TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                               S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 720/2015 - L                                                                

Sucre: 26 agosto 2015

Expediente: LP 40 11 S                                                   

Partes: Luis Cabrera Tapia y Elisa Fernández de Cabrera. c/ Rosario Chura

             Condori y Marcelino Chura Condori.                    

Proceso: Reivindicación, Restitución Posesoria, mas pago de Daños y Perjuicios.                                          

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 302 a 304 vta., interpuesto por Rosario Chura Condori, contra el Auto de Vista Resolución 006/2011 de 08 de enero de 2011, cursante de fs. 296 a 298 de obrados, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en el proceso ordinario de reivindicación, restitución posesoria, más pago de daños y perjuicios interpuesto por Luis Cabrera Tapia y Eliza Fernández de Cabrera contra Rosario Chura Condori y Marcelino Chura Condori, respuesta al recurso de fs. 308 y vta.; el Auto de concesión de fs. 310; los antecedentes del  proceso, y:

CONSIDERANDO I:                                                                                ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Luis Cabrera Tapia, por memorial de fs. 47 a 48, adjuntado las literales de fs. 1 a 46, interpone demanda de reivindicación, restitución de inmueble más pago de daños y perjuicios, alegando ser propietario de un inmueble, ubicado en la Av. Kollasuyo Nº 2214 de la ciudad de La Paz, con una superficie de 75 m2, mismo que lo adquirió conjuntamente su esposa de su anterior propietaria Concepción Condori Vda. de Chura, inmueble que se encuentra debidamente registrado en oficinas de Derecho Reales bajo la partida computarizada Nº 1444270, actualmente folio real Nº 2.01.0.99.0110995 según Escritura Pública Nº 157/1994 de fecha 21 de febrero de 1.994.  Refiere que una vez que, le fue entregado el bien transferido, por los actuales demandados (hijos de la vendedora), encontrándose los mismos detentando ilegalmente su propiedad desde haced aproximadamente 12 años y 8 meses, por consiguiente privado de ejercer plenamente su derecho propietario sobre el inmueble en cuestión, asimismo hace constar que los ahora demandados anteriormente ya habían iniciado un proceso de anulabilidad de documento en su contra, pretendiendo dejar sin efecto la transferencia realizada por su madre a su favor, proceso que en todas sus instancias fue resuelto y favorable a él.

Por lo que amparado arts. 1453 y 1454 del Código Civil, demanda reivindicación de su derecho propietario contra los detentadores de su propiedad, pidiendo que además de serle restituido el bien, los demandados resarzan los daños y perjuicios ocasionados durante los 12 años, conforme lo determina el art. 984 del Código sustantivo de la materia, en el entendido de que el dinero cancelado por la venta habría generado un interés del 6% anual y 3% mensual, durante el tiempo que se encuentran los demandados detentando su bien inmueble.

Citados los demandados, se apersona Rosario Chura Condori, oponiendo excepción de oscuridad, contradicción e imprecisión, posteriormente por memorial de fs. 70 a 72 vta., contesta negando la demanda y reconviene por acción negatoria, alegando ser propietaria del inmueble, conforme se tiene establecido en la cláusula cuarta de la Escritura Pública Nº 217/73 de  04 de abril de 1993 adjunta, pidiendo se declare improbada la demanda principal y probada la reconvencional.

Sustanciado el proceso en primera instancia el Juez Sexto de Partido en lo Civil y Comercial, mediante Sentencia  Resolución Nº 87/2010 de 03 de marzo de 2010, cursante de fs. 271 a 274 vta., declaró probada en parte la demanda de fs. 47 48, subsanada a fs. 58 a 60 interpuesta por Luis Cabrera Tapia y Elisa Fernández de Cabrera contra Rosario Chura Condori, sobre la reivindicación, posesión restitutoria, no así sobre los daños y perjuicios por no haber sido proados de acuerdo a ley. Improbada la acción reconvencional incoada a fs. 70 72 por Rosario Chura Condori contra los actores. Contra esa resolución de primera instancia, la demandada Rosario Chura Condori  interpuso recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, por Auto de Vista - Resolución Nº 006/2011 de 08 de enero de 2011, confirma a) la Resolución Nº 47/20007 de fecha 08 de mayo de 2007 cursante a fs. 77, b) la Resolución Nº 39/2008 de 16 de abril de 2008, cursante de fs. 147 y 147 vta. c) el Auto de fecha 13 de junio de 2008 de fs. 154 vta., y d) la Sentencia Nº 87/2010 de 03 de marzo de 2010, cursante de fs. 271 a 274 vta., en contra de esta última resolución de segunda instancia la demandada recurre de casación, mismo que se pasa a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:                                                                                          HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del Recurso de Casación, se advierte que el mismo no señala si es de forma o de fondo, por lo que se extracta lo siguiente:

1.-Acusa, omisión de valoración de la prueba aportada, en el entendido de que el Tribunal de Alzada debió revisar detalladamente el proceso, ya que en fecha 17 de noviembre de 2006 se instaura demanda de reivindicación de bien inmueble objeto de la litis, en base a documentos que supuestamente acreditan el derecho propietario del demandante; documento privado de 02 de febrero de 2004”, en el cual figura el nombre y las huellas digitales de su madre, empero dicho documento no cumpliría con el art. 1.299 del Código Civil. Asimismo hace referencia a la Escritura Pública Nº 157/1994, en la cual supuestamente su madre habría estampado sus huellas en presencia de testigos de actuación que en el documento privado no figurarían, habiéndose aprovechado los demandantes maliciosamente del analfabetismo de su madre.

2.- Señala que los compradores en confabulación con sus hermanos, terceras personas, abogados y jueces de ese tiempo, lograron inscribir un supuesto derecho propietario, sin tomar en cuenta la cláusula cuarta de la minuta del año 1.973 y la declaratoria de heredero, mismas que acreditarían su derecho propietario, por lo que no quedaría duda de que se aprovecharon de la buena fe y el analfabetismo de su madre, aspectos que no habrían sido considerados por el Juez de primera instancia y tampoco el Tribunal de Alzada habría tomado en cuenta estos actos irregulares, errores en la sentencia, errónea interpretación de la ley y  consiguiente mala aplicación de la ley y mala apreciación de la prueba a tiempo de confirmar la Sentencia.

3.- Acusa interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, supuesto incumplimiento del art. 1.283 del Código Civil concordante con el art. 375 del Código de Procedimiento Civil, ya que el Auto de Vista a tiempo de valorar la prueba solo habría hecho prevalecer la Escritura Pública Nº 157/1994 registrada en Derecho Reales abajo la matricula Nº 2.01.0.99.0110995, que si bien acredita el derecho propietario de los esposos Cabrera, sin embargo no demuestra las desposesión del inmueble, no señalan cuando tomaron posesión y cuando la perdieron.

4.- Acusa interpretación errónea y aplicación indebida del art. 1.453 del Código Civil, referido a la acción reivindicatoria, argumentando que esta procede cuando el propietario hubiera perdido la posesión de la cosa, sin embargo el caso de autos las autoridades no se habrían tomado la molestia de revisar en antecedentes que los esposos Cabrera jamás estuvieron en posesión del inmueble, simplemente se limitaron a adquirir el bien para posteriormente mediante litigio recuperarla, por consiguiente ambas instancias no valoraron la prueba aportada.

5.- Acusa errónea apreciación de la prueba, señalando que los demandantes en su demanda en principio aseveraron que en ningún momento se le hubiera hecho la entrega del bien que supuestamente habrían adquirido, para posteriormente señalar que fueron desposesionados del mismo, en el caso presente los demandantes en ningún momento habrían estado en posesión del inmueble, afirmaciones totalmente contradictorias que debieron haber sido observadas por el Juez de primera instancia. Tanto la Sentencia como el Auto de Vista  aplicaron erróneamente la ley, en declarar que se habría probado el despojo a los supuestos propietarios, sin señalar en que momento fue que se dio la desposesión, que fecha, que día  y a qué hora, limitándose a señalar que el bien se encontraría en poder de Rosario Chura Condori.

6.- Finalmente refiere que los esposos Cabrera habrían iniciado la presente acción, luego de haber culminado un proceso ordinario sobre anulabilidad, declarándose el mismo improbado y también improbada la demanda reconvencional de reivindicación, lo que implica que los esposos Cabrera ya ventilaron la presente acción el año 1994 consecuentemente tendría valor de cosa juzgada y al presente estaría nuevamente iniciando la presente acción sin considerar que ya se tiene Sentencia ejecutoriada al respecto. 

En base a estos fundamentos interpone recurso de casación amparada en el art. 253 inc.1) del Código de Procedimiento Civil contra el Auto de Vista Resolución Nº 06/2011 de fecha 08  de enero de 2011, pidiendo al Excelentísimo Tribunal Supremo de Justicia, declare procedente el mismo y deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y se disponga dicte un nuevo Auto de Vista que falle en el fondo de las apelaciones pendientes contra la sentencia de primer grado, con costas.

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Con relación a los agravios denunciados, se advierte que tienen un contenido sobre todo de disconformidad con las resoluciones de instancia, confundiendo la recurrente los requisitos de procedencia del recurso tanto en la forma como en el fondo, pues si bien de la extracción del mismo se entiende que el mismo es de fondo, sin embargo la solicitud es contradictoria ya que se pide anular el Auto de Vista. No obstante ser escasa la técnica recursiva, pasaremos a hacer las siguientes puntualizaciones:

El recuro de casación puede ser interpuesto tanto en el fondo como en la forma o en ambas, al efecto se debe destacar que la primera se da por errores in judicando, en que hubieran incurrido los Tribunales de instancia al pronunciar sus resoluciones, caso en el cual deben estar debidamente identificadas y justificadas las causales señaladas en el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, mientras que si el recurso de casación es en la forma o nulidad por errores de procedimiento o in procedendo, está referido a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, para cuyo caso las causales están enumeradas en el artículo 254 de la citada norma.

Al agravio 1.- la recurrente acusa omisión de valoración de la prueba aportada, señalando que  el Tribunal de Alzada debió revisar detalladamente el proceso, ya que el “documento privado de 02 de febrero de 2004”, en el cual figura el nombre y consigna las huellas digitales de su madre, este no habría cumplido con lo previsto por el art. 1.299 del Código Civil.

De la revisión, análisis y contrastación del proceso, se evidencia que los demandantes habrían adquirido un bien inmueble ubicado en la Av. Kollasuyo Nº 2214 de la ciudad de La Paz, mediante Escritura Pública 157/1994, misma que se encuentra inscrita en oficinas de Derecho Reales, documentos que acreditan el derecho propietario de los demandantes, siendo la pretensión principal de la presente acción la reivindicación del bien inmueble señalado, en tanto que la recurrente en esta etapa del proceso pretende cuestionar el art. 1.299 del Código Civil, referido a las formalidades establecidas para la otorgación de documentos por analfabetos. Considerando que esta no es la pretensión de la demanda resulta impertinente el agravio denunciado.

Al agravio 2.- señala que los compradores en confabulación con sus hermanos, terceras personas, abogados y jueces de ese tiempo, lograron inscribir un supuesto derecho propietario, sin tomar en cuenta la cláusula cuarta de la minuta del año 1.973.

De la revisión de obrados, de fs. 68 a 69, cursa Escritura Pública Nº 217/73, relativa a la compra venta suscrita por Alejandro Chura y Herminia Caba de Chura en favor de los esposos Mariano Chura y Concepción Condori de Chura del bien inmueble ubicado en la Av. Kollasuyo, cuya superficie es de 75 m2., en cuya cláusula cuarta se tiene textualmente establecido que “el inmueble objeto de venta, en caso de fallecimiento de los adquirientes pasará a poder de Rosario Chura Condori”, aspecto que a criterio de la recurrente impedía la transferencia del bien inmueble. De la interpretación de la misma se tiene que esta es una cláusula sujeta a condición, cuál era el fallecimiento de los compradores (padres de la demandada), momento en el cual el bien pasaría a propiedad de Rosario Chura Condori, entre tanto no se diera la condición ella no era propietaria del inmueble, en el caso que nos ocupa la condición establecida en dicha cláusula no se cumplió plenamente pues el único que falleció fue el padre de la ahora demandada, a cuyo efecto la esposa fue declarada heredera de los bienes relictos al fallecimiento de su esposo, aspecto que no fue cuestionado por los coherederos, en virtud a ese derecho propietario Concepción Condori Vda. de Chura procedió a transferir el inmueble objeto de litis, no llegando la demandada  a ser propietaria del bien por efecto de la venta efectuada por su madre, resultando intrascendente lo cuestionado en este punto del recurso.

Al agravio 3.- la recurrente acusa interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, supuesto incumplimiento del art. 1.283 del Código Civil concordante con el art. 375 del Código de Procedimiento Civil.

El art. 1.283 del Código Civil establece.- (Carga de la Prueba).- “Quien pretende en juicio un derecho, debe probar el hecho o hechos que fundamentan su pretensión”. El art. 375 del Código de Procedimiento Civil (Carga de la Prueba).- “la carga de la prueba incumbe: 1) Al actor en cuanto al hecho constitutivo de su derecho….”. De la interpretación de las citadas normas se tiene que la parte actora tenía la obligación de probar las pretensiones de su demanda en el curso del proceso, situación que se ha dado conforme se tiene establecido en la Sentencia y Auto de Vista que confirma esta.

También debemos señalar uno de los principios generales que rigen a las pruebas judiciales, como es el “principio de la unidad de la prueba”, que establece que el conjunto probatorio del proceso forma una unidad y como tal, deber ser examinado y merituado por el Órgano Jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas, señalar sus concordancias, discordancias y concluir sobre el convencimiento global que se forme de ellas, es decir; que las pruebas deben ser apreciadas en forma conjunta de acuerdo al valor que les asigna la ley y conforme a las reglas de la sana critica. De modo tal que los recurrentes no pueden pretender un análisis y valoración de la prueba producida de manera aislada, en el caso  presente la prueba ha sido valorada de forma conjunta e integral por el Juez A quo a tiempo de emitir la Sentencia, misma que ha sido confirmada por el Auto de Vista impugnado como se tiene manifestado líneas arriba.

En el sub lite, del análisis de actuados procesales, se tiene que el Juez  A-quo en la Sentencia de fs. 271 a 274 y vta., específicamente en el segundo considerando ha realizado una exhaustiva consideración y valoración de todas y cada una de las pruebas producidas por las partes durante la sustanciación del proceso, de  manera minuciosa, detallada y razonada, tanto las de cargo como las de descargo; asignándoles el valor legal que les corresponde, tanto a las documentales, testificales, confesión provocada, inspección judicial, pericial y otras conforme lo dispone el art. 1286 del Código Civil y 397 y 476 de su procedimiento, llegando a la conclusión de que la parte actora si habría demostrado su pretensión de reivindicación del inmueble de su propiedad conforme lo dispone el art. 1453 del Código Civil, no siendo evidentes los agravios denunciados.

Al agravio 4, respecto de la vulneración del art. 1453 del Código Civil, alegado por el recurrente, diremos en principio que, por la naturaleza del proceso debemos señalar que doctrinalmente se dice que la acción reivindicatoria es la que tiene el propietario que no posee frente al poseedor que no es propietario. Así, Puig Brutau, citado por Néstor Jorge Musto, en su obra Derechos Reales, señala que la reivindicación "es la acción que puede ejercitar el propietario, que no posee contra el poseedor que, frente al propietario, no puede alegar un título jurídico que justifique su posesión". Ahora bien cuando el demandado de reivindicación resista esa pretensión alegando ser el propietario de la cosa, la acción reivindicatoria adquiere una función compleja, pues aunque en principio sea una acción de condena, si lo que se discute es la posesión entre partes que sostienen o demuestran derecho propietario sobre la cosa, la acción no puede ser de mera condena sino que previamente se tendrá que decidir a quién corresponde la titularidad del derecho, en otras palabras tendrá que hacerse un juicio declarativo de mejor derecho de propiedad.

En cambio, si la resistencia del demandado de reivindicación se reduce a la situación de hecho, sin alegación y por lo tanto sin controversia sobre el derecho, el resultado será una sentencia de simple condena en la faz petitoria. Entablada la acción reivindicatoria podrá entonces presentarse los siguientes supuestos: a) El actor presenta título de su derecho y el demandado no lo presenta; b) Tanto el actor como el poseedor demandado presentan títulos.

Para el caso de autos lo que nos interesa es el primer supuesto, es decir aquel en el que el actor reivindicante ha demostrado su derecho propietario con títulos de propiedad, en tanto que la demandada aduce ser propietaria pero no acredita el extremo con prueba idónea. En ese contexto  conviene  precisar que en su sentido procesal, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio con la finalidad de crear la convicción del juzgador, en el ejercicio de esta atribución, las pruebas producidas deben ser apreciadas por los jueces de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, esto es lo que en doctrina se denomina el sistema de apreciación legal de la prueba, puesto que el valor probatorio de un determinado elemento de juicio está consignado con anticipación en el texto de la ley; o, la apreciación de los medios probatorios deben efectuarse de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que constituye una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción, entendiendo con Couture, que las reglas de la sana crítica son, ante todo las reglas del correcto entendimiento humano en las que intervienen las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del Juez, es decir, con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. Habiendo los Tribunales de instancia procedido de acuerdo a ley.

Al agravio 5, acusa errónea apreciación de la prueba, señalando que los demandantes nunca habrían demostrado en que momento fueron desposeídos del bien inmueble.

Al respecto diremos que el derecho real es una situación de poder que el ordenamiento jurídico atribuye al sujeto para su utilización, aprovechamiento o realización del valor de la cosa. De los cuales se tiene dos caracteres fundamentales: El derecho de persecución y de preferencia; en este caso solo haremos referencia a la persecución, definiendo que “Es la facultad que tiene el titular de un derecho real, para perseguir la cosa donde quiera que esta, se encuentra o en manos de quien se halle. De este modo el propietario de un bien puede reivindicarlo frente a todo poseedor”.

La doctrina orienta que tres son los supuestos para la acción reivindicatoria: a) que el actor cuente con derecho propietario de la cosa a reivindicar; b) que esté privado o destituido de ésta; c) que la cosa se halle plenamente identificada; supuestos que fueron cumplidos por los demandantes; es decir que, para la estimación de su pretensión acreditó su derecho propietario debidamente registrado en Derechos Reales, a su vez se probó estar privada de su propiedad, aspecto asumido tanto por la Sentencia como el Auto de Vista, el inmueble ha sido plenamente identificado; elementos que evidencian la consistencia de la pretensión reivindicatoria.        
La acción reivindicatoria debe otorgarse a aquel propietario que no ostenta posesión de su propiedad y pide restituírsele de aquel que ejerce la posesión y/o detentación, aunque no haya tenido la posesión corporal del inmueble, es por ello que el Estado mediante sus órganos jurisdiccionales deben resguardar el derecho de propiedad que es garantizada conforme señala el art. 56 de la Constitución Política del Estado, y en ese marco mientras aquel título de propiedad se encuentre vigente tiene la eficacia requerida para instaurar la acción real de reivindicación.

La recurrente no ha tomado en cuenta lo razonado en la jurisprudencia nacional, y que este Tribunal en diversos fallos ha venido instituyendo, donde es necesario establecer que la reivindicación por su naturaleza y como ya se manifestó anteriormente, conlleva recuperar la posesión, no siendo necesario para los propietarios, demostrar que estuvieron en posesión corporal del bien o que sufrieron un despojo, puesto que este Tribunal Supremo siguiendo la línea jurisprudencial de la extinta Corte Suprema de Justicia, emitió Autos Supremos (como los signados con los Nº 452/2014 de 21 agosto de 2014, 557/2014 de 03 de octubre de 2014) en los que se estableció que para la procedencia de la reivindicación no es necesario estar en posesión material de la cosa, o que haya perdido la posesión, señalando los mismos que: “…el solo hecho de tener título de propiedad, otorga al propietario el corpus y animus sobre la cosa, ejerciendo el uso, goce y disposición sobre aquella, facultándole además, el derecho de reivindicar la cosa de manos de un tercero, aunque el demandante no hubiere estado en posesión material de la cosa en litigio. Es prudente aclarar que este Tribunal Supremo en concordancia con el criterio de la ex Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentó la tesis que la acción reivindicatoria es aquella de la que puede hacer uso el propietario que no posee el bien inmueble frente al poseedor y/o detentador que no es propietario, incidimos en el tema recurriendo al Autor Puig Brutau citado por Néstor Jorge Musto que en su obra “Derechos Reales” señala reivindicación- “es la acción que puede ejercitar el propietario, que no posee contra el poseedor que, frente al propietario, no puede alegar un título jurídico que justifique su posesión”. Por otro lado este Tribunal precisó que el derecho propietario por su naturaleza, conlleva la “posesión” emergente del derecho mismo, por lo que el propietario que pretende reivindicar no necesariamente debió estar en posesión corporal o natural del bien, en consideración que tiene la “posesión civil”, que está a su vez integrado por sus elementos “corpus” y “ánimus” asistiéndole consecuentemente el Iusvindicandi o derecho de reivindicar.”(A.S. 414/2014 de 04 de agosto de 2014) , está la acción reivindicatoria, la cual se encuentra bajo la previsión de que la misma se reserva al propietario que ha perdido la posesión de una cosa, siendo el primer requisito para la procedencia de la referida acción, la existencia de un derecho de propiedad sobre la cosa cuya reivindicación se demanda, esto tiene estrecha vinculación a lo determinado por el art. 105 del Código Civil como el poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa, derecho de dominio que confiere a su titular la posesión civil o “jus possidendi” y la natural o corporal o “jus possesionem”.

Para el caso concreto, el artículo 1453 parágrafo I del Código Civil, previene que "el propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta", en este entendido, "el fundamento de la acción de reivindicación, reside en el poder de persecución y en la inherencia del derecho a la cosa, que es propio de todo derecho real, en general y, en particular, del derecho de propiedad (Messineo), es así, que la reivindicación se origina en el derecho propietario de quien reclama dicha pretensión, por lo que, éste también no solo tendrá que demostrar la titularidad del derecho propietario que pretende reivindicar a su favor, sino también su mejor derecho sobre aquel, a cuya razón, en el presente caso para la reivindicación se debe necesariamente probar que su pretensión de su derecho de reivindicación con justo título propietario sobre el inmueble objeto de la reivindicación cuya titularidad no tenga resistencia.

Ahora bien con relación a lo manifestado precedentemente lo importante en el caso que nos ocupa es que los demandantes hayan cumplido con los requisitos señalados supra, pues del análisis de la documentación adjunta a la demanda se tiene demostrado que la parte actora ha adquirido legalmente el bien inmueble, mismo que se encuentra registrado en el folio real Nº 2.01.0.99.0110995 (ver fs. 51), de esta forma la parte demandante ha acreditado ser propietaria del bien inmueble, derecho propietario que le faculto interponer acción reivindicatoria en contra de la demandada; quien no acreditó poseer derecho alguno sobre el bien en cuestión, por lo que no se evidencia el agravio denunciado.

Al agravio 6, refiere que los esposos Cabrera habrían iniciado la presente acción, luego de haber culminado un proceso ordinario sobre anulabilidad, declarándose el mismo improbado y también improbada la demanda reconvencional de reivindicación.

Al respecto cabe señalar que de ser cierto lo aseverado por la recurrente, y de existir cosa juzgada, producto de la sustanciación de otro proceso anterior, el art. 336 del código de Procedimiento Civil establece como medios de defensa la oposición de excepciones tanto previas como perentorias, cuyo trámite se encuentra previsto por el art. 337 y siguientes del Procedimiento Civil, entre las cuales se encuentra previsto la excepción de “cosa juzgada”, misma que si no fue tramitada conforme a procedimiento, el derecho de la recurrente habría caducado, resultando impertinente la denuncia de este agravio.

Por los motivos expuestos precedentemente, este Tribunal de Casación no encuentra sustento legal en el recurso de casación de fondo, por lo que es aplicable el art. 271 num. 2) en relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, y en aplicación a lo previsto en el art. 271 num. 2) y art. 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Rosario Chura Condori contra el Auto de Vista Resolución Nº 006/2011 de 08 de enero de 2011, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz. Con Costas.

Se regula honorarios en la suma de Bs. 1.000

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Dura.