TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                      S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 734/2015 - L

Sucre: 27 de agosto 2015

Expediente: CB-49-11-S

Partes: Valentina Balderrama Torrico. c/ José Rubén Camacho Arnez.

Proceso: Acción Pauliana.

Distrito: Cochabamba.

                                                                                               

VISTOS: El recurso de casación en el fondo cursante de fs. 1312 a 1316 de obrados, interpuesto por Rubén Camacho Arnez y otros contra el Auto de Vista Nº REG/S.CII/RR/ASEN.38/21.01.2011, cursante de fs. 1307 a 1308 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia de Cochabamba (hoy Tribunal Departamental), dentro el proceso de acción pauliana seguido por Valentina Balderrama Torrico contra  José Rubén Camacho Arnez, la concesión de fs. 1319, los antecedentes procesales, y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


El Juez Décimo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cochabamba, mediante Sentencia Nº 197/2007 de 11 de junio de 2007 cursante de fs. 1173 a 1178 vta., declaró: IMPROBADA la demanda de fs. 113 instaurada por Valentina Balderrama Torrico y proseguida, a su fallecimiento, por sus herederos Milka Tania Barrientos Andia y Jonny Hernán Barrientos Andia; en consecuencia probadas las excepciones de falta de acción y derecho opuestas por el defensor de oficio mediante memorial  de fs. 256. Con costas.

Deducida la apelación por la demandante y remitida la misma ante la instancia competente, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia de Cochabamba (hoy Tribunal Departamental de Justicia), mediante Auto de Vista Nº REG/S.CII/RR/ASEN.38/21.01.2011, anuló obrados hasta el Auto de relación procesal de fs. 285 vta., y el complementario de fs. 289 vta., ordenando al Juez A quo  de manera inmediata dicte nuevo Auto de relación procesal.


En conocimiento de la determinación de segunda instancia, la demandante interpuso recurso de casación, mismo que se pasa a analizar.


CONSIDERANDO II

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


Que la nulidad solo se aplicaría como remedio extremo en los casos que afecte gravemente el debido proceso, y en materia de nulidades rigen principios en cuya virtud en el caso presente, la supuesta omisión del A quo de no haber incluido en los puntos de hecho fijados, las excepciones formuladas por el defensor de los presuntos herederos de Victoria Velarde, no están contemplados en las cáusales de nulidad procesal, por lo que el Auto de Vista recurrido contendría expresa violación de normas legales (art. 251.I-II del CPC y 247 LOJ) y el principio de especificidad.


Que los alcances de la Sentencia beneficiarían a todos los demandados, siendo así, no existiría daño alguno a los otros presuntos herederos de victoria Velarde representados por el defensor de oficio y que de acuerdo al principio de convalidación , no habría lugar a la nulidad  de obrados cuando el acto procesal no ha sido observado por la parte a quien el hecho podría provocar abuso y en el caso presente notificado el defensor de oficio no habría objetado el Auto de relación procesal  por lo que tácitamente habría convalidado el mismo, y finalmente por el principio de oportunidad de impugnación sobre el hecho irregular este debe efectuarse en el momento procesal correspondiente y el defensor de oficio no habría objetado dicho Auto de relación procesal, estos principios aplicables al caso harían inviable e ilegal la nulidad dispuesta por el Tribunal de Alzada.


Que el defensor de oficio a tiempo de responder opuso excepciones sin aclarar si estas son previas o perentoria, hecho que provoco que mediante Auto de primero de noviembre de 2004 se rechace las excepciones de impersoneria, oscuridad y contradicción e imprecisión en la demanda por ser extemporánea manteniendo solo la falta de acción como excepción perentoria  y en todo caso notificado el defensor de oficio con el Auto de relación procesal no habría objetado el mismo, es más dada la inexistencia de otros herederos de Victoria Velarde el defensor de oficio no habría ofrecido ni producido ninguna prueba, por consiguiente no existiría daño alguno en cuya virtud la nulidad carecería de sentido y solo provocaría daños a su persona.


Por lo expuesto solicitan que el Tribunal de casación pronuncie resolución casando el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo confirme la Sentencia apelada.

CONSIDERANDO III:                                                                              FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De la revisión del recurso de casación interpuesto por Rubén Camacho Arnez se debe precisar que el mismo solo contiene agravios de forma que atacan la decisión anulatoria de la resolución recurrida y no de fondo, razón por la que su pretensión en sentido de que se case el Auto de Vista recurrido y se delibere en el fondo confirmando la Sentencia apelada, resulta desatinado con los fundamentos de su impugnación, sin embargo, en resguardo de los principios constitucionales que orientan la nueva forma de comprender la función jurisdiccional, entre ellos el principio pro actione, corresponde realizar las siguientes consideraciones.

El recurrente en lo principal de su recurso acusa que la supuesta omisión del A quo de no haber incluido en los puntos de hecho fijados, las excepciones formuladas por el defensor de los presuntos herederos de Victoria Velarde, no están contemplados en las cáusales de nulidad procesal, y que no existiría daño alguno, ya que en el caso presente, notificado el defensor de oficio no habría objetado el Auto de relación procesal  por consiguiente la nulidad carecería de sentido y solo provocaría daños a su persona; al respecto corresponde precisar lo siguiente:

En principio corresponde señalar que en tema de nulidades se debe tomar en cuenta que a tiempo de anular, no sólo se trata de precautelar meras formalidades, sino de garantizar que el proceso se desarrolle en resguardo del derecho de ambas partes; por lo que en el análisis se debe tomar como base los principios que rige la materia de nulidades procesales sobre los cuales, Este Supremo Tribunal y la ex Corte Suprema de Justicia han orientado en varios autos supremos, entre ellos tenemos;

El principio de trascendencia que se sustenta en el precepto pas nullite sans grief, que significa que "no hay nulidad sin perjuicio", es decir, para la procedencia de una nulidad tiene que haber un perjuicio cierto e irreparable por lo que la violación formal debe trascender en la esfera del debido proceso y tener incidencia en la decisión de fondo y el derecho a la defensa de las partes; el Principio de Legalidad conocido también como el principio de especificidad que se sustenta en el precepto de pas nullite sans texte, que significa que “ningún acto procesal será declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción”, principio que actualmente se aplica de forma mucho más flexible, y con mayor criterio práctico para lograr una decisión eficaz; el Principio de finalidad del acto procesal propugna que las nulidades no tienen como finalidad observar el incumplimiento de las formas procesales, sino que los actos procesales son válidos si han cumplido sus efectos; el Principio de protección que se sustenta en el precepto Propiam Turpidenen allegan non est audiendus, que significa “que la parte que ha dado lugar a la nulidad, no puede alegar la invalidez del mismo acto”, pues quien deduce la nulidad debe acreditar un perjuicio cierto y actual a su derecho de defensa, demostrando también su interés en la subsanación del vicio; y el Principio de Convalidación por el que una persona que estando facultado para pedir la nulidad no lo hace en el momento preciso, corrobora la verdad, certeza o probabilidad de una cosa, está confirmando el acto.

En este marco, de la revisión del Auto de Vista recurrido se tiene que el Tribunal de Alzada en aplicación del art. 15 de Ley de Organización Judicial en concordancia con los arts. 90 y 252 del CPC, en base a la revisión de oficio asumió decisión anulatoria de obrados; por lo que se debe señalar que si bien el art. 15 del Ley de Organización Judicial permitía a los Tribunales la revisión de las actuaciones procesales de oficio, esta facultad es limitada a aquellos asuntos previstos por ley, entendiendo, que el régimen de revisión no es absoluto, sino limitado por factores legales que inciden en la pertinencia de la nulidad para la protección de lo actuado, por lo que en el caso de que un Juez o Tribunal advierta algún vicio procesal, este en virtud del principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria, esta obligado compulsar los mismos a la luz de los principios procesales expuestos supra, es decir, se debe tener presente que una nulidad de oficio solo procederá cuando la ley así lo determine o exista evidente vulneración al  debido proceso en cualquiera de sus componentes, cuando tenga incidencia directa en la decisión de fondo o el derecho a la defensa esté seriamente afectado, lo contrario significa un quebrantamiento al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, en esa consideración no corresponden los rigorismos que tiendan a producir nulidades por anomalías o vicios procesales que no tenga incidencia trascendental en el proceso.

En el caso de Autos, el Tribunal de Segunda instancia anulo obrados hasta el Auto de Relación procesal de fs. 285 vta., debido a que el Juez A quo habría omitido  consignar como puntos de hechos a probar las excepciones planteadas por el defensor de oficio de los presuntos herederos de Victoria Velarde, sin tomar en cuenta que  el Juez A quo mediante Auto de fs. 276 vta., solo admitió la excepción de falta de acción y derecho, por ser la única excepción perentoria rechazando las demás por no habérselas interpuesto como previas en el plazo establecido por ley; ahora bien, el  Juez de primera instancia  en el Auto de relación procesal de fs. 285 vta.,  dispuso: “… se hace constar de que se fijan puntos de hecho a probar solo para el demandante en vista de que, por la respuesta negativa de la parte demandada la carga de la prueba incumbe a la actora  lo que no obsta para que aquel (el demandado) pueda producir la contraprueba pertinente.”.

De esto, se entiende que siendo los presuntos herederos representados por el defensor de oficio codemandados, estos tenían salvada la facultad de producir prueba para destruir la pretensión principal ya sea probando la excepción de falta de acción y derecho o desvirtuando lo señalado por la actora, de lo que se advierte que no se les ha producido indefensión, en este entendido y en función a los  principios que rigen las nulidades, el vicio identificado por el Tribunal Ad quem no resulta trascendente porque no tiene incidencia en la decisión de fondo, y tampoco fue objetado u observado por la parte interesada en el momento procesal oportuno, o advirtiéndose vulneración al debido proceso o al derecho a la defensa de alguna de las partes, por lo que no correspondía la decisión anulatoria tomada por parte del Ad quem.

En este entendido, el Tribunal de Alzada a momento de efectuar la revisión de los actuados procesales y determinar la nulidad de obrados, debió considerar si realmente el vicio procesal identificado era insalvable y necesario, pues resulta imperativo que el Juez o Tribunal realice la adecuada ponderación respeto de la afectación del bien o bienes jurídicos que se pretenden proteger o restablecer, frente a la afectación que se ha generado al interior del proceso y para las partes, aun tratándose de normas de orden público y cuya vulneración esté sancionada de manera expresa con nulidad; ya que, reiterando lo expuesto supra, la nulidad procesal no puede ser impuesta bajo un exacerbado el criterio rigorista en tanto no se detecte la existencia de vicios insalvables que conculquen no sólo el orden público, sino de manera fundamental el debido proceso, fundamentos que deben ser tomados en cuenta, más aún en casos como el presente donde hasta la fecha de emisión del Auto de Vista recurrido las partes ya tuvieron un recorrido de siete años en estrados judiciales, buscando respuesta a sus pretensiones.

Por todo lo expuesto, se tiene que el Tribunal de Alzada, al anular obrados hasta que se dicte nuevo auto de relación procesal, ha excedido la facultad que le reservaba el art. 15 de la Ley de Organización Judicial (derogado), consiguientemente la decisión asumida en la resolución recurrida no se justifica,  haciéndose por consiguiente atendible el reclamo del recurrente toda vez que con dicha nulidad se vulneró el derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; por  lo que siendo evidente la infracción acusada en la que incurrió el Tribunal de Alzada, corresponde a este Supremo Tribunal fallar en la forma prevista por los artículos 271 num. 3), 275 con relación al 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil de Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 del 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 num. 3), 275 con relación al art. 254 num.4) del CPC., ANULA el Auto de Vista Nº REG/S.CII/RR/ASEN.38/21.01.2011, cursante de fs. 1307 a 1308 vta., y se dispone que sin espera de turno y previo sorteo el Tribunal Ad quem resuelva la apelación, en sujeción a lo dispuesto por el art. 236 de la norma Adjetiva Civil.

Siendo excusable el error, no se impone multa.

En aplicación del art. 17.IV de la Ley Nº 025, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.