TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 702/2015 - L                                                        Sucre: 25 de agosto 2015                                                         Expediente:        LP-8-11-S                                                Partes:Arturo Linares Suñagua.        c/ Bernardo Blanco Aliaga, Jakquelin María

Blanco Oblitas.        Proceso:Revisión de proceso ejecutivo y cumplimiento de obligación.

Distrito:La Paz.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 205 a 207, interpuesto por Arturo Linares Suñagua, contra el Auto de Vista NºS-274/2010 de 01 de septiembre de 2010 de fs. 200 a 201, pronunciado por la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior de Justicia de La Paz (hoy Tribunal Departamental), en el proceso de Revisión de Proceso Ejecutivo y Cumplimiento de Obligación, seguido por Arturo Linares Suñaguacontra  Bernardo Blanco Aliaga, Jakquelin María Blanco Oblitas; Respuesta de fs. 209 y adhesión de fs. 213; concesión de fs. 213 vta., los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:                                                        ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de La Paz, dictó Sentencia Nº 308/2008 de 07 noviembre de 2008 cursante de fs. 154 a 155 por el que declara: IMPROBADA la demanda interpuesta por Arturo Linares Suñagua de fs. 60 a 61, subsanada a fs. 64.

Resolución contra la que se interpuso los recursos de apelación por Arturo Linares Suñagua por memorial de fs. 158 a 161.

En mérito a esos antecedentes la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior de Justicia de La Paz (hoy Tribunal Departamental), emitió el Auto de Vista cursante de fs. 200 a 201, por el que CONFIRMAla Sentencia (resolución Nº 308/2008) de fs. 154 a 155, dictada por el Sr. Juez 2º de Partido en lo Civil.

Resolución que dio lugar al recurso de casación en el fondo, interpuesto por parte de Arturo Linares Suñagua, que se analiza.

CONSIDERANDO II:                                                                        HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Que en tiempo hábil interpone recurso de casación en el fondo, señalando que el Auto de Vista tuviera fundamento en el penúltimo y último apartado del 2do. Considerando al sostener que la inhabilidad de título ha sido producto de un peritaje y que de su parte no hubiera demostrado que la suma inscrita en el título ejecutivo era correcta.

1.- Refiere al peritaje no producido en el caso de autos y consiguiente apreciación errónea de los antecedentes y de la prueba de cargo. Desarrollando que habría existido error de hecho en la apreciación de los antecedentes del proceso y de la prueba de fs. 134 a 137 y que en el presente proceso no se habría producido ninguna prueba pericial, que demostrase la inhabilidad de título. Que habría un documento reconocido pero se habría permitido la efectividad del mismo al no ejercitar su facultad de demandar la nulidad.

Que se confundiría, interpretaría  y aplicaría erróneamente los alcances de la inhabilidad de título previsto en el art. 507 inc. 5 del CPC., referente a las formas extrínsecas del título y que fuera aplicable a los valores y documentos mercantiles previstos en el art. 487 inc 3) del CPC., ejemplificando el art. 541 del Código de Comercio, que fuera ajeno al documento privado reconocido.

2.- Inexistencia de inhabilidad del título ejecutivo por efecto del proceso preliminar de reconocimiento judicial. Exponiendo que previo al proceso ejecutivo habría tramitado el preliminar en el que se reconoció la firma y rúbrica, que apelado fuera confirmado por el superior. Considera que así concluido el proceso de reconocimiento de firmas adquirió calidad de cosa juzgada, conforme prevé el art. 1451 del Código Civil, entendiendo que consiguientemente la liquidez de la obligación, además de la efectividad del documento, y lo convertiría en título ejecutivo conforme al art. 487 inc. 2) del CPC.

Que al desconocerse la calidad de título ejecutivo reconocido judicialmente habría violación de los arts. 1297 del Código Civil y 487 inc. 2) del Código de Procedimiento Civil y el art. 19 inc. c) 2da parte de la Ley 1760, dando lugar al recurso de casación, asimismo se habría violado el art. 69 del Código de Procedimiento Civil al haber sido declarados rebeldes y la existencia de presunción de certidumbre. La parte demandada no habría ejercitado su derecho a la defensa al no contestar la demanda ordinaria, considerando que al haberse declarado resoluciones desfavorables en ambas instancias se subsanaría la negligencia de aquellos.

Como petitorio señala que al amparo de los arts. 250, 253 inc.1) y 3), 255 inc. 1), 257 y 258 del CPC., solicitan se emita resolución casando el Auto de Vista y deliberando en el fondo se declare probada su demanda.

CONSIDERANDO III:                                                                FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Como preámbulo a la resolución de los puntos de agravio expuestos, se hace necesario reflexionar sobre aspectos referidos a la organización de la administración de justicia, que debe garantizar el acceso igualitario de todos los justiciables y el posterior dictado de decisiones oportunas, sin embargo de este postulado, no siempre se alcanzará la satisfacción de los intereses controvertidos conforme a su pretensión, en ese antecedente, el proceso civil busca alcanzar un equilibrio entre la celeridad en la composición de los conflictos y la seguridad jurídica. La primera implica, normalmente, una mayor superficialidad en la sustanciación y conocimiento de las causas, como así también restricciones en la proposición de las defensas, pruebas y recursos, y la referencia podría asimilarse a procesos de ejecución; la segunda impone un debate exhaustivo de la relación jurídica controvertida, con el consiguiente aseguramiento del principio de bilateralidad o contradicción, en el marco del respecto de las garantías constitucionales de defensa en juicio y de igualdad de las personas frente a la ley y al proceso, razonamiento aplicable a los procesos de conocimiento.

1.- Bajo ese antecedente, en el caso de autos, evidentemente se verifica la existencia de una demanda ejecutiva por parte del ahora recurrente contra los mismos demandados, en la que no tuvo resultado favorable a sus pretensiones al haber considerado los juzgadores que no se hubo determinado la liquidez del monto perseguido para su cobro, por la alteración existente en el documento respecto a la suma real. Ahora bien, finalizado el proceso ejecutivo, se instauró ante el Órgano Jurisdiccional proceso ordinario a fin de lograr la revisión de los fallos emitidos en aquel proceso ejecutivo-, sin embargo y pese a la Rebeldía declarada a los demandados en primera instancia, no cumplió con lo ordenado en Auto de Relación Procesal, fundamentalmente lo dispuesto en el inc. c) de aquella resolución, y la única prueba cursante en obrados, está referida precisamente a la producida en el proceso ejecutivo, no habiendo por lo mismo desvirtuado los argumentos expresados en los fallos dictados en el proceso de ejecución. Desde esa perspectiva de análisis, cuando en un primer punto pretende la existencia de “…apreciación errónea de los antecedentes y de la prueba de cargo…”, estaremos frente al hecho contradictorio de cuestionar la prueba que adjuntó el propio demandante, al que no aditamento ninguno mas, reconociendo aquel aspecto cuando de manera resaltada señala que “…no existe prueba pericial en obrados que demuestre la inhabilidad de título ejecutivo, solo cursa la prueba pericial que demuestra la autenticidad de la firma y rúbrica del codemandado …”vinculando esta afirmación al hecho de que los demandados no habrían producido ninguna prueba pericial, cuando lo correcto al cuestionar los fallos de aquel proceso y conforme a su pretensión, es que el demandante debió valerse de todos los medios permitidos por ley, para establecer que el razonamiento emitido en el proceso cuya revisión se intenta, no era la correcta, resultando errada la postura de que se haya apreciado de manera errónea los antecedentes y la prueba de cargo, cuando no existe antecedente alguno que enerve los razonamientos expuestos en los fallos del proceso ejecutivo, tal como se expresó en el caso de autos de manera razonada, en ello no existe infracción alguna que amerite discrepar con los de instancia a fin de revertir la resolución recurrida.

2.- Por otro lado, en referencia a la presunta “inexistencia de inhabilidad de título ejecutivo por efecto del proceso preliminar de reconocimiento de firmas”, la postura del recurrente es el hecho de que al haberse reconocido como suyas las firmas estampadas en el documento en cuestión, ya habría certeza del contenido expresado en aquella, cuando durante la tramitación del proceso se estableció que no era posible asentar como verdad el contenido del monto “que se encuentra con alteraciones” y que de ninguna manera se explicó por parte del ahora recurrente de cómo se hubiera suscitado aquel aspecto; se demandó reconocimiento de firma, empero el reconocer ya sea de manera voluntaria o por juzgador como ocurrió en el caso del proceso preliminar, no implica que automáticamente haya la posibilidad de certeza absoluta de su contenido, en los fallos de instancia se dijo con razonado fundamento que si bien no existía falsedad como tal en el título ejecutivo, no era posible determinar la liquidez de la deuda, ante la consignación de montos diferentes así como la alteración visible respecto a ellos, por lo que se concluyó que el título se constituía en uno inhábil, El cuestionamiento a la vez, va por establecer la significancia de lo que representa la “inhabilidad de título”, y al respecto estaremos de acuerdo con el Autor José Ramiro Podetti “Tratado de las Ejecuciones”, Volumen 2, cuando señala que “…dependerá del significado que le atribuyamos al vocablo título”, y que “…en derecho la palabra título tiene dos sentidos: el de causafuente de un derecho y el de instrumento que lo constata”. De ello comprendemos que alude al origen y fundamento jurídico de un derecho u obligación (causa-fuente) y, también al documento en el que consta una deuda. Afirmando que la palabra “inhabilidad” refiere a aquello carente de capacidad, en el caso de eficacia. En consecuencia, si se concibe al título ejecutivo como instrumento que acredita la existencia de un derecho, entonces la excepción de inhabilidad de título sólo puede fundarse en vicios de la forma externa del documento, como  ocurrió en el caso de autos que por las enmendaduras no salvadas que ponen en duda el monto líquido como obligación, no fue posible verificar su autenticidad, aspectos que fueron analizados de manera correcta en el proceso ejecutivo así como en el caso en trámite, en la que se recalca, el actor no produjo prueba pertinente que hiciera cambiar la realidad de lo expuesto para dar curso a su pretensión.

A mayor abundamiento recurrimos a la posición asumida por varios estudiosos del tema, entre ellos Jaime W. Teitelbaum en la obra “Juicio Ejecutivo Cambiario”, sobre la naturaleza jurídica de la excepción de inhabilidad de título señalando que: “…el título ejecutivo es aquel que autoriza a la iniciación del juicio ejecutivo, y la inhabilidad del título es la carencia de algún elemento, que impide la promoción del juicio”. Basado en lo anterior estaremos de acuerdo en señalar que en el caso en cuestión se estableció la falta suma liquida del monto a ejecutar, que no fue desvirtuado en el proceso ordinario.

Bajo ese antecedente la conclusión propuesta por el recurrente de haberse violado las normas sustantivas y adjetivas que señala,resultan sin sustento, lo propio cuando de manera muy superficial refiere que habría violación de lo dispuesto por el art. 69 del Código de Procedimiento Civil, que denotaría presunción de certidumbre al habérseles declarado rebeldes en primera instancia, sin considerar que los demandados se apersonaron en etapa de apelación para desvirtuar los argumentos del demandante, pese ya al fallo favorable a ellos.

Consecuentemente corresponderá emitir resolución en sujeción a lo previsto por el art. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia  con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley de Órgano Judicial y en aplicación de lo previsto por los Arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casacióncursante de fs. 205 a 207interpuesto por Arturo Linares Suñagua,contra el Auto de Vista Nº S-274/2010 de 01 de septiembre de 2010 de fs. 200 a 201.Con costas.

Se regulan los honorarios del abogado en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                        

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.