TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 790/2015 - L                                                        Sucre: 14 de septiembre 2015                                                         Expediente:        SC-28-11-S                                        Partes:María Samia  Assy Sánchez. c/ María Luisa Sánchez Villarroel, Yerko

            Saúl Martínez Verduguez.                        Proceso:Nulidad de Poder y anulabilidad de contrato de venta.                Distrito:Santa Cruz.


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 651 a 654 vta., interpuesto por María Samia Assy Sánchez por intermedio de su apoderado Daniel Toledo Justiniano, contra el Auto de Vista Nº 331 de 16 de diciembre de 2010 de fs. 636 a 638 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Justicia de Santa Cruz (hoy Tribunal Departamental), en el proceso de Nulidad de Poder y Anulabilidad de Contrato de Venta, seguido por María Samia  Assy Sánchezcontra María Luisa Sánchez Villarroel, Yerko Saúl Martínez Verduguez; respuesta de fs. 656 a 659 y de 661 a 664; la concesión de fs.665, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:                                                        ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Noveno de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad deSanta Cruz de la Sierra, dictó Sentencia Nº 12/2009, de 31 de enero de 2009 cursante de fs. 576 a585 por el que declara: I. IMPROBADA la demanda de fs. 23 a 25 interpuewta por Maria Samia Assy Sánchez, II. Se declara IMPROBADA la demanda reconvencional de fs. 99 a 104 interpuesta por María Luisa Sánchez Villarroel. III. Se declara PROBADA la demanda reconvencional de fs. 47 a 49 interpuewta por YerkoSaul Martínez Verduguez sólo en lo que concierne  a la pretensión de acción negatoria, é IMPROBADA respecto a la pretensión de resarcimiento de daños. IV. Se declara IMPROBADAS las excepciones perentorias opuestas por María Samia Assy Sánchez en el memorial de fs. 110 a 116. V. En su mérito, se reconoce la inexistencia de derechos de Maria Samia Assy Sánchez sobre el bien sito en U.V. 30, manzana 17, zona sud oeste, ordenándose el cese de cualquier perturbación del derecho de propiedad que ostenta Yerko Saúl Martínez Verduguez.

Resolución contra la que se interpuso los recursos de apelación por María Samia Assy Sánchez por intermedio de su apoderado Daniel Toledo Justiniano, por memorial de fs. 594 a 601.

En mérito a esos antecedentes la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Justicia de Santa Cruz (hoy Tribunal Departamental), emitió el Auto de Vista cursante de fs. 636 a 638 vta., por el que CONFIRMA en todas sus partes la Sentencia apelada de 31 de diciembre de 2008 de fs. 576 a 585, enmendado por Auto de fs. 646 de fecha 24 de diciembre de 2010 y Auto de fs. 648 de 07 de enero de 2011.

Resolución que dio lugar al recurso de casación en la forma y el fondo, interpuesto por parte de Daniel Toledo Justiniano por María Samia Assy Sánchez, que se analiza.

CONSIDERANDO II:                                                                        HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma

El Auto de Vista y sus complementarios aplicarían una disposición legal que no resulta aplicable al caso, refiriendo al art. 134 de la Ley de Organización Judicial que dice acusar como aplicada falsa y erróneamente, que la norma a aplicarse fuera el art. 380 del Código de Familia que asimismo señala acusar de violada, al tratarse de un aspecto que comprometería a madre e hija y tratarse de una cuestión civil que depende de otra familiar.

El Ad quem habría secundado la incompetencia del A quo y desconocido lo previsto por los arts. 252 y 90 del Código de Procedimiento Civil que con fundamentos impertinentes, deficientes y sin motivación convalidarían lo actuado por el Juez de origen. Señala por otro lado que acusa de violados los arts.90, 91 y 252 del Código de Procedimiento Civil, y que el legislador refiriera a las obligaciones fiscalizadoras al ser de orden público, que fuera paradójico que el Tribunal de apelación ignore ese hecho bajo el pretexto de encontrarse avanzado el trámite y porque la denunciante fuera la actora.

No habría controversia respecto a quienes deben conocer las acciones que se intentó, pero no se habría motivado, ni mencionado lo dispuesto por el art. 380 del Código de Familia, de esa manera se habría aplicado de manera falsa y errónea el art. 134 de la LOJ., entendiendo que debiera darse aplicación preferente frente a otras normas.

Refiere manifestar su preocupación la poca o ninguna responsabilidad del Ad quem considerando que no se habría verificado el proceso. Analiza la presunta impertinencia de la utilización de términos referidos a adelanto de legítima, simulación, presunciones que provocarían confusión y caos, señala lo que el art. 190 del Código de Procedimiento Civil señala, y que el art. 236 de la misma norma fuera aplicado falsa y erróneamente. Que el Auto de Vista atribuiría a la recurrente, términos y peticiones que no habría demandado, como que ya no pretenda la nulidad y anulabilidad de los contratos, y el Auto de Vista en contradicción sustuviera que se trata de un acto simulado, ya no de adelanto de legítima. Que la simulación no  se constituiría verbalmente o mediante presunciones y que ella debe ser por escrito.

Dice que el apartado II del Art. 545 del Código Civil que dice denunciar  como aplicado falsa y erróneamente no dejaría duda de su afirmación, que si se revisa el proceso no existiría documento y otra prueba escrita que contenga la convención  simulada. Que el no haber tenido posesión no desnaturalizaría su derecho propietario y más bien habría ejercitado ese derecho al ceder en anticresis  mediante contrato privado de la fecha que señala y que por orden suya habría ocupación por terceros en ejercicio del art. 22 de la anterior Constitución y 56 de la actual, así como el art. 105 del Código Civil.

Que tuviera acusado que el Auto de Vista es carente de motivación, congruencia y exhaustividad, pues se asumiría una posición de hecho y no de derecho, que respecto a ello habría jurisprudencia respecto al art. 236 del Código de Procedimiento Civil, asimismo la doctrina exigiría aquel aspecto, que la nulidad solicitada se circunscribiría al art. 254-1) del CPC. Que para evitar impugnaciones acusando contradicciones interpone recurso de casación en la formapretendiendo la nulidad de obrados y de casación en el fondo pretendiendo lograr la casación.

En el fondo

Refiere a los antecedentes de la demanda  y la presunta falsificación de firams que por estudio grafológico fuera definitoria y otras consideraciones que dice el no ajustarse a esa modalidad se habría violado el art. 376 del Código de Procedimiento Civil. Luego refiere a error de hecho en la valoración de la prueba y error de derecho.

El Ad quem habría desconocido y negado la validez del documento fehaciente y definitoria señalando al informe técnico de fs. 514 a 517 aclarado a fs.627, detallando como se hubiera logrado aquel documento y cuestionando la participacion del “grafólogo”. Finaliza por señalar que el A quo como el Adquem no habrían valorado que el perito no tuviera título profesional y se habría asignado validez el informe de fs. 424 a 430 violando la segunda parte del art. 433 y aplicando falsa y erróneamente la primera parte del art. 441 del Código de Procedimiento Civil.

Que por el contrario el peritaje  de su parte no habría sido tomado en cuenta y establecería que la firma de otorgación de poder no lo pertenecería, acusando de violación de los arts. 430, 431, 440, 441 y 442 del Código de Procedimiento Civil y 1331 del código Civil, sin mayor explicación que la referencia.

Que el Auto de Vista no lo mencionaría, valora ni compulsaría y ni siquiera nombraría este medio probatorio, incurriendo dice en error de hecho y derecho y se limitaría a señalar que la apelación no cumple con lo previsto por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil. Hace crítica de que no habría fundamentación y concluyendo desde su punto de vista que hubo aplicación falsa y errónea y violación del art. 397 del C.P.C.

No se habría valorado la mala fe del demandado y de la demandada María Luisa Sánchez en su accionar en la celebración de las convenciones y demás actos y hechos. Refiere que el accionar del demandado fuera de mala fe y esto estuviera comprobado y esto fuera la advertencia de que no comprara según la declaración de testigos y no habría sido valorado ese aspecto, considerando que existe violación de los arts. 1330 del Código Civil y 476 de su procedimiento. Hace referencia a actuados que se hubieran realizado por parte  respecto a la transferencia de del inmueble, habría confesión de Sanchez Villarroel de Severich que María Samia Assy Sánchez fuera la única propietaria del inmueble en litigio y vendiera a Yerko Martínez, encontrado contradicción en la identidad mencionando diferentes montos de dinero, que en ello no habría buena fe y que el Tribunal al no mencionar estos hechos “punibles” habría violado el art. 520 del Código Civil.

De manera subjetiva refiere la presunta conducta de la demandada María Luisa Sánchez de Severich que ameritaría remitir antecedentes al Ministerio Público.

Finalmente dice acusar la violación del art. 1283 del Código civil y 375 num. 1) del Código de Procedimiento Civil al no haber tomado en cuenta ni mencionado la prueba esencial y decisoria.

Que por los razonamientos expuestos pide se case el auto de vista y declare probada la demanda. Y alternativamente dice que en el improbable caso de no admitir la casación, anule lo obrado por invasión de competencia.

CONSIDERANDO III:                                                                FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En la forma

El argumento de la presunta violación del art. 380 del Código de Familia señalada por la recurrente no tiene sustento jurídico alguno en consideración a que no existe posibilidad en el caso de autos de traer a discusión que una cuestión civil dependiera de un asunto familiar, el solo hecho de que en los contratos estén involucrados madre e hija no implica que de manera automática debiera derivarse a la jurisdicción familiar, por lo que lo alegado de manera tan desatinada por la recurrente debe ser desechado sin mayor análisis, mas aun si consideramos que no existe sustento alguno que evidencie el conflicto de competencia, sumado a ello y conforme razonó el Auto de Vista, llama la atención que haya sido precisamente la recurrente quien interpuso la acción y al no haber logrado su propósito por su manifiesta inconsistencia, de mala fe pretender introducir un tema que no se discutió en el debate mismo del proceso, cabiendo la aclaración de que no era posible además  aquello en razón a que no corresponde la alegación de la norma familiar referida.

Por otro lado, es evidente que los tribunales están obligados a la fiscalización ante posibles transgresiones que pudieran haber de normas de orden público, sin embargo cuando aquello no se evidencia, no es preciso dar aplicación a norma alguna que pudiera dar lugar a una presunta nulidad de obrados como se sugiere en el caso de autos de haberse desconocido lo previsto por los arts. 252 y 90 del Código de Procedimiento Civil; cuando la recurrente señala que “fuera paradójico” que el Ad quem no hubiera reparado en el deber de control que tuvieran los tribunales de instancia, enfoca de manera equivocada su percepción, además de manera subjetiva, sin considerar que fue ella quien accionó la demanda en esta vía, que resulta ser la correcta, no existiendo necesidad de “fiscalización” para una presunta nulidad de obrados por incompetencia, resultando mas bien ese argumento lo paradójico cuando al haber perdido en primera instancia se pretenda un forzado entendimiento de la aplicación del art. 380 del Código de Familia, además al no haber sido objeto de controversia ese aspecto no correspondía motivar de ninguna manera como sugiere la recurrente, consecuentemente la presunta falsa y errónea aplicación del art. 134 de la Ley de Organización Judicial, queda en eso, simple alegación sin sustento.

La preocupación manifestada por la recurrente respecto al contenido del Auto de Vista al que acusa de “poca o ninguna responsabilidad”, será pertinente señalar que debió entender el contexto mismo de lo que se manifestó en la Resolución de vista y no extractar términos sin la vinculación pertinente que contiene de su lectura íntegra, y mas bien resulta que es la recurrente que ingresa a “confusión y caos” pretendiendo aplicación falsa y errónea del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, cuando en verdad al Ad quem en sujeción a la norma alegada, dio cumplimiento al mismo respondiendo de manera sustentada los presuntos agravios que se hubiera cometido a tiempo de dictar Sentencia de primer grado.

Por otro lado, las alegaciones señaladas no confluyen a nada sino la simple mención de acusar su presunta violación, incumpliendo la demostración objetiva de la causal alegada para interponer recurso de casación en la forma, trayendo aspectos de fondo que no corresponden ser analizados en esta vía.

Cuando dice denunciar como aplicado falsa y erróneamente el art. 545.II del Código Civil, una vez mas equivoca la vía, pues este no es un aspecto procesal que pudiera considerarse en recurso de casación en la forma sino en el fondo, existiendo caótico razonamiento cuando trae como argumento el señalado, con la pretensión de encontrar alguna transgresión, entrando en contradicción al ahora pretender ejercicio de derecho propietario que había negado de principio, que sin embargo por la impertinencia del planteamiento no merece mayor consideración.

Respecto a que tuviera acusado al Auto de Vista con carencia de motivación y congruencia, y que se habría asumido una posición de hecho  y no de derecho, no se entiende que es lo que finalmente persigue la recurrente, que sin embargo ya fue respondido en los argumentos glosados supra, si el entendimiento es que una vez mas se busca la presunta incompetencia en razón de materia y la respuesta otorgada por el Ad quem a los presuntos agravios denunciados, que de ninguna manera pueden subsumirse a lo previsto por el art. 254 num. 1) del Código de Procedimiento Civil.

Por lo anterior corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil respecto al recurso de casación en la forma.

En el fondo

La exposición de antecedentes a fin de hacer ver que habría violación del art. 376 del Código de Procedimiento Civil con la mención de que habría error de hecho y error de derecho en la valoración de la prueba, no tienen mayor argumentación que afirmar aquel aspecto, pues se acusa luego de que no se hubiera considerado que el perito no tuviera título profesional, este es un aspecto que debió ser observado de manera oportuna y en el momento procesal adecuado, sin embargo no se cuestionó, ahora cuando de manera genérica se acusa de error de hecho y derecho en la valoración de la prueba, la recurrente no comprendió el alcance de esa afirmación, pues debió tomar en cuenta que se entiende por error de hecho cuando el juzgador se ha equivocado en la materialidad de la prueba, es decir, el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en el proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en Autos, o en su caso, cuando el Juez altera o modifica cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente, error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio, lo cual implica irrefutabilidad y magnitud del yerro; en cambio el error de derecho tiene relación con la otorgación del valor probatorio determinado en ley, es otorgar o negar el valor probatorio que la ley le ha asignado a un medio de prueba, situación concurrente al sistema de valoración de los medios del proceso, por lo que la valoración del elemento probatorio cuando la ley le asigna un valor predeterminado, vincula al Juez con esa valoración legal, y si no fue preestablecido, se recurre a la sana crítica. En el caso de autos, no se cuestiona aquel aspecto, sino que el perito que emitió su dictamen no tuviera título profesional, este aspecto debió ser reclamado en el momento oportuno, y su reclamación además correspondía en la forma y no en el fondo. Resultando incoherente la pretensión de vincular una presunta violación de los arts. 433 y 441 del Código de Procedimiento Civil sin mayor fundamento.

Por otro lado; cuando denuncia que el peritaje ofrecido de su parte no habría sido tomado en cuenta, acusando una vez más la presunta violación de los arts. 430, 431, 440, 441 y 442 del Código de Procedimiento Civil y art. 1331 del Código Civil, resulta primero que si esto fuera evidente, la vía correcta de reclamación es la forma y no en el fondo, pues se entiende que si no se tomó en cuenta, no hubo valoración como tal, corresponde al recurrente reclamar aquel aspecto mediante recurso de casación en la forma con el objetivo de lograr que se anule el Auto de Vista a fin de que valore esas pruebas, situación que no fue planteado en el recurso, y por otra parte la sola mención de la presunta vulneración de las normas señaladas sin mayor explicación, hacen que el recurso no tenga sustento alguno, mas aun tomando en cuenta el argumento vertido de que su reclamo debió ser en la forma y no en el fondo, existiendo incongruencia en el planteamiento de sus argumentos, lo propio ocurre cuando se dice que “el Auto de Vista no lo mencionaría, valora ni compulsaría y ni siquiera nombraría este medio de prueba”, si esto es así estaremos de acuerdo en señalar que no hubo análisis de la referida prueba, consecuentemente resulta ilógico que se plantee recurso de casación en el fondo con la denuncia de la presunta existencia de error de hecho y derecho, aspecto que no puede existir si no se mencionó, ni compulsó y ni se nombró la prueba que refiere. Para concluir este punto, no es posible acusar el quebrantamiento del art. 397 del Código de Procedimiento Civil si el argumento es que no se tomó en cuenta la prueba que dice haber aportado.

La presunta no valoración de la mala fe de los demandados, es una apreciación subjetiva sin base legal conducente a analizar de manera válida, pues se sugiere que hubo aquello, -mala fe-, cuando existen documentos y sobre ellos no es válido la alegación de que los testigos desvirtuarían aquel aspecto, concluyendo fehacientemente que no hubo violación de los arts. 1330 del Código Civil ni el art. 476 del Código de Procedimiento Civil sin aplicación en su real alcance, correspondiendo puntualizar que es atribución privativa de los jueces y Tribunales de instancia la apreciación y valoración de la prueba producida, de acuerdo al valor que le otorga la ley, y en su caso al criterio prudente y la sana crítica, teniendo presente que sean esenciales y decisivas al tenor de los arts. 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil. El recurso de casación sólo tiene lugar cuando se incurre en error de derecho o en error de hecho, en este segundo caso, cuando se demuestra con documentos o actos auténticos que acrediten fehacientemente la equivocación manifiesta del juzgador, conforme previene el art. 253 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, aspecto que no ocurrió en el caso de autos, pues el argumento vertido es que no se hubiera tomado en cuenta su prueba, por lo mismo no valorado, y si no se valoró no puede haber error de hecho ni de derecho.

Por todo lo expuesto, corresponde emitir resolución en sujeción a lo previsto por el art. 271 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley de Órgano Judicial y en aplicación de lo previsto por los Arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo planteado contra el Auto de Vista Nº 331 de fs. 636 a 638 vta., enmendado por Auto de fs. 648 de 07 de enero de 2011, por María Samia Assy Sánchez por intermedio de su apoderado Daniel Toledo Justiniano mediante memorial de fecha 15 de enero de 2011 que cursa de fs. 651 a 654 vta. Con costas.

Se regulan los honorarios de los abogados en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.