TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                            S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 785/2015 - L

Sucre: 11 de Septiembre 2015

Expediente: LP-30-11-S

Partes: Geraldine Carmina del Llano Argote y otros c/ Gobierno Municipal de La

            Paz

Proceso: Usucapión

Distrito: La Paz

                                                                                               

VISTOS: El recurso de casación de casación cursante de fs. 219 a 220, interpuesto por Geraldine Carmina del Llano Argote y otros contra el Auto de Vista Nº 408, de 16 de diciembre de 2010, cursante de fs. 213 a 214 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz (hoy Tribunal Departamental de Justicia), dentro el proceso de Usucapión seguido por Geraldine Carmina del Llano Argote y otros contra el Gobierno Municipal de La Paz, la respuesta de fs. 228 y vta., concesión de fs. 229, los antecedentes procesales; y,


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


El Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital La Paz, mediante Sentencia Nº 168, de 18 de julio de 2009, cursante a fs. 188 a 190 y vta., declaró: PROBADA la demanda de fs. 14, 20 y 25 por haberse probado la usucapión decenal o extraordinaria  a favor de los actores Geraldine del Llano Argote  por si y en representación de su Sra. Madre Nancy Virginia Argote Vda. de Del Llano y hermanos Liliana Tania, Ximena del Pilar  y Jaime Alfonso todos Del Llano Argote, sobre el excedente de 125.68 m2., que se hallan inmersos en el inmueble  principal de 600 m2., haciendo una superficie total de 725.68 m2., con sus respectivas construcciones ubicado en el manzano D de la urbanización Municipal Villa Ayacucho sector Koani zona Calacoto de la ciudad de La Paz, con la dirección calle 4 Nº 150. Disponiendo la inscripción de la sentencia en Derechos Reales en ejecución de Sentencia


Deducida la apelación por la entidad demandada y remitida la misma ante la instancia competente, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz (hoy Tribunal Departamental de Justicia), mediante Auto de Vista Nº 408/2010, Revoco la Sentencia Nº 168, de 18 de julio de 2009, cursante a fs. 188-190 en consecuencia declaró Improbada la demanda de fs. 14, 20 y 25; con relación a la resolución Nº 447/06 se confirmó.


En conocimiento de la determinación de segunda instancia, los demandantes interpusieron recurso de casación de casación, mismo que se pasa a analizar.


CONSIDERANDO II

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


1.- Que en el Segundo considerando donde debería existir una apreciación del trámite del proceso y una valoración de las pruebas, para justificar, revocar o ratificar el fallo recurrido, solo se transcribirían leyes o normas que solo dispondría sobre el hecho de que los bienes del estado no pueden ser objeto de apelación.


2.- Que si bien los bienes del estado son protegidos no se habría considerado la prueba que justifico la acción de usucapión y que motivo la Sentencia ya que la Alcaldía Municipal de La Paz habría hecho un acto de disposición de dichos terrenos.


3.- Que el fallo recurrido en relación al art. 6 de la Ley 2372 dice que “no pueden ser ocupados con fines de vivienda los predios de propiedad municipal constituidos en áreas destinadas a zonas verdes, parques…”,  sin considerar que en el presente caso no habrían ocupado los lotes 17 y 18, sino que el mismo >Gobierno Municipal de La Paz  habría vendido con fines sociales.


4.- Que a tiempo de la acción de usucapión el G.M.L.P., no era ni es propietario del bien en cuestión, por lo que no habría tenido derecho a ser parte interesada en el proceso y menos obstaculizar el mismo, ya que si bien se los demando fue por que fueron vendedor y ultimo propietario del bien inmueble en cuestión, no habría sido con el fin de ocupar el predio.


5.- que los art. 339.II de la C.P.E., y 85 de la Ley Nº 2018 ameritarían los mismos comentarios anteriores. Por lo que existiría una errónea y falsa aplicación de los preceptos que sustentan el fallo apelado, en este sentido se atentaría contra el derecho a la propiedad y el art. 590 del C.C., que faculta a toda persona el derecho a comprar y vender y en el caso presente se trataría de una cosa licita.


Por lo expuesto solicitan que habiendo cumplido con los requisitos del recurso de casación en el fondo, se dicte Resolución que CASE en el fondo y confirme la Sentencia de primera instancia.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

A efectos de resolver el recurso planteado en el fondo, es necesario realizar las siguientes puntualizaciones:

Del análisis de los cinco puntos de agravio que se exponen en el recurso de casación, se tiene que el primer agravio hace exclusivamente a una cuestión de forma, por lo que no corresponde su consideración en el presente recurso planteado en el fondo. Por otra parte en cuanto a los agravios expuestos en los puntos 2, 3, 4 y 5 del recurso, los recurrentes cuestionan que existiría errónea aplicación de los artículos 6 de la ley Nº 2372, 131 de la Ley de Municipalidades, 339.II de la C.P.E., y 85 de la ley Nº 2018 señalando que estos no serían aplicables al caso, ya que ellos no habrían ocupado los lotes 17 y 18, si no que el G.M.L.P., les habría vendido dichos terrenos, por lo que se trataría de una compra licita y por los efectos de una mala medición habría dado al comprador la necesidad de recurrir a los medios legales  para subsanar el mismo; a respecto se debe señalar lo siguiente:

La usucapión decenal o extraordinaria instituida en el art. 138 del C.C., concordante con el art. 110 del mismo cuerpo legal, constituye una de las formas originarias de adquirir la propiedad a través de la posesión, por la cual el poseedor se convierte en propietario en virtud a una declaración judicial siempre y cuando haya cumplido con la posesión y demás condiciones requeridas por ley. Acción ante la cual los jueces y Tribunales ordinarios están en la obligación de realizar el análisis de cuatro cuestiones básicas para determinar la procedencia o no de la usucapión decenal,  en este sentido se debe determinar si:

1).- ¿El bien inmueble es susceptible de usucapión?, para responder a esta pregunta se debe determinar si el inmueble es privado, público o está dentro el comercio humano.

2) ¿El actor es poseedor? Pregunta por la cual se debe determinar si quien pretende usucapir el bien en cuestión demostró estar en posesión del bien inmueble.

3) ¿La posesión es útil? Ante esta pregunta se debe determinar si la posesión es pública es decir que no sea oculta ante terceros o ante quien pueda oponerse,  pacifica lo que significa que no exista violencia para ingresar o mantener la posesión, y continuada en cuanto no haya existido interrupción civil o natural.

4) ¿transcurrió el tiempo establecido para la prescripción adquisitiva (usucapión) decenal? Pregunta que cuestiona si se cumplió con lo diez años de posesión que la ley establece.

Es en esta lógica, se debe señalar que el Tribunal de Alzada a través del Auto de Vista recurrido por el que revoca la Sentencia de primera instancia, ha determinado que el bien inmueble que los recurrentes pretende usucapir no cumple o encuadra con la primera pregunta, es decir, si el bien inmueble es susceptible de usucapión, determinando que el bien inmueble no es privado, sino público de propiedad del Gobierno Municipal, fundamentando la imposibilidad de procedencia de la Usucapión en el caso presente en los arts. 6 de la ley Nº 2372, 131 de la Ley de Municipalidades, 339.II de la C.P.E., y 85 de la ley Nº 2028.

Ahora bien, los recurrentes manifiestan que el bien en cuestión no sería de propiedad municipal por cuanto el G.M.L.P., les habría transferido el inmueble a usucapir a través de una adjudicación el año 1973 en una superficie de 600 m2., y que hubo un error en la medición de donde existiría un excedente de 125,68 m2., sin embargo, en obrados no se observa prueba alguna que demuestre que el Gobierno Municipal de La Paz hay dispuesto los 125,68 m2., en cuestión o que dicha superficie sea susceptible de usucapión, pues la prueba aportada y lo referido en la demanda por los actores hace referencia a la disposición efectuada por el G.M.L.P., de 600 m2., en el manzano “D”  de la urbanización municipal Ayacucho, sector koani, zona que proviene de la propiedad municipal como ser los aires del rio Koani, inmueble de 600 m2., (lotes 17 y 18) del cual los ahora recurrentes son propietarios; por lo que no se observa violación o afectación alguna a su derecho a la propiedad o a la venta efectuada por el Gobierno municipal a través de la adjudicación (lotes 17 y 18), ya que dichos lotes fueron adjudicados a los demandantes por el Gobierno Municipal con el objeto de la construcción de viviendas sociales (fs. 67 a 73).

En este entendido, la superficie sobre la que los demandantes pretende adquirir el derecho propietario solo se reduce al excedente de 125.68 m2, sin embargo, como se expuso supra no se observa en actuados prueba que acredite que dicho excedente sea susceptible de usucapión, es decir, no se ha acreditado que  los 125.68 m2 en litigio que no sea de propiedad pública o que el Gobierno Municipal haya hecho disposición de dicha superficie en su favor, limitándose la prueba de cargo a acreditar la adjudicación de los 600 m2 de los que actualmente, los actores son propietarios, de lo que se concluye que el excedente de 125.68 m2 aún se encuentran dentro la propiedad municipal. Resultando correcto el razonamiento del Tribunal de alzada, para revocar la Sentencia de primera instancia.

Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme señala arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num., 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 219 a 220, interpuesto por Geraldine Carmina del Llano Argote y otros contra el Auto de Vista Nº 408, de 16 de diciembre de 2010, cursante de fs. 213 a 214 y vta. Sin costas por ser servidores públicos los patrocinantes de la entidad demandada.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán