TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                        S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 779/2015 - L                                                                Sucre: 11 de Septiembre 2015                                                         Expediente: CB-57-11-S                                                                Partes:Paula Cuchallo Vda. de Espinoza c/ Presuntos herederos de Celso

Cadima García, presuntos interesados, H. Alcaldía Municipal de

             Cochabamba y H. Consejo Municipal de Cochabamba

Proceso: usucapión

Distrito:Cochabamba

VISTOS: El recurso de casación de fs. 418 a 427, interpuesto por María Cecilia, María Eugenia y Roxana CadimaLeguia, contra el Auto de Vista de 03 de enero de 2011, cursante a fs. 409 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, en el proceso de usucapión seguido por Paula Cuchallo Vda. de Espinoza contra presuntos herederos de Celso Cadima García y otros, respuesta al recurso de fs. 442 a 444, Auto de  concesión de fs. 453, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:                                                                ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Décimo Primero de Partido en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Cochabamba, pronunció Sentencia registrada bajo la partida Nº 170 de 17 de agosto de 2007 cursante de fs. 371 a 374, declarando PROBADA la demanda de fs. 46 a 47, e IMPROBADAS las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad, falta de acción y derecho opuestas por María Eugenia y Marica Cecilia CadimaLeguia y Cecilia Leguia Vda. de Cadima, IMPROBADAS las excepciones de litispendencia, obscuridad, contradicción e imprecisión en la demanda e ilegalidad opuestas por el Defensor de Oficio, declarando el derecho propietario sobre el inmueble objeto de Litis a favor de la demandante y disponiendo su registro en Derechos Reales.

Resolución de fondo que fue apelada por las demandadas María Eugenia, María Cecilia y Roxana CadimaLeguia por memorial de fs. 378 a 383, recurso que fuera resuelto por Auto de Vista de 03 de enero de 2011, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la ex Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, cursante a fs. 409 y vta., por el que se ANULO obrados hasta el Auto de concesión del recurso de alzada por considerar que el recurso de apelación carecería de agravios.

Auto de Vista que fue recurrido de casación en el fondo por la demandada que es motivo de Autos.

CONSIDERANDO II:                                                                        HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

La recurrente bajo el amparo de lo dispuesto por el art. 253 num. 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil acusa los siguientes agravios.

La violación de los arts. 90, 91, 251 del Código de Procedimiento Civil y 15 y 247 de la Ley de Organización Judicial e interpretación errónea de los art. 219, 227 y 236 del Adjetivo Civil, debido a que no sería evidente que su recurso carezca de agravios conforme determino el Auto de Vista para anular el Auto de concesión del recurso de apelación, recurso en el que acusó la violación de los arts. 190 y 192 (numerales 2 y 3) del Código de Procedimiento Civil, debido a que la Sentencia no realizó un análisis y evaluación de la prueba aportada, de los fundamentos de hecho y derecho contenidos en el memorial de fs. 379 a 382, como tampoco se hubiera referido a los argumentos legales y procedimentales y cuales las decisiones claras, positivas y precisas sobre las excepciones opuestas para declarar improbadas las excepciones opuestas, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto por el art. 236 y 237 del Código de Procedimiento Civil.

Que la anulación dispuesta consolido los errores en que incurrió la Sentencia declarándola ejecutoriada, transgrediendo el derecho a la legitima defensa y el debido proceso protegidos por los arts. 109 y 115 de la C.P.E., incurriendo en error de derecho en la apreciación de las pruebas, debiendo haberse tramitado la causa de conformidad a lo dispuesto por el art. 1568 del Código Civil y no bajo los alcances de los arts. 110, 138 y 1492 del Código Civil.

Continúa su recurso haciendo una crítica al razonamiento del Tribunal de alzada, incidiendo en los presupuestos que deben concurrir para determinar una nulidad de obrados, para luego proceder a la transcripción de los argumentos del recurso de apelación contra la Sentencia, del cual se puede extraer las siguientes acusaciones: que no se consideró la documental de fs. 95 a 151 por la cual se acreditó la existencia de otro proceso de usucapión accionado por el esposo de la demandante y padre de la apoderada, por el que se acreditó la excepción de Litis pendencia, proceso en el que se apersonó la ahora demandante adjuntando la declaratoria de herederos, el cual concluyó con un Auto de perención de instancia, iniciando la presente demanda con falta de legitimación por no encontrarse el Auto de perención con ejecutoria, nuevo proceso en el que alego argumentos distintos, como el referido al inicio de su posesión sobre el inmueble que pretende usucapir solo con la finalidad de evadir los 30 años que se requiere para la procedencia de su pretensión como exigía el Código Civil Abrogado, pues se encuentra en posesión del inmueble por 25 años y 6 meses. Que la actora no le asiste justo título, buena fe y tampoco cuenta con el tiempo requerido para la procedencia de su acción.

Concluye solicitando se case la Resolución recurrida, determinando la improcedencia de la anulación del Auto de concesión del recurso de alzada y declarando improbada la demanda y probadas las excepciones perentorias opuestas.

CONSIDERANDO III:                                                                FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De la revisión del recurso, se advierte que la parte recurrente no comprendió la naturaleza jurídica del recurso de casación, al plantear recurso de casación en el fondo contra una Resolución anulatoria, que conforme a la uniforme jurisprudencia que se tiene establecida al respecto tanto por el Tribunal Supremo de Justicia como por la Ex Corte Suprema de Justicia en el sentido de que contra una Resolución anulatoria no procede recurso de casación en el fondo sino únicamente en la forma, posición que se encuentra consolidada a través de la emisión de innumerables Autos Supremos.

Empero, de la exposición de la primera parte de los agravios deducidos por la recurrente aunque con poca claridad, se advierte que los mismos están orientados a cuestionar el motivo de la nulidad dispuesta por el Tribunal Ad quem, que si bien debieron ser reclamados dentro de un recurso de casación en la forma y no en el fondo como erradamente pretende la recurrente,confundiendo totalmente la naturaleza jurídica y finalidad del recurso de casación en el fondo, pese a la deficiencia en cuanto a la técnica recursiva que debió observarse, dada la finalidad y naturaleza jurídica del instituto jurídico del recurso de casación, este Tribunal pasa a resolver considerándolo como cuestiones de forma, en aplicación de la garantía del derecho de impugnación previsto por el art. 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado y el principio pro actione.

Ahora bien siendo que la Resolución impugnada es anulatoria de obrados, se analizará los agravios que hacen a la forma del recurso de casación, dentro de ese marco y de la revisión de la Resolución impugnada se tiene que el fundamento del Tribunal de alzada se centra en el hecho de que el recurso de apelación deducido contra la Sentencia carecería de expresión de agravios, por cuanto no existiría un análisis crítico del fallo de primera instancia con exposición de motivos y razones de hecho y de derecho que amerite consideración alguna de agravios sufridos, limitándose el apelante a la transcripción  de su memorial de alegatos.

En ese entendido corresponde referir que en función de la actividad revisora que le otorga la ley procesal al Tribunal de alzada, éste tiene el deber de revisar lo resuelto por el inferior conforme a los agravios expuestos en la apelación, y en caso de encontrar deficiencias en la fundamentación de la Resolución apelada o incorrecta aplicación de alguna norma legal sustantiva, corresponde a éste mejorar con mayor criterio esa fundamentación procurando en lo posible resolver el fondo del problema sin que ello implique exceder los límites que establece el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el hecho de disponer una nulidad del Auto de concesión de alzada basado en la insuficiente exposición de agravios en la apelación no tiene relación con la nulidad procesal, negando de esta forma la posibilidad de revisión del primer fallo, que implica contrariar el principio al debido proceso que rige hoy en la administración de justicia.


Las nulidades procesales, a partir de la vigencia de la Ley 025 del Órgano Judicial quedaron restringidas conforme lo disponen los arts. 16 y 17, situación ratificada en el nuevo Código Procesal Civil por la vigencia anticipada de sus preceptos referidos a las nulidades procesales; normas legales que se encuentran en correspondencia con los principios constitucionales de celeridad, eficiencia, que hoy rige la administración de justicia; precisamente en observancia a dichos principios, este Tribunal Supremo de Justicia ha emitido varios Autos Supremos donde se cambia sustancialmente la jurisprudencia trazada por la Ex Corte Suprema de Justicia respecto a las nulidades procesales, entre esas resoluciones se citan los A.S.Nros. 197/2013, 223/2013 y 336/2012 entre otros, que no fueron considerados por el Ad quem.


Doble instancia que también se encuentra resguardada por el art. 180.II de la Constitución Política del Estado que establece: “Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales”,igual criterio acoge el art. 30 num. 14 de la Ley Nº 025 que señala que la jurisdicción ordinaria se sustenta en el Principio de Impugnación que: “Garantiza la doble instancia; es decir, el derecho de las partes de apelar ante el inmediato superior, de las Resoluciones definitivas que diriman un conflicto y que presuntamente les causa un agravio”, previsioneslegales que constituyen el pilar fundamental  dentro de la tarea de administrar justicia para todos los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que el proceder de los Jueces y Tribunales de justicia deben ser coherentes con los principios desarrollados en el nuevo sistema jurisdiccional.


En base a ello corresponde enfatizar, que la apelación es el recurso ordinario que garantiza la doble instancia en el proceso, recurso dado para reparar los agravios que profesa, aparentemente, la Sentencia; en consecuencia, la apelación abre la operación de revisión a cargo del superior, encontrándose en desarrollo el derecho de impugnación del litigante, que deninguna manera se agota con la sola interposición de un recurso, sino que este derecho se va a concretar y materializar con la respuesta debidamente motivada y fundamentada por parte del Tribunal superior, que precisamente conozca y resuelva sobre los motivos que orientan la interposición del recurso; siendo en consecuencia trascendental a los efectos de la realización de este derecho la respuesta que le corresponde.


En tal razón, el agravio formulado en apelación, juega un papel gravitante a momento de la Resolución en Alzada, pues los límites de la apelación están dados por el propio recurso, que abre materialmente la competencia del juez de segunda instancia, por lo que se debe tener presente en considerar su tratamiento, toda vez que el art. 219 y 227 del Código Adjetivo Civil no impone una técnica explicita de formulación del recurso, o sea, no imputa requisitos de fondo, lo cual supone que es el Juez o Tribunal que debe examinar el recurso y lo haga sin un rigorismo excluyente siempre a la luz de la flexibilización que tienen los principios procesales de doble instancia y debido proceso, bastando que el agravio tenga análisis crítico de la Sentencia y sostenga por qué dicha Sentencia le es gravosa a sus intereses; claro está, que no siempre un recurso presenta una técnica ideal de expresión de los agravios, lo que no supone que no lo contenga, y por tanto no es permisible desestimar de entrada la apelación deducida, por una aparente falta de técnica recursiva y ausencia de normativa legal y especifica.


En el marco de lo expuesto, éste Tribunal Supremo de Justicia encuentra que el Tribunal Ad quem a tiempo de pronunciar la Resolución recurrida, no ha realizado una exhaustiva revisión y análisis del recurso de apelación planteado de fs. 378 a 383, recurso que si bien carece de una técnica recursiva si cumplió con lo determinado por los arts. 219 y 227 del Código de Procedimiento Civil; acusando la violación de los arts. 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil, debido a que el Juez de la causa no realizó un análisis y evaluación de la prueba de cargo de fs. 95 a 151; de los fundamentos de hecho y derecho contenidos en el memorial de fs. 379 a 382, como tampoco se hubiera referido a los argumentos legales y procedimentales y cuales las decisiones claras, positivas y precisas sobre las excepciones opuestas para declarar improbadas las excepciones opuestas, que más allá de ser valederos o no, correctas o incorrectas esas pretensiones que deben ser examinadas en segunda instancia, constituyen una crítica a la Sentencia y debe ser el Tribunal de Alzada el que deba absolver tales agravios y darles una repuesta fundamentada.

Consiguientemente el Tribunal Ad quem, estaba en la obligación de entrar a considerar el fondo del recurso y no desconocer su competencia, al anular el auto de concesión de alzada, aspecto que ciertamente se constituye en violatorio del principio de celeridad y de una correcta, pronta, oportuna y eficaz administración de justicia, resguardados por el art. 180.I de la C.P.E.

Consecuentemente, corresponde a este Tribunal fallar en la forma prevista por los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271 num. 3) y 275) del Código de Procedimiento Civil,  ANULA el  Auto de Vista de 03 de enero del 2011, cursante a fs. 409 y vta. y se dispone que sin espera de turno y previo sorteo el Tribunal Ad quem resuelva la apelación con la pertinencia del art. 236 de la norma adjetiva. 

Siendo excusable el error no se impone multa a los Vocales suscriptores del Auto de Vista.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, hágase conocer la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán