TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                                  S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 752/2015 - L                                                                Sucre: 04 de septiembre 2015                                                Expediente:CB6111S                                        Partes:FUNDACIÓN AGROCAPITAL representado por FernandoCáceres

Pacheco.c/Walter Saavedra Antezana, José Antonio Saavedra Aguilar,

Walter Mauricio Saavedra Aguilar y Nelly Aguilar deSaavedra.                Proceso:Dación en pago como prestación diversa de la debida y entrega de todos

los bienes comprometidos y gravados.        

Distrito:Cochabamba.


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondode fs. 251 a 255, interpuesto por Walter Saavedra Antezana, Nelly Aguilar de Saavedra, José Antonio Saavedra Aguilar y Walter Mauricio Saavedra Aguilar impugnando el Auto de Vista Nº 06/2011 de fecha 02 de febrero de 2011de fs. 246 a 247 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera de la ex Corte Superior de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de Dación en pago como prestación diversa de la debida y la consiguiente entrega de todos los bienes comprometidos y gravados, seguido por  FUNDACIÓN AGROCAPITAL representado por Fernando Cáceres Pacheco contra Walter Saavedra Antezana, José Antonio Saavedra Aguilar, Walter Mauricio Saavedra Aguilar y Nelly Aguilar de Saavedra, la concesión de fs. 258 vta., los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:                                                        ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Sexto en lo Civil de la ciudad de Cochabamba, dictó la Sentencia Nº 144/2005 de fecha 28 de diciembre de 2005 de fs. 192 a 199, declarando Probada la demandaprincipal y excepciones perentorias de ilegalidad, falta de acción y derecho interpuestas en contra de la demanda reconvencional e Improbadas la acción reconvencional y las excepciones perentorias interpuestas en contra de la demanda principal de improcedencia, ilegalidad, inviabilidad, prescripción, falsedad y falta de derecho, en consecuencia se declara la consolidación de la dación de pago, como prestación diversa de la debida, pactada en la cláusula tercera parte del punto 3.c del contrato elevado a Escritura Pública Nº 868/1993 de fecha 31 de julio de 1993, extendido por la Notaria de fe Pública Dra. María Luisa Alvarado Jacobs, disponiendo que los demandadosWalter Saavedra Antezana, José Antonio Saavedra Aguilar, Walter Mauricio Saavedra Aguilar y Nelly Aguilar de Saavedra entreguen en favor de la Fundación Agrocapital, los bienes detallados en la cláusula cuarta de la referida escritura pública y el informe pericial de fs. 71 a 98 de obrados, con las respectivas escrituras traslativas de dominio en el plazo de 30 días de ejecutoriada la presente sentencia, bajo conminatoria de ley.

Resolución de primera instancia que es apelada por los demandados por memorial de fs. 203 a 206 y vta., que mereció el Auto de Vista Nº 06/2011 de fecha 02 de febrero de 2011 de fs. 246 a 247 y vta., que confirma la Sentencia apelada.Resolución de Alzada que es recurrida de casación en el fondo yen la forma por los demandados Walter Saavedra Antezana, José Antonio Saavedra Aguilar, Walter Mauricio Saavedra Aguilar y Nelly Aguilar de Saavedra, que obtiene el presente análisis.

CONSIDERANDO II:                                                                        DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

De forma resumida y ordenada se pasa a detallar los fundamentos de agravio que expone la recurrente:

En el fondo:

1. Denuncia que la certificación a fs. 150 del proceso, acredita incuestionablemente que la deuda contraída por sus personas fue cancelada por la Secretaria PL 480 en fecha 11 de agosto de 1993, es decir 11 días después de que se suscribiera la escritura pública de fs. 11, esto demuestra de que la afirmación en sentido de que Agrocapital materializó el pago, es absolutamente incorrecta.

2. Acusa que los juzgadores incurren en error de derecho, porque la Escritura Pública Nº 868/1993 de fs. 11 establece que Agrocapital pagaría supuestamente al BHN Multibanco S.A., y no lo hace, y se encuentra plenamente acreditado que el pago lo realiza un tercero, la ejecución de las prestaciones de la escritura pública base de la presente acción, simple y llanamente son imposibles de perseguir o exigir por Agrocapital; porque en la presente acción la institución actora en ningún momento demostró la existencia de algún documento que acredite la transmisión o la subrogación mediante escritura pública posterior de la acreencia de la Secretaria PL 480 a favor de Agrocapital, por ello el documento base de la presente acción no es un elemento válido para fundar una resolución de segunda instancia, donde la prueba de fs. 150 demuestra el error de hecho, y la violación de los arts. 1286 y 1291 del CC, por aplicar criterios subjetivos en la interpretación del contrato.

3. Denuncia que la constitución de la sociedad y el propio pago como prestaciones, debían operar siempre que Agrocapital proceda al pago, y no lo hizo jamás, por consiguiente todos los conceptos vertidos a título de “contrato típico de dación en pago por prestaciones diversas a la debida” son absolutamente equívocos, por lo tanto, invocar los arts. 307 y 309 del CC no solo es un error de hecho, sino también de derecho, aspectos que pide sean corregidos. 

4. Finalmente señala las normas de derecho que fueron violadas, del Código Civil: arts. 295, 298, 324 y 326, 339, 384 y 385, 510 y 518, 963 y 966, 1306 y 1307, del Código de Comercio: arts. 62, y 818, y del Código de Procedimiento Civil: arts. 397 y 398.

En la forma:

1. Acusa falta de personería para responder a demandas reconvencionales; porque de la revisión del Testimonio Nº  132/97 de fecha 01 de junio de 1998 (fs. 1), se advierte que Fernando Cáceres Pacheco no posee facultades para responder a demandas reconvencionales, en todo caso el poder es general y no específico cual se requiere para una acción de esta naturaleza. Esto significa que se ha vulnerado el art. 58 del CPC al admitir el Juez la contestación a las demandas reconvencionales sin que concurra el instrumento legal que acredite su legitimación procesal o personería, en consecuencia se ha violado la disposición contenida en el art. 809 del CC, por lo tanto el Juez de origen debió rechazar la personería del Sr. Cáceres, en estricta aplicación de los arts. 58, 68, 69, 70 y siguientes y declarar la rebeldía de la institución demandada.

2. Denuncia omisión de declaración de rebeldía; de la revisión del cuaderno procesal, también se advierte que la fundación Agrocapital, nunca respondió legal y pertinentemente a la demanda reconvencional deducida por José Antonio Saavedra Aguilar y Walter Mauricio Saavedra. Agrega que Agrocapital, respondió dos veces a la misma demanda reconvencional, por tanto indiscutiblemente se han vulnerado las disposiciones contenidas en los arts. 345 y 346 del CPC, donde el juzgador sin advertir aquella irregularidad, incurrió en grave error procedimental de admitir dicha contestación mediante decreto de fs. 53 vta., y con aquella aparente contestación a la reconvención que en los hechos nunca aconteció, por lo que correspondía al juzgador antes de ingresar a la etapa de producción de pruebas, hacer uso de su facultad prevista por la Ley 1760, referido a disposiciones especiales, parágrafo I, inc. 1). De haberlo hecho habría advertido que Agrocapital nunca respondió a esta demanda, para seguidamente y antes de calificar el proceso, declarar la rebeldía de la institución actora en aplicación de los arts. 68 y siguientes del procedimiento civil, normas que fueron vulneradas.

3. Denuncia la omisión de resolución de incidentes, porque de la revisión de los memoriales de contestación a la demanda por los demandados (fs. 29 y 36), se advierte que el Otrosí 1, en la vía incidental se ha denunciado y puesto en consideración del juzgador que, siendo SAAFLOR una persona independiente, titular de derechos y obligaciones, se amplié o notifique con la demanda y la contestación para que dicha institución haga valer sus derechos, toda vez que la defectuosa demanda, estaba involucrando bienes de un tercero que no tiene intervención principal ni accesoria en la presente litis. El juez, en ambas oportunidades no obstante de haber tramitado correctamente el incidente de conformidad a las previsiones en los arts. 149, 150 y 152 del Código adjetivo, éste nunca fue resuelto de acuerdo al art. 154 del CPC, vulnerando reiterativamente los arts. 3 incs. 1), 2) y 3), 87, 90 y 154 del mismo adjetivo y por supuesto la previsión contenida en la Ley 1760, parágrafo I 1nc. 1) de la Disposiciones Especiales.

4. Notificación con el Auto de calificación del proceso y Auto complementario de calificación del mismo, no obstante de las graves irregularidades procedimentales denunciadas, el Juez de la causa califica el proceso mediante Auto de fs. 55, complementado por Auto de fs. 57. De la revisión de fs. 56, consta que los únicos notificados fueron Agrocapital y Walter Saavedra, no existe notificación de los otros demandados, por tanto se ha vulnerado las disposiciones contenidas en los arts. 247 de la Ley de Organización Judicial y art. 137 inc. 3) del CPC; no obstante de semejante omisión las partes ofrecen sus probanzas: Walter Saavedra y Nely de Saavedra (fs. 59), José Antonio y Walter Mauricio Saavedra Aguilar (fs. 62), y Agrocapital (fs. 100), es decir dentro el plazo de cinco días que prevé la ley a la fecha de aquella notificación que supuestamente habría dado inicio a la etapa probatoria. Si revisamos la notificación con el Auto que complementa la calificación de proceso (fs. 57), se advierte que con esta disposición se notificó en fecha 13 de julio del año 1999, es decir después de 28 días, también únicamente a Agrocapital y Walter Saavedra, no existiendo notificación a los demás sujetos procesales; si consideramos el art. 379, las partes deben proponer sus pruebas dentro los primeros cinco días de notificados con el auto que fijare los puntos de hecho a probar, y con el advertido de que el auto complementario de fecha 18 de junio de 1999, es parte indisoluble del Auto de calificación del proceso de 26 de abril de 1999, sin duda el plazo de prueba debió empezar a transcurrir a partir del día 14 de julio de 1999, por tanto las partes estaban obligadas a ratificar sus medios de prueba ofrecidos, en aplicación del art. 140 del CPC, por la sencilla razón de que los plazos comunes para ambas partes, empiezan a correr desde el día hábil siguiente de la última notificación. Al haber omitido la notificación con el Auto complementario a los demás sujetos procesales, el término de prueba en la presente acción jamás empezó a correr con la agravante de que tampoco ratificaron sus memoriales de ofrecimiento de pruebas, consiguientemente se ha vulnerado el art. 247 de la Ley de Organización Judicial, concordante con el art. 251 del CPC y normas anexas como los arts. 3 incs. 1), 2), 3), 87, 90, 139, 140, 141, 142, 372, 373, 374, 394 y 395 el código adjetivo, cuya observancia a estas normas de cumplimiento obligatorio no puede ser otra la nulidad de obrados conforme la prevención del art. 375 del CPC. 

Por lo expuesto, solicita casar el Auto de Vista recurrido, o anular obrados hasta el vicio más antiguo.

CONSIDERANDO III:                                                                FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Habiendo interpuesto recurso de casación en el fondo y en la forma, corresponde de inicio absolver los agravios de forma, porque de ser evidente la infracción acusada ya no sería necesario ingresar al recurso de fondo.

En la forma:

1.Sobre su denuncia de falta de personería para responder a demandas reconvencionales.

En relación a esta denuncia y muy al margen que la misma no es evidente, corresponde referir que en el proceso civil rige el principio dispositivo, en mérito al cual las partes son las únicas que pueden incoar la actividad jurisdiccional, es decir que las partes son absolutamente libres para disponer de sus intereses privados y reclamarlos o no judicialmente, en la medida que éstos consideren oportuno, éste principio constriñe también a los tribunales de instancia que al dictar una resolución no pueden ir más allá de lo pedido por las partes, por lo que en el marco de la ley es deber de las partes objetar e impugnar de las resoluciones que consideren agraviantes a sus derechos y garantías;en observancia de dicho principio,y una vez que hubieron tomado conocimiento de la providencia de fecha 12 de diciembre de 1998 y de 1º de abril de 1999 (fs. 48 y 54) donde el A quo da por respondido y por opuestas las excepciones a la acción reconvencional, con noticia contraria, correspondía a la parte ahora recurrenteimpugnar dichas determinaciones en el término establecido por ley y con los recursos que la ley le franquea, porquedicha omisión conforme al principio dispositivo no puede ser suplido de oficio por los Tribunales de instancia, al no haber procedido así su derecho conforme al principio de convalidación a precluído por desidia propia.

2. En relación a su denuncia incoherente de omisión de declaración de rebeldía.

De inicio corresponde concretar que la respuesta a la demanda reconvencional, es una facultad potestativa de la parte reconvenida, quien puede o no contestar a la mutua petición, porque su omisión no conlleva sanción alguna sino solo la perdida de dicha facultad procesal, con las consecuencias que implica dicha omisión.

Ahora bien, remitiéndonos al punto anterior debemos especificar que interpuesta las demandas reconvencionales de fs. 29 a 33 y de fs. 36 a 40 y vta., se corre en traslado a la parte actora, quien una vez que hubo tomado conocimiento de dicha mutua petición, responde por memorial de fs. 44 a 47, mereciendo la providencia de fs. 47 vta. donde se admite la contestación; no obstante, al haber solicitado la parte demandante la calificación del proceso, el A quo por providencia de fecha 18 de febrero de 1999, considerando que no se hubo notificado legalmente la acción reconvencional interpuesta por Walter Saavedra Antezana y Nely Aguilar de Saavedra a la parte actora y que el mismo solo ha respondido a la acción reconvencional interpuesta por José A. Saavedra Aguilar y Walter Mauricio Saavedra, por lo que con el fin de evitar nulidades posteriores, dispone nueva notificación con la demanda reconvencional referida a la parte actora; cumplida con la notificación, en cumplimiento de dicha providencia la parte demandante responde a la mutua peticiónpor memorial de fs. 53, la misma que es admitida por decreto de 1º de abril de 1999; sin embargo, una vez que la parte demandada hubo tomado conocimiento de los proveídos que admiten las contestaciones, en el término establecido por ley no refutan dichas determinaciones, de consiguiente dichos actos jurídico procesales al no haber sido objetados, conforme al principio de convalidación tienen toda la eficacia jurídica establecida por ley. Por lo mismo, en el presente caso de autos no corresponde la declaratoria de rebeldía, menos la aplicación del inc. 1) del parágrafo I de la SegundaDisposición Especial de la Ley Nº 1760, haciéndose infundado la infracción acusada.

3.Sobre su denuncia de omisión de resolución de incidentes. Y en relación a su denuncia de omisión en la notificación con el Auto que establece la relación jurídica procesal de fs. 55, complementado por auto de fs. 57, y vulneración de las disposiciones contenidas en los arts. 247 de la Ley de Organización Judicial y art. 137 inc. 3) del Código de Procedimiento Civil.

De inicio corresponde referir que la parte demandada no tiene legitimación procesal para recurrir o efectuar reclamos de presuntos vicios procedimentales que afectarían a los “demás sujetos procesales”, por lo que su reclamo resulta siendo impertinente.

De otro lado, debemos señalar también que las denuncias acusadas en el presente acápite no han sido motivo del recurso de apelación, por lo mismo no fueron considerados por el Tribunal de Alzada, en consecuencia no existe pronunciamiento alguno al respecto, en ese antecedente y conforme al principio del “per saltum” este Tribunal no puede ingresar a considerar los mismos.

Por lo que el recurso de forma deviene en infundado.

En el fondo:

1. Sobre su denuncia de error de hecho en relación a la certificación de fs. 150;error de derecho en la Escritura Pública Nº 868/1993 de fs. 11,y violación de los arts. 1286 y 1291 del Código Civil; yerror de hecho y de derecho al invocar los arts. 307 y 309 del Sustantivo Civil.

Al respecto, de la Escritura Pública Nº 868/1993 de compromiso de constitución de una sociedad anónima e hipoteca voluntaria de bienes de fs. 11 a 16, se conoce que el mismo fue suscrito en fecha 31 de julio de 1993; de la cláusula tercera del contrato que se encuentra inserta en la referida escritura pública se conoce que la Fundación Agrocapital acuerda que en la fecha del contrato procede a cancelar las obligaciones de los ahora recurrentes y de la empresa FLORES SAAFLOR de acuerdo a detalle, comprometiéndose estos últimos a conformar una sociedad anónima con la fundación bajo las condiciones preliminares detalladas, asimismo establecen que si en el término de 90 días de suscrito el documento no se procede a constituir la Sociedad Anónima, el presente documento será líquido y exigible, sin necesidad de requerimiento judicial previo para la declaratoria en mora, teniendo el valor de título ejecutivo y que asimismo se operará directamente la dación en pago por las deudas pagadas por la FUNDACIÓN y que los deudores entregarán todos los bienes que actualmente constituyen el patrimonio con el cual garantizaron su crédito en el Banco.

Asimismo, de la revisión de la certificación fs. 150 de obrados, se conoce que: “La obligación que tenía el Sr. Walter Saavedra Antezana frente al extinto BHN Multibanco S.A. fue cancelada por la Secretaria PL 480 en fecha 11 de agosto de 1993 por cuenta de la Fundación Agrocapital institución responsable de la administración del Fondo de Desarrollo Florícola”.

De donde se infiere que la obligación que tenía el Sr. Walter Saavedra Antezana con el BHN Multibanco S.A. fue cancelada por la Secretaria PL 480 por cuenta de la Fundación Agrocapital, cumpliendo de esta manera este último (Fundación Agrocapital) con el compromiso asumido en la cláusula primera y tercera del contrato inserto en la referida Escritura Pública Nº 868/1993, referida a la cancelación de la acreencia de los ahora demandados. De consiguiente la denuncia efectuada por la parte ahora recurrente en sentido de que el pago lo realiza un tercero, no es evidente, máxime si en ningún momento se acordóla transmisión o la subrogación de la deuda, sino solamente la cancelación de la obligación que tenía el Sr. Walter Saavedra Antezana con el BHN Multibanco S.A., extremo que ha sido cumplido por la parte actora. De consiguiente su denuncia se hace infundada.

2. En relación a su denuncia genérica de violación de normas.

En esta segunda parte los recurrentes no concretan el agravio denunciado, es más no vinculan de manera específica sus argumentos a las causales de procedencia establecidas por el art. 253 del Código de Procedimiento Civil y en definitiva no cumplen con el art. 258 num. 2) del adjetivo civil, porque no especifican en qué consiste la violación, falsedad o error, teniendo presente que estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente, lo que hace a su manifiesta inconsistencia.

De donde se concluye que los tribunales de instancia han fallado de forma correcta en el marco de la ley, haciéndose de esta manera infundados los agravios denunciados.

Por lo expuesto, corresponde emitir resolución en la forma prevista en el art. 271 núm. 2), y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los Arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADOel recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 251 a 255, interpuesto por Walter Saavedra Antezana, Nelly Aguilar de Saavedra, José Antonio Saavedra Aguilar y Walter Mauricio Saavedra Aguilar impugnando el Auto de Vista Nº 06/2011 de fecha 02 de febrero de 2011 de fs. 246 a 247 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera de la ex Corte Superior de Justicia de Cochabamba. Con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.