TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                            S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 787/2015 - L

Sucre: 14 de Septiembre 2015

Expediente: PT 3 11 - S

Partes: Elena Salinas Zárate c/ Mario G. Larrosa Vaquera y H. Alcaldía

            Municipal de Potosí

Proceso: Nulidad de donación 

Distrito: Potosí


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 305 a 306, interpuesto por Juan Misael Barja Nava en representación de Elena Salinas Zarate contra el Auto de Vista Nº 004/2011 de 24 de diciembre, de fs. 300 a 302 y vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar de la (entonces) Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro el proceso de Nulidad de donación seguido por Elena Salinas Zarate contra Mario Gilmar Larrosa Vaquera y H. Alcaldía Municipal de Potosí, la concesión de fs. 308 vta., los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Tercero de Familia de la ciudad de Potosí, mediante Sentencia Nº 27, de 18 de septiembre de 2010 de fs. 281 a 283, declaró: IMPROBADA la demanda de Nulidad de Contrato de Donación de Inmuebles, subsanada a fs. 131 de obrados, por carecer de pruebas y méritos, iniciada por Elena Salinas Zarate contra su esposo Mario Gilmar Larrosa Vaquera y la H. alcaldía Municipal de Potosí.

Contra dicha Resolución, Juan Misael Barja Nava en representación de Elena Salinas Zarate interpone recurso de apelación de fs. 287 a 288 y vta., mismo que merecido el Auto de Vista Nº 004/2011 de 24 de diciembre de fs. 300 a 302 y vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar de la (entonces) Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí que CONFIRMA la Sentencia  apelada.

Resolución que dio lugar al recurso de Casación, interpuesto por Juan Misael Barja Nava en representación de Elena Salinas Zarate, el mismo que merece el presente análisis.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Refiere la recurrente a través de su apoderado, que el Tribunal de Alzada en el punto a). Afirma que “mi mandante no haya probado que no haya tenido una vida concubinaria singular, permanente y estable  con Mario Gilmar Larrosa desde el año 1986, tal cual exige el art. 44, 46 al 50 del Código de Familia”, esas apreciaciones debieron ser consideradas tomando en cuenta las particularidades de la presente causa, transgrediendo de esta manera lo que determina el art. 158 del Código de Familia, además desconociéndose el certificado de matrimonio religioso de fs. 163 a 164, que es corroborado por el acta de reconocimiento de hijos de fs. 165 y los certificados de nacimiento que cursa fs. 23 a 27, más el certificado de matrimonio Civil de fs. 22, porque conforme a lo que estipulan los arts. 158.II y 391 del Código de Familia y 373 del Código de Procedimiento Civil, que el matrimonio y las uniones  conyugales libres o de hecho, como se fundan en hechos, son susceptibles de justificación por todos los medios. 

Por otra parte refiere que en el considerando en el punto b) no tomo en cuenta el certificado de matrimonio de fs. 22, en el exordio del memorial de la demanda que contiene la confesión por parte de la recurrente cuando señala ser casada con Mario Gilmar Larrosa Vaquera, no tomado en cuenta por parte del Tribunal de Alzada.

Así mismo en el punto c) del mismo considerando, no determinaron si los lotes de terrenos donados al Gobierno Municipal unilateralmente por parte del cónyuge, fueron adquiridos durante la unión conyugal  libre o de hecho, de manera que no fueron valoradas las pruebas al amparo del art. 158, párrafo 2 y 391 del Código de Familia y en el punto d) tampoco fue tomado en cuenta lo que determina el art. 116 del Código de Familia, no comprendiendo que esta norma establece limitaciones taxativas para la disposición de los bienes de la sociedad conyugal.

Por lo expuesta termina peticionando al Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista y deliberando en el fondo declare probada la demanda principal, disponiendo la nulidad total de la Escritura Pública de la donación.    

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De manera introductoria es conveniente referir que la recurrente a través de su representante anuncia que plantea recurso de casación en el fondo, empero el mismo no es sino una confusa relación de hechos, además se incurre en imprecisiones y manifiestos contradictorios, no concretizando de manera clara y objetiva sus agravios, que dificultan la tarea de éste Tribunal Supremo de Justicia, sin embargo, en previsión del principio de acceso a la justicia regulado por el art. 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, soslayando aquellos defectos y en base al principio pro-actione, se ha podido extractar los siguientes agravios que merecen el presente análisis.

Es preciso señalar, que del tenor de la demanda interpuesta y sus antecedentes se tiene las siguientes apreciaciones; que de fs. 28 a 29, Elena Salinas Zarate, interpone demanda de Nulidad de Donación en contra de la Escritura Publica  N° 26, de 13 de julio de 2001, relativa a una cesión gratuita de terrenos efectuada por Mario Gilmar Larrosa en favor de la H. Alcaldía Municipal de Potosí, de la superficie de 45.936.26 m2., aseveración expuesta por la hoy recurrente que esos predios habrían sido adquiridos durante la unión conyugal libre o de hecho, sosteniendo que esos bienes fueran gananciales y afirmando que de ninguna manera habría dado su consentimiento para que puedan ser donados a título gratuito, alegando además que se estaría afectando a sus derechos ya que los mismos tienen un valor de Bs. 100.000, (Cien Mil 00/100 Bolivianos), superficie valuada al precio real y actual; esa resulta ser la petición en la que se funda haberse efectuado una cesión gratuita de bienes, en la que no fue participe la demandante al no haber dado su consentimiento de la donación hecha a favor de la H. Alcaldía Municipal de Potosí, por lo que resulta ser nula conforme al tenor de los arts. 658 parágrafo I, 667 parágrafo II, con relación al art. 549 inc. 5) del Código Civil.

Ahora corresponde precisar que el contrato que se ataca, es el contenido de la  Escritura Publica N° 26, de 13 de julio de 2001, documento en el que en la cláusula segunda refieren taxativamente que; “…en adecuación a la normatividad del plan de Desarrollo Municipal y las normas de urbanización vigentes el Honorable Gobierno Municipal…ha definido áreas verdes, áreas de equipamiento social, bancos de tierra, etc., conforme  a las prescripciones  del Art. 85 Numeral 2) y Art. 128 y 129 de la Ley de Municipalidades y en aplicación de lo dispuesto por Resolución Municipal N° 041/2001 del 1 de junio del presente año y Art. 9º de las Disposiciones finales y transitorias  de la referida Ley de Municipalidades y así por convenir a mis intereses de mi libre y espontánea voluntad, sin que medie presión alguna y no habiendo vicio  legal  que provoque  la nulidad ni anulabilidad del presente acto EFECTUO LA PRESENTE CESION Y OTORGO EN CALIDAD DE DONACION REAL Y PERPETUA LOS LOTES DE TERRENO QUE LA MUNICIPALIDAD HA DEFINIDO  COMO AREAS DE: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 4.143.00 Mts2., AREA VERDE DE FORESTACION 5.167.00 Mts2., AREA VERDE DE RECREACION  815.00 Mts2., SUPERFICIE DE VIAS 30.860.00 Mts2., BANCO DE TIERRAS EN EL MANZANO 11 LOS LOTES 1. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Y 22 con una sup. DE 3.242, 59 Mts2., MANZANO 8 Lotes 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 con sup. 1.711,67 Mts2., TOTALIZANDO 45.936,26 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE CEDIDA EN FAVOR DE LA HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE POTOSI representada legalmente por su titular Sr. Rene Joaquino Cabrera H. ALCALDE MUNICIPAL, CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS INSERTAS EN LOS PLANOS DE URBANIZACION  Y REPLANTEO DE LA REFERIDA URBANIZACION  “LAS AMERICAS”… antecedentes de donde consta que a raíz de la Resolución Municipal N° 041/2001 del 1 de junio de 2001 el co-demandado (Mario Gilmar Larrosa Vaquera), procedió dar cumplimiento a la Ordenanza Municipal antes señalada, es decir ceder gratuitamente en favor de la Municipalidad de Potosí, la superficie de 45.936.26 m2., que emerge de un proceso administrativo  de aprobación de fraccionamiento.

También corresponde anotar que, si dicha cesión gratuita de bienes, es efectuada en base a los Reglamentos de la Municipalidad, en vista de que con los fraccionamientos de los predios saldría beneficiado el co-demandado Mario Gilmar Larrosa Vaquera (área habitacional, o comercial), quien posteriormente podría disponerlos a título oneroso o gratuito, esa es la consecuencia lógica de dicho proceso de aprobación de fraccionamiento de lotes (urbanización); tomando en cuenta, que el posible beneficio obtenido por Mario Gilmar Larrosa Vaquera, la cónyuge cuenta con el derecho de reclamar lo que le corresponde sobre la parte del fraccionamiento de los bienes que alcanzaría a los bienes gananciales que presuntamente hubieran sido dispuesto por Mario Gilmar Larrosa Vaquera, no como sucede en la especie tratar de atacar una nulidad de cesión, forzando la figura de la nulidad de donación, como si fuera una simple liberalidad, sino que para la viabilidad de la aprobación del fraccionamiento, era imprescindible efectuarse esa cesión porque la disposición reglamentaria así lo exigía.

Ahora bien la demandante refiere que desde la unión conyuga libre o de hecho que se inició el 03 de marzo de 1986, sosteniendo que los mismos habrían adquirido varios lotes de terrenos, según los testimonios siguientes: 1.) 1035/96, con una superficie de 11.962 m2., 2.) 1036/96 con las superficies de 18.705, 14.112 y 10.312 m2,. 3.) 1037/96 con la superficie de 14.406 m2., 4.) 1038/96 con la superficie de 20.140 m2., 5.) 40/97 con la superficie de 8.909 m2., y 6.) 527/97 con la superficie de 3.550 m2., haciéndose una superficie total de 102.096.00 Mts2., no obstante de ello la ahora recurrente sostiene haber contraído matrimonio en fecha 19 de abril de 1997, por lo que los bienes se consideraban gananciales, y la donación fuera nula, al efecto conviene precisar que la donación se encuentra descrita en el art. 655 del Código Civil "(Noción) La donación es el contrato por el cual una persona, por espíritu de liberalidad, procura a otra un enriquecimiento disponiendo a favor de ella un derecho propio o asumiendo frente a ella una obligación...", entendiendo que no puede confundirse el término "espíritu de liberalidad", con un requisito para la aprobación del fraccionamiento de lotes (urbanización) dentro de un proceso administrativo (limitación al derecho de propiedad), pues la donación es un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra, que la acepta, ahora, se puede entender la liberalidad como un acto por el cual una de las partes, sin estar obligada a ello, proporciona, a la otra parte, una ventaja o enriquecimiento patrimonial, con espíritu de liberalidad y sin contraprestación de ningún tipo. Lo importante del concepto estudiado es que la parte que dona con espíritu de liberalidad lo hace de manera gratuita y sin esperar nada a cambio, de tal manera que se puede entender que no existe tal liberalidad cuando la realización del acto se hace por estar legalmente obligado a ello (limitación al derecho de propiedad).

Por lo expuesto, se deduce que no puede acogerse una demanda de nulidad de cesión o donación, sobre una cesión efectuada en base a un procedimiento de aprobación de fraccionamiento de lotes (urbanización), entendiendo que no se trata de un acto de liberalidad (un acto pleno de libre voluntad), sino es un acto emergente de un procedimiento de fraccionamiento de lotes, donde el titular ha sido beneficiado por la administración pública para efectuar actos de disposición. Ahora bien de la revisión de lo analizado que informa el proceso, verificamos que la controversia está centrada en la pretensión de la “nulidad de la Escritura Publica N° 26 de 13 de Julio de 2001, donde Mario Gilmar Larrosa Vaquera realiza la donación a favor de la H. Alcaldía Municipal de Potosí, terrenos que hacen una superficie total de 45.936.26 m2., mismos bienes que se hubiesen generado durante la vigencia de una unión conyugal libre o de hecho, por lo que corresponde precisar para entrar en el contexto del reclamo expuesto por la hoy recurrente.

Al respecto se debe tener presente dos aspectos trascendentales que hacen al fondo de la demanda para determinar si correspondían los predios a la comunidad de gananciales de Elena Salinas Zarate (demandante) y Mario Gilmar Larrosa Vaquera (co-demandado) en ese antecedente se tiene los siguientes aspectos:

En un primer aspecto; Se tiene que la hoy recurrente, al manifestar que se encontraría en convivencia de unión conyugal libre o de hecho con Mario Gilmar Larrosa Vaquera (co-demandado) desde fecha 03 de marzo de 1986 hasta el 19 de abril de 1997, sin embargo de ello de la revisión del proceso no se advierte que Elena Salinas Zarate (demandante) haya aparejado una Resolución judicial de reconocimiento de la unión conyugal libre o de hecho soslayando este extremo, por lo tanto no se puede referir que se hayan generado o no bienes gananciales durante la convivencia que se señala.

En un segundo aspecto; De obrados sé que Elena Salinas Zarate (demandante) y Mario Gilmar Larrosa Vaquera (co-demandado), habrían contraído matrimonio en fecha 19 de abril de 1997 (ver fs. 22), y en dicho periodo se ha adquirido un bien, tal cual se evidencia de la Escritura Publica N° 527/97, con una superficie de 3.550 m2., adquirido en fecha 25 de junio de 1997, el mismo que se constituiría ser un bien ganancial, no obstante de ello que si bien se dispuso el fraccionamiento del mismo, empero no afecta las acciones y derechos de la demandante, pues la cesión emergente del procedimiento de urbanización implica que todo predio a ser aprobado para su urbanización tenga que ser cedida un porcentaje exigida por la autoridad administrativa, sin embargo de ello el porcentaje de acciones y derechos sobre el predio de la demandante puede ser reclamado sobre el área habitacional que corresponda al bien ganancial descrito, criterio adoptado en base al principio de que el interés privado se somete al interés público, ya que la cesión efectuada a la H. Alcaldía Municipal de Potosí (hoy Gobierno Municipal), está destinada a las áreas de equipamiento y vías públicas para el desarrollo humano y urbanístico, no existiendo afectación al derecho de propiedad, pues como se dijo la actora tiene la vía expedita para reclamar el porcentaje sobre el área habitacional dispuesto por el municipio referente al bien ganancial.

Consiguientemente no se evidencia infracción de los arts. 158 y 116 del Código de Familia, que rigen el orden privado de las personas y no el régimen administrativo por el cual se efectuó la cesión hoy impugnada, no siendo evidentes sus reclamos.      

En lo que respecta a la acusación del presunto error de derecho en la apreciación de la prueba de manera imprecisa sin diferenciación certera de cómo hubiera sucedido aquello, no encuentra sustento en la presunta adecuación en lo determinado por el art. 253 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, ocurriendo lo propio respecto a la valoración de la prueba acusada de manera genérica, consecuentemente sus agravios devienen en infundados.

En base a los fundamentos expuestos corresponde emitir Resolución en la forma prevista en el art. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 42.I  num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 305 a 306, interpuesto por Juan Misael Barja Nava en representación de Elena Salinas Zarate contra el Auto de Vista Nº 004/2011 de 24 de diciembre, de fs. 300 a 302 y vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar de la (entonces) Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí. Sin costas al no existir respuesta.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                        

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.