente improcedente, por la naturaleza misma de la Resolución de Alzada que al ser anulatoria de obrados, no entró a considerar cuestiones de fondo, del derecho debatido, en consecuencia contra de esa Resolución no cabe denuncia de fondo, sino, simplemente en la forma.

Finalmente, desde la puesta en vigencia de la nueva Constitución Política del Estado en el régimen de los derechos de las familias, concretamente en el art. 65 se establece la presunción de filiación a sola indicación de la madre, salvo prueba en contrario a cargo de quien niegue la filiación, situación que deberá tenerse en cuenta en la presente causa.

Por dicho motivo, corresponde fallar conforme lo disponen los arts. 271 num. 1),  2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley de Órgano Judicial y en aplicación de lo previsto por los Arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de forma e IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo de fs. 80 a 82, interpuesto por Rolando Ramiro Álvarez Castro, contra el Auto de Vista de fecha 17 de noviembre 2010, cursante de Fs. 76 a 77 y vta., emitido por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas.

Existiendo respuesta al recurso se regula como honorario profesional la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                       

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani