TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                              S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 853/2015 - L                                                                 Sucre: 30 de Septiembre 2015                                                       Expediente: SC 75 11 S                                                               Partes: Adalberto Cuellar Taborga y Edith Karin Rojas de Cuellar c/ Diana

            Vargas y Luis Miguel Robles

Proceso: Guarda

Distrito: Santa Cruz


VISTOS: El recurso de casación de fs. 289 a 292 y vta., interpuesto por Adalberto Cuellar Taborga y Edith Karin Rojas de Cuellar, contra el Auto de Vista Nº 174, de 18 de septiembre de 2010 de fs. 284 a 285, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz (Hoy Tribunal Departamental) en el proceso ordinario de Guarda de niña, seguido por Adalberto Cuellar Taborga y Edith Karin Rojas de Cuellar contra Diana Vargas y Luis Miguel Robles; la respuesta al recurso de fs. 308 a 309; el Auto de concesión de fs. 310; los antecedentes del  proceso, y:

CONSIDERANDO I:                                                         ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sustanciado el proceso el Juez Primero de Partido, Niñez y Adolescencia de Santa Cruz, mediante Sentencia Nº 52, de 22 de junio de 2010 cursante en fs. 248 a 249, declaró IMPROBADA la demanda y justificadas las excepciones opuestas, manteniéndose la custodia de la hija Isabela Robles Vargas que ostentan Luis Miguel Robles Limpias y Diana Mariela Vargas Cuellar, quienes deberán asumir sus deberes conforme  al art. 32 del C.N.N.A., ya que deben ser conscientes en lo futuro los progenitores que el incumplimiento de las obligaciones de proporcionar sustento, vestido, habitación y asistencia inherentes a la autoridad de los padres en condición de cónyuge o  conviviente, se debe en parte a la desidia de los obligados, este incumplimiento es menester reflexionar a los padres de la niña constituye delito conforme lo previene el Código Penal.

Contra esa Resolución de primera instancia, la parte demandante de fs. 252 a 262, interpone recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Segunda de la  Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, (Hoy Tribunal Departamental) por Auto de Vista Nº 174, de 18 de septiembre de 2010, cursante de fs. 284 a 285, CONFIRMA  la Sentencia consultada conforme se tiene pronunciada por el A quo en lo que corresponda a la guarda legal y que se realicen las terapias psicológicas a los demandados a los fines de asumir su rol de padres de manera permanente en resguardo de la menor.

Se agrega que los padres deberán estar en permanente seguimiento de la Defensoría Nº 1, imponiendo a dicha repartición del Estado, el deber de informar permanentemente en forma mensual, al Juez de la causa, sobre las condiciones en que se encuentre la niña junto a sus padres.

Resolución recurrida en casación por los demandantes Adalberto Cuellar Taborga y Edith Karin Rojas Coronado, cursante a fs. 289 a 292 y vta., mismo que se pasa a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:                                                                  HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del Recurso de Casación se tiene lo siguiente:

Acusa que al dictarse la Resolución recurrida no se habría realizado una correcta aplicación de los arts. 27, 28, 29 y 42 de la Ley 2026, en ese antecedente dicha norma expresaría que el niño, niña o adolescente no será separado de su familia, salvo circunstancias especiales previo proceso con la exclusiva finalidad de protegerlo, vale decir cuando esa separación es necesaria en el interés superior del niño o niña, tal sería el caso por carencia de afectos desde el momento de su nacimiento por haber sido abandonada desde el momento de su nacimiento.

Que el Tribunal de alzada no habría tomado en cuenta la infracción al art. 109 numerales 1) y 3) de la Ley 2026, por el “abandono” durante el período de un año que habría sufrido la niña por parte de sus progenitores que dicen amarla, ante el incumplimiento de los alimentos debidos a favor de la pequeña, en contravención al art. 35 num. 2) de la Ley 2026. En ese entendido no se estaría valorando el concurso decidido de las personas que decidieron cuidarla durante ese tiempo y solventaron las necesidades de la misma en condiciones dignas.

Refiere que los de alzada no interpretaron e infringieron la normativa que subyace en la Convención de los derechos del niño, ya que la misma pretende acabar con aquella concepción errada de considerar a los niños como una especie de propiedad privada de los padres, puesto que el interés superior del niño nunca podría legitimar decisiones que vulneren los derechos que la propia convención les reconoce.

Que no se habría realizado una correcta valoración a las evaluaciones del equipo interdisciplinario, el informe psicológico que concluye que son los señores Adalberto Cuellar y Karin Edith Rojas quienes presentan mejores condiciones bio-psico sociales para obtener la guarda solicitada, así como las atestaciones de Marga López Cuellar que refirió que Diana Vargas no quería al bebé que gestaba.

Refieren que su intervención en calidad de guardadores de la niña, jamás fue con fines vedados puesto que la entrega de la pequeña fue de “motu propio” sin presión alguna, por lo que durante la tramitación de la guarda se habría dado cumplimiento a los arts. 42 y 44 de la Ley 2026, habiendo dado a conocer la situación de abandono de la niña sujeto de protección. Por lo que sus progenitores habrían soslayado su responsabilidad durante 365 días para hacer efectivos los derechos consagrados en la  Convención sobre los Derechos del niño.

En esos antecedentes expuestos solicita dictar Auto Supremo declarando Infundado el Auto de Vista todo en cuanto ha sido materia del presente recurso, expresando condenación de costas.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Del análisis del recurso se puede establecer que se interpuso recurso de casación en el fondo sin embargo su petitorio no resulta claro, no obstante esa falla recursiva, se extractan los agravios pertinentes, en previsión de los principios regulados en la Constitución Política del Estado Plurinacional, y soslayando los defectos referidos se procede a dar respuesta:

Como primer agravio los recurrentes reclaman que no se habría realizado una correcta aplicación de los arts. 27, 28, 29 y 42 de la Ley Nº 2026, en ese antecedente dicha norma expresaría que el niño, niña o adolescente no será separado de su familia, salvo circunstancias especiales previo proceso con la exclusiva finalidad de protegerlo, vale decir cuando esa separación es necesaria en el interés superior del niño o niña, tal sería el caso por necesidad de afectos desde el momento de su nacimiento por haber sido abandonada desde el momento.

Al respecto se debe considerar que los recurrentes acogieron a la menor en un momento álgido para la madre, en su condición de familiares cercanos (tíos) dada la ausencia por residencia en el extranjero de los padres de la referida joven madre, en esas circunstancias cabe resaltar que la misma muy joven y en su situación de estudiante no tenía las condiciones económicas ni la madurez correspondiente para afrontar sola, es por ello justamente que acudió en busca de ayuda a la familia de su tío materno, lo que no significa que esas circunstancias pasadas por la adolescente madre  hayan otorgado derechos sobre la menor a los hoy recurrentes, que en todo caso esa “ayuda y protección de la bebé” debe ser entendida como actos altruistas dentro de la familia extensiva y no como actos que otorguen derechos sobre una pequeña que siempre estuvo amparada por la normativa del niño, niña y adolescente que promueve y resalta los valores de la familia de origen que vendrían a ser sus progenitores, máxime si actualmente ambos padres (demandados) ya en condición de matrimonio (familia de origen) constituyen ser el ambiente ideal para el desarrollo de la menor de acuerdo a lo establecido en los arts. 27, 28 y 29 del Código Niño, Niña y Adolescente son justamente los llamados a brindar la protección y cariño a la pequeña correspondiendo tomar en cuenta lo dispuesto por el Ad quem, con el interés de priorizar el interés superior de la niña I.R.V., sostuvo “….permanecer al lado de sus padres para que éstos le prodiguen apoyo moral, psicológico, económico, cuidados, comprensión, amor y cariño, toda vez que sus padres se encuentran al presente constituyendo una familia de origen”, en aplicación de lo establecido por la normativa vigente como el art. 6 del Código Niña Niño y Adolescente referida a la interpretación de la norma velando el interés superior del niño, niña y adolescente, en concordancia con la Constitución Política del Estado que en su art.  59.II establece: “Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su familia de origen o adoptiva. Cuando ello no sea posible, o sea contrario a su interés superior, tendrá derecho a una familia sustituta, de conformidad con la Ley” asimismo el art. 60  de la misma Ley Fundamental establece “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”. Que respecto al caso de Autos y en atención a lo estipulado en la primera parte del ya mencionado art. 59 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, la niña tiene derecho a vivir y crecer en el seno de la familia de origen o adoptiva, en ese entendido se tiene que la familia de origen comprende a los padres, que en el caso presente la pequeña goza de contar con la misma, debiendo entenderse que los tíos y otros familiares son la familia extensiva que pueden ser coadyuvantes en la crianza y formación más no pueden atribuirse la calificación de ser familia de origen.

Respecto a la no consideración de la normativa que prevé ante todo el interés superior de la menor, cabe nuevamente referir que es justamente por ello que los de instancia fundaron sus fallos en aplicación de la misma en la perspectiva de considerar por sobre todo el “interés superior de la menor, por lo que se debe tomar en cuenta la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, que en su art. 6º señala: "El niño, para el pleno desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre...". Dentro de ese contexto deberá considerarse también  el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño que textualmente señala: "1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño". Y en ese entendido de manera complementaria y muy importante debemos señalar justamente  el Art. 6 referido supra de la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, que refiere sobre la no posibilidad de separación de un niño de corta edad de su madre. En base justamente a esas consideraciones, es que los jueces de instancia determinaron la correcta guarda de la bebé I.R.V., tomando en cuenta  también la situación actual de la niña que volvió al seno materno para constituir una familia plena.

En el caso presente, del análisis del recurso de casación se advierte que los recurrentes entendieron ser ellos la familia de origen y que la madre no hubiera querido nunca a la bebé; al respecto, no existe ninguna prueba que demuestre que la madre haya querido deshacerse de la menor o que haya incurrido en alguna de las causales previstas por los arts. 33 y 34 de la Ley Nº 2026, por el contrario realizó los actuados necesarios para recuperarla de modo que lo afirmado por los recurrentes resulta una posición subjetiva y carente de sustento legal y respaldo probatorio.

Finalmente y en respuesta conclusiva a todos los demás reclamos es pertinente y necesario a modo de responderles, hacer una reflexión inclusiva y es la reprochable actitud de los recurrentes, es decir que su intervención haya sido en “calidad de guardadores de la niña y que jamás fue con fines vedados” como lo afirman en su reclamo del recurso, puesto que de ser cierta esta afirmación, tendrían que haber hecho la entrega voluntaria a los padres sin restricciones en atención a lo establecido por la vasta normativa y en sujeción al interés de la menor, considerando también que nunca medió ninguna circunstancia ni resolución judicial que ampare su condición de “padres sustitutos”, asimismo ahora pretenden valerse de este recurso para pretender obtener la guarda de la menor, por lo que desde ningún punto de vista se justifica otorgar la guarda de una menor a personas que no sean sus verdaderos padres y tampoco se puede pretender a través de la presente causa desconocer la autoridad de los progenitores (sobre los que no existe ninguna circunstancia o Resolución Judicial expresa que los prive de ello).

Por todo lo explanado, siendo que el recurso carece de fundamentos valederos  y habiendo los recurrentes incurrido en conductas totalmente antiéticas, incumpliendo incluso lo establecido por norma, corresponde emitir Resolución en la forma prevista en el art. 271 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 289 a 292 y vta., interpuesto por Adalberto Cuellar Taborga y Edith Karin Rojas de Cuellar contra el Auto de Vista Nº 174, de 18 de septiembre de 2010 pronunciado por la Sala Civil Segunda de la  Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, (Hoy Tribunal Departamental), que cursa en fs. 284 a 285. Con Costas por existir respuesta al Recurso.

Se regula honorario del abogado en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.