TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL



Auto Supremo: 814/2015 - L

Sucre: 16 de septiembre 2015

Expediente:B 2 11-S

Partes: Rafael BaenyCoímbra. c/Cooperativa “La Merced”.

Proceso:Cumplimiento de contrato.

Distrito:Beni.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 184 a 185, interpuesto por Mario Rivero Cuellar apoderado legal de Rafael Baeny Coímbra contra el Auto de Vista No. 144/2010, de fs. 165 a 166, de 15 de noviembre de 2010, pronunciado  por la Sala Civil de la R. Corte Superior de Justicia del Beni, dentro el proceso de Cumplimiento de Contrato, seguido por el recurrente contra la Cooperativa “La Merced”; la concesión de fs. 189; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:        ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Mixto de Riberalta Distrito Beni, el 04 de junio de 2010 pronunció Sentencia, cursante de fs. 146 a 148 vta., declarando Improbada la demanda con costas.

Contra la indica resolución, presentó su recurso de apelación la parte demandante  exponiendo sus agravios sufridos.

El Tribunal de Alzada en virtud a la apelación, emitió Auto de Vista por el cual Confirmo totalmente la Sentencia.

Resolución de segunda Instancia, recurrida en casación, el mismo se analiza.

CONSIDERANDO II:        DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Acusa la infracción de los arts. 3 inc. 3; 87 Y 91 del Código de Procedimiento Civil, art. 465, 494 inc. I, II; 518, 520 y 531 del Código Civil, aduciendo que la Cooperativa incumplió con el contrato firmado, donde se estableció un pago por la póliza de vida, y que debido a la muerte de su esposa, el recurrente efectuó todos los trámites legales para el cobro respectivo, situación que fue de conocimiento de la Cooperativa y que ésta hubiese incumplido la obligación de hacer conocer a la Compañía de Seguros, motivo por el cual se le negó cubrir la póliza, favoreciendo a la compañía de seguros.

Por otro lado señala que se favoreció a la Cooperativa al calificar el proceso como de puro derecho, situación que vulnera el derecho de igualdad de las partes, llevando un proceso totalmente injusto, situación avizorada por el Tribunal Ad quem, autoridad que no procedió a la anulación de obrados. Con lo que termina su recurso de casación.

CONSIDERANDO III:        FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En el marco de lo acusado en el recurso de casación, donde la parte recurrente hace referencia a la ilegalidad de la calificación del proceso como de puro derecho, situación que vulneraría su derecho al debido proceso e igualdad jurídica de partes, en ese entendido, se debe tener presente lo siguiente:

Por memorial de fojas 22 a 23 vta., Rafael Baeny Coímbra demandó el cumplimiento de contrato, cancelación de préstamo hipotecario y partida de registro, señalando: a).- Que, en fecha 27 de agosto y 21 de octubre del año 2009, su persona conjuntamente con su esposa Zeneide Capobianco Mariaca, contrajeron un préstamo de dinero de la Cooperativa “La Merced” Ltda., por la suma de $us.- 30.000 y $us. 5.000.- b).- Que, su esposa falleció en fecha 3 de noviembre de 2009 y conforme a la cláusula quinta del contrato de préstamo, se estableció el pago del 0.057% del valor del préstamo para cubrir un seguro de vida más conocido como seguro de desgravamen. c) Que, en fecha 10 de noviembre de 2009se apersonó a la Cooperativa para hacer conocer el tema del fallecimiento de su esposa y los encargados de la misma le solicitaron que siga cancelando las cuotas respectivas, hasta tanto se realice los tramites con la Compañía de seguros “Alianza Vida”, conforme a los antecedentes se rechazó el pago del seguro de desgravamen;motivo por el cual y amparándose en lo dispuesto en los art. 568, 570, 1389, 1391 y 323 del Código Civil demanda a la Cooperativa “La Merced” Ltda.la cancelación total de la obligación por haber fallecido uno de los deudores conforme lo establece la cláusula quinta del contrato de préstamo que da paso a la ejecución del seguro de vida o desgravamen.

Por su parte, la parte demandada, la Cooperativa “La Merced” Ltda. a través de su apoderado legal, por memorial de fojas 86 a 87 contesta en forma negativa oponiéndose a los argumentos expuestos en la demanda principal, indicando que se dio cumplimiento a las cláusulas cuarta y quinta del contrato de préstamo referente a la tasa destinada a cubrir la prima de seguro de desgravamen o vida establecidos en la cláusula séptima y octava del mismo contrato, situación cumplida por la Cooperativa demandada, motivo por el cual la Compañía de Seguro Alianza Vida se pronunció sobre el fallecimiento de la deudora, recalcando que la Cooperativa dio cumplimiento con los pagos a la Compañía Aseguradora de la tasa del 0.057 % para cubrir la prima de seguro contratado a favor de la socia Zeneide Capobianco Mariaca de Baeny. Formalizando demanda reconvencional por incumplimiento de contrato, toda vez que la parte actora se encontraría en mora al dejar de pagar sus obligaciones.

Que, así sintetizadas las pretensiones tanto de la demanda, la respuesta y oposición a la demanda principal, así como las excepciones planteadas a la misma, donde se niegan y contradicen puntualmente los extremos argumentados por el actor y por el demandado, se evidencia que el Juez A quo y el Tribunal Ad quem (éste último, al confirmar la sentencia apelada) han aplicado incorrectamente el parágrafo II del artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, pues no han tomado en cuenta que la calificación del proceso como de puro derecho es viable cuando no existen hechos que probar, lo que no ocurre en el presente caso, en el que al existir respuestas negativas a la demanda principal fojas 22 a 23 vta., el Juez de primera instancia debió necesariamente someter la causa a prueba, como manda imperativamente el artículo 371 del Código de Procedimiento Civil.

Para respaldar estos conceptos, es preciso no olvidar que la fuente principal de nuestro Código de Procedimiento Civil es el Código Procesal Civil y Comercial Argentino y que según éste "si existen hechos controvertidos, se abre la causa a prueba". Al respecto, Jesús Cuadrao, coincidiendo con el Profesor Alsina, escribe: "La jurisprudencia, con buen criterio, ha declarado que la apertura a prueba es la regla como conducta procesal más acorde con la amplitud que hay que otorgar al principio de defensa en juicio, debe ordenársela ante la más mínima duda sobre la suficiencia de los elementos agregados a la causa para un pronunciamiento justo". Esa es también la posición de los autores nacionales, como el Dr. José Decker Morales, que escribe: "Por lo expuesto, la negativa categórica en la que se desconocen todos los hechos afirmados en la demanda, importa igualmente desconocimiento del derecho invocado por el actor. Claro está que el que niega nada debe probar; es el demandante a quien corresponde la prueba de los hechos que afirma". Similar criterio expone el Dr. Morales Guillén, que sostiene: "Si se alega por las partes, hechos sobre los cuales no existe conformidad entre ellas, esto es, hay más bien contradicción, así no lo pidan las partes (artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, 360 del similar argentino) el juez abrirá la causa a prueba y se tramitará el proceso como uno de hecho". Doctrina que orienta sobre la calificación del proceso como ordinario de hecho, debido a la existencia de hechos contradictorios y conducentes, que necesariamente deben ser probados por las partes en la estación probatoria, situación que concurre en el caso de autos por la existencia de hechos contradictorios que debieron ser probados en la litis lo que en definitiva determinaba la calificación del proceso como ordinario de hecho; en otras palabras, la necesidad de mayor prueba a la ya presentada al proceso respecto a los hechos controvertidos, es lo que justifica la calificación del proceso.

En ese entendido, estaremos de acuerdo que tanto el Juez de primera instancia como el Tribunal de apelación no han considerado que el proceso de puro derecho es excepcional, la regla es la apertura del término de prueba, que constituye una solución acorde con la amplitud que se debe otorgar al principio de la defensa, ya que si se dispone lo contrario, se vulnera este principio, pues se les priva del resguardo que la ley les brinda. En sentido contrario, sólo "cuando la cuestión litigiosa versa sobre la inteligencia que se ha de dar a una determinada conducta o una situación fáctica no controvertida frente a una norma positiva de fuente convencional o legal, se trata de un problema puramente interpretativo strictu sensu y, por ende, la cuestión debe ser resuelta como de puro derecho" (Serrantes Peña- Palma) o cuando “La cuestión de puro derecho no dependa de la inexistencia de hechos controvertidos, pues puede haberlos y la dificultad versa sobre la valoración de pruebas agregadas a los autos, en cuyo caso tampoco cabe la apertura a prueba” (Santiago Fassi).

En el sub lite, no sólo se advierte la contraposición de aspectos fundamentales entre la demanda y la respuesta de la parte demandada,  sino que, la pretensión de cumplimiento de contrato, cancelación de préstamo hipotecario y partida de registro, debe necesariamente ser demostrado en proceso ordinario, en el que no se va a discutir los derechos en controversia ni las decisiones de las instancias jurisdiccionales, sino los hechos que dieron origen al cumplimiento o incumplimiento del contrato de préstamo de dinero, referente al pago del seguro de desgravamen o de vida, pretendido por la parte actora y negado por la parte demandada, situación que impide que se lo tramite como ordinario de puro derecho, toda vez que debe darse oportunidad a ambas partes a demostrar los hechos expuestos y contradictorios en la litis, en especial a la parte recurrente que objetó dicha calificación, la cual indudablemente vulnera su derecho a la defensa e igualdad entre partes.

Por otro lado, conforme se evidencia de la documental de fs. 15 a 17 y de fs. 18 a 21 (Dos documentos de préstamo de dinero con garantía hipotecaria), en lo referente a la litis se tiene que en la cláusula cuarta se establece una tasa destinada a cubrir la prima de seguro de desgravamen o vida que inicialmente se estableció en el monto de 0.057% mensual del monto del saldo adeudado, tasa sujeta a las variaciones que establezca la compañía de seguro. Además en la cláusula séptima referente a la garantías, los prestatarios se obligaron a tomar unaPóliza de seguro de desgravamen Hipotecario (S.D.H.) para el caso de muerte o invalidez total o permanente de la Prestataria Zeneida Capobianco Mariaca de Baeny y conforme a los datos del proceso la Compañía aseguradora resulta ser Alianza Vida de Seguros S.A.

Al ser así los antecedentes del proceso y haberse observado dicho detalle por la cooperativa demandada, toda vez que a criterio de la misma debía ser dirigida la demanda principal en contra de la Compañía Aseguradora, al negar el pago del seguro de desgravamen, el Juez de instancia debió observar el procedimiento que correspondía, integrando a la litis a la Compañía Aseguradora Alianza Vida de Seguros S.A.; toda vez que la determinación asumida en Sentencia, ciertamente podría afectar los derechos de personas o instituciones que no fueron parte del presente proceso quienes a la fecha se encuentran en total indefensión.

Al respecto, el doctrinario Hugo Alsina estableció que: “…donde hay indefensión, hay nulidad; si no hay indefensión, no hay nulidad”, para el caso de autos laCompañía Aseguradora no fue integrada a la litis, lo cual vulnera los derechos que pudiesen tener.Por su parte, el Auto Supremo Nº 99 de 22 de noviembre de 2004, emitido por la extinta Corte Suprema de Justicia señaló lo siguiente: “La pluralidad de partes en el proceso o litis consorcio implica la existencia de un proceso con varios sujetos en la misma posición de parte, sea como actores o demandantes (litis consorcio activo), así como demandados (litis consorcio pasivo), o también cuando conjuntamente sean demandantes y demandados (litis consorcio mixto); a veces es la ley la que exige que sean varias personas las que, conjuntamente, deduzcan la pretensión frente a las cuales la pretensión ha de decirse (litis consorcio necesario), otras veces se produce por libre decisión de las partes (litis consorcio simple o facultativo), sin que ello impida a que sea la autoridad judicial la que disponga de oficio un litis consorcio, por dos razones: a) la primera relativa a su rol de director del proceso, debiendo cuidar que el mismo se desarrolle sin vicios de nulidad, como establecen los arts. 3 inc. 1) y 87 del Código de Procedimiento Civil, y b) la segunda referida al derecho de defensa en el proceso, de todas las partes o eventuales comparecientes respecto a los cuales se amplía la cosa juzgada, característica de la sentencia que se dicta en el fondo del proceso, cuyas disposiciones y alcance sólo comprenden a las partes y a las que derivaren sus derechos de aquellas, conforme establece el art. 194 del indicado Código adjetivo de la materia.”, jurisprudencia que establece la necesidad de integración a la litis de todos aquellos que les afecte las decisiones asumidas en proceso o que de alguna manera vulnera su derecho a la defensa, conforme las previsiones de los arts. 3 inc. 1), 87 y 194 del Código de Procedimiento Civil; la autoridad judicial, como director del proceso debe cuidar que el mismo se desarrolle sin vicios de nulidad, pudiendo disponer un litis consorcio de oficio; siendo esa la única manera de asegurar que sus decisiones sean útiles para las partes demandantes, demandadas y otros que se hayan integrado en el proceso, alcanzando a todos ellos los efectos de la cosa juzgada.

En ese entendido y toda vez que las normas procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio tal cual lo establece el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, lo que quiere decir que su observancia, no depende de la voluntad de las partes que litigan en un determinado asunto, sino que es cuestión de cumplimiento de la ley. Bajo este contexto, y ante la evidencia de haber el Juez de causa en el Auto de relación procesal calificado el proceso como ordinario de puro derecho, pese a que existen puntos controvertidos y de hecho que deben ser probados por las partes; y tramitado la misma sin la concurrencia de la Compañía Aseguradora Alianza Vida de Seguros S.A. conforme la naturaleza de la pretensión de cumplimiento de contrato, ha violado normas de orden público relacionadas con los artículos 87, 194, 354 - I y II, 3 - 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil y que conducen a determinar la nulidad de obrados en aplicación de los artículos 254 - 7) del mismo Código adjetivo civil.

Bajo este contexto, era obligación del Tribunal Ad quem corregir el procedimiento y reencausar la misma anulando obrados para que el Juez de la causa califique el proceso como ordinario de hecho, integre a la litis a la Compañía Aseguradora tomando en cuenta que ese vicio procesal afecta derechos constitucionales referidos al derecho a la defensa en juicio y el de igualdad efectiva de las partes lo cual impide su convalidación. No haber procedido de esta forma el tribunal ad quem, obliga a este Tribunal Supremo a corregir procedimiento, aplicando lo dispuesto por los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fs. 24, debiendo el Juez A quo continuar la tramitación del proceso conforme a lo determinado en la presente resolución.

Siendo excusable el error no se impone multa a los Tribunales inferiores.

En aplicación del art. 17.IV de la Ley N° 025 notifíquese al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.