TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                            S A L A   C I V I L




Auto Supremo: 755/2015 - L

Sucre: 04 de Septiembre 2015

Expediente: LP-24-11-S

Partes: Silvia Nila Romero Viviani c/ Ronald Alfredo Mercado Lora

Proceso: Resolución de Contrato

Distrito: La Paz

                                                                                               

VISTOS: El recurso de casación de nulidad y/o casación cursante de fs. 471 a 475 y vta., interpuesto por Ronald Alfredo Mercado Lora contra el Auto de Vista Nº 367, de 29 de noviembre de 2010, cursante de fs. 465 y vta., pronunciado por la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz (hoy Tribunal Departamental de Justicia), dentro el proceso de Resolución de Contrato seguido por Silvia Nila Romero Viviani contra Ronald Alfredo Mercado Lora, la respuesta de fs. 478 a 479 y vta., concesión de fs. 480, los antecedentes procesales; y,


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


La Juez Octavo de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital La Paz, mediante Sentencia Nº 043, de 03 de febrero de 2010, cursante a fs. 439 a 444, declaró: IMPROBADA la demanda de fs. 40-41 en todas sus partes,  plateada por Silvia Nila Romero Viviani, y PROBADA en parte la demanda reconvencional  contenida en el memorial de fs. 304-315 subsanada a fs. 318-321 de cumplimiento de obligación más pago de intereses pactados y cláusula penal e IMPROBADA con relación a los daños y perjuicios.

Asimismo, con los fundamentos expuestos declaró PROBADA la excepción del Nom Adiplenti Contractus e IMPROBADAS las excepciones de prescripción, caducidad, falta de acción y derecho, abuso del derecho, improcedencia y falsedad de la demanda interpuesta por Ronald Alfredo Mercado Lora.

Deducida la apelación por la demandante principal y remitida la misma ante la instancia competente, la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz (hoy Tribunal Departamental de Justicia), mediante Auto de Vista Nº 367/2010, anuló obrados hasta fs. 438 vta., inclusive disponiendo que la Jueza de primera instancia pronuncie nueva Sentencia de acuerdo a los derechos expuestos por las partes, tanto en la demanda, respuesta, acción reconvencional y demás actuados.


En conocimiento de la determinación de segunda instancia, el demando y reconvencionista interpuso recurso de nulidad y/o casación, mismo que se pasa a analizar.


CONSIDERANDO II

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


En la Forma.-


1.- Que el Auto  de Vista habría sido dictado por Tribunal integrado contraviniendo la ley, ya que la Sala Civil Tercera funcionaria con un solo vocal  que resultaría ser el único relator y la vocal Dora Villarroel fue convocada el mismo día en el que se emitió el Auto de Vista recurrido es decir no habría participado  en el sorteo de la causa ni la relación del proyecto de Auto de Vista conforme estaba obligada por ley, por lo que se habría conformado sala contraviniendo lo dispuesto por ley haciendo nulos sus actos al tenor del art. 122 de la C.P.E.


2.- Que el Auto de Vista recurrido seria ultra petita, porque habría sido dictado más allá de lo pedido, ya que si se procedió a anular obrados debió ser por  la causal o fundamento esgrimido por el recurrente en apelación, y no forzar una anulación que sería inexistente realizada en confusión de institutos jurídicos de forma irresponsable.


En el Fondo.-


a).- Que existiría  abuso y errónea aplicación del art. 15 de la Ley de Organización Judicial, ya que este artículo no sería  aplicable para proceder o intentar revisar  la Sentencia desmereciendo la función del Juez de primera instancia.


b).- Que el tribunal de Alzada en Auto de Vista recurrido en afán del facilismo procesal se habrían olvidado del análisis del caso concreto procediendo a una errada interpretación y aplicación de los arts. 624 a 635 del C.C., que regularían los contratos de compra venta debidamente perfeccionada sin darse cuenta que en caso presente se estaría frente a un contrato de compra venta privado con reserva de propiedad.


Por lo expuesto solicitan que el Tribunal de Supremo case el Auto de Vista y el Auto complementario recurrido y deliberando en el fondo declare probada su reconvención y la excepción de non adimpletis contractus manteniendo firme la Sentencia de primera instancia, o alternativamente Anule hasta el vicio más antiguo.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


El recurrente plantea el recurso de casación en la forma y en el fondo, por lo que nos referiremos de inicio en lo que corresponde a la forma e indicaremos que:

En la Forma.-

Acusa que el Auto de Vista recurrido habría sido dictado más allá de lo pedido ya que si se procedió a anular obrados debió ser por la causal o fundamento esgrimido por la recurrente en apelación, y no forzar una anulación que sería inexistente, realizada en confusión de institutos jurídicos de forma irresponsable; al respecto corresponde señalar que:

El art. 115 de la C.P.E. Establece que: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.”, precepto constitucional que hace referencia a la tutela judicial efectiva y consagra el derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, es decir, el derecho que tiene toda persona a obtener una decisión judicial firme en un plazo razonable, y en un debido proceso sin dilaciones injustificadas. 

En esta consideración, tanto el Juez como el Tribunal son los llamados a hacer valer los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política del Estado y la ley en beneficio de quienes con razones justificadas reclaman su protección, ya que a partir de la aprobación de la Constitución Política del Estado de 2009 la justicia ha pasado a constituirse en una verdadera función pública que busca la concreción de la justicia material y la armonía Social, a través de la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho que tiendan a efectivizar la tutela judicial efectiva, descartando y dejando de lado cuestiones dilatorias injustificadas, que afecten  el tramite oportuno y eficaz que debería impulsarse a todo proceso judicial, razonamiento que debe ser tomado en cuenta por los tribunales y jueces de la jurisdicción ordinaria civil, pues el Estado a través de los operadores de justicia debe asegurar que el proceso se sustancie de manera pronta, oportuna, eficaz y sin dilaciones innecesarias e injustificadas; en otras palabras, que no se apliquen nulidades en sujeción a la letra muerta de la ley, sino que se debe realizar un análisis profundo para asumir esta decisión de ultima ratio.

En este marco, del análisis del Auto de Vista recurrido se tiene que el Tribunal de Alzada razono en el tercer considerando que: “…el método procesal de la acción de la resolución de los contratos difiere sustancialmente la aplicación de la subsección  III articulo 624 al 635 Capitulo Primero, Titulo II y Sección I arts. 568 al 579 Capitulo X, Título I, Parte Segunda del libro Tercero del Código Civil… en el primer caso procede por petición simple de evicción, vicios ocultos de la cosa o la disminución del precio, sin otro requisito procesal. En el segundo caso procede  por incumplimiento  de una de las partes con el requisito previo de la manifestación del cumplimiento emergente del principio nom adimpleti contratus… obviamente este requisito no corresponde por añadidura a la acción procesal prevista en los arts. 624 al 635 del Código Civil…”, concluyendo el Ad quem, que la Juez A quo habría confundido ambas acciones, razonamiento que corresponde ser analizado, toda vez que en el mismo se realizó un análisis de fondo en relación a los casos de procedencia de la acción de resolución de contrato, entendiendo que el Tribunal de Segunda instancia encontraría incongruencia en la decisión asumida por la Juez A quo.

Sin embargo es importante aclarar que si bien principio de congruencia procesal, pondera el derecho al debido proceso, este “no es absoluto”, pues se debe tomar en cuenta la trascendencia y la afectación que dicho vicio causa para suponer la nulidad de obrados, precautelando siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la C.P.E., esto siempre y cuando no se afecten otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes.

Ahora bien, el análisis realizado por la Juez A quo en la Sentencia de primera instancia se centró en el hecho de que la demandante no habría cumplido con la obligación de pago total del inmueble que adquirió y en cuanto a la posible existencia de vicos ocultos, la parte actora podría acudir al cumplimiento de la cláusula décimo primera (garantía de evicción  y saneamiento); por lo que, del examen del razonamiento de la Juez A quo y del Tribunal Ad quem, se tiene que ambos realizaron un análisis de fondo en cuanto a la acción de la resolución de contrato, no observando este Supremo Tribunal incongruencia en el razonamiento de la Juez A quo, que justifique la decisión anulatoria determinada por el Tribunal de Alzada, quienes por el contrario equivocaron su accionar al determinar la nulidad de la Sentencia en base a un razonamiento de fondo como el desarrollado en la Resolución recurrida en relación a la acción de la resolución de los contratos y “la aplicación de la subsección II articulo 624 al 635 Capitulo Primero, Titulo II y Sección I arts. 568 al 579 Capitulo X del Código Civil”.

En este entendido si el Tribunal de Alzada realizo dicho análisis disintiendo con lo  razonado por el Juez de primera instancia, correspondía resolver el fondo del proceso tomando en cuenta  los agravios expuestos en el recurso de apelación de fs. 448 a 450 y vta., tomando en cuenta ademas que las partes inmersas en un proceso no se vean afectados por retrasos injustificados, como ser el caso de nulidades injustificadas, dado que las dilaciones injustificadas por cuestiones intrascendentes, que no generen indefensión en alguna de las partes judiciales equivale a una falta de tutela judicial efectiva. Consiguientemente la decisión asumida en la Resolución recurrida no se justifica, haciéndose por consiguiente atendible el reclamo de la parte recurrente toda vez que con dicha nulidad se vulneró el derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones.

Siendo la decisión a asumirse anulatoria, por la evidente afectación al derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones y el derecho a la impugnación, derechos que se ven afectados por la nulidad de obrados dispuesta en Segunda Instancia, no corresponde considerar el recurso de casación en el fondo interpuesto por el recurrente. En consecuencia corresponde a este Supremo Tribunal fallar en la forma prevista por los artículos 271 num. 3), 275 con relación al 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil de Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 del 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 num. 3), 275 con relación al art. 254 num. 4) del C.P.C., ANULA hasta el Auto de Vista Nº 367, de 29 de noviembre de 2010, cursante a fs. 465 y vta., debiendo el Tribunal de Alzada, sin espera de turno y previo sorteo, dictar nueva Resolución dentro el marco establecido por el art. 236 del procedimiento civil respecto a la apelación deducida contra la Sentencia Nº 043/2010 cursante a fs. 439 a 444.

Siendo excusable el error, no se impone multa.

En aplicación del art. 17.IV de la Ley Nº 025, remítase copia de la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán