TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                            S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 743/2015 - L                                                                

Sucre: 02 de Septiembre 2015

Expediente: T 4 11 S                                                   

Partes: Honorable Alcaldía Municipal de Villa Montes c/ Arturo Salazar Echart,

            Margot Liendro Justiniano, Rita Elena Pacheco Arroyo, Homer Martínez,

            Luciana Rodas Sermeño, Jovita Rivero Valverde, Margot Dalcy López

            Gareca y Rode Nataly Tarraga                  

Proceso: Mejor Derecho Propietario, Reivindicación,  Desocupación y Entrega de

               Inmueble, Pago de Daños y Perjuicios.                        

Distrito: Tarija


VISTOS: El recurso de casación de fs. 203 a 204, interpuesto por Arturo Salazar Echart, Margoth Liendro Justiniano, Rita Elena Pacheco Arroyo, Luciana Rodas Sermeño y Margort Dalcy López Luis Gareca, contra el Auto de Vista Nº 115 de 13 de diciembre de 2010, cursante a fs. 195 a 200 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de Tarija, en el proceso ordinario de mejor derecho propietario, reivindicación, desocupación y entrega de inmueble más pago de daño y perjuicios, seguido por Rubén Walter Vaca Salazar H. Alcalde Municipal de Villa Montes contra Arturo Salazar Echart, Margot Liendro Justiniano, Rita Elena Pacheco Arroyo, Homer Martínez, Luciana Rodas Sermeño, Jovita Rivero Valverde, Margot Dalcy López Gareca y Rode Nataly Tarraga; el Auto de concesión de fs. 208; los antecedentes del  proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Rubén Walter Vaca Salazar, en su condición de Honorable Alcalde Municipal de la Tercera Sección de la Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, por memorial de fs. 9 a 10, adjuntado las literales de fs. 1 a 8, interpone demanda de mejor derecho propietario, reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, más pago de daños y perjuicios contra Arturo Salazar Echart, Margot Liendro Justiniano, Rita Elena Pacheco Arroyo, Homer Martínez, Luciana Rodas Sermeño, Jovita Rivero Valverde, Margot Dalcy López Gareca y Rode  Nataly Tarraga, alegando que por Escritura Pública Nº 9, de 02 de mayo de 2006, protocolizada por ante Notaria de Gobierno de la ciudad de Yacuiba, acredita que la H. Alcaldía Municipal mencionada es propietaria de un lote de terreno de 3.800 m2 de superficie, ubicada en el Barrio Ferroviario, Manzano Nº 602 de la ciudad de Villa montes, denominado “Hogar de Niño, Niña y Adolescente”, inmueble debidamente registrado en Derechos Reales bajo la Matricula Nº 6043010000882.

Refiere que el lote de terreno se encontraría ilegal y arbitrariamente ocupado por personas que aprovecharon la buena fe de las anteriores autoridades, haciendo uso abusivo de los predios sin autorización alguna, llegando al extremo de impedir que la H. Alcaldía Municipal lleve adelante el cerrado perimetral del Centro PAN que viene funcionado en ese lugar, menos permiten ejecutar el proyecto que tiene programado la Alcaldía como es la construcción del Centro de Rehabilitación y apoyo integral en ese lugar.

Por lo que al amparo del art. 22 de la Constitución Política del Estado (vigente en aquel entonces), arts. 85, 105, 1.538, 1.453 del Código Civil que reconoce la prioridad del registro y como titular del derecho que lo faculta usar, gozar y disponer del bien inmueble descrito supra, demanda mejor derecho propietario, reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, más pago de daños y perjuicios ocasionados a la propiedad municipal, pidiendo sea declara probada su demanda y se disponga la desocupación inmediata del lote de terreno. Con costas.

Citados los demandados, por memorial de fs.  33 a 35, se apersonaron Arturo Salazar Echart, Margoth Liendro Justiniano, Luciana Rodas Sermeño, Margoth Dalcy López Gareca y Rita Elena Pacheco Arroyo, niegan la demanda en todas sus partes y reconvienen por usucapión, nulidad de documentos y cancelación de registro en Derecho Reales, mas pago de daños y perjuicios. Posteriormente se apersona Homer Martínez Valverde por memorial de fs. 47, con los mismos argumentos de los otros codemandados.

Sustanciado el proceso en primera instancia la Juez de Partido y de Sentencia  Segundo de Villa Montes, mediante Sentencia de 19 de abril de 2010, cursante de fs. 143 a 158 y vta., declaró improbada la demanda principal, e improbada  la demanda reconvencional en lo que respecta a la usucapión y probada  en lo que respecta a la nulidad del testimonio Nº 09/2006 de protocolización de Ordenanza Municipal. Contra esa Resolución de primera instancia la parte demandante interpuso recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de Tarija, por Auto de Vista Nº 115, de 13 de diciembre de 2010 resuelve no aprobar la sentencia de fs. 143 a 158 y vta., en lo que corresponde a la nulidad de testimonio Nº 09/2006 de protocolización de Ordenanza, declarando improbada la demanda reconvencional de nulidad de testimonio de protocolización de la citada Ordenanza Municipal, revoca la Resolución que declara improbada la demanda de reivindicación y mejor derecho propietario y entrega de inmueble, por el contrario declara probadas esas pretensiones, ordenado a los demandados entreguen a favor de la entidad demandante el predio que ocupan en el plazo de tres meses; en contra de esta última Resolución de segunda instancia los demandados a fs. 203 a 204, recurren de casación en el fondo, mismo que se pasa a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


Del contenido del Recurso de Casación de fondo se tiene lo siguiente:

Acusa, violación del art. 201 de la Constitución Política del Estado (abrogada) y art. 20 de la Ley de municipalidades, señalando que si bien la Constitución le da potestades normativas, pero son de orden administrativo y no es una ley de carácter nacional.

Señala que admitir que la Ordenanza Municipal Nº 009/2006 constituye título de propiedad de la H. Alcaldía Municipal, vulnera los arts. 105, 108, 110 del Código Civil y arts. 84, 85, 89 y 93 de la Ley de Municipalidades 2028, art. 6 de la Ley de Regularización de Derecho Propietario, ya que en ninguno de los artículos mencionados figura que la Alcaldía Municipal de Villa Montes pueda ser propietario de un terreno que se encontraba y encuentra dentro del comercio humano.

Respecto de la reivindicación, acusa violación del art. 1.453 del Código Civil, en el entendido de que el mismo expresa claramente que el propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posea, en el caso presente aducen que la Honorable Alcaldía Municipal jamás estuvo en posesión del inmueble que se encuentran poseyendo antes y después de la emisión de la Ordenanza.

Por lo expuesto y fundamentado, en aplicación de los arts. 250 y 276 del Código de Procedimiento Civil interponen recurso de casación en el fondo contra el Auto de Vista N 115/2010, pidiendo a la Corte Suprema de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia case al Auto de Vista, objeto del presente recurso, disponiendo se deje sin efecto el mismo y apruebe la Sentencia dictada por la Juez de primera instancia.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Planteado el recurso de casación en el fondo, pasaremos a resolver el mismo conforme ha sido presentado:

Los recurrentes denuncian en su recurso de casación, violación del art. 201 de la abrogada Constitución Política del Estado y art. 20 de la Ley de Municipalidades

El citado art. 201 de la C.P.E., (abrogada) de manera textual establecía que “El Concejo Municipal tiene potestad normativa y fiscalizadora. Los Gobiernos Municipales no podrán establecer tributos que no sean tasas o patentes cuya creación, requiere aprobación previa de la Cámara de Senadores, basada en un dictamen técnico del Poder Ejecutivo. El Alcalde Municipal tiene potestad ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su competencia”

Del análisis de la citada norma constitucional, se advierte que la misma está referida al establecimiento de tasas y patentes, cuya creación requiere de la aprobación previa de la Cámara de Senadores, no siendo este el caso que nos ocupa.

Debemos hacer referencia al art. 12 de la Ley Nº 2028 de Municipalidades, misma que establece que el Concejo Municipal es la máxima autoridad del Gobierno Municipal, constituye el órgano representativo, deliberante, normativo y fiscalizador de la gestión municipal, entre sus atribuciones está la de “Dictar y aprobar Ordenanzas como normas generales del Municipio y Resoluciones de orden interno y administrativo del propio Concejo”. Atribución diferente a la aludida por los recurrentes respecto de las Tasas y Patentes, que requieren un trámite diferente.

El art. 20 de la Ley 2028 (Ordenanzas y Resoluciones Municipales).- establece “Las Ordenanzas Municipales son normas generales emanadas del Concejo Municipal. Las resoluciones son normas de gestión administrativa. Las Ordenanzas y Resoluciones son normas de cumplimiento obligatorio a partir de su publicación…..”

El caso presente el Concejo Municipal de Villa Montes, en cumplimiento a sus atribuciones contenidas en los citados artículos, ha emitido la Ordenanza Municipal sobre un terreno de propiedad Municipal, habiendo procedido con el trámite correspondiente previsto en el art. 6 de la Ley Nº 2372 (Ley de Regularización de Derecho Propietario Urbano) sobre el lote ubicado en el barrio Ferroviario, cuya superficie es de 3.800 m2., denominado “Hogar Niño, Niña y Adolescente”. Que por disposición de la ley Nº 2372, cuyo art. 6 dispone que es obligación de los Gobiernos Municipales inscribir el derecho de propiedad de sus predios en Derechos Reales, bajo este entendimiento la Honorable Alcaldía Municipal de Villa Montes ha procedido a registrar el inmueble declarado de su propiedad, conforme se tiene evidenciado por la documentación adjunta, no siendo evidente el agravio denunciado.

Acusa violación de los arts. 105, 108, 110 del Código Civil y arts. 84, 85, 89 y 93 de la Ley de Municipalidades 2028, art. 6 de la Ley de Regularización de Derecho Propietario, al admitir que la Ordenanza Municipal Nº 009/2006 constituiría título de propiedad de la H. Alcaldía Municipal.

Al considerar los demandados que la Ordenanza Municipal antes mencionada no sería título suficiente que acredite el derecho propietario del Municipio sobre los predios en cuestión, cabe señalar que la misma Ordenanza reconoce el derecho propietario y en tanto esta no se deje sin efecto y su registro en Derechos Reales se encuentre vigente, la misma tiene plena validez y eficacia jurídica, siendo  oponible a terceros, conforme lo dispone el art. 1.538 del Código Civil.

Respecto de la reivindicación, los recurrentes acusan violación del art. 1.453 del Código Civil, en el entendido de que el Tribunal de Alzada al revocar la Sentencia de primera instancia y declarar probada la demanda de reivindicación, entrega y desocupación de inmueble, habría incurrido en error, debido a que el Municipio jamás estuvo en posesión del predio.

En el caso que nos ocupa la Resolución objeto del presente recurso luego de revisar los antecedentes procesales considera que la “acción de reivindicación esta fundamentalmente dirigida a recuperar (y excepcionalmente a adquirir) la posesión perdida, puesto que de esta acción real nace del dominio, cuando en verdad surge cualquiera de los derechos reales que confieren la posesión de la cosa. Tampoco es rigurosamente exacto que la acción nace cuando el propietario ha perdido la posesión. Con mayor propiedad podría definírsela como la acción que puede ejercer el que tiene derecho a poseer una cosa para reclamarla de quien efectivamente la posee”. Argumentos legales que llevaron al Tribunal de Alzada a declarar probada la demanda de reivindicación.

En el caso de Autos la entidad demandante ha demostrado su derecho propietario sobre el inmueble, por documental de fs. 4 a 7, debidamente registrado en Derechos Reales bajo la Matricula Nº 6043010000882 de fecha 21 de junio de 2006, acreditando ser propietario del mismo, por consiguiente tiene los dos elementos de la posesión que son el corpus y el animus, por lo que no necesitaba demostrar la posesión física o material del lote para solicitar la reivindicación, el hecho de ser propietario le confiere los dos elementos de la posesión como se tiene dicho precedentemente (corpus y el animus). Al respecto Gonzalo Castellanos Trigo en su Libro posesión, usucapión y reivindicación, edición 2011, establece “Que el derecho propietario es el poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de la cosa. Puede el propietario además de ejercer las acciones tendentes a mantener el derecho, el cual por su naturaleza conlleva “la posesión” emergente del derecho mismo, consiguientemente no necesariamente debe estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta de que tiene la “posesión civil” que está integrada por sus elementos “corpus” y “animus”. Generalmente el propietario aun cuando no esté en posesión natural o actual de su inmueble puede perder la posesión o tenencia misma por acción de terceros como ocurre, por lo que sería una utopía la eyección, desconociéndose el concepto de dominio y la posesión misma que le confiere al propietario de usar y gozar del bien. De ahí que la acción reivindicatoria esta acordada al propietario cuando ha perdido la posesión corporal de su inmueble en manos de un tercero”. De lo que se infiere, que el demandante, al ser titular del derecho propietario, no necesita demostrar cuando estuvo en posesión física del inmueble, ya que el hecho de ser propietario, implícitamente la ley le reconoce el corpus así como el animus, por consiguiente toda legitimación para solicitar su reivindicación.

El art. 1.453 del Código Civil, establece a la acción reivindicatoria como un derecho que le asiste a todo propietario para reivindicar su bien de quien la posee o la detenta, en ese entendido, en el caso presente al haber el demandado  demostrado ser el titular del derecho que se reclama hace procedente la aplicación de la citada norma a efecto de que pueda ejercer plenamente su derecho propietario sobre el bien objeto de litis, conforme lo dispone el art. 105 del mismo cuerpo legal.

Consiguientemente el Auto de Vista al considerar que la Sentencia apelada habría cometido vulneraciones que enmendar, revoca la sentencia disponiendo la restitución del inmueble a favor de la Alcaldía Municipal de Villa Montes.

Por los fundamentos, corresponde a este Tribunal resolver conforme lo estipulado en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por Arturo Salazar Echart, Margoth Liendro Justiniano, Rita Elena Pacheco Arroyo, Luciana Rodas Sermeño y Margort Dalcy López Luis Gareca, contra el Auto de Vista Nº 115, de 13 de diciembre de 2010, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de Tarija. Sin costas por no existir respuesta al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.