TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                                         S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 835/2015 - L                                                                 Sucre: 28 de Septiembre 2015                                                         Expediente: LP5911S                                        

Partes: Franklin Peredo Benavente c/ Maruja Peñaloza Valle

Proceso: Devolución de anticresis

Distrito: La Paz

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 157 y vta., interpuesto por Maruja Peñaloza Valle, impugnando el Auto de Vista Nº S-150, de fecha 29 de marzo de 2011 de fs. 154 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la ex Corte Superior de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de Devolución de anticresis, seguido por Franklin Peredo Benavente contra Maruja Peñaloza Valle, la concesión de fs. 160, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:                                                         ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Noveno de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, dictó la Sentencia Nº 231, de fecha 05 de octubre de 2009 de fs. 137 a 139 y vta., declarando I. Probada en parte la demanda cursante de fs. 63 y vta., interpuesta por Franklin Peredo Benavente, en consecuencia se dispone que la Sra. Maruja Peñaloza Valle, a los diez días de quedar ejecutoriada la Sentencia, haga la devolución del saldo de $us. 1.500.- al Sr. Franklin Peredo Benavente, sea bajo alternativa legal para el caso de incumplimiento.  

Resolución de primera instancia que es apelada por la demandada por memorial de fs. 143 y vta., que mereció el Auto de Vista Nº S-150, de 29 de marzo de 2011, de fs. 154 y vta. Resolución de alzada que es recurrida de casación en el fondo por la parte demandada, que obtiene el presente análisis.

CONSIDERANDO II:                                                                         DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

De forma resumida y ordenada se pasa a detallar los fundamentos de agravio que expone la recurrente:

1. Denuncia la violación del art. 119 del C.P.C., que se encuentra específicamente declarada en el art. 128 y 90 del mismo adjetivo, porque el plazo para la citación con la demanda que es de 24 horas no se cumplió en el presente caso de Autos, y que el Auto de Vista no considera, refiriéndose en su fundamento solo al pase profesional de los abogados del demandante.

2. Acusa que el contrato de anticresis no fue constituido mediante Escritura Pública conforme manda el art. 491-3) del que es contravenida y que debió ser exigida en su cumplimiento por el Juez de la causa, por hacer a la forma del contrato exigida por ley para su constitución, lo que hace que nunca pudo adquirir la categoría de anticresis, de donde resulta que la obligación de devolver el dinero demandado no está debidamente documentada, por lo que se enmarca en el caso 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil.

3. Refiere que el documento sin perjuicio de su invalidez anteriormente establecida, habla de una obligación de $us. 13.500 dólares americanos, misma que de acuerdo a los datos del proceso llevó a establecer en Sentencia en la suma de $us. 1.500, sin que en ninguno de los casos estas cuantías correspondan a la competencia del Juez de partido, por lo que siendo la competencia una cuestión de orden público el Juez actuó sin competencia siendo toda su actuación nula desde el origen de la misma, es decir desde el reconocimiento de firmas y rúbricas, por ser un Juez incompetente.

Por lo fundamentado, se tiene que  incurrieron en nulidades que hacen al orden público que el Tribunal de casación deberá sancionar por imperio del art. 252 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el art. 122 de la C.P.E., y art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, por lo que solicita se le conceda el recurso de casación en el fondo interpuesto en su contra por estar comprendido en las causales establecidas por el art. 252-2)-3) del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:       

De la revisión del recurso interpuesto por la parte recurrente se evidencia que denuncia en el mismo error “in procedendo” así como error “in iudicando”, por lo que en observancia del principio “pro actione”, y disgregando dichos aspectos corresponde de inicio absolver los agravios de forma, porque de ser evidente la infracción acusada ya no sería necesario ingresar al recurso de fondo.

En la forma:

1. Sobre su denuncia de violación del art. 119 del C.P.C., que se encuentra específicamente declarada en el art. 128 y 90 del mismo adjetivo.

Al respecto, corresponde referir que de la revisión de obrados se conoce que una vez interpuesta la demanda ante el Juez Instructor de Turno en lo Civil, este dispone la remisión de obrados ante el Juez de Partido Noveno en lo Civil que había tomado prevención en el conocimiento de la causa, porque ya había sustanciado un proceso preliminar de reconocimiento de firmas y rúbricas; en ese antecedente radicada la causa por ante el Juez de partido, admitiéndose la demanda por providencia de fecha 30 de enero de 2007; sin embargo, al no haberse logrado la citación personalmente a la parte demandada, en mérito a la representación de fs. 67, por providencia de fecha 26 de febrero de 2007 se dispone la citación de la misma mediante cédula, efectuándose dicha citación en fecha 2 de abril de 2007 conforme se evidencia de fs. 68.

Si bien el art. 119 del Código de Procedimiento Civil dispone que “La citación con la demanda y reconvención se hará dentro de las veinticuatro horas siguientes al día en que se hubiere dictado la providencia correspondiente”; empero, conforme al principio dispositivo que rige al proceso civil, dicho término es facultativo de la parte activa, que sin embargo busca el cumplimiento del principio de celeridad y que empero no se constituye en una disposición taxativa en contra de la misma, toda vez que la citación como acto de comunicación está sujeta a las emergencias de caso concreto, máxime si como ocurre en el presente caso que se han desarrollado una serie de actos procesales como consecuencia de que la parte demandada rehúsa dicha comunicación y emplazamiento (fs. 67 y 68), extremos que de manera lógica imposibilitan el estricto cumplimiento del término establecido por el art. 119 del Adjetivo Civil.

Ahora bien, de la revisión del presente caso de Autos se evidencia que la parte demandada no ha contestado a la demanda en el término de su emplazamiento, por lo que de conformidad a los arts. 68 y 69 del adjetivo civil se hace aplicable en la especie el art. 129 del Código de Procedimiento Civil que dispone: “I.- Toda nulidad por falta de forma en la citación, quedará cubierta si no es reclamada antes o a tiempo de la contestación. II.- La parte que sin ser citada legalmente hubiere contestado la demanda no podrá acusar falta ni nulidad de la citación”, es decir, que al no haber objetado la forma de la citación en el término establecido por ley, su derecho a precluído por desidia propia. Es más, habiendo dilatado la parte demandada su citación, conforme al principio de buena fe y de lealtad procesal no es moral ni legítimo pretenda fundar una nulidad en su propia falta u omisión, es decir en su reticencia a la citación, por lo que no se hace aplicable en el presente caso de Autos los presupuestos establecidos por el art. 128 del Código de Procedimiento Civil.

Asimismo, en relación a lo anterior, corresponde además señalar que la parte demandada por memorial de fs. 74 y vta., ha interpuesto incidente de nulidad de notificación, empero el mismo es rechazado por auto de fs. 80, y una vez apelado por la misma, por providencia de fs. 82 vta., se difiere su fundamentación a una eventual apelación de la Sentencia. Sin embargo, una vez que la parte actora ha tomado conocimiento de la sentencia (fs. 140) no fundamenta en debida forma la apelación que hubo sido diferida, es decir que no activa la apelación que se encontraba diferida, por lo que conforme al principio de convalidación también ha precluido su derecho, resultando por consiguiente infundado el agravio denunciado.

2. Sobre su denuncia de que la causa por su cuantía no correspondía a la competencia del Juez de partido, y siendo la competencia una cuestión de orden público el Juez actuó sin competencia siendo toda su actuación nula desde el origen de la misma, es decir desde el reconocimiento de firmas y rúbricas, por ser un Juez incompetente.

En relación a esta denuncia, debemos referir que una vez radicada la demanda ante el Juez Primero de Instrucción en lo Civil, este habiendo tomado conocimiento  de los antecedentes de la presente causa, y siendo que el Juez de Partido Noveno en lo Civil había tomado prevención en el conocimiento de la causa, porque ya sustanció un proceso preliminar de reconocimiento de firmas y rúbricas, con cuantía asumida en relación al documento base de la demanda en la suma de $us. 13.500, monto que excedía la cuantía de un Juez instructor en lo civil, fijado en la suma de Bs. 80.000 por Resolución de Sala Plena de la ex Corte Suprema de Justicia de fecha 06 de abril de 2004 y de consiguiente de competencia de dicho juzgado de partido, competencia que además no había sido cuestionada por la parte demandada Maruja Peñaloza Valle en dicho proceso, por lo que en cumplimiento del art. 118 de la Ley de Organización Judicial (Ley Nº 1455) que establecía: “Cuando tenga que formalizarse una demanda sobre la base de una medida precautoria o preparatoria ya tramitada, aquella se presentará directamente al juzgado que conoció el proceso, sin necesidad de nuevo registro en la Secretaria de Cámara”, dispone la remisión de obrados ante el juzgado de partido referido, una vez radicada la causa y con la ratificación de la demanda se procede a la citación de la parte demandada (fs. 69), quien una vez comunicada tampoco interpone la excepción de incompetencia en el término establecido por ley; es más una vez declarada su rebeldía, por memorial de fs. 92 se apersona, purga rebeldía, se da por notificada expresamente con el Auto que sujeta la causa a término de prueba y ofrece prueba de descargo, sin objetar la competencia del Juez de partido, ratificando de esta manera tácitamente la competencia de dicho juzgado que había tomado prevención en el conocimiento de la causa; de donde se infiere que el Juez de Partido Noveno en lo Civil en el marco de la ley ha asumido competencia plena para dilucidar el presente caso de Autos, lo que hace infundado el agravio denunciado.

Por lo expuesto, corresponde emitir Resolución en la forma prevista en el art. 271 num. 2), y 273 del Código de Procedimiento Civil.

En el fondo:

Sobre su denuncia de que el contrato de anticresis no fue constituido mediante Escritura Pública conforme manda el art. 491-3) del Código Civil.

En relación a esta denuncia, corresponde referir que este agravio de fondo no fue motivo del recurso de apelación, por lo mismo no fue considerado por el Tribunal de alzada, en consecuencia no existe pronunciamiento alguno al respecto, en ese antecedente y conforme al principio del “per saltum” este Tribunal no puede ingresar a considerar el mismo. Lo que hace improcedente el agravio denunciado.

En consecuencia, corresponde emitir Resolución en la forma prevista en el art. 271 num. 1) y 272 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma, y en aplicación de los arts. 271 num. 1) y 272 del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo, ambos de fs. 157 y  vta., interpuestos por Maruja Peñaloza Valle, que recurre del Auto de Vista Nº S-150, de fecha 29 de marzo de 2011 de fs. 154 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la ex Corte Superior de Justicia de La Paz. Sin costas por no existir contestación.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.