TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA  CIVIL



Auto Supremo: 776/2015 - L

Sucre:11 de septiembre 2015

Expediente:        CB-10-11-S

Partes: Benedicta Gangas Zurita de Orellana.c/Maximiliana Emilia Almendras Luizaga.

Proceso:Nulidad de Contrato.

Distrito:Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 356 a 358 vta., interpuesto por Maximiliana Emilia Almendras Luizaga,contra el Auto de Vista REG/S.CII/RR/ASEN.160/30.11.2010 de 30 de noviembre de 2010 pronunciado por la Sala CivilSegundadela Corte Superior de Justicia de Cochabamba (Hoy Tribunal Departamental de justicia), cursante defs.351 y vta., en el proceso ordinario de Nulidad de Contrato, seguido porBenedicta Gangas Zurita de Orellana contraMaximiliana Emilia Almendras Luizaga,el Auto de concesión de fs. 366, los antecedentes del proceso, y;


CONSIDERANDO I:        ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juezde PartidoSexto en lo Civil de la ciudad de Cochabamba,dicta SentenciaNº 32 de 31 de marzo de 2007, cursante de fs. 202 a 206 vta., declarando PROBADA la demanda principal y excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad falta de acción y derecho interpuestas en contra de la acción reconvencional e,IMPROBADA LA ACCION RECONVENCIONAL y excepciones perentorias de  falta de acción y derecho, falsedad y prescripción interpuesta en contra de la acción principal, por lo que se declara nulo y sin valor el contrato de préstamo de dinero por $us 27.390, inserto en la minuta de 15 de marzo de 2001, elevada a escritura pública Nº 130 de 15 de marzo de 2001, así como se dispone la cancelación del gravamen en la matrícula computarizada 3.01.1.02.0002092, asiento B-3 de 17 de marzo del 2001 a favor de ALMENDRAS LUIZAGA MAXIMILIANA EMILIA sobre el inmueble de propiedad de ORELLANA GANGAS BENEDICTA DE, más daños y perjuicios a averiguarse en ejecución de sentencia, sin costas por ser juicio doble.

Resolución que es apelada por Maximiliana Emilia Almendras Luizaga, mediante escrito de fs.221 a 224,que mereceAuto de VistaREG/S.CII/RR/ASEN.160/30.11.2010 de 30 de noviembre de 2010, cursante enfs. 351 y vta., queANULA EL AUTO DE CONCESIÓN DE ALZADA y declara ejecutoriada la Sentenciaapelada. Resolución que merece el siguiente análisis.

CONSIDERANDO II:        DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del recurso de Casación, se establecen los siguientes puntos:

En el fondo:

La recurrente impugna al Auto de Vista por violar los arts. 237- I) ; 90 I) y II) del Código de Procedimiento Civil, pues en el caso de autos la resolución no se enmarca en ninguna de las cuatro formas de resolución en la normativa precedentemente señalada, porque anula indebidamente el Auto de concesión de alzada, sólo puede expedirse un Auto anulatorio o repositorio como lo prevé el art. 237-I-4) del Código de Procedimiento Civil, cuando se hubieran detectado vicios de nulidad por infracción de normas procesales, que no ocurre en el presente caso, por lo que se estaría forzando la forma de resolución contenida en dicho Auto de Vista.

Manifiesta también violación a los arts. 227 y 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que el recurso de apelación fue planteado fundamentando el agravio sufrido, por lo que la resolución impugnada no se circunscribió al mandato del art. 236 del Código Adjetivo Civil en relación al art. 227 del mismo cuerpo legal, fallando indebidamente pues debió fallar fundamentando en una de las formas establecidas en el art. 237 I) del Código de Procedimiento Civil.

En base a ello solicita casar dicho Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo falle declarando IMPROBADA LA DEMANDA así como las excepciones  contra la acción reconvencional y PROBADA LA DEMANDA RECONVENCIONALD DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRÉSTAMO.

En la forma:

Refiere que el Tribunal de alzada al anular el Auto de concesión de alzada y declarar ejecutoriada la Sentencia apelada, habría otorgado más de lo pedido por las partes, obrando con exceso de poder, sin pronunciarse sobre algunas pretensiones deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente con la fundamentación de agravios, violando el derecho a la defensa y al debido proceso, desconociendo el derecho de impugnación de la Resolución de alzada, por cuanto sólo después de agotado ese recurso correspondería la ejecución de Sentencia, en inobservancia de los arts. 254 num. 4) y 7) y 515 del Código de Procedimiento Civil y 115.II) de la Constitución Política del estado.

Concluye solicitando se anule lo obrado hasta el vicio más antiguo, en el caso presente hasta la fecha del sorteo del expediente de fs. 350 vta., para que el Tribunal de alzada pronuncie un nuevo auto de vista, en estricta observancia de los arts. 236 y 237 del Código de Procedimiento Civil, con imposición de multa a los mismos.

CONSIDERANDO III:                                                                FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓ N:

Siendo que la Resolución impugnada es anulatoria, únicamente se tomarán los agravios de forma, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

La recurrente refiere que al anular el Auto de concesión de alzada y declarar ejecutoriada la Sentencia, el Tribunal, habría otorgado más de lo pedido por las partes, obrando con exceso de poder, omitiendo pronunciarse sobre algunas pretensiones deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente con la fundamentación de agravios, violando el derecho a la defensa y al debido proceso, desconociendo el derecho de impugnación de la Resolución de alzada, por cuanto sólo después de agotado ese recurso correspondería la ejecución de Sentencia, en inobservancia de los arts. 254num. 4) y 7) y 515 del Código de Procedimiento Civil y 115.II) de la Constitución Política del estado.

Teniendo presente lo expuesto, en el caso en cuestión, el Tribunal A quem anuló la determinación asumida bajo la óptica de que“la apelación carece de la fundamentación exigida por las normas legales citadas y obvia las características propias de una expresión de agravios” que en base a ello anula el Auto de Concesión de la apelación.


En función de la actividad revisora que le otorga la ley procesal al Tribunal de alzada, éste tiene el deber de revisar lo resuelto por el inferior conforme a los agravios expuestos en la apelación, y en caso de encontrar deficiencias en la fundamentación de la Resolución apelada o incorrecta aplicación de alguna norma legal sustantiva, corresponde a éste mejorar con mayor criterio esa fundamentación procurando en lo posible resolver el fondo del problema sin que ello implique exceder los límites que establece el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, puesto que la parte apelante solicitó que se revoque la Sentenciadeclarándose probada la acción reconvencional y ello implica resolver el fondo del problema, aspecto que no fue comprendido por el Tribunal de alzada, quien al disponer la nulidad de la apelación negó la posibilidad de revisión del primer fallo, actuando en contra del principio al debido proceso que rige hoy en la administración de justicia, constituyendo su decisión de anular el Auto de concesiónen la insuficiente exposición de agravios en la apelación, los cuales no tienen relación con la nulidad procesal.


Las nulidades procesales, a partir de la vigencia de la Ley 025 del Órgano Judicial quedaron restringidas conforme lo disponen los arts. 16 y 17, situación ratificada en el nuevo Código Procesal Civil por la vigencia anticipada de sus preceptos referidos a las nulidades procesales; normas legales que se encuentran en correspondencia con los principios constitucionales de celeridad, eficiencia, que hoy rige la administración de justicia; precisamente en observancia a dichos principios, este Tribunal Supremo de Justicia ha emitido varios Autos Supremos donde se cambia sustancialmente la jurisprudencia trazada por la Ex Corte Suprema de Justicia respecto a las nulidades procesales, entre esas resoluciones se citan los A.S. 197, 223, 336, todos emitidos el año 2013, aspectos trascendentales que no fueron tomados en cuenta por el Ad quem.


El art. 180 II) establece: “Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales”, Es así que nuestra norma Suprema Constitucional garantiza el principio de doble instancia en la jurisdicción ordinaria conforme señala lamisma, bajo ese criterio el art. 30 núm. 14 de la Ley Nº 025 señala que la jurisdicción ordinaria se sustenta en el Principio de Impugnación que: “Garantiza la doble instancia; es decir, el derecho de las partes de apelar ante el inmediato superior, de las Resoluciones definitivas que diriman un conflicto y que presuntamente les causa un agravio”, previsiones que constituyen el pilar fundamental dentro de la tarea de administrar justicia para todos los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que el proceder de los Jueces y Tribunales de justicia deben ser coherentes con los principios desarrollados en el nuevo sistema jurisdiccional.


En base a ello correspondeenfatizar, que la apelación es el recurso ordinario que garantiza la doble instancia en el proceso, recurso dado para reparar los agravios que profesa, aparentemente, la Sentencia; en consecuencia, la apelación abre la operación de revisión a cargo del superior, encontrándose en desarrollo el derecho de impugnación del litigante, que deninguna manera se agota con la sola interposición de un recurso, sino que este derecho se va a concretar y materializar con la respuesta debidamente motivada y fundamentada por parte del Tribunal superior, que precisamente conozca y resuelva sobre los motivos que orientan la interposición del recurso; siendo en consecuencia trascendental a los efectos de la realización de este derecho la respuesta que le corresponde.


En tal razón, el agravio formulado en apelación, juega un papel gravitante a momento de la Resolución en Alzada, pues los límites de la apelación están dados por el propio recurso, que abre materialmente la competencia del Juez de segunda instancia, por lo que se debe tener presente en considerar su tratamiento, toda vez que el art. 219 y 227 del Código Adjetivo Civil no impone una técnica explicita de formulación del recurso, o sea, no imputa requisitos de fondo, lo cual supone que es el Juez o Tribunal que debe examinar el recurso y lo haga sin un rigorismo excluyente siempre a la luz de la flexibilización que tienen los principios procesales de doble instancia y debido proceso, bastando que el agravio tenga análisis crítico de la Sentencia y sostenga por qué dicha Sentencia le es gravosa a sus intereses; claro está, que no siempre un recurso presenta una técnica ideal de expresión de los agravios, lo que no supone que no lo contenga, y por tanto no es permisible desestimar de entrada la apelación deducida, por una aparente falta de técnica recursiva y ausencia de normativa legal y especifica.


En el marco de lo expuesto, éste Tribunal Supremo de Justicia encuentra que el Tribunal Ad quem a tiempo de pronunciar la Resolución de vista, no ha realizado una exhaustiva revisión y análisis del recurso de apelación planteado de fs. 221 a 224, de obrados, coligiéndose que la impugnante si fundamentó y expresó sus agravios, talvez no con una técnica adecuada, pero si cumplió con lo determinado por los arts. 219 y 227 del Código de Procedimiento Civil; como es el de criticar los fundamentos de la demanda inherente a la nulidad de contrato, así como lo relativo a la fundamentación y motivación de la Sentencia; y lo referido a la confesión provocada, que más allá de ser valederos o no, correctas o incorrectas esas pretensiones que deben ser examinadas en segunda instancia, constituyen una crítica a la Sentencia y debe ser el Tribunal de Alzada el que deba absolver tales agravios y darles una repuesta fundamentada.


Consiguientemente el Tribunal Ad quem, estaba en la obligación de entrar a considerar el fondo del recurso y no desconocer su competencia, como evidentemente lo hizo al anular el Auto de Concesión de Alzada, determinación encontrada en que la apelación carece de la fundamentación exigida por las normas legales tal como son los arts. 219 y 227 del Código de Procedimiento Civil, lo que resulta contrario al debido proceso y ajeno al derecho de impugnación.


Por lo que corresponde dar aplicación a las previsiones de los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil de Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley  025 del 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil ANULA el Auto de VistaREG/S.CII/RR/ASEN.160/30.11.2010 de 30 de noviembre de 2010, cursante de fs. 351 y vta.,pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba (Hoy Tribunal Departamental de Justicia) y dispone que previo sorteo y sin espera de turno emita nueva resolución que resuelva la apelación deducida contra la Sentencia en apego a lo previsto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.


Siendo excusable el error, no se impone multa a los Vocales signatarios.


En aplicación del art. 17.IV de la Ley N° 025 remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.
Sin costas.


Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.