TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                                  S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 723/2015 - L                                                                Sucre: 27 de Agosto 2015                                                        Expediente:O1711S                                                Partes:Juan Humberto Muriel López y Jaime Muriel Quirózc/Cristóbal Quispe

Rodríguez                                        

Proceso:Nulidad de documento.

Distrito:Oruro


VISTOS:El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 292 a 294 y vta., interpuesto por Juan Humberto Muriel López y Jaime Muriel Quiróz, impugnando el Auto de Vista Nº 029, de 23 de febrero de 2011 de fs. 286 a 289, pronunciado por la Sala Civil Comercial y Familiar Segunda de la Corte Superior de Justicia de Oruro, dentro del proceso ordinario deNulidad de documento, seguido por  Juan Humberto Muriel López y Jaime Muriel Quiróz contra Cristóbal Quispe Rodríguez, la contestación de fs. 299 a 300, la concesión de fs. 301, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:                                                        ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juezde PartidoSegundo en lo Civil de la ciudad de Oruro, dictóla Sentencia Nº 578, de 03 de noviembre de 2010 de fs. 260 a 262, declarandoImprobada la demanda de fs. 21 a 22 interpuesta por Juan Humberto Muriel López y Jaime Muriel Quiróz; Probadas las excepciones perentorias de falta de acción y derecho en los demandantes y de improcedencia en la demanda, con costas que deben pagar los perdidosos. 

Resolución de primera instancia que es apelado por los demandantes por memorial de fs. 265 a 267, que mereció el Auto de Vista Nº 029, de 23 de febrero de 2011 de fs. 286 a 289, que confirmael Auto de fs. 100 y vta., y la Sentencia apelada.Resolución de alzada que es recurrida de casación en la forma y en el fondo por la parte demandante, que obtiene el presente análisis.

CONSIDERANDO II:                                                                        DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

De forma resumida se pasa a detallar los fundamentos de agravio que expone la recurrente:

1. Acusa que el Auto de Vista contiene disposiciones contradictorias, porque por una parte reconoce que los jueces de primera instancia deben observar una congruencia entre la parte considerativa y resolutiva, es decir una adecuada aplicación de los arts. 190 y 192 del C.P.C., porque extrañamente entremezclan su primera aseveración sobre el hecho de la impugnación al Auto de fs. 100, cuando en realidad si existe un recurso en el defecto diferido, y ante la omisión del inferior no se pronuncia, tampoco sustenta el fundamento del inferior, lo que demuestra que existe una total contradicción con lo dispuesto por la ley, porque contradictoriamente en Sentencia se señala que no habrían interpuesto recurso alguno, entonces existe una total contradicción tanto en la Sentencia como en el Auto de Vista. 

2. Denuncia que el Tribunal de apelación fundamenta que en el caso de Autos no es aplicable lo señalado por el art. 378 del C.P.C., porque los abogados no somos funcionarios públicos pero realizamos una actividad privada consecuentemente no es válida la fundamentación del Auto de Vista objeto de impugnación, por lo que se vulnera lo señalado por el art. 378 del C.P.C., de la norma procesal se evidencia que no establece ningún impedimento para que el codemandado tenga imposibilidad de informar sobre la labor delictiva que realizó, pues, la frase toda prueba que juzgare necesaria, le da al juzgador la potestad si quiere impartir justicia imparcial de pedir la certificación solicitada, aspecto que solicita que debe ser enmendado por el Tribunal de casación en estricta aplicación a lo previsto por el art 251 y 252 del Código de Procedimiento Civil.

3.Denuncia apreciación de las pruebas incurriendo en error de derecho o de hecho. Refiere que se indicaría que las pruebas del Colegio de Abogados no tendrían ninguna relación con el proceso, aspecto que es totalmente falso e incoherente, las literales cursantes a fs. 85 a 93 refieren a una denuncia que hicieron en el Colegio de Abogados precisamente sobre el hecho denunciado, esta errónea interpretación conculca el derecho que tienen a un debido proceso sin discriminación alguna.

4. Acusa que el Auto de Vista no ha dado cumplimiento a lo previsto por el art. 24 de la ley Nº 1760, pues a fs. 142 se dictó el Auto de fecha 24 de diciembre del 2008 por el que se rechaza que el abogado Raúl Guzmán Martínez pueda emitir certificación en virtud de haber sido excluido de la causa, ante dicha providencia se interpuesto el recurso de reposición con alternativa de apelación, siendo que el mismo fue concedido en el efecto diferido, sin embargo la Sala Civil solo se pronunció confirmando el Auto de fs. 100 y la Sentencia, ignorando el Auto de 24 de diciembre de  2008 de fs. 142 del cuaderno procesal, lo que amerita entender que existió una omisión de pronunciamiento de los recursos interpuestos, dejándoles en total indefensión.

Agrega que en materia civil por la naturaleza de los contratos, estos se hacen en forma privada nunca en público, por ello las pruebas que son esenciales son las documentales o se recurre a la presunción lógica que debe utilizar el juzgador, sin embargo la autoridad no toma en cuenta que la deuda principal la suscribió Juan Humberto Muriel López a favor de Cristóbal Quispe Rodríguez por la suma de $us. 14.200, con la garantía del bien inmueble de propiedad de Teodora Quispe Rodríguez, deuda por la que se habría gravado o hipotecado su inmueble ubicado en la zona sud, sin embargo esta obligación, es saldada ficticiamente con complicidad de Raúl Guzmán con error esencial y con errores de voluntad y consentimiento que impiden la celebración y validez del contrato, que en vez de integrar la voluntad de las partes por un hecho ilícito las distancian constituyendo causal de nulidad de contrato, logrando que Juan Humberto Muriel López, con engaños solo firme el protocolo y no así la minuta, sin embargo el Ad quem malinterpreta lo señalado por los Notarios, esa voluntad que señala el Notario no fue plasmada en la minuta, lo que supone que la firma solo en el Protocolo da lugar a que su demanda ha sido probada, y más bien se ha dado cumplimiento a lo señalado por el art. 1298 del C.C., pero no termina allí curiosamente el deudor demostrando que fueron engañados nunca pudo desvirtuar la razón por la que solo hace firmar la subsistencia de deuda a Jaime Muriel Quiroz, con la firma de su abogado el otro codemandado Raúl Guzmán, siendo que las pruebas documentales demuestran que ha cumplido en demostrar los fundamentos de la demanda principal. 

Por lo expuesto, y en aplicación de lo previsto por el art. 271 num. 3) del C.P.C., solicitan se anule obrados hasta el vicio más antiguo en estricta previsión a lo señalado por el art. 251 y 252 del C.P.C., así como el art. 15 de la Ley de Organización Judicial.

CONSIDERANDO III:                                                                FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

La parte recurrente refiere que interpone recurso de casación en el fondo, sin embargo en sus agravios de manera indistinta denuncia infracciones de fondo y de forma, por lo que en atención del principio “pro actione”y disgregando dichas acusaciones, se pasa a absolver de inicio el recurso de forma ya que de ser evidentes las infracciones acusadas ya no sería necesario ingresar al recurso de fondo.

En la forma:

1.Sobre su denuncia de que el Auto de Vista contiene disposiciones contradictorias, vulnerando el principio de congruencia ylos arts. 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil.

De inicio corresponde referir que al percatarse los ahora recurrentesde que el Auto de Vista incurría en evidente contradicción, les correspondía al respecto activar su derecho de explicación y complementación conforme preceptúa el art. 239 del Código de Procedimiento Civil, al no haber procedido así su derecho a precluído.

Sin embargo de lo precedentemente expresado, corresponde además señalar queel Tribunal de alzada en el considerando III, punto V, ha absuelto este agravio concretando: “Respecto a la apelación diferida de fs. 142  contra el Auto de fs. 100…; al excluirse al abogado del proceso de su condición de demandado, al respecto cabe hacer notar que la intervención del abogado no es oficiosa, sino a solicitud de sus clientes, si la parte actora considera que existe transgresión de sus obligaciones existen mecanismos para determinar responsabilidades disciplinarias, civil y penal, para reprimir los actos deshonrosos o perjudiciales para la ética profesional, pero no puede ser sujeto pasivo del proceso de nulidad de documento, en consecuencia el A quo al excluir al abogado Raúl Guzmán Martínez del proceso ha obrado correctamente”. Dando respuesta de esta manera al agravio formulado por los entonces recurrentes de manera pertinente conforme establece el art. 236 del adjetivo civil y con la congruencia debida; por lo que no es evidente su denuncia de contradicción ni de falta de congruencia en el Auto de Vista, lo que hace infundado el agravio denunciado.

2. En relación a su acusación de vulneración del art. 378 del adjetivo civil.

De manera aclaratoria corresponde referir que la facultad prescrita por el art. 378 del Código de Procedimiento Civil en favor del Juez de primera instancia, es una facultad discrecional y privativa del titular del órgano jurisdiccional por lo que no es procedente a petición de partes.

Ahora bien, en atención al principio de conservación de los actos, corresponde referir también que por Auto de fs. 100 y vta., el A quo excluye de la causa al abogadoRaúl Guzmán Martínez, en el entendido que dicho causídico no es parte en aquel documento ni como deudor ni como acreedor, lo que demuestra que su participación se limita a la redacción como abogado de manera que no corresponde involucrarlo en la litis, más aún cuando la pretensión de la demanda busca la nulidad de aquel documento, decisión que es recurrida de reposición bajo alternativa de apelación por memorial de fs. 105 a 106 y vta., la misma una vez corrida en traslado es diferida la apelación por Auto de fs. 142, sin embargo por memorial de fs. 126 y vta., en su otrosí, los demandantes solicitan certificación personal del abogado excluido, lo que es rechazado por Auto de fs. 142, con el fundamento de que fue excluido de la causa y que no puede expedir certificación alguna, precisamente por estar cuestionada su participación; en esarelación el Ad quem en el marco del recurso de apelación interpuesto, ha absuelto el agravio deducido al respecto, fundamentando “que las certificaciones a solicitud de parte deberán franquear los funcionarios públicos o privados, pero no así los particulares, quienes pueden concurrir al proceso como peritos, testigos, etc.”. En ese antecedente las determinaciones asumidas por los Tribunales de instancia se encuentran enmarcadas en derecho, porque la presente causa trata de nulidad de documento, siendo que el mismo tiene la eficacia jurídica establecida por el art. 519 del Código Civil y no tiene efecto sino entre las partes contratantes conforme dispone el art. 523 del mismo sustantivo civil, de consiguiente, y toda vez que la participación del abogado referidose encontraba cuestionada y diferida la apelación, en consecuencia no se había dilucidado su situación procesal, motivo éste que le impedía expedir cualquier certificación, por lo que tampoco el órgano jurisdiccional podía disponer que se expida la certificación impetrada esto en franco atentado de los derechos y garantías del entonces patrocinante, de consiguiente dicha solicitud ha sido correctamente desestimada por el Tribunal de primera instancia. Lo que hace infundado el agravio denunciado.

3. Con relación a su denuncia de omisión de pronunciamiento de los recursos interpuestos, porque se ignoró el Auto de 24 de diciembre de 2008 de fs. 142 del cuaderno procesal, dejándoles en total indefensión.

Remitiéndonos al punto anterior, debemos concretar, que el Auto interlocutorio de fs. 100 y vta., al haber sido recurrido de reposición bajo alternativa de apelación por memorial de fs. 105 a 106 y vta., es diferida su apelación por auto de fs. 142, de donde se conoce que los Autos precedentemente referidos se encuentran estrechamente vinculados procesalmente pues consideran el mismo incidente, la primera resuelve la cuestión incidental y la segunda difiere la apelación formulada contra la primera, de consiguiente al haberse pronunciado el Ad quem sobre el Auto interlocutorio de fs. 100 y vta., confirmando dicha Resolución, se entiende que también ha absuelto la apelación diferida por el último. Por lo que no es evidente la omisión acusada.

Consecuentemente corresponde resolver conforme prevé el art. 271 num. 2), y 273 del Código de Procedimiento Civil.

En el fondo:

1.Sobre su denuncia de que el Tribunal de alzada ha incurriendo en error de derecho o de hecho en la apreciación de las literales cursantes a fs. 85 a 93.

De inicio corresponde referir que el art. 253 en su inciso 3) del Código de Procedimiento Civil, dispone la procedencia del recurso de casación en el fondo cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, sin embargo los errores referidos son diferentes, por lo mismo en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dió la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos.

En la especie los recurrentes de manera indistinta denuncianerror de derecho o de hecho en la apreciación de las pruebasreferidas, lo que haría a la improcedencia del agravio; sin embargo,corresponde referir además, que las pruebas literales a los que hacen referencia los ahora recurrentes (fs. 85 a 93),al margen de que se constituyen en fotocopias simples, se refieren al proceso disciplinario que habría sido sustanciado por el Tribunal de Honor del Ilustre Colegio de Abogados de Oruro en la denuncia formulada por Jaime Muriel Quiroz en contra de Raúl Guzmán Martínez como responsable de daños y perjuicios ocasionados por su actuar profesional, porque no cumplió con la elaboración de documentos encomendados sobre un préstamo de dinero de $us. 14.200 ya que solo habría hecho una minuta de cancelación sin firma del acreedor, empero este extremo es totalmente irrelevante en la presente causa, toda vez que se ha acreditado plenamente que el actor Juan Humberto Muriel López hubo suscrito el protocolo de la Escritura Pública Nº 428/2005de 18 de octubre de 2005 (fs. 5 y vta.) y con ello ha reconocido la eficacia jurídica e idoneidad de la minuta de fecha 17 de octubre de 2005 que se encuentrainserta en la misma.Por lo que el agravio denunciado no tiene la trascendencia que buscan los ahora recurrentes.

2.De otra parte,en relación a su denuncia genérica de que en materia civil por la naturaleza de los contratos, estos se hacen en forma privada nunca en público, por ello las pruebas que son esenciales son las documentales.

En esta segunda parte los recurrentes no concretan el agravio denunciado, es más no vinculan sus argumentos a las causales de procedencia establecidas por el art. 253 del Código de Procedimiento Civil y en definitiva no cumplen con el art. 258 num. 2) del adjetivo civil, porque no citan en términos claros, concretos y precisos, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, tampoco especifican en qué consiste la violación, falsedad o error, teniendo presente que estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente, lo que hace a su manifiesta inconsistencia, resultando de consiguiente infundadoel agravio denunciado.

Por lo señalado corresponde fallar conforme prevé el art. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los Arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADOel recurso de casación en la forma y en el fondode fs. 292 a 294 y vta., interpuesto por Juan Humberto Muriel López y Jaime Muriel Quiróz, que recurre del Auto de Vista Nº 029, de 23 de febrero de 2011 de fs. 286 a 289, pronunciado por la Sala Civil Comercial y Familiar Segunda de la Corte Superior de Justicia de Oruro. Con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.