TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                           S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 739/2015 - L

Sucre: 02 de Septiembre 2015

Expediente: B - 13 - 11 S

Partes: Mercedes Pereira Iriarte c/ Rudy Caya Monasterio

Proceso: Nulidad de Escritura Pública y otros

Distrito: Beni


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 150 a 154 y vta., interpuesto por Hans Soruco Suarez en representación de Mercedes Pereira Iriarte contra el Auto de Vista Nº 097, de 22 de septiembre de 2010 que cursa de fs. 134 y vta., emitido por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia (hoy Tribunal Departamental de Justicia) del Distrito de Beni, dentro el proceso de nulidad de Escritura Pública y otros, seguido por la recurrente en contra de Rudy Caya Monasterio, la concesión del recurso de fs. 165, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Mixto de Riberalta, pronunció la Sentencia signada con Resolución Nº 111, de 17 de abril de 2010 que cursa de fs. 121 a 124, declarando probada la demanda e improbada la reconvención y la excepción de falta de acción y derecho, como consecuencia de la misma declaró nula la Escritura Pública Nº 527/2009 de 9 de septiembre de 2009 y su inscripción en la oficina de Derechos Reales; asimismo declaró la inexistencia de derechos de Rudy Caya Monasterio sobre el bien objeto de litis, reconociendo el derecho propietario de la actora contenido en el documento de 7 de febrero de 2000 suscrito con Edwin Caya Cortez; asimismo deja sin efecto la posesión efectuada mediante proceso interdicto de adquirir la posesión tramitado ante el Juzgado 1º de Instrucción en materia Civil y Familiar.

Resolución de primera instancia que fue recurrida de apelación por la parte demandada y resuelta mediante Auto de Vista de fs. 134 y vta., que anula obrados hasta “el estado de la demanda” a efectos de que el A quo disponga la integración a la litis de Sandro Stefano Giordano García, fallo que a su vez es recurrido de casación objeto de estudio.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Describe los arts. 194 del Código de Procedimiento Civil y 547 del Código Civil, para señalar que las personas que no han sido parte en el proceso no son afectados en sus derechos por una Sentencia pues ello vulneraría el derecho a la defensa, pues una Sentencia solo afectaría a las partes sus herederos y causahabientes.

Señala que se demandó a Rudy Caya Monasterio y no a Sandro Stefano Giordano García, pues el único beneficiado con el terreno fue Rudy Caya y no Sandro Stefano Giordano García razón por la cual la Sentencia no afecta a este último.

Cita el art. 50 del Código de Procedimiento Civil y arguye que las partes en un proceso son el Juez el demandado y el demandante, por ello la Sentencia no afectará los derechos de Sandro Stefano Giordano García ni a sus herederos o causahabientes, por ello se ha violado el art. 194 del adjetivo civil, por lo que mal podía anularse obrados, habiéndose interpretado erróneamente el mencionado articulado, exponiendo que conforme al art. 1451 del Código Civil no le alcanzarán los efectos de la Sentencia, por ello acusa infracción del art. 194 del Código de Procedimiento Civil y los arts. 1541 y 547 del Código Civil.

Refiere los principios de las nulidades procesales y el art. 247 de la Ley de Organización Judicial y señala que la nulidad del documento no afectará a Sandro Stefano Giordano García y finalmente cita el art. 117 de la Constitución Política del Estado y mal se puede indicar que la Sentencia dictada en litis no le alcanza a Sandro Stefano Giordano García.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Todo el recurso de casación se encuentra orientado a cuestionar la anulación dispuesta por el Ad quem, en la que se alega infracción de los arts. 194 del Código de Procedimiento Civil, y los arts. 1451 y 547 del Código Civil.

Al efecto se dirá que el Ad quem, en su criterio, advirtió vicio de nulidad en el proceso en sentido de que la pretensión está encaminada a buscar la Nulidad de la E.P. Nº 527, de 9 de septiembre de 2009 (transferencia efectuada por Empresa BOLITAL LTDA. en favor de Rudy Caya Monasterio) y en el caso sub lite no fue demandado el representante legal de dicha empresa, por lo que dedujo la aplicación de litisconsorte pasivo necesario.

Antes de considerar el vicio corresponde reflejar la pretensión del caso de Autos, por el que Mercedes Pereira Iriarte, refiere que Empresa Forestal y Agrícola “BOLITAL” LTDA. representado por Giovanni Giordano Tolosano (fallecido) hubiera transferido un bien inmueble ubicado en la Av. Placido Méndez, en favor de Erwin Caya Cortez, mediante documento de 7 de enero de 1991 confirmada o ratificada mediante documento de 28 de octubre de 1998; luego de ello Erwin Caya Cortez transfirió el mencionado inmueble en favor de Mercedes Pereira Iriarte mediante documento de 7 de febrero de 2000, documentos que no fueron registrados en Derechos Reales, posteriormente ante el deceso de Erwin Caya Cortez, los hijos de éste hubieran solicitado al actual representante de “BOLITAL” LTDA. (Sandro Stefano Giordano García) que les firme una nueva minuta de transferencia, que fue efectuada en favor de Rudy Caya Monasterio (sucesor de Erwin Caya Cortez) y constituida mediante E.P. Nº 527, de 9 de septiembre de 2009, la cual impugna de nulidad.

El art. 194 del Código de Procedimiento Civil, señala lo siguiente: “(Alcances de la sentencia).- Las disposiciones de la sentencia sólo comprenderán a las partes que intervinieren en el proceso y a las que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas”, la norma de referencia señala el carácter extensivo de la Sentencia, pues refiere que la misma podrá afectar a terceros, aun no hayan participado del proceso, los que tengan un derecho o una relación jurídica con una de las partes del proceso de acurdo a la naturaleza del caso que se litiga, la norma descrita tiene estrecha vinculación con el art. 67 del Código de Procedimiento Civil que refiere a litisconsorcio, que corresponde ser analizado.

Para el entendimiento de lo expuesto precedentemente, sobre la clasificación del  instituto del litisconsorcio este Tribunal ha emitido el Auto Supremo Nº 260/2015 de 14 de abril, en el que se ha señalado lo siguiente: “Ahora bien, el fundamento del Ad quem para disponer la nulidad de obrados se basa esencialmente en la falta de conformación del “litis consorcio pasivo necesario”. Al respecto el art. 67 del Código de Procedimiento Civil al referirse al litisconsorcio preceptúa que: “Varias personas podrán demandar o ser demandadas en el mismo proceso, cuando las acciones fueren conexas por el título, el objeto, o por ambos elementos a la vez”; por su parte la doctrina clasifica al litis consorcio en activo, pasivo, mixto, necesario y facultativo, correspondiendo a efectos del presente caso relievar las dos últimas clasificaciones referidas, respecto a los cuales el tratadista Enrique Lino Palacios en su obra “Derecho Procesal Civil” Tomo III, indica que: “El litisconsorcio es facultativo cuando su constitución obedece a la libre y espontánea voluntad de las partes, y es necesario cuando la pluralizada de sujetos se halla impuesta por la ley o por la naturaleza de la relación o situación jurídica que constituye la causa de la pretensión procesal”, ampliando el criterio referido manifiesta: “Existe litisconsorcio necesario cuando la eficacia de la sentencia se halla subordinada a la circunstancia de que la pretensión procesal sea propuesta por varias personas, o frente a varias personas, o, simultáneamente, por o frente a varias personas”. En cuanto al litisconsorcio facultativo, indica que éste, “…se caracteriza por el hecho de responder a la libre y espontánea voluntad de las partes que intervienen en el proceso. Por lo tanto, no viene impuesto por la ley o por la naturaleza de la situación jurídica controvertida, sino que se halla autorizado por razones de economía procesal y de certeza en la aplicación del derecho, es decir, respectivamente, sea para evitar la dispersión de la actividad procesal o el pronunciamiento de sentencias contradictorias…”

Como se refirió supra, la doctrina clasifica el instituto del litisconsorcio en necesario y facultativo, este último se aplica al hipotético de que ante una pretensión formulada por un tercero, el demandado (comprador y titular del bien objeto de la litis) tiene la facultad de solicitar al Juez se integre al proceso al vendedor, mediante la figura de la excepción de citación previa al garante de evicción, para que asuma conocimiento del proceso y asuma la defensa del mismo, empero dicha figura es a requerimiento del demandado, quien resulta ser la apersona en contra de la cual se ha dirigido la demanda, siendo así la figura se llega a constituir en litisconsorcio facultativo, porque pende de la voluntad del demandado.

Ahora en el caso sub lite, ante la eventualidad de la pretensión de nulidad de la E.P. Nº 527/2009, el demandado Rudy Caya Monasterio podía solicitar la integración a la litis del representante legal de “BOLITAL” LTDA (garante de evicción), empero al no haber optado la misma ha asumido que la litis se lleve sin la presencia de su vendedor, consiguientemente la misma no podía ser confundida con el litisconsorte necesario, siendo la misma un litisconsorcio facultativo, a petición del demandado, por lo que corresponde corregir el error incurrido por el Ad quem, por lo que se advierte infracción de los arts. 194 y 67 del Código de Procedimiento Civil, al haberse dispuesto la nulidad de obrados, que corresponde ser enmendada.

Por lo expuesto este Tribunal Supremo de Justicia, emite fallo en la forma descrita por el art. 271 num. 3) con relación al art. 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y los arts. 271 num. 3) y 275 ANULA el Auto de Vista de Vista Nº 097, de 22 de septiembre de 2010 que cursa de fs. 134 y vta., y dispone que la actual Sala Civil del Tribunal Departamental del Beni dicte nueva Resolución en atención del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, previo sorteo y sin espera de turno.

Sin responsabilidad por ser excusable.

De conformidad, a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025 remítase una copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.