TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                           S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 685/2015 - L

Sucre: 14 de Agosto 2015

Expediente: O-58-10-S

Partes: Leonardo Itamari Ichota c/ Aydee Paredes Núñez

Proceso: Divorcio

Distrito: Oruro

                                                                                               

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 125 y vta., interpuesto por Leonardo Itamari Ichota contra el Auto de Vista Nº 097, de 13 de agosto de 2010, cursante de fs. 121 a 122 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia de Oruro (hoy Tribunal Departamental de Justicia), dentro el proceso de Divorcio seguido por Leonardo Itamari Ichota contra Aydee Paredes Núñez, la respuesta de fs. 128 y vta., concesión de fs. 129, los antecedentes procesales; y,


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


El Juez Quinto de Partido en Familia de la Capital Oruro, mediante Sentencia Nº 55/2010 de 8 de mayo cursante a fs. 88 a 89 y vta., declaró: CON LUGAR y PROBADA la demanda de divorcio de fs. 9-9 vta., incoada por Leonardo Itamari Ichota y con LUGAR y PROBADA la demanda reconvencional de fs. 13-14 formulada por Aydee Paredes Núñez, disponiéndose consecuentemente la desvinculación matrimonial y la cancelación de la partida matrimonial N° 179, folio 90, libro 13-83-85, ORC 461 en Oruro.

Se dispone asimismo la asistencia familiar fijada en la suma de Bs 700.-  destinado a la esposa e hijos, en aplicación del art. 21 del Código de Familia que el obligado Leonardo Itamari debe cancelar mensualmente a través de depósito judicial. Los hijos deberán quedar bajo la protección de su madre. Declara tener  bienes sujetos a registro, empero, no obstante coexiste en obrados la documentación pertinente de dichos bienes. 

Deducida la apelación por ambas partes, desistida la apelación interpuesta por el actor, la apelación planteada por la demandada es remitida ante la instancia competente, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia de Oruro (hoy Tribunal Departamental de Justicia), mediante Auto de Vista Nº 097/2010, anuló el Auto de concesión del recurso de apelación.


En conocimiento de la determinación de segunda instancia, la demandada interpuso recurso de casación, mismo que se pasa a analizar.


CONSIDERANDO II

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


Que la Resolución recurrida habría realizado una incorrecta aplicación de lo dispuesto en el art. 237.I inc. 4), toda vez que anularía obrados injustamente. Ya que de la revisión del proceso se evidenciaría que no existe ningún incidente anterior a la Sentencia que tramitar, toda vez que el Juez a momento de dictar Sentencia perdería toda la competencia, no pudiendo resolver ninguna otra pretensión, teniendo que conceder en caso de que se presente una apelación.


Por el art. 150 del C.P.C., el A quo tendría la facultad de suspender la tramitación de la causa principal en casos excepcionales, aspecto que habría sido mal valorado toda vez que hasta antes de dictar Sentencia no había ningún recurso por resolver , es en dicha razón que ingreso el expediente a despacho para Resolución.


Se habría violado el art. 223 del C.P.C., complementado por el art. 20 de la ley 1760 que dispone sobre los efectos del recurso de apelación y en el caso al ser apelación de sentencia se habría concedido en el efecto suspensivo, suspendiendo de esta manera la competencia del Juez A quo, no pudiendo tramitar ningún tipo de incidente, por ser extemporáneo.


Por lo señalado solicitan se revoque el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo piden se revoque en parte la Sentencia y disponga la disolución del vínculo matrimonial por culpa de ambos esposos.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Conforme el art. 106 del C.P.C., que hace mención a que el Juez o Tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público, disposición aplicable al presente caso conforme a la disposición transitoria segunda de la mencionada ley, por lo que se pasa a efectuar una revisión de oficio del proceso en cuestión y de verificar la existencia de vicios de procedimiento o de haberse generado indefensión, que afecten al orden público o al debido proceso, consiguientemente corresponde a éste Tribunal realizar las siguientes consideraciones:

La SCP Nº 0144/2012 de 14 de mayo, dice: “…la estructura del sistema de administración de justicia boliviano, no pueda concebirse como un fin en sí mismo, sino como un medio para obtener el logro y realización de los valores constitucionales, por otra parte, impele a reconocer la prevalencia del derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo o sobre las formas procesales, que a su vez y en el marco del caso analizado obliga a los administradores de justicia entre otros a procurar la resolución del fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia dejando de lado toda nulidad deducida de formalismos o ritualismos procesales que impidan alcanzar un orden social justo en un tiempo razonable”, razonamiento que orienta a que los juzgadores o Tribunales deben tener presente que en el nuevo orden constitucional y ordinario los aspectos meramente formales no pueden anteponerse a la función de impartir Justicia, ya que la garantía del debido proceso, no habría sido constituida para salvaguardar ritualismos procesales estériles que no generen indefensión a alguna de las partes, sino esencialmente con el fin de lograr una justicia material, que no podrá ser posible, si dentro el órgano jurisdiccional persisten criterios que pese a la evidente lesión de derechos den mayor prevalencia a aspectos de forma, dejando de lado la Resolución eficaz del fondo del litigio.

En este antecedente, en el caso de Autos de la revisión de obrados se tiene que el Tribunal de Alzada a través del Auto de Vista recurrido anuló el Auto de concesión del recurso de apelación bajo el fundamento de que cuando el Juez concede la apelación  en el efecto definitivo no debe existir resoluciones pendientes que atañen directamente a la competencia del A quo, ya que si existiría un trámite pendiente impediría al Ad quem, ingresar al fondo de la causa, y en el presente caso se encontraría pendiente de Resolución un incidente interpuesto por Aydeé Paredes Núñez, respecto a una supuesta falsificación de la firma del actor en el memorial de apelación de fs. 93.

En este entendido, se debe tener presente que las nulidades procesales, son de aplicación restrictiva existiendo ciertos principios (especificidad, trascendencia, convalidación, finalidad del acto) que informan la materia y que deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de tomar una decisión anulatoria de obrados, pues no todo vicio puede generar una nulidad, en este sentido, se debe señalar que si bien Leonardo Itamari Ichota Interpuso recurso de apelación contra la sentencia de fs. 88 a 89 y vta., actuado por el cual la demandada habría  observado que la firma del actor seria falsificada, solicitando  examen grafológico; de la revisión de los actuados posteriores se tiene que, mediante memorial de fs. 102 el actor confirma su firma plasmada en el memorial del recurso apelación, desistiendo además del recurso de apelación interpuesto de su parte, desistimiento del recurso que es admitido por Auto de fs. 103, ya no siendo necesario la Resolución del incidente que tenía por objeto precisamente determinar la falsedad o no de la firma del demandante en el memorial de apelación y así conceder o no el recurso de fs. 93, en este entendido, existiendo dicho desistimiento del recurso de apelación no se entiende cual el perjuicio o la indefensión que habría causado a las partes, la no Resolución del incidente a que hace mención el Tribunal Ad quem, cuyo razonamiento resulta ritualista y totalmente intrascendente para generar una nulidad que en el caso presente solo afecto a las partes, en cuanto a su derecho a una justicia pronta, oportuna, eficaz y sin dilaciones (art. 115.II de la C.P.E.), atentando además contra el principio de celeridad y la garantía del principio de impugnación en los procesos (art. 180.II de la C.P.E.), que se configuran en los recursos consagrados por las leyes procesales para corregir, modificar, revocar o anular los actos y resoluciones judiciales que ocasionen agravios a alguna de las partes.

De lo que se concluye, que el Tribunal de Alzada no ha tomado en cuenta los principios que rigen en materia de nulidades, generando una nulidad por una cuestión intrascendente, que no genero perjuicio o indefensión en alguna de las partes vulnerando el derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones de las partes, siendo además evidente la infracción a los arts. 236 y 227 del C.P.C., en relaciona que no se pronunció sobre el recurso de apelación interpuesto por Aydeé Paredes Núñez de fs. 97 a 98.

Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme señala arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento a lo previsto en el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el art. 106 del Código Procesal Civil, 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 097, de 13 de agosto de 2010, cursante de fs. 121 a 122 y vta., y dispone que el Tribunal de Alzada sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva Resolución resolviendo los puntos impugnados en el recurso de apelación de fs. 97 a 98 en sujeción a lo dispuesto por el art. 336 del C.P.C.

Siendo excusable el error, no se impone multa.

En cumplimiento a lo dispuesto por el parágrafo IV del Art. 17 de la Ley Nº 025, se notifique con la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda Rita Susana Nava Duran.

Ante mi Fdo. Dr. Gonzalo Rojas Segales.

Registrado en el libro de Tomas de Razón: Séptimo