TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA  CIVIL



Auto Supremo: 784/2015 - L                                        

Sucre: 11 de septiembre 2015                                                        Expediente: CH-9-11-S        

Partes: Beatriz Mercado Damián representada por Cirilo DazaAlmendras.c/

Luís Mario Jallaza Zenteno, y la Empresa Distribuidorade Gas Sucre

Sociedad Anónima Mixta “ENDIGAS SAM”representada por Jorge

Calderón Zuleta.  

Proceso:Resolución de contrato de venta y resarcimiento dedaños y perjuicios.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 343 a 345, interpuesto por Cirilo Daza Almendras en representación de Beatriz Mercado Damián, y el recurso de casación en el fondo de fs. 348 y vta., interpuesto por Luís Mario Jallaza Zenteno, ambos contra el Auto de Vista Nº 039/2011 de 01 de febrero de 2011, cursante de 338 a 340 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario de Resolución de contrato de venta y resarcimiento de daños y perjuicios seguido por Beatriz Mercado Damián representada por Cirilo Daza Almendrascontra Luís Mario Jallaza Zenteno, y la Empresa Distribuidora de Gas Sucre Sociedad Anónima Mixta “ENDIGAS SAM” representada por Jorge Calderón Zuleta,la contestación de fs. 351 a 353, la concesión de fs. 354, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:        ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Primero en lo Civily Comercialde la ciudad de Sucre dictóla Sentencia Nº 061/2010 de 07 de junio de 2010, cursante de fs. 286 a 290 y vta., declarandoImprobada la demandade fs. 9-10;Probada la excepción perentoria de falta de acción y derecho opuesta por la institución demandada a fs. 23-24; Improbada la excepción perentoria de falta de acción y derecho, opuesta por el demandado Luís Mario Jallaza Zenteno a fs. 31-33; Improbada la demanda reconvencional en todas sus partes de fs. 31-33 de obrados; asimismo se declara no ha lugar al pago de daños y perjuicios demandado por la actora y por el demandado Luís Mario Jallaza Zenteno reconvencionalmente.

Resolución de primera instancia que es apelada por la parte demandante, mediante escrito de fs. 297 a 304 y vta., ypor el co-demandado Luís Mario Jallaza Zenteno, mediante escrito de fs. 307 y vta., que merece el Auto de Vista Nº 039/2011 de 01 de febrero de 2011, cursante de 338 a 340 y vta., que Confirma totalmente la Sentencia apelada. Resolución de Alzada que es recurrida de casación en la forma y en el fondo por la parte actora, y de casación en el fondopor la parte co-demandada, que obtiene el presente análisis.

CONSIDERANDO II:        DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

De forma resumida se pasa a desarrollar los fundamentos de agravio que exponen las partes.

Recurso de casación en la forma y en el fondo de Beatriz Mercado Damián representada por Cirilo Daza Almendras:

En la forma:

1. Denuncia que a tiempo de interponer la apelación contra la Sentencia, se señaló como punto de agravio, la falta de motivación y fundamentación de la sentencia, resolviendo la Sala que no existe tal vulneración, sin señalar cual esa fundamentación y motivación o de qué manera se encuentra fundamentada o motivada la sentencia, lo que demuestra que el Tribunal de Alzada, tampoco cumplió con su obligación de fundamentar y motivar la resolución, pues simplemente se limita a señalar que es falso el agravio, sin señalar porque resulta falso dicho agravio, de donde el Tribunal Ad quem también cometió el error de emitir una resolución judicial, sin motivación o fundamentación, con lo que incumplió con su obligación impuesta por los arts. 190, 192-2) y 236 del CPC, por lo que solicita disponer la nulidad de obrados hasta la Sentencia de primer grado y disponer que el A quo emita nueva resolución conforme a derecho.

2. Refiere que la sSntencia concluyó de manera ultra petita, pues bajo el título de “quinto” y “octavo”, ingresa a valorar y determinar títulos y registros en Derechos Reales, y señala que “el título de la actora no se encuentra debidamente titulado y por tanto sería tildado de nulo”, con lo que ingresó a temas no demandados y no calificados en el Auto de Relación Procesal, y que reclamado dicho aspecto en el recurso de apelación, el Tribunal de Alzada no resolvió la problemática y se limitó a señalar que “cumpliendo con su obligación ha analizado todos ellos y de su revisión han salido situaciones jurídicas que el Juez no podía dejar de mencionar”, afirmación que no puede ser justificativo para solapar que el A quo actúe al margen de la ley y emita una resolución ultra petita, pues la norma del art. 190 del CPC es clara y precisa y que su observancia es imperativa, en ese entendido el Ad quem en previsión del art. 236 del CPC, debieron haber observado dicho extremo, oportunamente reclamado y, al no haberlo hecho de esa manera, incurrió en errónea e indebida aplicación del art. 190 del CPC.

En el fondo:

Acusa que en la Sentencia de primer grado y en el Auto de Vista existe una errónea apreciación de la prueba, pues el Juez de grado concluyó que no existiría ningún medio probatorio que demuestre la entrega del inmueble por la actora al demandado y corroborado por el Auto de Vista, situación totalmente errada, pues en el proceso se encuentra establecido que el comprador demandado Jallaza registró la compra venta en DD.RR., y que dicho derecho le permitió transferir el inmueble a EMDIGAS, entidad que ingresó a ocupar el inmueble, cual consta en la abundante documental existente en el proceso, de donde resulta la errónea valoración de la prueba, pues de no haberse procedido a la entrega del departamento vendido, Jallaza no hubiere podido transferir a EMDIGAS y esta no hubiera podido ingresar a ocupar el inmueble, y el Tribunal se segunda instancia no resuelve el agravio sufrido y se limita a señalar que el  agravio tampoco sería evidente y, que el A quo hubiera realizado la valoración de todos los medios de prueba, aspecto que no resuelve el agravio reclamado, en ese entendido existe la errónea apreciación y valoración de la prueba, siendo por consiguiente causal del recurso, conforme al art. 253-3) del CPC.

Por lo expuesto, interpone recurso de casación o nulidad, contra el Auto de Vista recurrido, solicitando se case las resoluciones impugnadas y en su caso las anule.

Recurso de casación en el fondo de Luís Mario Jallaza Zenteno:

Refiere que el Tribunal de Alzada como el A quo, han dado una interpretación correcta de las pruebas aportadas de su parte, por lo que está demostrado que a su persona jamás se le ha hecho entrega del departamento por parte de la vendedora y que el mismo ha estado siempre ocupado por la Central Obrera Departamental, departamento diseñado exclusivamente para el uso de oficinas.

Que asimismo por la prueba documental aportada de su parte, está plenamente demostrado que en ningún momento se ha procedido a la entrega de la documentación que se ha señalado en el documento de transferencia, donde se encuentra claramente especificado que es lo que se le debe entregar y que corresponde a la Resolución Ministerial para su enajenación (DS. Nº 17990 de 05 de febrero de 1981) de los cuales la parte contraria tenía un plazo improrrogable de 60 días, conforme al documento que cursa en obrados.

Toda la prueba aportada al proceso, con todo el valor probatorio establecido por el art. 1283 y 1285 del CC., y lo cual no ha sido valorado conforme manda el art. 1286 del CC., concordante con el art. 397 del CPC. Extremo este que es todo caso y al estar demostrado el incumplimiento por parte de la contrario en el documento base de la presente demanda, es decir al no haber hecho la entrega física del departamento y consiguientemente la llave del mismo, como al no haberle hecho la entrega de los documentos especificados  y detallados, lo que correspondía era declarar, Probada la demanda reconvencional, por haber incurrido en lo señalado en el art. 614 inc. 1) y 3) del CC., con el respectivo pago de daños y perjuicios en su favor según manda  la última parte del art. 568-I del CC., porque debido a este incumplimiento de la parte actora no pudo perfeccionar la venta a EMDIGAS, es decir no pudo recibir un solo centavo debida a estos hechos. Quedando demostrado que de su parte jamás no ha existido incumplimiento, y por tal razón se debe declarar improbada la demanda principal. Disposiciones legales que no han sido aplicadas en éste sentido por el Tribunal de alzada y mucho menos por el A quo.

Por lo señalado, y siendo evidente las infracciones denunciadas solicita se case el Auto de Vista recurrido, y por tanto se declare improbada la demanda principal y probada la demanda reconvencional como las excepciones opuestas con el consiguiente pago de daños y perjuicios.

CONSIDERANDO III:        FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

La normativa preceptuada por art. 252 del Código de Procedimiento Civil, 17 de la Ley Nº 025 en concordancia con el art. 106 de la Ley Nº 439, establecen la obligación de los Tribunales del examen de oficio de las actuaciones procesales, con la finalidad de observar si se han cumplido con las formas esenciales del proceso, en afán de que los actos jurisdiccionales otorguen seguridad jurídica a los litigantes, en ese antecedente en el caso de autos corresponde realizar las siguientes consideraciones legales:


En nuestra economía jurídica el compilado adjetivo civil en su art. 1 establece que: “I.- Los jueces y tribunales de justicia sustanciarán y resolverán, de acuerdo a las leyes de la República, las demandas sometidas a su jurisdicción. II.- No podrán excusarse de fallar bajo pretexto de falta, oscuridad o insuficiencia de la ley, en las causas sometidas a su juzgamiento, debiendo pronunciar sentencia según la equidad que nace de las leyes, conforme a las disposiciones que comprenden casos semejantes al hecho particular que ocurriere”, por su parte el art. 193 del mismo procedimiento civil refiere: “El juez no podrá dejar de fallar en el fondo de las causas sometidas a su juzgamiento, bajo pretexto de falta, oscuridad o insuficiencia de la ley, ni salvar los derechos de los litigantes para otro proceso. Deberá fundar su sentencia en los principios generales del derecho, las leyes análogas o la equidad que nace del ordenamiento jurídico del Estado”, de donde se deduce que el Juez no podrá dejar de fallar en el fondo de las causas sometidas a su juzgamiento, bajo pretexto de falta, oscuridad o insuficiencia de la ley, ni salvar los derechos de los litigantes para otros procesos, y en su caso deberá fundar su resolución en los principios generales del derecho, las leyes análogas o la equidad que nace del ordenamiento jurídico del Estado.


Por su parte, la Ley Nº 025 en su art. 3 desarrolla los principios que sustentan al Órgano Judicial, entre los que se menciona a la seguridad jurídica, armonía social y cultura de paz, asimismo el art. 11 de esta misma Ley dispone que la:”(Jurisdicción). Es la potestad que tiene el Estado Plurinacional de administrar justicia; emana del pueblo boliviano y se ejerce por medio de las autoridades jurisdiccionales del Órgano Judicial”, de cuyos enunciados se puede inferir que frente a la interposición de la demanda, el Juez tiene el deber ineludible de pronunciar una resolución de fondo, que resuelva el conflicto suscitado por las partes, pues no debemos perder de vista que quienes recurren al auxilio de la administración de justicia lo hacen precisamente debido a que no pudieron resolver los mismos en forma amigable, activando con su demanda todo el sistema judicial en espera de una solución al conflicto así como un sometimiento a las determinaciones que pudieran ser asumidas, siendo deber de las autoridades judiciales fallar en cada caso, aplicando las normas legales vigentes de nuestro ordenamiento jurídico, tomando en cuenta los principios contenidos en al art. 180.I, de la Constitución Política del Estado, o en su caso la doctrina y jurisprudencia aplicable al caso en concreto. Razonamiento que ya ha sido asumido en el Auto Supremo Nº 746/2014 de 12 de diciembre.

En el caso de autos, el actor demandó la “resolución de contrato de venta y resarcimiento de daños y perjuicios por incumplimiento”, que fue reconvenida también por la “resolución de contrato por incumplimiento del actor, cancelación de registros más el resarcimiento de daños y perjuicios”, proceso que conforme la Sentencia de fs. 286 a 290 y vta. de obrados, declaró improbada ambas pretensiones principales como accesorias, es decir, sin un pronunciamiento de fondo que resuelva el conflicto, incumpliendo la finalidad de la administración de justicia que se encuentra contenida en el art. 190 del Código de Procedimiento Civil, que expresamente dispone: “La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia; contendrá decisiones expresas, positivas y precisas; recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieran sido demandadas sabida que fuere la verdad por las pruebas del proceso; en ella se absolverá o condenará al demandado”, contraviniendo de esta manera el deber impuesto a todo juzgador, porque en el caso concreto correspondía examinar la naturaleza y los alcances del contrato del que ambas partes pretenden su resolución por incumplimiento de contrario, teniendo en cuenta que en tratándose de obligaciones bilaterales, es deber del juzgador evidenciar cuál de las obligaciones resolutivas inicialmente es exigible, cuyo cumplimiento habilita a exigir el cumplimiento de la otra obligación y determinar luego que parte contratante cumplió o incumplió la obligación contraída para sobre esa base asumir la decisión que corresponda que además sea eficaz para poner fin a la contienda que mantienen las partes en conflicto y propender así el restablecimiento de la paz y la armonía, aspectos que de ninguna manera se materializaran con la Resolución de Alzada que mantiene la indefensión asumida en sentencia, lo que resulta además contrario a los principios constitucionales previstos en el art. 180 del texto constitucional.

De donde se puede concluir que el Tribunal de Alzada al no haberse pronunciado sobre la procedencia o no de la pretensión principal y reconvencional, ha dejado a las partes en total incertidumbre porque no existe pronunciamiento de fondo que resuelva el conflicto jurídico suscitado, incurriendode consiguiente en evidente incongruencia y en flagrante vulneración del art. 236 del Código de Procedimiento Civil y con ello del debido proceso en su elemento al derecho a la defensa, a la seguridad jurídica y al principio de legalidad.

En ese antecedente, corresponde a este Supremo Tribunal fallar en la forma prevista por los artículos 271 num. 3), 275 del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, siendo inminente la nulidad de obrados, ya no corresponde pronunciamiento alguno en relación al recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Cirilo Daza Almendras en representación deBeatriz Mercado Damián, así como en relaciónal recurso de casación en el fondo presentado por Luís Mario Jallaza Zenteno.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 3), 275 del Código de Procedimiento Civil yart. 106 del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 039/2011 de 01 de febrero de 2011, cursante de 338 a 340 y vta., disponiendo se dicte nueva resolución sin espera de turno que guarde la debida pertinencia prevista en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, y que conforme los lineamientos esgrimidos en la presente resolución consagre los principios constitucionales de equidad, armonía social y eficacia.


Siendo excusable el error no se impone multa.


En aplicación del art. 17.IV de la Ley Nº 025, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.