TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

  S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 808/2015 - L

Sucre: 16 de septiembre 2015

Expediente: LP 16 11 S

Partes: Edgar Julián Villca Choque. c/ Rosminda Sonia Tudela Burgoa.

Proceso: Nulidad.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 284 a 286, interpuesto por Rosminda Sonia Tudela Burgoa por intermedio de su representante Isabel Maritza Cojintos Buezo contra el Auto de Vista 371/2010 de 30 de noviembre de 2010 que cursa de fs. 280 a 281 vta., pronunciado por la Sala Civil Tercera de la Corte Superior de Justicia (hoy Tribunal Departamental de Justicia) de La Paz, en el proceso de nulidad seguido por Edgar Julián Villca Choque en contra de la recurrente, la concesión de fs. 291, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:                                                                                     ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Segundo de Partido en lo Civil de la ciudad de La Paz, pronuncia la Sentencia signada con la Resolución Nº 72/2010 de 31 de marzo de 2010 que cursa de fs. 250 a 253 vta., declarando probada la demanda de fs. 1 a 3 subsanada a fs. 19 y declara la nulidad de la E.P. N° 108/92 de 28 de enero de 1992 de copra-venta signado con el Nº 378 ubicado en la región de Chasquipampa, conferido por Hugo Bravo en favor de Rosminda Sonia Tudela Burgoa, disponiendo la cancelación de la partida computarizada y actual matrícula en Derechos Reales, y el pago de daños y perjuicios a ser calificados en ejecución de sentencia.

Fallo que primera instancia que fue recurrido de apelación y resuelto mediante Auto de Vista de fs. 280 a 281 vta., que confirma el Auto de fs. 43 y parte de la Sentencia de fs. 250 a 253 revocando la misma solo en cuanto a los daños y perjuicios, fallo que a su vez es recurrido de casación en el fondo, objeto de estudio.

CONSIDERANDO II:                                                                                                       DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En el recurso no se efectúa una diferenciación de qué acusaciones corresponderían a la forma y cuales al fondo, por lo que este Tribunal entenderá que las relativas a la citación con la demanda es de forma y respecto a la escritura pública es una referente al fondo, conforme a la síntesis que se pasa a describir.

En la forma.- 

Describe la parte dispositiva del Auto de Vista, e indica que en el cuarto considerando en cuanto al certificado de fs. 39, refiere que la misma no ha sido cuestionado, empero al apersonarse al Juzgado Segundo de Partido acompañó un certificado de cédula de identidad, donde se establece su residencia, refiriendo que no se dio cumplimiento a lo dispuesto por el art. 247 de la Ley de Organización Judicial y los arts. 128 y 251 del Código de Procedimiento Civil, ni al art. 7 inc. 9 de la Ley de 8 de abril de 1985, no se valoró la prueba en cuanto a la nulidad de obrados solicitada que causa indefensión, más aún cuando a fs. 23 se señala que ese domicilio no pertenece a Rosminda Sonia Tudela Burgoa y cuestiona el Auto de fs. 44 y vta.

En el fondo.-

Señala que el Auto de Vista al referirse a la nulidad de la  escritura pública, se hizo  mención a los notarios que  tuvieron en su poder la escritura pública que demuestra su derecho de propiedad del recurrente, con relación a los archivos a cargo de Dr. Méndez, refiere que en la minuta existen correcciones y que el protocolo no fue firmado por el abogado ni por los testigos, empero en el quinto considerando se hace referencia que el mismo carecería de valor, sin embargo no se valora que las firmas del vendedor y del comprador son auténticas, más que en el protocolo se subsanó las correcciones existentes.

Refiere que en el quinto considerando se señala que no se exhibe, ni se tiene la Escritura Pública Nº 108/1992, cuando se señala que las supresiones y adiciones fueron lícitos en causa y motivo refiriendo el texto del Código Civil en cuanto a la ilicitud de la causa y motivo, cuyos supuestos no se encuentran en la presente causa, refiere que en cuanto a la nulidad de escritura pública no se encuentra fundamento menos se aplica el ordenamiento civil; asimismo acusa que no se ha valorado la cédula de identidad que denota el domicilio real y demás pruebas que fueron acompañadas referidas a la existencia de un juicio seguido en contra de los vendedores del Sr. Villca.

Por lo expuesto solicita se case el Auto de Vista o se anule obrados hasta fs. 20.

CONSIDERANDO III:                                                                                        FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En la forma.-

Respecto a que hubiera acompañado el documento de 15 de noviembre de 2008 indicaría que su domicilio se encuentra en Atichulaya (fs. 36), corresponde señalar que los de instancia consideraron el documento de fs. 39, que pese de su contraste con el certificado de cédula de identidad de fs. 26, este Tribunal considera otorgarle mayor credibilidad al certificado de fs. 39 en virtud de que el mismo fue expedido en virtud de la orden judicial y cuya data de emisión resulta ser mas reciente que la de fs. 26 que fue obtenido unilateralmente, (extraña que miembros de la Policía Nacional hubieran emitido certificaciones con distinta descripción de domicilio), empero de ello en el desarrollo del proceso no ha adjuntado la recurrente mayor elemento de prueba o que en el certificado de fs. 39 se haya consignado algún error involuntario, no pudiendo servir como elemento probatorio el certificado de fs. 65 cuya data es posterior a la fecha en que se practicó la citación que se acusa de nulidad, por lo que no se evidencia haberse infringido los arts. 247 de la Ley de Organización Judicial, 128 y 251 del Código de Procedimiento Civil, ni el art. 7 inc. 9 de la Ley de 8 de abril de 1985.

En el fondo.-

1.- Sobre la acusación de no haberse valorado que las firmas del comprador y vendedor resultan ser válidas que en el protocolo se subsanó las correcciones.

Se debe señalar que el informe pericial ampliatorio de fs. 185 a 186, el perito refiere que en el caso no se llegó a efectuar el cotejo de las firmas y rúbricas que corresponden a Hugo Bravo y Rosminda Sonia Tudela Burgoa, porque las partes no aportaron documentación para el pertinente cotejo pericial, que si bien fue solicitada por la recurrente la misma no llegó aportar elementos para que el perito efectúe el cotejo de firmas y rubricas, consiguientemente no puede señalar que las mismas correspondan a Hugo Bravo y Rosminda Sonia Tudela Burgoa y que las mismas sean auténticas.

Por otra parte en cuanto a que en el protocolo se hubiera subsanado las correcciones, corresponde remitirse al informe pericial de fs. 148 a 172, en cuyas conclusiones en el punto 6.4 y de fs. 157, se señala el texto de: “Sobre borrado Rosminda Sonia Tudela Burgoa.- Corre y Vale.- Doy Fe”. Ha sido alterado por el método de adición-supresión, por dicha razón no puede considerarse tampoco que en el protocolo se hubiera salvado las correcciones.

2.- Respeto a que se hubiera indicado en el quinto considerando numeral 1) en el entendido que acusa que la supresiones y adiciones fueron lícitos en causa y motivo,  refiriendo que los presupuestos no se encontrarían en la presente causa, para tal efecto corresponde citar la jurisprudencia emitida por este Tribunal, que consideró que la falsedad se encuentra sancionada con nulidad, en ese sentido en el Auto Supremo Nº 275 de 2 de junio de 2014, se señaló lo siguiente: “La falsificación de documentos y sus efectos jurídicos.- La falsificación de instrumentos privados o públicos se considera una forma especial de engaño que como tal entra en pugna con los principios y valores ético morales en que se sostiene el Estado Plurinacional de Bolivia. Ahora bien los efectos jurídicos que devienen de un hecho ilícito deben tener en relación al actor eminentemente efectos de reproche a la conducta ilícita, y por ningún motivo debe significar la consolidación de derechos favorables al actor que incurrió en el acto ilícito. En consecuencia un hecho ilícito debe generar para el autor efectos de reproche, no de consolidación de un derecho adquirido por un ilícito, que conciba efectos benignos para el autor, como el que podría darse en el caso de Autos, si se reconoce validez a una transferencia que deviene de una falsificación.

En este entendido debemos puntualizar que toda falsificación es evidentemente un acto ilícito y como tal no puede ser considerado como válido para generar efectos favorables para su autor, más al contrario como se mencionó, por lógica, debe producir efectos de reproche a ese acto, que atentaría contra el orden legal y la convivencia social, recriminación que si bien debe operar esencialmente en la vía del derecho penal, pero también en la esfera del derecho civil debe reprimirse el acto ilícito que altera el ordenamiento jurídico, no pudiendo en consecuencia avalarse los pretendidos efectos del hecho ilícito.

Si bien el art. 554 inc. 1) del Código Civil establece la causal de anulabilidad por falta de consentimiento, se debe puntualizar que esta causal no contempla dentro sus previsiones aquellas causales que derivan de una ilicitud sancionada incluso penalmente, sino que esta contempla esencialmente aquellos casos en los en que por ejemplo: un cónyuge transfiere un bien inmueble sin el consentimiento de su cónyuge, cuando este bien inmueble resulta ser un bien ganancial, sin encontrar en este acto de disposición un ilícito sino simplemente, una ausencia de consentimiento del cónyuge quien resultaría el legitimado para validar esa transferencia, o; en el caso de que se le confiera poder a una persona para hipotecar un bien inmueble, y este mandatario va más allá de lo dispuesto en su mandato y transfiere el bien inmueble, acto que, per se, no constituiría un ilícito, sino que solo implicaría la ausencia de consentimiento del legitimado para disponer la venta del bien inmueble.

En ambos casos la conducta no constituye un ilícito reprochable a su autor…

En virtud a este razonamiento, este Tribunal  Supremo no puede reconocer  una transferencia que se originó en una falsificación de documentos, ya que estaría yendo contra la ética, los principios, valores, la moral y las buenas costumbres que rigen el Estado, desechando la posibilidad de que en aquellos casos en que a raíz de una falsificación que evidencia un ilícito penal, este acto se subsuma a una causal de anulabilidad, dando en consecuencia la posibilidad de la confirmabilidad del ilícito. Esto supondría generar un caos en el ordenamiento jurídico por contravención a los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado que determinan la moralidad y las buenas costumbres que deben regir en la convivencia social del Estado Plurinacional de Bolivia.

Toda falsedad supone un engaño, todo engaño es contrario a la moral y quebranta el ordenamiento jurídico, consecuencia de ello, en virtud a los valores ético morales reconocidos en la Constitución Política del Estado, toda falsedad debe merecer reproche del ordenamiento jurídico porque de lo contrario se afecta la armonía social. Ahora bien, pretender que un acto que se origina en una falsedad produzca eficazmente efectos favorables para quien es el autor o beneficiario de esa falsedad resulta inaceptable en un Estado Constitucional, como el nuestro, basado en principios éticos morales señalados anteriormente. Siendo una característica del acto anulable la posibilidad de operar su confirmación, resulta también inaceptable que esta característica del acto anulable opere respecto a un acto ilícito de falsedad, como en el presente caso que se evidenció un documento de transferencia en el que intervendría una persona fallecida años antes de su celebración, consiguientemente podemos concluir que la falsedad de un acto no habilita su invalidación por vía de anulabilidad sino por vía de nulidad por su manifiesta ilicitud. Este razonamiento modula el entendimiento asumido por la Extinta Corte Suprema de Justicia y de este Tribunal Supremo de Justicia, en función a los postulados antes expuestos…”, ahora de acuerdo a los antecedentes del proceso la conclusión arribada por los de instancia se tiene que en el sub lite la minuta y el protocolo notarial analizados, han sido adulterados, consiguientemente el aporte dogmático de los efectos de una falsedad como se expuso en el Auto Supremo Nº 275 de 2 de junio de 2014, son aplicables al caso presente, pues se tiene que los documentos descritos han sido fraguados (falsificados), ahí la ilicitud en la falsificación, consiguientemente no se advierte infracción de norma alguna, como acusa la recurrente.

En base a los fundamentos expuestos corresponde emitir resolución en la forma prevista en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación del art. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 284 a 286, interpuesto por Rosminda Sonia Tudela Burgoa por intermedio de su representante Isabel Maritza Cojintos Buezo contra el Auto de Vista 371/2010 de 30 de noviembre de 2010 que cursa de fs. 280 a 281 vta. Con costas.

Se regula honorario del abogado de la demandada en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.


Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.