TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL


Auto Supremo: 757/2015 - L

Sucre: 04 de Septiembre 2015

Expediente: SC-21-11-S

Partes: Empresa Unipersonal FULL SERVICE representada por Carlos Odín

Bauer Aramayoc/Gobierno Municipal de la Ciudad de Santa Cruz de la

Sierra

Proceso: Incumplimiento de obligación por resolución unilateral  de contrato,

pago por servicios devengados, pago de intereses y multas,  más el pago

de daños y perjuicios.

Distrito:Santa Cruz


VISTOS: Los recursos de casación en el fondo de fs. 328 a 331 y vta., interpuesto por Ana María Encina Landívar en us condición de Alcaldesa Municipal del Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz de la Sierra, y el de fs. 334 a 337 interpuesto por Odín Bauer Serrate apoderado de Carlos Odín Bauer Aramayo representante de la Empresa Unipersonal FULL SERVICE, ambos contra el Auto de Vista Nº 70, de fecha 30 de marzo de 2010, cursante de fs. 321 a 322 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario deIncumplimiento de obligación por resolución unilateral  de contrato, pago por servicios devengados, pago de intereses y multas, más el pago de daños y perjuicios, seguido por la Empresa Unipersonal FULL SERVICE representada por Carlos Odín Bauer Aramayo contra la Gobierno Municipal de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la concesión de fs. 347; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Tramitado el Proceso, el Juez Décimo de Partido en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, emitió la Sentencia Nº 115, de fecha 25 de agosto de 2008, cursante de fs. 255 a 258, declarando PROBADA en parte la demanda principal de fs. 54 a 60 y vta., en lo referente al pago por los servicios de limpieza de áreas verdes desde el 01 de Enero al 31 de Marzo del año 2005, más intereses legales, daños y perjuicios, a su vez declaró Probada la excepción que sobre pago documentado se tiene formalizada por parte del Gobierno Municipal en el memorial de fs. 122 a 127, determinando que en ejecución de Sentencia se cumpla con lo siguiente: 1. Que el demandado Gobierno Municipal, en el plazo de tres días, cumpla con el pago que debe efectuar a la Empresa Unipersonal FULL SERVICE, por concepto del servicio de limpieza de Áreas verdes, más daños y perjuicios desde el 01 de Enero al 31 de Marzo del año 2005, cuyo monto  mensual se encuentra determinado en la cláusula quinta del contrato cursante de fs. 3 a 26. 2.- Asimismo, debe cancelar sobre dicho monto un intereses del 6% anual computable desde el 01 de enero del año 2005 hasta el momento en que realice el pago por los servicios prestados a que se hace referencia en el anterior punto. 3 No se impone al pago de costas debido a que al ser el Gobierno Municipal una entidad de servicio  público, por mandato del art. 39 de la Ley 1178 y las Sentencias Constitucional Nº 1295/01-R de fecha 7, de diciembre de 2001 y la Nº 0021/2007 de 15 de Enero de 2007 lo linera del pago de Costas.

Contra la referida Sentencia, Percy Fernández Añez en su condición de Alcalde Municipal de Santa Cruz de la Sierra, interpuso Recurso de Apelación cursante de fs. 262 a 267.

En merito a esos antecedentes, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, emitió Auto de Vista Nº 70, de fecha 30 de marzo de 2010, cursante de fs. 321 a 322y vta., mediante el cual CONFIRMA PARCIALMENTE la Sentencia apelada y lo hace: a) en lo que declara probada en cuanto a la obligación del pago por los servicios de limpieza con la modificación de que lo adeudado corre del 01 de enero al 15 de febrero de 2005; b) en cuanto al pago de interés legales; y, c) en lo que declara probada la excepción de pago, por no haber sido punto de apelación dicho aspectos. REVOCA la Sentencia en lo que declara probado el pago de daños y perjuicios y se declara IMPROBADA la demanda en cuanto a ese punto. Sin costas. Asimismo, dicho Tribunal de Apelación emitió el Auto Nº 61, de fecha 21 de Abril de 2010, por el cual no dio lugar a la solicitud de Aclaración, Complementación y Enmienda del Auto de Vista, interpuesto por Ana María Encina Landívar en su condición de Alcaldesa del Municipio de Santa Cruz de la Sierra., por ser el referido Auto de Vista claro, completo y preciso en todos su términos.

Resoluciones que dieron lugar alos Recursos de Casación en el fondo, interpuestos por Ana María Encina Landívar en su condición de Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, así como el interpuesto por Odín Bauer Serrate apoderado de Carlos Odín Bauer Aramayo representante de la Empresa Unipersonal FULL SERVICE, los mismos que se pasan a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del Recurso de Casación en el fondo interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra:

1.ma Haciendo referencia que el presente es un Contrato Administrativo, refiere que el Auto de Vista al determinar el pago por servicios de limpieza contratados ilegalmente del 01 de enero al 15 de febrero de 2005, vulnera los preceptos legales siguientes: Art. 10 de la Ley del Sistema de Administración, Fiscalización y Control Gubernamental (LEY SAFCO); el D.S. 27328 (Procesos de Contratación de Bienes, Obras, Servicios Generales y de Consultoría), vigente en la fecha de suscripción del contrato 115/2004 y del Oficio 397/2004/D.M.V de 30 de Diciembre de 2004; el parágrafo II del art. 1 del mismo Decreto Supremo; el parágrafo III del Art. 13 del ya citado Decreto Supremo; el art. 49 del D.S 27328; EL Código Civil en su art. 493; y por sobre todo el art. 118.I de la Ley de Municipalidades, puesto que las actuaciones que no contemplan las condiciones de legalidad serían ineficaces  de pleno derecho.

De igual modo, acusa que se interpreta erróneamente el precepto legal de la Constitución Política del Estado referente a la retribución justa por el trabajo prestado, el que considera la recurrente sería viable siempre y cuando ese trabajo haya sido contratado conforme a las leyes que rigen en nuestro país.

2. Asimismo, arguyendo que se presentó el recurso de casación por el agravio sufrido cuando se reconoció la “ampliación del contrato” o “reconducción tácita del contrato”, a través de un simple oficio de funcionario incompetente, determinación que rechaza totalmente, basándose según refiere en la normativa legal vigente, por lo que consideran que el razonamiento de los Jueces de Alzada transgrede en forma directa, por ser imposible determinar un interés sobre una obligación no valida, por lo que considera que el pago de dañosy perjuicios al ser un planteamiento accesorio al pago de los supuestos meses adeudados, también le ocasiona agravios al Gobierno Municipal por lo que solicitan que también sea declarada improbada.

Finalmente acusa la incorrecta interpretación del art. 347 del Código Civil, arguyendo que el Auto de Vista declaró la inexistencia de mora hasta la fecha de emisión de dicha Resolución, sin embargo dichos Vocales continuarían fundamentando el pago de interés legal desde el día de la mora, cuando dicha mora fue declarada inexistente, por lo que concluye que solo cuando existe mora se puede aplicar interés legal tal cual lo estipula el art. 347 del Código Civil.

Por lo expuesto, la recurrente solicita se case el Auto de Vista de fecha 30 de marzo de 2010 saliente de fs. 321 a 322 y vta., declarando improbada la demanda en todas sus partes.

Del recurso de casación en el fondo interpuesto por la Empresa Unipersonal FULL SERVICE.

Acusa que en el considerando 1) del Auto de Vista, los jueces de Alzada obviaron referir que la póliza de cumplimiento de fs. 231 a 233 fue contratada con una vigencia de 12:00 a.m. de 31/12/04 hasta las 12:00 a.m. de 05.04.05, es decir desde el 31 de diciembre de 2004 hasta el 05 de abril de 2005, extremo que obligaría al contratante a responder por los meses de ampliación del contrato.

Del mismo modo, haciendo referencia al considerando 2) de la Resolución recurrida, refiere que los Vocales pasaron por alto documentos irrebatibles como el contrato en cuya cláusula Décima Novena permite la ampliación del servicio y los documentos de fs. 29,30 y 31, los cuales fueron originados en la segunda autoridad ejecutiva en línea, situación en la cual refiere que estaría la responsabilidad penal del Alcalde y sus abogados por Daño Económico al Estado.

Acusa que los considerados 3) y 4) del Auto de Vista constituyen una degradación que ofende a la administración de justicia, puesto que el documento legalizado de fecha 14 de marzo de 2005, cursante a fs. 40 contiene dos condiciones que el Tribunal de Alzada no podía pasar por alto.

Por lo expuesto el recurrente refiere que interpone Recurso de Casación contra el Auto de Vista Nº 70, de 30 de marzo de 2010 pidiendo al Tribunal de Alzada emita Resolución “casando la sentencia de primera instancia”, que dispone el pago por servicios de 01 de enero al 31 de marzo de 2005, debiendo aplicarse las multas contractuales al municipio demandado, mas pago de daños y perjuicios y lucro cesante.

CONSIDERANDO III:                                                                FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Que, el art. 106.I del Nuevo Código Procesal Civil, señala: "Nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la ley califique expresamente”, articulo que obliga a los Tribunales de Casación realizar una revisión exhaustiva con la finalidad de verificar si en diferentes instancias los operadores judiciales hubieran realizado sus actos dentro del marco de la competencia judicial, que se encuentra revestida por el orden público.

En razón a ese antecedente, en el marco delos recursos de casación que fueron interpuestos en el fondo, y de la revisión de obrados, corresponde establecer los siguientes aspectos:

El art. 47 de la Ley Nº 1178 en su parte final señala que "son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza...", así también el autor Rafael Bielsa en su obra “Principios de Derecho Administrativo” señala: “Es contrato Administrativo el que la Administración celebra con otra persona pública o privada, física o jurídica, y que tiene por objeto una prestación de utilidad pública”, acotando que “…en todo contrato administrativo deben concurrir los siguientes elementos esenciales A) Uno de los sujetos de la relación jurídica es la Administración pública (Estado, provincia, comuna o entidad autárquica) obrando como tal, es decir, como entidad de derecho público. B) El objeto del contrato es una prestación de utilidad pública; por ejemplo, un servicio público propio, un empleo público, una obra pública (de interés general o colectivo), etc.”.

Criterio similar expone Roberto Dromi al señalar que: “La caracterización del contrato administrativo resulta: a) del objeto del contrato, es decir, las obras y los servicios públicos cuya realización y prestación constituyen precisamente los fines de la Administración; b) de la participación de un órgano estatal o ente no estatal en ejercicio de la función administrativa, y c) de las prerrogativas especiales de la Administración en orden de su interpretación, modificación y resolución”.

En este contexto, este Supremo Tribunal de Justicia ha caracterizado como elementos generales de todo Contrato Administrativo: la existencia de un acuerdo de voluntades, la concurrencia de la Administración como una de las partes, la generación de obligaciones entre el contratista y la Administración, que el acuerdo de voluntades se forme para la satisfacción de un fin directo o inmediato de carácter público. Siendo los principales rasgos característicos de estas formas contractuales: la primacía de la voluntad de la administración por sobre la voluntad del particular, la cual se manifiesta en las condiciones del contrato; las formas solemnes en el procedimiento de contratación; el predominio de la administración en la etapa de ejecución, que se manifiesta en las denominadas cláusulas exorbitantes, por guardarse prerrogativas propias de los órganos estatales, como son, el poder de control, poder de modificación unilateral del contrato, entre otras, manifestación expresa de su papel protector de los intereses públicos.

Otra de las particularidades de los contratos administrativos es que se diferencian con los contratos civiles en virtud de que en los contratos civiles las partes tienen igualdad de condiciones y pueden determinar libremente el contenido de los contratos que celebran conforme lo establece el art. 454 del Código Civil; en cambio en los contratos administrativos "...el principio de la autonomía de la voluntad de las partes queda subordinado al interés público, por lo que no existe igualdad jurídica..." (Elizabeth Iñiguez de Salinas), no cuentan con igualdad y la Administración Pública puede unilateralmente modificar o extinguir cualquier contrato administrativo a diferencia del particular que no cuenta con dicha facultad.

Otra de las diferencias es que en los contratos regidos por el derecho privado, hay intereses privados entre las partes firmantes, en cambio en los contratos administrativos la Administración procura la satisfacción del interés público.

Por otra parte se debe señalar que la Constitución Política de Estado Plurinacional, así como la Ley del Órgano Judicial, reconocen y regulan las jurisdicciones especializadas y dentro de ellas a la jurisdicción contencioso administrativa, desarrollada y regulada por la Ley Nº 620 de 29 de Diciembre de 2014, al igual que la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990; así también, el Código de Procedimiento Civil en su art. 775 dispone: “En todos los casos en que existiere contención emergente de los contratos, negociaciones o concesiones del Poder Ejecutivo, conforme a las previsiones pertinentes a la Constitución Política del Estado, se presentará la demanda ante la Corte Suprema de Justicia…”, precepto normativo que tenía relación con lo normado en la anterior Constitución que también atribuía la competencia emergente de la contención de los contratos administrativos a la Extinta Corte Suprema de Justicia, que actualmente se encuentra regulada por la Ley Nº 620  de 29 de Diciembre de 2014, cuyo objeto “es crear en la estructura del Tribunal Supremo de Justicia y en los Tribunales Departamentales de Justicia, Salas en Materia Contenciosa y Contenciosa Administrativa.”, estableciendo sus atribuciones y competencias para la sustanciación de causas en sus art. 2 y 3, determinando además en su art. 6 que los procesos en curso, archivados y los presentados con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, continuarán siendo de competencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, puesto que el art. 10.I de la Ley Nº 212 Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional establecía que: “La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano ejecutivo, y de las demandas contenciosas-administrativas, a que dieren lugar las resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por Ley como Jurisdicción Especializada.”, aspecto que no debe ser confundido por las partes, ya que dicho precepto normativo sólo hace referencia a los procesos que se tramitan en Sala Plena y no así a los que de manera viciada se tramitaron en la jurisdicción ordinaria Civil, casos en los que corresponderá iniciar la correcta sustanciación en la vía que corresponde por ley.

En ese entendido, en el caso de Autos se advierte queCarlos Odín Bauer Aramayo en representación legal de la Empresa Unipersonal FULL SERVICE,por memorial cursante de fs. 54 a 60 y vta., interpuso en la vía ordinaria civil demanda de incumplimiento de obligación por resolución unilateral de contrato, pago por servicios devengados en la suma de Bs. 620.000.-, pago por el término incumplido de vigencia de contrato hasta el 31 de marzo de 2005, pago de intereses conforme a ley, multas, daños y perjuicios, costas judiciales y honorarios profesionales;acción que la interpuso contra el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, arguyendo que la ruptura del contrato de limpieza de Áreas Verdes Nº 115/2004 suscrito entre el municipio cruceño y Full Service, fue ilegal, dolosa y violenta.

En base a lo expuesto, corresponde referirnos al contrato Nº 115, de fecha 27 de julio de 2004, sobre prestación de servicios suscrito entre la H. Alcaldía Municipal de Santa Cruz de la Sierray la Empresa Unipersonal Full Service, el cual tiene como antecedentes la Licitación Publica Nº 005/2004 mediante la cual el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, convocó a las Empresas de Servicios interesadas en prestar sus servicios para la limpieza de áreas verdes, a que presenten documentos y propuestas técnicas y económicas para su evaluación, todo bajo las normas y regulaciones para contratación establecidas en el Decreto Supremo Nº 27328 y su Reglamentación. En ese entendido, la Comisión de Calificación de la entidad contratante luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas realizó el análisis y evaluación de las mismas, habiendo emitido informe de recomendación a la Autoridad competente de la Entidad contratante, el mismo que fue aprobado, en base al cual se pronunció la Resolución de Adjudicación Nº 106/2004 de fecha 9 de junio de 2004, resolviendo adjudicar la prestación de Servicios de Limpieza de Áreas Verdes por haber sido calificada en primer lugar al cumplir la propuesta con todos los requisitos de la convocatoria y ser la más aceptable y conveniente a los intereses del Estado. En virtud a esos antecedentes es que fue suscrito dicho contrato, siendo el objeto del mismo que la empresa contratadaejecute losServicios de limpieza de Áreas Verdes de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, aspectos de los cuales se deduce la existencia de un acuerdo de voluntades entre el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz y Full Service; de igual modose advierte la concurrencia de la Administración Publica como una de las partes contratantes, que en el caso concreto viene hacer el Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra; así también, se tiene la generación de obligaciones entre la Empresa Unipersonal Full Service y la Administración Pública, pactada en la prestación de servicios para ejecutar justamente los Servicios de limpieza de áreas verdes de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra dentro de los términos de referencia del pliego de condiciones que forman parte del citado contrato. En cuanto a la finalidad que llevó a las partes a suscribir el contrato de prestación de servicios Nº 115/2004, con el objeto de realizar el Servicio de Limpieza de Áreas Verdes de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, este no resulta privado ya que la limpieza de dichas áreas constituye un fin evidentemente de interés público de carácter social que va en beneficio de la colectividad.

De esta manera, en razón a lo establecido precedentemente, se concluye que el contrato de fecha 27 de julio de 2004, suscrito entre la Honorable Alcaldía Municipal de Santa Cruz de la Sierra y la Empresa Unipersonal FULL SERVICE, que es base del litigio resulta ser por su naturaleza un contrato administrativo sujeto a un régimen de regulación especial, en el que primordialmente rige el Derecho Público, que está orientado a la satisfacción del interés público, sin que ello suponga sacrificar los principios de justicia y equidad al que todo Estado debe enmarcarse, razón por la que este tipo de contratos están sujetos al derecho administrativo.

De lo expuesto supra se establece que las normas Constitucionales anteriores y actuales así como la normativa que rigen la materia, no confirieron ni confieren a la jurisdicción ordinaria civil la competencia para la tramitación de contención derivada de contratos administrativos ni actos administrativos, precisamente por la naturaleza de estos; por lo que los jueces de instancia al haber conocido y sustanciado en la vía ordinaria la presente causa obraron sin competencia en razón de la materia, siendo la misma de orden público determinada por ley, de observancia y cumplimiento obligatorio, por consiguiente sus actuacionesencuentran viciadas de nulidad, correspondiendo disponer la nulidad de todo lo obrado, pues en ese sentido ya se tienen emitidos varios Autos Supremos.

Por lo expuesto precedentemente corresponde emitir fallo en base a los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civily art. 106 del Código Procesal Civil, ANULA todo lo obrado sin reposición y dispone que la parte actora acuda ante la jurisdicción competente, conforme a la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014.

Sin responsabilidad por ser excusable.

De conformidad a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de Ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.