TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A   C I V I L




Auto Supremo: 822/2015 - L                                                             Sucre: 16 de septiembre 2015

Expediente: CB 24 11 S                                                                 Partes H.A.M. de Capinota. c/ Aquilino Sandy Alanez y Víctor Hugo Barrientos

           Camacho.        

Proceso: Pago de Daños y Perjuicios.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 422 a 424 vta., interpuesto por Víctor Hugo Barrientos Camacho y el Recurso de Casación de fs. 443 a 445 interpuesto por Aquilino Sandy Alanez, contra el Auto de Vista REG/S.CII/RR/ASEN.121/15.11.2010 de 15 de noviembre de 2010 de fs. 417 a 418, de obrados, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba (Hoy Tribunal Departamental de Justicia), en el proceso ordinario de Pago de Daños y Perjuicios, seguido por Honorable Alcaldía Municipal de Capinota contra Aquilino Sandy Alanez y Víctor Hugo Barrientos Camacho; La respuesta al recurso de fs. 454 a 456 vta., el Auto de concesión de fs. 457; los antecedentes del  proceso, y:

CONSIDERANDO I:                                                         ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sustanciado el proceso el Juez de Partido - Sentencia en lo Civil de Capinota del Departamento de Cochabamba, mediante Sentencia de 15 de febrero de 2007 cursante de fs. 337 a 339, declaró probada la demanda de fs. 77 78 de 06 de marzo del año 2006 e Improbadas las excepciones perentorias opuestas por los demandados, en consecuencia se declara haber lugar al resarcimiento de daños y perjuicios por la responsabilidad civil determinada por la Contraloría General de la República.

Contra esa Resolución de primera instancia, uno de los demandados, Aquilino Sandy Alanez de fs. 342 a 344, y el otro codemandado Víctor Hugo Barrientos Camacho interpusieron recurso de apelación en cuyo mérito la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista Resolución REG/S.CII/RR/ASEN.121/15.11.2010 de fecha 15 de noviembre de 2010, cursante de fs. 417 a 418, que confirma la Sentencia de fs. 337 a 339, por lo que ambos codemandados recurren de Casación, cursantes de fs. 422 a 424 vta., y 443 a 445, mismos que se pasan a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:                                                                         HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

De  la revisión y contenido del Recurso de Casación se tiene lo siguiente:

Recurso de casación en el fondo de Víctor Hugo Barrientos Camacho.-

Refiere que el Auto de Vista en su segundo considerando sólo se refiere a los informes legales y le da valor a los informes de auditoria que constituyen la prueba preconstituida de la parte demandante sin referirse en ningún momento a otra prueba ni a los puntos apelados en relación a la prueba producida en el proceso como ser la prueba pericial, literal y testifical.

Agrega que en su apreciación habría incurrido en error de derecho puesto que si el resultado final de una auditoria gubernamental sería el dictamen con indicios de responsabilidad civil, correspondería a un proceso coactivo su determinación, ya que la jurisprudencia así lo establecería, conforme previene también el art. 3 del Procedimiento Coactivo Fiscal.

Concluye indicando que la prueba que desvirtúa la pretensión de la parte demandante ha sido ignorada, por lo que solicita CASAR el Auto de Vista recurrido y fallando en lo principal se declare improbada la demanda y probadas las excepciones interpuestas.

Recurso de Casación de Aquilino Sandy Alanez.-

Expresa no existir Sentencia condenatoria en su contra que lo haga responsable de la acción civil para la reparación de daños y perjuicios emergentes.

El presente proceso no se puede tomar como una acción de responsabilidad civil, puesto que dicho proceso correspondería a la acción coactiva fiscal.

Refiere que el Auto de Vista de manera errada declara y confirma la demanda de pago de daños y perjuicios sin que se haya demostrado responsabilidad cuyo procedimiento para la reparación del daño exigiría como presupuesto de procedencia la existencia de una Sentencia condenatoria ejecutoriada.

Concluye solicitando ANULAR OBRADOS hasta el vicio más antiguo, vale decir hasta que se la promueva legalmente mediante una nueva demanda acompañando y señalando si así fuese el caso una Sentencia condenatoria ejecutoriada.

CONSIDERANDO III:                                                                         FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De la revisión de ambos recursos se advierte que su agravio central gira en torno a la competencia del Juez de la causa, ya que los de instancia tomaron como base documental el informe de auditoría realizado por la Contraloría General de la República, (hoy del Estado Plurinacional de Bolivia) contra ex servidores públicos, informe habría sido fundamental para que los de instancia emitan sus fallos, lo que a criterio de los recurrentes no correspondería a la vía civil sino a la Coactiva Fiscal. En ese sentido corresponde analizar este extremo, por cuanto de ser evidente, correspondería anular y derivar a la vía correspondiente, en base a lo reclamado se pasa a considerar lo siguiente:

1.- DE LA JURISDICCIÓN COACTIVA FISCAL.-

Se debe señalar que la Constitución Política de Estado Plurinacional, así como la Ley del Órgano Judicial, reconocen y regulan las jurisdicciones especializadas (arts. 156 al 158 de la Constitución Política del Estado Plurinacional) estando dentro de ellas la jurisdicción coactiva Fiscal, desarrollada y regulada por la Ley

Ingresando al tema es imprescindible realizar algunas puntualizaciones respecto de la jurisdicción y la competencia; así se tiene que, con relación a la jurisdicción, la misma está concebida como aquella potestad que tiene el Estado, para solucionar conflictos particulares a través de la imposición de la Ley y el Derecho, esa potestad, está encargada al Órgano Judicial, mediante el cual, el Estado provee de justicia a sus ciudadanos, conforme a la Constitución y las leyes, así se halla establecido por el art. 6 del Código de Procedimiento Civil, modificado por los arts. 11 al 14 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010.

En el marco doctrinal y jurídico precedentemente referido, se tiene que si bien, la jurisdicción es un poder-deber que tiene el Juez para administrar justicia, no pudiendo dicho Juez negarse a resolver un asunto puesto en su conocimiento, la jurisdicción que le confiere el Estado, resulta insuficiente para lograr su cometido principal que sería la Resolución de un conflicto particular, consecuentemente, la jurisdicción no se halla concebida para que por sí misma se cumpla ese poder-deber del Estado, sino, que necesariamente tiene que ir acompañada de la competencia que, conforme lo define el art. 12 de la Ley del Órgano Judicial, “Es la facultad que tiene una Magistrada o Magistrado, una Vocal o un Vocal, una Jueza o un Juez, o Autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto”. Consiguientemente, la competencia resulta ser el modo o manera como se ejerce esa jurisdicción por circunstancias concretas de materia, cuantía, grado, turno, territorio, naturaleza, imponiéndose por tanto una competencia por necesidades de orden práctico, en ese entendido vemos que la jurisdicción es el género, mientras que la competencia viene a ser la especie, así, todos los Jueces tienen jurisdicción pues tienen el poder de administrar justicia, pero cada Juez tiene competencia para conocer y resolver determinados asuntos; en otras palabras, la jurisdicción es la facultad de administrar justicia y la competencia fija los límites dentro de los cuales se ejerce dicha potestad; por lo que, de lo referido se tiene que tanto la jurisdicción como la competencia son de orden público e indelegables y nacen únicamente de la ley, siendo sus reglas la observancia y la obligatoriedad en su cumplimiento.

Con este análisis inicial, ingresaremos a decir que el procedimiento coactivo fiscal se habilita para el conocimiento de procesos de responsabilidad civil emergentes de actos desarrollados en la administración pública, los que emergen mediante proceso de auditoria o procesos administrativos procurando la recuperación del patrimonio del Estado. Asimismo, en relación a la reparación de daño civil ocasionado aparentemente por personas particulares y ex funcionarios, pretensión también invocada por la parte actora en la demanda, corresponde puntualizar que el art. 47 de la Ley Nº 1178 dispone la creación de la jurisdicción Coactiva fiscal para el conocimiento y tramitación de todas las demandas que se interpongan cuando los actos de los servidores públicos sean pasibles por acción u omisión, a responsabilidad civil, definida por el art. 31 de la misma norma; es decir responsabilidad que se define a través de informes de auditoría y que de conformidad a lo previsto en el art. 3 del D.L. 14933 - Ley del Procedimiento Coactivo Fiscal, son instrumentos con fuerza coactiva fiscal suficiente para promover la acción coactivo fiscal los informes de auditoría emitidos por la Contraloría General de la República aprobados por el Contralor General y los informes de auditoría interna, procesos o sumarios administrativos organizados de acuerdo a su régimen interno, igualmente aprobados y que establezcan sumas líquidas y exigibles. (las negrillas son nuestras).

En ese entendido el Decreto Supremo Nro. 23318-A, Reglamentó la Responsabilidad por la función pública en donde se estableció que se crea dicha norma para el cumplimiento del artículo 45 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990, que Regula el capítulo V, Responsabilidad por la Función Pública, de dicha Ley así como toda otra norma concordante con la misma. También indicó que su Alcance se aplica exclusivamente al dictamen y a la determinación de la responsabilidad por la función pública, de manera independiente y sin perjuicio de las normas legales que regulan las relaciones de orden laboral, donde se estableció que el servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones con eficacia, economía eficiencia, transparencia y licitud y su incumplimiento genera responsabilidades jurídicas.
Por otro lado el art. 47 de la citada Ley Nº 1178, dispone: “Créase la jurisdicción coactiva fiscal para el conocimiento de todas las demandas que se interpongan con ocasión de los actos de los servidores públicos, de los distintos entes de derecho público o de las personas naturales o jurídicas privadas que hayan suscrito contratos administrativos con el Estado, por los cuales se determine responsabilidades civiles definidas en el artículo 31 de la presente Ley. Son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza”. 

El art. 48 de la citada norma determina: “No corresponden a la jurisdicción coactiva fiscal las cuestiones de índole civil no contempladas en el artículo 47 ni las de carácter penal, comercial o tributario atribuidas a la jurisdicción ordinaria y tributaria y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de la administración pública, se atribuyen por ley a otras jurisdicciones”. Los actos de los servidores públicos al igual que de los ex servidores públicos están contemplados en el art. 47 de la Ley Nro. 1178 y su responsabilidad por su acción u omisión, corresponde a la coactiva fiscal.

De la misma forma el art. 3 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal establece: “Constituyen instrumentos con fuerza coactiva suficiente para promover la acción coactiva fiscal: 1. Los informes de auditoría emitidos por la Contraloría General de la República aprobados por el Contralor General, emergentes del control financiero administrativo que establezcan cargos de sumas líquidas y exigibles.
2. Los informes de auditoría interna, procesos o sumarios administrativos organizados de acuerdo a su régimen interno, igualmente aprobados y que establezcan sumas líquidas y exigibles.”

Es conveniente también puntualizar que el derecho privado, está subordinada a los límites impuestos por ley; y uno de los límites del derecho privado, es precisamente las reglas de la jurisdicción y la competencia que son de orden público, indelegables y de cumplimiento obligatorio, en ese sentido prescribe el art. 122 de la Constitución Política del Estado cuando imperativamente dispone: "son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley".

Conforme a lo examinado precedentemente el Juez natural y competente acorde a las reglas de la jurisdicción y competencia, resulta siendo el tribunal que ejerce jurisdicción coactiva fiscal para el conocimiento de toda controversia resultante de la responsabilidad de los funcionarios públicos emergente del ejercicio del cargo, que por la naturaleza misma de estos, su sustanciación corresponde a la jurisdicción especializada, sin que esto signifique restricción al acceso a la justicia, que no es el caso, es más bien la predominancia del debido proceso para los justiciables, que no debe apartarse del Juez natural, pues él es la garantía de otorgar la seguridad jurídica regida bajo un principio de legalidad.

2.- DEL RESARCIMIENTO Y PAGO DE DAÑO EN LA PRESENTE CAUSA.-
Conforme al memorial de demanda de fs. 77 a 78, Oscar Mérida Flores en su calidad de representante  de la Alcaldía Municipal de Capinota, señala que en la gestión 2002 por autorización del Honorable Concejo Municipal se habría procedido con la adquisición de una Pala Cargadora y otra maquinaria a medio uso, conforme se acredita de la Resolución Municipal de 19 de Agosto de 2002 e informe de 27 de agosto de 2002 del entonces asesor jurídico Víctor Hugo Barrientos Camacho que expresa que se ha cumplido con lo regulado en el D.S. 26685, en ese antecedente el entonces Alcalde Aquilino Sandy Alanez en fecha 29 de agosto de 2002 suscribe el contrato de compra venta de la pala cargadora por el precio de $us. 45 000.- adquirida de su anterior propietario Zenón Valdivia quién tres días antes habría adquirido dicha maquinaria de Juan Carlos Carmona Mejía en la suma de $us. 34 000.- advirtiéndose que en esos tres días el precio se habría elevado de forma considerable.

Que en esas circunstancias la Contraloría habría efectuado una auditoría sobre los aspectos referidos anteriormente, en cuyo mérito el Contralor General de la República en uso de sus atribuciones habría emitido Dictamen de Responsabilidad Civil por la suma de $us. 11 000.- infiriéndose que la actuación del entonces Alcalde habría causado daño evaluable en dinero a la Municipalidad debiendo proceder a resarcir de manera solidaria conforme a las leyes vigentes.

En base a ese antecedente conforme los arts. 984, 994 y 999 del Código Civil, demanda el pago de daño y perjuicio contra el ex Alcalde y ex Asesor Jurídico Aquilino Sandy Alanez y Víctor Hugo Barrientos Camacho, evaluada la misma en la suma de $us. 11 000.- (Once mil dólares americanos 00/100).

Por la documentación adjuntada por los demandantes, se tiene que de fs. 2 a 76, dictamen de responsabilidad Civil dictado por la Contraloría General de la República de Bolivia signada como CGR/DRC-035/2005; Informe de auditoría especial sobre la adquisición de maquinaria pesada a medio uso, en la gestión 2002 signado como Informe Nº GC/EP14/O03 R1; Informe Legal signado como LC/Lo79/N03; Informe Complementario al Informe de auditoría Nº GC/EP14/O03 R1; Informe de auditoría especial Nº GC/EP14/O03 R1; Informe Legal  LC/L079/N03; Informe Complementario al Informe de auditoría Nº GC/ EP14/O03 R1 Signado como Informe Nº GC/EP14/O03 C1 e Informe certificación DEL Fiscal Adjunto de Cochabamba.

En fs. 64 64 vta., cursa el contrato de compra venta de la pala cargadora Caterpillar, suscrita entre el Alcalde, el asesor abogado, el Oficial Mayor y el vendedor, ante el Notario de Gobierno, cuyo objeto está referido a la compra de la pala cargadora frontal a medio uso para las actividades de inversión en el Municipio, por Resolución Municipal Nº 017/2002 del Honorable Concejo Municipal de Capinota que en la última parte del Considerando establece: “que la compra de dos volquetas y maquinaria pesada consistente en pala cargadora y tractor a medio uso, reúne los requisitos y alcances del Art. 20 del Decreto Supremo 26685”

En ese entendido el Decreto Supremo 26685 estableció disposiciones complementarias a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios para la aplicación en el ámbito Municipal complementario a las atribuciones estipuladas en el art. 20 de la Ley 1178.

La Ley de Administración y Control Gubernamental, Ley Nº 1178, establece que todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignadas a su cargo, a ese efecto califica la responsabilidad por la función pública en: administrativa, ejecutiva, civil y penal. Al respecto el art. 31 de la mencionada Ley señala que: “La responsabilidad es civil cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado valuable en dinero...”.

De lo anteriormente expresado se tiene que el Contralor General de la República en uso de sus atribuciones habría emitido Dictamen de Responsabilidad Civil por la suma de $us. 11 000.- infiriéndose que la actuación del entonces Alcalde y Asesor Jurídico habrían causado daño evaluable en dinero a la Municipalidad debiendo proceder a resarcir de manera solidaria conforme a las leyes vigentes, en ese entendido es que se abre la competencia a la vía coactiva fiscal y no así a la ordinaria. Consecuentemente, se deberá entender que la relación de un servidor público respecto a la administración pública de la cual depende, está sujeto a los parámetros de la responsabilidad por la función pública, dentro de la cual se tiene prevista a la responsabilidad civil.

De lo anterior se tiene que, el escenario para demandar el resarcimiento del daño económico que sufrió el Estado es la coactiva fiscal y los accionantes como funcionarios públicos, tienen el deber de cumplir con los mecanismos necesarios para activar esta vía judicial, es deber de ellos la dotación de los instrumentos con fuerza coactiva suficiente para iniciar y continuar el procedimiento establecido en esta vía y su acción u omisión a dicha formalidad sin duda también puede generar responsabilidad.

En ese ámbito no le está permitido a ningún servidor público elegir la vía ordinaria, toda vez que la jurisdicción y la competencia son aspectos de orden público, cuya determinación es fijada por Ley y no está librada al criterio o elección de las partes quienes tienen la obligación de someterse a la competencia y jurisdicción que la ley manda, conforme lo establecen los arts. 11 y 12 de la actual Ley del Órgano Judicial que se encontraban también expresadas en los arts. 25 y 26 de la abrogada Ley de Organización Judicial.

Consiguientemente, en base a los fundamentos expuestos corresponde emitir Resolución al amparo del art. 106 del Código Procesal Civil y en la forma prevista por los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil de Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1 ) de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 del 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil y art. 106 del Código procesal Civil, ANULA todo lo obrado sin reposición y dispone que la parte actora acuda ante la jurisdicción Coactiva Fiscal, conforme a lo explanado.

Sin responsabilidad por ser excusable.

De conformidad a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de Ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.