TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 841/2015 - L

Sucre: 28 de Septiembre 2015

Expediente: SC-49-11-S                                                

Partes: Carlos Nina Sacari c/ Rocht Guerrero Muñoz y Olga Céspedes Paredes.

Proceso: Desocupación, entrega de inmueble, acción negatoria, pago de daños y

               perjuicios                                

Distrito: Santa Cruz 


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Carlos Nina Sacari  de fs. 372 a 374, impugnando el Auto de Vista  de fecha 01 de junio de 2009, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de Desocupación, entrega de inmueble, acción negatoria, pago de daños y perjuicios, seguido por el recurrente contra Rocht Guerrero Muñoz y Olga Céspedes Paredes, la concesión de fs. 382, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:                                                                 ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez Décimo de Partido en Materia Civil y Comercial, emitió la Sentencia de fecha 12 de abril de 2008 cursante de fojas 307 a 310 y vta., declarando Improbada la demanda principal interpuesto por Carlos Nina Sacari, Improbada la demanda reconvencional que se tiene formalizada por la Defensora de Oficio de los herederos de la co-demandada Olga Céspedes Paredes y se declaró Probada en parte la demanda reconvencional en lo que se refiere a la usucapión decenal extraordinaria y cancelación de derecho de propiedad e Improbada por los daños y perjuicios, la misma que ha sido formalizada por el demandado Rocht Guerrero Muñoz, determinándose que en ejecución de Sentencia se extienda al nombrado testimonio de las piezas principales del proceso el mismo que una vez sea inscrito en Derechos Reales, le servirá de suficiente título de dominio,; se ordenó la cancelación de la partida Computarizada Nº 010316499, Folio No. 0094164 de fecha 03 de febrero de 1998 que se refiere al derecho de propiedad que le asiste al demandante Carlos Nina Sacari.

Contra dicha Resolución, la parte demandante, presentó recurso de apelación, motivo por el cual la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz emitió el Auto de Vista, de fecha 01 de junio de 2009, el mismo que confirmó la Sentencia apelada.

Resolución que fue recurrida en casación en la forma y en el fondo, presentado por el demandante, el mismo que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma:

Acusa la falta de integración de Thomas Hackett Howard a quien debió dársele intervención en el juicio, situación que vulneraría lo dispuesto en el art. 115 de la Constitución Política del Estado y 15 de la Ley de Organización Judicial, por habérsele causado indefensión.

En el fondo:

Acusa que el demandado Rocht Guerrero Muñoz nunca vivió en el inmueble objeto de usucapión, así lo demuestran el informe emitido por el Oficial de Diligencias, las facturas de servicios públicos y la inspección judicial efectuado en el inmueble, al igual que la fotocopia de la tarjeta prontuario del demandado donde se evidencia que vive en la Avenida 3 pasos al Frente.

Por otro lado sobre la confesión judicial del demandado indica que se demuestra que nunca vivió en el inmueble objeto de usucapión; la prueba testifical de descargo de igual manera, donde los testigos no son uniformes en tiempos, lugares y hechos; y demás pruebas que señala como las de reciente obtención que a criterio de la parte recurrente no fueron valoradas y demostraría que el demandado nunca vivió en el inmueble.

Por dichos argumentos en atención de lo descrito por los arts. 250, 253, 254 y 255 del Código de Procedimiento Civil se emita Resolución.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En el marco del recurso interpuesto corresponde primeramente resolver el recurso de casación en la forma, que de ser evidentes las infracciones acusadas, ya no sería necesario entrar a considerar los argumentos de fondo del recurso, en ese entendido tenemos lo siguiente:

En la forma:

Sobre la falta de integración a la litis de Thomas Hackett Howard a quien se le estaría causando indefensión; al respecto, se deberá tener presente que el indicado no cuenta con legitimación alguna para disponer su integración a la litis, dicho personaje resulta ser el anterior propietario del inmueble objeto de usucapión, quien se desprendió de su derecho propietario hace varios años atrás (más de diez), motivo suficiente para entender que la solicitud de la parte recurrente no es viable; la usucapión demandada reconvencionalmente, cumple con la legitimación pasiva necesaria, toda vez que, está dirigida contra el propietario registral actual, quien obtuvo su derecho propietario por compra y venta de Martha del Rosario Núñez de Rojas en la gestión 1998 y esta última compro de Thomas Hackett Howard mediante minuta de transferencia de fecha 23 de marzo de 1982 e inscrita en Derechos Reales bajo la Partida Computarizada No. 010194244 de fecha 9 de noviembre de 1994, partida de donde proviene el derecho de la parte recurrente.

Siendo así, se demuestra que la solicitud de nulidad de obrados para que se integre a la litis a Thomas Hackett Howard no es correcta, máxime si tomamos en cuenta, que la parte recurrente en ningún momento del proceso, solicitó la integración al proceso del indicado, no fue punto de apelación para que el Tribunal de alzada pueda considerarlo, situación que se subsume a la regla contenida en el art. 258 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, que señala: “En el recurso de nulidad no será permitido presentar nuevos documentos ni alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieren reclamado en los Tribunales inferiores…” por dicho motivo su reclamo en casación en la forma deviene en infundado.

En el fondo:

La parte recurrente observa la valoración de las pruebas efectuadas por el Juez A quo y el Tribunal de Alzada,  que a criterio del mismo, no demostraría la posesión del demandado sobre el inmueble objeto de usucapión; único argumento que vincula a la transgresión del art. 253 num. 3) del Código de Procedimiento Civil respecto a la valoración de prueba, sin embargo no especifica si se trata de error de hecho o de derecho, de manera general acusa la mala valoración.

En ese entendido, se deberá tener en cuenta que el Juez A quo mediante una valoración conjunta de la prueba presentada en obrados, estableció en Sentencia que: “…Se tiene probada la posesión, quieta, pacífica y continuada sobre el lote de terreno objeto del presente juicio por parte del demandando Rocht Guerrero Muñoz, junto a los herederos de Olga Céspedes Paredes y su madrastra Arminda Méndez Vaca.”, razonamiento vertido en consideración a la pruebas cursantes en obrados en específico a la certificación de fs. 221, donde la junta vecinal del barrio 25 de Diciembre certifica que el señor Rocht Guerrero Muñoz es vecino y vive en el barrio con toda su familia desde el año 1988, certificación que se encuentra respaldada por la confesión judicial prestada por el demandado donde se indica que vive en el inmueble entre 13 a 14 años, así también se tiene de las declaraciones testificales donde Remy Ferrufíno (testigo) indica que conoce a Rocht Guerrero hace muchos años atrás a quien conoció más o menos desde el año 1989, de la misma forma se encuentra la declaración de Josefa Cambrises Frias que corrobora que el demandado vive desde el año 1988 conjuntamente con sus tíos el Sr. Muñoz y la Sra. María que ya ha fallecido.

Por otro lado también cursa en obrados el acta de inspección judicial de fs. 302 donde el Juez A quo de manera específica hace constar que la posesión del inmueble la tiene el Sr. Rocht Guerrero además de la Sra. Arminda Méndez Vaca con sus hijos. Situación que fue observada por la parte recurrente mediante memorial de fs. 303, motivo por el cual se ordenó la declaración testifical de la señora Arminda Méndez Vaca, quien prestó su declaración indicando que conoce al demandado desde hace 30 años y que vive y ocupa el inmueble desde el año 1988 y que en todo ese tiempo no existió reclamo alguno o perturbación en su posesión. (fs. 305 y vta.)

Todas estas pruebas demuestran la posesión del demandado del inmueble objeto de usucapión, y el hecho de que a fs. 247 curse fotocopia legalizada de la Tarjeta Prontuario del demandado en donde se consigna una dirección de domicilio diferente al pretendido por usucapión y que a criterio de la parte recurrente demostraría la falta de posesión del demandado, se debe indicar que dicha documental no desvirtúa la posesión del demandado, como se tiene establecido supra la prueba valorada en su conjunto y no de manera sesgada, demuestran el derecho que cuenta el demandado. Lo mismo ocurre con las facturas de los servicios y las supuestas contradicciones del demandado en relación a los años de posesión, los cuales a más de evidenciar un error en su valoración, demuestran que la parte que demanda la usucapión cuenta con todo el derecho y cumple con los requisitos exigidos para el mismo.

En ese entendido, concluiremos indicando que el Juez A quo y el Tribunal de alzada, no han incurrido en mala valoración de la prueba testifical y documental presentada en la litis conforme lo determinan los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su Procedimiento, valoraron las mismas conforme a las reglas de la sana crítica y prudente arbitrio.

Finalmente, de la forma en como se ha planteado en casación estos supuestos agravios, lo que el recurrente trata es de inducir a una nueva valoración de la prueba que fue realizada en la instancia correspondiente, la cual es incensurable en casación, salvo que se demuestre el error de hecho o de derecho que hubiesen cometido los de instancia, aspecto que como se dijo supra, no fue parte del recurso de casación en el fondo.

Por lo expuesto, este Tribunal de Casación, emite Resolución determinada por los arts. 271 num. 2)  y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de en la forma y en el fondo interpuesto por Carlos Nina Sacari  de fs. 372 a 374, impugnando el Auto de Vista  de fecha 01 de junio de 2009, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz. Con costas.

Se regula el honorario del profesional en la suma de Bs.1.000 (Un Mil Bolivianos 00/100).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.